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Nuestro ciclo de conversatorios "Convoca al Diálogo" esta vez abordó los primeros seis meses de Dina Boluarte en el poder. En esta edición se tocaron tres ejes temáticos respecto al actual gobierno: las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, la lucha anticorrupción y los derechos humanos. El resultado fue una conversación enriquecedora acerca de los riesgos que enfrenta la democracia, el ciudadano y el país frente al abuso de poder y el descontento popular.
El gobieno de Dina Boluarte empezó hace poco más de seis meses con un estallido social, reprimido de manera desproporcionada por las fuerzas del Estado con armas de fuego. El resultado fue 49 peruanos fallecidos en enfrentamientos en distintas regiones. Luego de que organismos internacionales calificaran muchos de estos hechos como graves violaciones de derechos humanos, ¿qué mantiene a Boluarte en el poder? ¿Y cuál es el rumbo de su gobierno?
En la última edición de Convoca al Diálogo conversamos alrededor de estas preguntas con nuestros invitados: el antrópologo y analista político Carlos Monge y el abogado Miguel Jugo, secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Para Monge, la única agenda visible del gobierno de Dina Boluarte es mantenerse en el la presidencia hasta el 28 de julio de 2026, pues viene siendo investigada, junto con su círculo político más cercano, por los asesinatos de los manifestantes durante las protestas."No tiene un proyecto político para el país y le concede toda la iniciativa política a la mayoría derechista, conservadora y mafiosa del Congreso de la República", comentó.
De acuerdo con el antropólogo, experimentamos en la actualidad "un proceso de construcción de una suerte de dictadura parlamentaria que ha roto el equilibrio de poderes, donde el Congreso concentra el poder y somete al Poder Ejecutivo".
"Y desde el Congreso, además, la mayoría política que lo conduce captura las instituciones fundamentales, ya lo han hecho con el Tribunal Constitucional, con la Defensoría del Pueblo. Se están preparando para 'bajarse' y luego copar la Junta Nacional de Justicia y después de eso vienen los organismos electorales. Y esto es hecho con la anuencia del Poder Ejecutivo a cambio de impunidad. Ellos tienen responsabilidad directa por decenas de personas", agregó.
Miguel Jugo, de la CNDDHH, coincidió que el equilibrio de poderes está roto y el único ente que podría traer un nuevo balance sería el Poder Judicial. "Pero el Tribunal Constitucional se ha ocupado de bloquear esa posibilidad", afirmó.
Edición completa de Convoca al Diálogo del 15 de junio de 2023.
Todo esto ocurre, sin embargo, en un escenario de descontento general que, para Miguel Jugo, se expresa en lo que señalan las encuestas: una muy baja popularidad de las autoridades y un consenso mayoritario en la población: “el adelanto de elecciones”.
“Los que están gobernando en este momento de manera directa son los poderes fácticos. ¿Por qué el Congreso no puede cambiar? Porque se sienten apoyados por una fuerza pública que es la que va a contener a la población", dijo el abogado. "El criterio de orden y de avasallar a la población es un criterio que se impone. Lo que se trata aquí es de tener un Estado dominante que someta a la población", añadió el secretario adjunto de la CNDDHH.
Por su parte, Carlos Monge acusa además una sensación de impunidad en el Congreso y en el Poder Ejecutivo. Para el analista, estos dos sectores actúan como si no existieran consecuencias por sus actos.
Dina Boluarte es investigada por asesinatos de manifestantes en sus primeros meses de gestión. Foto: Andina.
“Hay intereses mezquinos, inmediatos, por los cuales vale la pena arriesgarse. [En el Congreso] uno de ellos es la reelección. Están todos juntos en inventar maneras de reelegirse", señaló ante el reciente intento por reimplantar la bicameralidad en el país.
Entre otras razones para que la clase política no reaccione frente al reclamo ciudadano de nuevas elecciones y de descontento con el gobierno de Dina Boluarte, Monge se refiere a dos factores: el racismo y el programático.
“Ellos piensan que esa mayoría [de la población] que se opone y tiene un fuerte componente rural y andino son gente inferior. Maricarmen Alva es la cara de eso. Y en el otro extremo están las razones programáticas, es decir, hay fuerzas en el Congreso que buscan blindar el neoliberalismo”, concluyó.
La lucha anticorrupción en el gobierno de Dina Boluarte
En el segundo bloque de la última edición de “Convoca al Diálogo”, ambos entrevistados analizaron los esfuerzos de la gestión de la primera mujer presidenta por luchar contra todos los tipos de corrupción en el país. Coincidieron en señalar que los hechos apuntan a que el gobierno de Dina Boluarte no tiene la intención de luchar activamente contra este mal.
