COVID-19: Hospital Militar Central compró mascarillas que no protegían al personal de salud a empresa del sector construcción

La sensación que transmite la enfermera Yuni Acevedo al terminar la entrevista es de resignación, como si considerara poco probable que la situación de ella y sus colegas mejore mientras sigan en sus cargos los directivos actuales del Hospital Militar Central del Ejército (HMC). Pero no es una resignación que la inmovilice. Como secretaria general del Sindicato Nacional de Enfermeras del Ejército Peruano (Sineep), lideró los plantones en los que, junto con sus compañeras, reclamó mejores condiciones laborales para afrontar la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. Lo hizo a mediados del 2020 y lo hizo también a inicios de diciembre pasado. Y, ahora, espera que lo revelado en esta entrevista, y lo que se publique en los días posteriores, tenga una consecuencia inmediata: que el órgano de control fiscalice e investigue las contrataciones hechas por este hospital durante la pandemia.

“Mira, nosotros realmente no estamos de acuerdo con esta gestión de este general”, dice Yuni Acevedo, que lleva puesta dos mascarillas, una blanca N95 y otra celeste descartable de tres pliegues. Minutos antes ha comentado que ambas mascarillas no se las proporcionó la institución, sino que ella se las compró con su dinero, algo que también hacen sus compañeros, y que han venido realizando desde el inicio de la pandemia para reducir el riesgo de contagio.

Cuando menciona al "general", se refiere al general de brigada EP Herbet Dávila Ramírez, actual director del Hospital Militar Central. La enfermera Acevedo hace aquella afirmación luego de que se le pregunta sobre las condiciones en las cuales se desarrolló el proceso de contratación que se estaba investigando para este reportaje.

Debido a la pandemia, el ingreso principal del Hospital Militar Central permanece cerrado. Solo atienden por la puerta del área de Emergencias. Foto: Difusión

¿Qué condiciones? Los funcionarios del Hospital Militar Central contrataron a una empresa relacionada al rubro de construcción para la compra de mascarillas N95 con válvula de respiración. Las bases de contratación no pedían registro sanitario ni certificado de análisis de los productos; y tampoco solicitaban un mínimo de facturación previa del postor, como muestra de su experiencia en la venta de productos médicos. Además, las bases no detallaban las características técnicas que las mascarillas debían cumplir. La pregunta tal vez fue un detonante, pero no el único factor de su descontento.

Yuni Acevedo no es la primera enfermera que en los últimos años ha expresado públicamente estar en contra de la gestión del sector salud en el Ejército Peruano. En una entrevista del 2018, concedida a Exitosa Noticias, Melissa Ygnacio Castañeda —entonces vocera del Sineep— denunció al Comando de Salud del Ejército (Cosale) por "incompetencia de gestión". El Cosale —explicaba Melissa Ygnacio— desconocía los acuerdos a los que se llegaba con el sindicato. En esa misma entrevista, y sin esperar respuesta alguna, ella lanzó la pregunta: “¿De qué estamos hablando —dentro de una institución castrense— si no respetamos las normas, si no estamos haciendo lo correcto?”.

La indagación

Para entender lo que se investigó para este reportaje, primero debemos remitirnos al 11 de marzo de 2020. Ese día, el Gobierno peruano decretó la emergencia sanitaria a nivel nacional por la pandemia generada por el COVID-19. En los días posteriores, se prohibieron reuniones con más de 300 personas, se suspendieron clases y las entidades estatales empezaron a prepararse (si es que no lo estaban haciendo ya antes) para adquirir los bienes o contratar los servicios necesarios y afrontar la inminente crisis sanitaria que se avecinaba. El gobierno del entonces presidente Martín Vizcarra declaró el estado de emergencia nacional cuatro días después. La cuarentena generalizada fue una de sus medidas, tal vez la más recordada en este periodo de casi 12 meses.

La declaración de emergencia sanitaria hizo posible que las entidades estatales pudieran agilizar sus procesos de contratación. Ahora, estaban facultadas para realizar contrataciones directas; es decir, podían elegir ‘a dedo’ al proveedor, previa indagación de mercado. Los documentos respectivos podían regularizarse entre 10 y 30 días hábiles posteriores al inicio de la entrega de los bienes o la prestación de los servicios.

