Expedientes de la pandemia
La expansión del COVID-19 en el planeta sigue causando estragos en el sistema de salud y en la economía de cada país donde hay contagiados y fallecidos por el nuevo coronavirus. Para hacerle frente y mitigar sus efectos, varias naciones han realizado desembolsos extraordinarios de fondos públicos y flexibilizado sus procedimientos de compras.
En el Perú, desde el 16 de marzo —cuando empezó el estado de emergencia nacional por la pandemia—, el Gobierno ha destinado más de 2 mil millones de soles a entidades del Estado, para contrataciones o adquisiciones de diferente índole con el fin de afrontar la crisis sanitaria. En los últimos meses, se han registrado más de 4 mil procesos de adjudicación u órdenes de compra por ese motivo, según el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).
La Fiscalía Anticorrupción viene investigando numerosos casos de presuntas irregularidades en la compra de equipos médicos, material de bioseguridad, limpieza y servicio de desinfección en diversas instituciones del Estado. Muchas de esta denuncias están relacionadas con supuestos actos indebidos en la adquisición y distribución de víveres que fueron comprados con el presupuesto entregado por el Gobierno para enfrentar el avance del COVID-19. Han sido intervenidos alcaldes, gobernadores regionales, policías y diversos funcionarios de instituciones públicas.
Ante esta situación, con el objetivo de contribuir a la vigilancia pública y fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en las compras públicas durante la crisis sanitaria, Convoca.pe, con el proyecto colaborativo Periodistas en Red, inició la publicación de la serie investigativa ‘Expedientes de la pandemia’, a partir de la construcción de bases de datos con información de procesos de adjudicación, contratos y licitaciones de instituciones públicas.
Periodistas en Red, liderado por Convoca.pe, en alianza con el diario La República; el portal El Búho, de Arequipa; el diario El Tiempo, de Piura; y reporteros independientes de diversas regiones del país, busca identificar posibles irregularidades y esquemas de potenciales casos de corrupción en el uso de fondos públicos para la compra de equipos, insumos, así como proyectos de infraestructura en diferentes jurisdicciones regionales.
Por Convoca | 27 de diciembre de 2020
COVID-19: Clan familiar con carrusel de empresas logró contratos con el Estado por S/ 2.2 millones de forma irregular
En pleno estado de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, en Arequipa, dos de las compañías de los Vilcapaza Colquehuanca participaron en el mismo proceso de adjudicación y ganaron, aunque en diferentes ítems. Era el último de los 12 contratos obtenidos con ese modus operandi por este grupo familiar, entre 2008 y 2020, situación que vulnera la Ley de Contrataciones del Estado. En conjunto, las cincos sociedades comerciales del grupo familiar obtuvieron S/ 32 millones en contratos públicos en los últimos 12 años.
COVID-19: Región Áncash adjudicó contratos por S/ 8.3 millones a empresas sancionadas por presentar documentos falsos e incumplir contratos
Durante la gestión del gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, hoy con prisión preventiva por corrupción, cuatro compañías que obtuvieron contrataciones durante el estado de emergencia nacional por la pandemia registran antecedentes de inhabilitación para contratar con el Estado, por graves infracciones o posibles delitos. Incluso, un directivo de estas proveedoras registra investigaciones por corrupción. En julio último, la Contraloría reportó que varias de estas empresas entregaron los productos o equipos fuera del plazo. Por estas demoras, dos de las proveedoras fueron penalizadas con multas por más de S/ 500 mil en total, en agosto último, por las autoridades regionales.
COVID-19: El rastro de los millonarios contratos en las gestiones del alcalde más reelecto del Perú
Al revisar las contrataciones inusuales adjudicadas a Fuseex Industrial E.I.R.L. durante la pandemia en municipios de Piura, se descubrió que cerca del 90% de las buenas por a esta compañía fueron otorgadas por alcaldes de la misma agrupación política, Fuerza Regional. Durante la gestión de Humberto Marchena Villegas como alcalde provincial de Ayabaca, una empresa de los hermanos José y Benjamín Palacios Aguilar obtuvo casi el 100% de sus contrataciones como proveedor del Estado, por un total de S/ 1.5 millones de soles. Marchena fue alcalde de Ayabaca por 30 años seguidos. Su hijo Baldomero Marchena lo sucedió en la alcaldía en 2019. Ambos integran Fuerza Regional, movimiento fundado por Servando García, actual gobernador regional de Piura.
COVID-19: Dos proveedores del Estado se beneficiaron con órdenes de compra mientras estaban inhabilitados
Tras analizar los antecedentes de dos proveedores de instituciones públicas de La Libertad durante la pandemia del COVID-19, se descubrió que siguieron contratando con entidades del Estado cuando estuvieron sancionados e impedido de hacerlo. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) inhabilitó a Ahseco Perú S.A. de 2014 a 2017; y a Santos Miguel Carranza Gutiérrez, entre 2014 y 2015; sin embargo, en ese lapso se emitió más de 200 órdenes de compra y de servicios, en total, a favor de ambos.
COVID-19: Empresas con antecedentes de inhabilitación obtuvieron contratos por S/ 4.9 millones con entidades públicas en Loreto
En la gestión del gobernador regional Elisbán Ochoa, y en las de algunas municipalidades provinciales y distritales, cinco compañías que consiguieron adjudicaciones u órdenes de compra durante el estado de emergencia nacional por la pandemia registran en su historial sanciones de impedimento para contratar con el Estado, por graves infracciones o posibles delitos. Una de estas proveedoras fue inhabilitada debido a que la municipalidad de Maynas (Iquitos) contrató a la empresa de una regidora de esa comuna, de acuerdo con una resolución del tribunal de Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Proveedor investigado por tres casos de corrupción logró S/ 5 millones en contratos con el Estado durante crisis por el COVID-19
El empresario Michael Lanao Salvatierra es investigado por tres fiscalías anticorrupción como presunto cómplice de funcionarios en el delito de colusión respecto a la compra de mascarillas durante el estado de emergencia nacional por la pandemia. Sin embargo, entidades públicas de Lima, Arequipa, La Libertad y otras regiones continuaron adquiriendo equipos de protección personal a este proveedor del sector construcción, que ha obtenido millonarios contratos hasta finales del 2020.
COVID-19: Hospital Militar Central compró mascarillas que no protegían al personal de salud a empresa del sector construcción
Primera parte de una investigación sobre cuatro procesos de contrataciones directas otorgadas por el Ejército del Perú durante los primeros meses de la crisis sanitaria, y cuyo monto total supera los S/ 6 millones. En el caso del Hospital Militar Central del Ejército (HMC), donde el presidente Francisco Sagasti fue vacunado contra el COVID-19, se realizó una adjudicación para la compra de centenares de cajas de mascarillas, la cual tiene visos de irregularidades: se compró cubrebocas —que no protegían contra el SARS-CoV-2— a una empresa relacionada a actividades de construcción.
EQUIPO
Edición general: ÓSCAR LIBÓN. Coordinación del proyecto: MILAGROS SALAZAR HERRERA. Coordinación periodística: ELENA MIRANDA. Construcción y análisis de datos: EDWIN MONTESINOS y LUIS ENRIQUE PÉREZ. Desarrollo: ELVIS RIVERA. Diseño e ilustraciones: IVÁN CIRO PALOMINO. Editor de audiencias: ANTONIO MANCO.
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