Este escenario fue aprovechado por funcionarios para ejecutar compras irregulares de canastas básicas familiares, equipos de aseo y limpieza, así como también implementos médicos de protección sanitaria. Respecto a la Policía Nacional (PNP), investigaciones de esta institución, de la Fiscalía e informes periodísticos mostraron casos de corrupción interna. Los cambios en el alto mando policial no se hicieron esperar. Y el entonces ministro del Interior, Carlos Morán, renunció tras las graves denuncias, aunque la versión oficial fue que se retiró de la cartera por motivos personales.

Parte del personal de salud del hospital militar ubicado en Jesús María. Foto: Difusión

“Cuando se hace una [contratación] directa, lo único que se está evitando es realizar el procedimiento de selección”, dice Roberto Benavides, abogado experto en contrataciones del Estado. En líneas generales, los procesos de contratación se dividen en tres partes: actos preparatorios, procedimiento de selección y ejecución contractual. La contratación directa obvia la segunda fase. Lo que no cambia es la necesidad de realizar una indagación de mercado, que es parte de los actos preparatorios. Esta tarea, sin embargo, es más flexible, ya que la situación de emergencia obliga a acelerar los trámites.

Por eso, luego de cotizar los precios de los productos que se piensa adquirir, los funcionarios encargados de las contrataciones invitan y eligen directamente al postor con el que firmarán el contrato, ya sea una empresa o una persona (con negocio). Entonces, el punto clave de este proceso son los actos preparatorios y, en específico, el estudio de mercado. “Ahí está el quid del asunto. Ahí está el punto fuerte donde los logísticos y la gestión tienen que tener el mejor manejo y ser lo más prolijos posibles”, agrega Benavides, al otro lado de la línea telefónica.

Nueve días después de que se decretara la emergencia sanitaria, el Hospital Militar Central realizó el estudio de mercado para comprar implementos médicos a través de su primera contratación directa del año. El resumen ejecutivo, documento donde se consigna dicha información, también detalla el nombre de las empresas con las que se cotizó y que cumplían con el requerimiento. En teoría, esto significa que las compañías de dicha lista estaban en capacidad de venderle a la entidad sus productos con la calidad y cantidad requeridas. El nombre de JT Suministros y Servicios Generales S.A.C. no aparece allí. Pero luego, y por este mismo proceso, la empresa terminó firmando un contrato con el Hospital Militar Central por la suma de S/ 165,600, para venderle 230 cajas de mascarillas N95 con válvula de respiración marca Tarwex.

La teniente EP Ashley Lasteros Damián, en su condición de jefa de la Oficina del Negociado de Contrataciones del HMC, estuvo a cargo del proceso de contratación. Ella firmó el resumen ejecutivo y el informe técnico posterior, en el que sustenta la urgencia de realizar una serie de contrataciones directas para preservar el correcto funcionamiento de los servicios de salud del hospital. Y también fue Lasteros quien suscribió el acta que le dio la buena pro a JT Suministros y Servicios Generales S.A.C. y a otras tres compañías.

Pero la oficial Lasteros no fue la única funcionaria involucrada. Juan Isern Ríos, jefe del Departamento de Asesoría Legal del HMC, aprobó el informe legal de la contratación directa. Y el general Herbet Dávila, que dirige el hospital, firmó el contrato con la empresa.

El contrato entre la compañía y el Hospital Militar Central fue suscrito el 15 de mayo de 2020. Está consignado qué tipo de mascarillas se vendieron.

Bases incompletas

El Hospital Militar Central del Ejército está ubicado en la intersección de las avenidas Brasil y José Faustino Sánchez Carrión, en el distrito de Jesús María, en Lima. Lleva el nombre del coronel Luis Arias Schreiber, impulsor del anteproyecto de construcción de este hospital inaugurado a finales de la década de 1950. Según información de marzo pasado, la institución tenía 183,061 beneficiarios. Desde enero de 2020, su director es el general de brigada EP Herbet Dávila Ramírez; mientras que su director médico es el también general de brigada EP Marco Antonio Ibárcena Reyes. Ambos fueron ratificados en sus cargos en diciembre último, por la ministra de Defensa Nuria Esparch y el presidente Francisco Sagasti.

El 28 de diciembre de 2020, día de la ceremonia por los 63 años del hospital, el general Dávila presentó un video sobre su gestión durante el año que terminaba. “El video muestra todas las acciones que hemos realizado para enfrentar la pandemia contra el COVID”, fueron algunas últimas palabras de su intervención que duró menos de 15 minutos. Entre otras cosas, el video daba cuenta de la adquisición de camas de evacuación aeromédica, de ventiladores mecánicos no invasivos, de la distribución gratuita de oxígeno medicinal, de la remodelación de varias unidades de cuidados intensivos, así como la remodelación del laboratorio de biología molecular. El video también incluyó el pintado de las áreas internas y externas del HMC, del cambio y pintado de rejas, del asfaltado de pistas, del pintado de señalizaciones, y de la remodelación del auditorio donde se estaba realizando la ceremonia. En la exposición, no se hizo mención alguna a problemas logísticos o de escasez de insumos médicos.

Meses antes, en junio de 2020, a un año de iniciada su gestión como secretaria general del Sineep, Yuni Acevedo denunció que el HMC les estaba entregando a las enfermeras del Ejército mascarillas que no servían para protegerse ante el COVID-19. Eran mascarillas blancas, marca Asaki, y tenían un filtro a la altura de la boca. Las imágenes difundidas por Radio Capital mostraban claramente lo que decía el empaque del producto: “Protector de boca para polvo”.

Los cubrebocas con válvulas de respiración filtran el aire que se respira y no el que se expulsa. De ahí que las hayan tildado como “mascarillas egoístas”, porque solo protegen al usuario que la porta, pero no quienes lo rodean. La válvula se cierra cuando la persona inspira, pero se abre cuando exhala. Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda el uso de este tipo de mascarilla, pues la considera “ineficaz para prevenir la propagación del COVID-19".

La respuesta del director Herbet Dávila no se hizo esperar. En declaraciones brindadas a la misma estación radial, reconoció que en el hospital militar adquirieron esas mascarillas, aunque —alegó— lo hicieron por escasez de implementos médicos. Sin embargo, todo indica que no fue el único lote que se compró para repartir al personal del centro hospitalario de la institución castrense. A JT Suministros y Servicios Generales S.A.C. le compraron, como ya se mencionó, cubrebocas similares marca Tarwex.

Más de 4,000 mascarillas "egoísta" fueron adquiridas en la gestión del general EP Herbet Dávila como director del HMC. Foto: Difusión

A través del proceso “DIRECTA-PROC-1-2020-EPUO 0794-1", los funcionarios del HMC adquirieron diferentes implementos médicos: mascarillas N95, mascarillas descartables tipo cónica, gorros descartables, lentes protectores faciales, mamelucos, mandiles descartables, entre otros. Todos estos productos fueron agrupados en cuatro ítems. Y por cada ítem se firmó un contrato con una compañía distinta. En total, la entidad desembolsó S/ 852,668 por los cuatro contratos. No queda claro por qué los funcionarios del HMC contrataron a JT Suministros y Servicios Generales S.A.C, pues las bases de la contratación no solicitaban (de manera explícita) la adquisición de mascarillas con válvula de respiración. Pero, aún más importante, llama la atención que los funcionarios hayan obviado detallar, en las bases, las características técnicas que debían cumplir los productos a comprar.

JT Suministros y Servicios Generales S.A.C. ganó la buena pro del ítem N° 3, el cual involucraba la adquisición de 230 cajas (de 20 unidades cada una) de mascarillas N95. En ninguna de las 35 páginas que tienen las bases, se especificó las características técnicas que debían tener los cubrebocas, como si iba a contar con válvulas o no. Las bases tampoco exigieron que la empresa presente la certificación de buenas prácticas de manufactura, de buenas prácticas de almacenamiento, de buenas prácticas de distribución de transporte, el registro sanitario del producto o la resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento. Estos son documentos emitidos por la Digemid (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas), los cuales pueden acreditar que la producción, almacenamiento y comercialización de los productos farmacéuticos cuentan con estándares apropiados. Entidades como el Cenares (Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud) del Ministerio de Salud (Minsa) solicitaron esta documentación en sus contrataciones directas hechas durante los primeros meses de la emergencia sanitaria.

Las bases fueron presentadas sin especificar las características técnicas de los productos. JT Suministros y Servicios Generales se adjudicó el ítem N°3.

El contrato no estipula el precio unitario de las mascarillas que vendió JT Suministros y Servicios Generales S.A.C. Pero remitiéndonos al pedido incluido en las bases de contratación (230 cajas de 20 unidades cada una), el resultado fue el siguiente: el Hospital MIlitar Central terminó adquiriendo 4,600 mascarillas —que no servían para evitar la propagación del coronavirus— a un precio unitario de S/ 36. Es un precio superior al que registra otra institución como el Cenares (adscrita al Minsa), la cual durante toda la pandemia adquirió mascarillas N95 a un precio que no superó los S/ 18. El ahorro, entonces, pudo haber sido la mitad de lo que se gastó inicialmente. Para este reportaje, la información de los contratos que registra el observatorio de precios del Cenares entre marzo y abril fue verificada y confirmada revisando los documentos publicados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.

Así fueron las condiciones en que se contrató no solo a JT Suministros y Servicios Generales S.A.C., sino también a Pacífico Salud S.A.C., Negocios Advance S.R.L. y Relimed Importaciones E.I.R.L. Solo se les exigió los siguientes requisitos mínimos: 1) estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado; 2) contar con RUC (Registro Único del Contribuyente); 3) no encontrarse impedido de contratar con el Estado; y 4) acreditar ante la Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria) una actividad económica que esté relacionada al objeto de la convocatoria. ¿Lo cumplieron? Al menos en el caso investigado para este reportaje, la empresa no cumplió con el cuarto requisito.

Construcción y abandono

El gerente general de JT Suministros y Servicios Generales S.A.C. es Jorge Torres Gargate. Ocupa ese cargo desde que la compañía se constituyó en la Sunarp (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos) en mayo de 2015. Él posee el 99% de las acciones, mientras que el 1% de acciones le pertenece a Victoriano Castro Cóndor. Fue Torres quien estampó su firma en el contrato del 15 de mayo pasado con el Hospital Militar Central.

En los últimos años, Jorge Torres tuvo acercamientos a partidos políticos. En 2016, apoyó económicamente a la campaña electoral del partido de Keiko Fujimori, con S/ 15,000 en especies, según la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales). Y desde el 14 de octubre de 2019, es militante de Acción Popular.

Como es usual cuando se funda una compañía, Torres Gargate consignó en Registros Públicos diversos rubros a los que se dedicaría su empresa, algunos inconexos entre sí: 1) venta de bienes en general; 2) ejecución, diseño o supervisión de obras públicas; 3) servicios de transporte y logística; 4) oferta de bienes y servicios del rubro de alimentos; 5) fabricación y producción textil; 6) y comercio de maquinarias del rubro textil. Dentro del primer punto incluyó la venta de equipos y maquinarias hospitalarios, pero no de insumos médicos.

Contrato Hospital Militar Central
Infogram

JT Suministros y Servicios Generales S.A.C. tiene su sede en el jirón Rodolfo Espinar 244, a pocas cuadras de la Comisaría de Apolo en el distrito de La Victoria, en Lima. En alrededor seis años de funcionamiento, ha obtenido más de S/ 1 millón por contratos con el Estado, según el portal de Transparencia Económica. A excepción de uno, casi todos los contratos que ganó, y en los que hubo un procedimiento de selección, están relacionados al sector de la construcción y reparación de infraestructuras. Algunos de los vecinos de la zona dijeron no recordar que por allí funcione una empresa del rubro construcción, aunque tampoco lo descartaron. Todos los consultados para este reportaje coinciden, sin embargo, en señalar que el edificio donde supuestamente funciona, en realidad opera una empresa textil.

El monto facturado de la empresa al Estado pudo haber sido el doble. Pero, en setiembre de 2018, la Municipalidad de La Victoria resolvió el contrato de más de S/ 3.5 millones que había suscrito con el Consorcio Centro, integrado por JT Suministros y Servicios Generales S.A.C. y Proyecto Anguelina S.A. Tanto el supervisor de obras, así como el Órgano de Control Institucional del municipio informaron que las compañías habían abandonado las obras de rehabilitación de las pistas y veredas de las ocho primeras cuadras del jirón Prolongación Mariscal José La Mar. En febrero de 2019, la Gerencia de Desarrolllo Urbano aprobó la liquidación de la obra.

La ficha RUC

JT Suministros y Servicios Generales S.A.C. no está inscrita en el Registro Nacional de Establecimientos Farmacéuticos. Hasta abril de 2020, no contaba con experiencia en venta de implementos y materiales médicos en el sector público. Para esa fecha, ni siquiera su ficha RUC daba algún indicio de estar relacionada a este sector, solo al de construcción. Aún así, la teniente EP Ashley Lasteros, a cargo del proceso de contratación, le adjudicó la buena pro el 30 de abril de 2020. Quince días después, el general Herbet Dávila suscribió el contrato con la compañía.

El abogado Roberto Benavides afirma que no hay impedimento legal para que las entidades estatales contraten con proveedores cuyo rubro económico no está estrictamente relacionado al objeto de la convocatoria. Agrega que la excepción a ello es la consultoría de obra, donde el postor sí tiene que contar con experiencia previa. Es decir, legalmente JT Suministros y Servicios Generales S.A.C. sí podía venderle insumos médicos al Hospital Militar Central. Lo único que tenía que hacer era cumplir con los cuatro requisitos mínimos que le pedían las bases de contratación.

Desde mayo de 2015 hasta abril de 2020, JT Suministros y Servicios Generales S.A.C. nunca registró alguna actividad económica relacionada a la venta al por mayor de productos farmacéuticos o medicinales. Por ello, la empresa de Torres Gargate tenía que actualizar las actividades económicas de su ficha RUC para que coincidan con el objeto de la convocatoria. El proceso era sencillo, pues las personas y empresas pueden incluir hasta tres actividades económicas a las que se dedican en su ficha RUC. Y quien desee modificar dicha información puede hacerlo instantáneamente por internet a través del portal web de la Sunat.

Recién el 8 de mayo, días después de que se le otorgó la buena pro, la empresa modificó su ficha RUC e indicó que se dedicaba a la venta al por mayor de enseres domésticos, actividad que incluye la venta al por mayor de productos farmacéuticos, como una de sus subcategorías. Pero este cambio solo duró poco más de un minuto. Luego, volvió a cambiar su actividad a una más general, como se registra en la información proporcionada por la Sunat a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ocho días después que le adjudicaran la buena pro, la empresa recién modificó su ficha RUC. El cambio duró poco más de un minuto.
 

A pesar de no haber realizado los cambios antes del plazo establecido, en consecuencia no haber cumplido con uno de los requisitos, la empresa consiguió el contrato del Hospital Militar Central.

Entonces, en suma, hasta este punto se tiene lo siguiente: la invitación a un proveedor de otro rubro para la compra de insumos médicos, bases incompletas, escasos requisitos solicitados a los participantes y un postor que no cumplía con los requerimientos mínimos. Si además se tiene en cuenta que ni el empresario ni los funcionarios involucrados quisieron brindar declaraciones para este reportaje, los hechos adquieren una perspectiva opaca.

Para este reportaje se buscó contactar al empresario Jorge Torres Gargate, pero colgó de manera abrupta cuando se le llamó por teléfono y no respondió a los mensajes enviados por correo electrónico. Se solicitó, además, una entrevista con los funcionarios Herbet Dávila, Ashley Lasteros y Javier Isern Ríos; no obstante, en la Oficina de Informaciones del Ejército (OIE) refirieron que no podían acceder a este pedido debido al carácter reservado de las investigaciones que realiza el Ministerio Público.

La espera

El objetivo de contactar a Yuni Acevedo, secretaria general del Sindicato de Enfermeras del Ejército Peruano, fue escuchar a quienes podrían ser algunas de las personas perjudicadas ante hechos irregulares en la gestión del hospital. Ella, como muchas de sus colegas, no estuvo en el área COVID-19. Trabajó en el área de Emergencias no-COVID-19 y también en la Unidad de Cuidados Intensivos no-COVID-19, según comenta.

Debido al alto porcentaje de asintomáticos que produce el virus, llegó a atender a pacientes infectados. Sin embargo, al menos hasta el 30 de diciembre, día de la entrevista, ella seguía reclamando lo de hace meses: la falta de equipos de protección, de pago del Bono COVID-19, de monitoreo de control de la enfermedad entre el personal y de personal de salud.

Por eso, la enfermera Acevedo no entiende por qué en plena emergencia sanitaria, en el hospital militar se dispuso la remodelación de un auditorio, el asfaltado de pistas, y se pintaron paredes y rejas de las instalaciones, mientras el personal de salud no tenía los insumos necesarios para poder trabajar con las mínimas condiciones de protección ante la pandemia. Por el momento, el silencio del general EP Herbet Dávila y de los otros funcionarios tampoco contribuirá a esclarecer por qué se contrató a JT Suministros y Servicios Generales S.A.C. de la forma en que se hizo.

(*) Esta investigación se desarrolló con la beca “Fondo para financiar proyectos periodísticos sobre corrupción en pandemia”, del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y la Unión Europea.