“La lucha contra la corrupción la ha hecho, en primer término, en este país el periodismo de investigación. Si no existiera el periodismo de investigación, no habría Lava Jato, Cuellos Blancos, no existiría nada [de eso]”, expresó Miguel Jugo.
“El Ejecutivo no tiene una agenda anticorrupción. Si uno tiene un ministro de justicia que tiene 200, 300 llamadas con los Cuellos Blancos ¿qué se puede esperar? No hay liderazgo. Estas batallas contra la corrupción requieren liderazgo. Pero si uno tiene una fiscal como la que tenemos y un ministro de Justicia como el que tenemos...”, señaló Carlos Monge.
Ambos especialistas concuerdan en que la situación de la lucha anticorrupción es crítica. Jugo advierte que el ciudadano está en una situación de desprotección frente a la corrupción, ya que el propio Estado está erosionado por este flagelo. Por otro parte, opinó que estaría prevaleciendo, de nuevo, el componente de supervivencia del gobierno de Dina Boluarte que le impide “incomodar” en lo más mínimo a otros actores políticos, como el Congreso.
“La agenda del gobierno es sobrevivir y en función de eso su función principal es no hacer nada que pueda irritar al Congreso. [Boluarte] sabe que si cae, va presa, va a ser juzgada por los casos de Puno y Ayacucho. Tiene responsabilidad directa sobre eso", declaró Monge.
El Congreso de la República ha rechazado en cinco ocasiones el adelanto de elecciones. Foto: Congreso.
Violaciones de derechos humanos
En el tercer y último bloque, los entrevistados abordaron la situación de los derechos humanos en el país, luego de acontecidas las protestas ciudadanas de diciembre y enero en las que murieron más de 60 personas.
Miguel Jugo, secretario de la CNDDHH, reconoció que el gobierno ha entregado compensaciones monetarias a las víctimas de la represión policial y militar durante el período de convulsión social desatado luego del Golpe de Estado de Pedro Castillo. Puntualizó que se le dieron 50 mil soles a los familiares de las víctimas mortales y 25 mil a las familias de quienes fueron heridos como producto de las acciones de las fuerzas del orden. Sin embargo, esto se hizo sin reconocer ninguna culpa, sino solo como un “apoyo”.
De acuerdo con el invitado, la postura del gobierno parece ser: "yo te apoyo [con dinero], pero, por si acaso, yo no te he hecho nada", señaló.
En cuanto al escenario que viene después de que Dina Boluarte y Alberto Otárola salgan de sus posiciones de poder en el gobierno, los dos entrevistados están de acuerdo en que hay un solo camino: la justicia.
"Mi respuesta corta es que les espera la cárcel [a Boluarte y a Otárola]. Ellos tienen que saber que no había ninguna asonada terrorista en Puno, Ayacucho, Andahuaylas. La orden ha sido 'salgan a matar'. Están los videos, son clarísimos. Están matando gente con armas de largo alcance. Ninguno de esos muertos estaba tomando un aeropuerto o atacando a la policía con riesgo de vida o había secuestrado a alguien", señaló Monge.
"Coincidimos en que Boluarte y Otárola saben que su próxima posición será algún lugar de la [prisión de la] Dinoes o, para el caso de Alberto Otárola, será Ancón I o Ancón II", agregó Miguel Jugo.
Monge expresa que el Poder Ejecutivo no puede estar seguro de que el malestar social, como lo vimos en diciembre y enero, haya pasado, pues el descontento de la población se manifiesta a través de las encuestas y la baja aprobación, tanto de Boluarte como del Congreso. Desde su punto de vista, esto podría traducirse en una movilización en sectores que hasta ahora no han tenido protagonismo a nivel de protestas en las calles.
Según Monge, ahora hay otros factores que podrían expandir el malestar, que antes estuvo principalmente focalizado en el sur del país. Por ejemplo, en el norte, a raíz de la mala gestión durante el Fenómeno del Niño o contra la reciente epidemia del dengue. "Hay una segunda agenda de descontento. La del norte es: 'hay este problemón y tú no estás, [como autoridad eres] igual de incapaz que los anteriores'", expresó.
En Convoca al Diálogo también se conversó sobre las recientes declaraciones de Dina Boluarte ("¿Cuántas muertes más quieren?"), que muchos han interpretado como amenzas directas o indicios de que la represión violenta podría repetirse si se reincian las protestas.
"La movilización pacífica está respaldada por la ley y ellos tienen que respetar la ley. Esta dupla Boluarte-Otárola lo que cree es que hay que someter. Ya no hablan de diálogo, de bajar la temperatura, lo que hablan es de imposición, porque creen que han logrado controlar el país. Ellos no ven las encuestas, el desánimo de la población, las manifestaciones de la gente", señaló Jugo.
"Si no hubiera la Policía y las Fuerzas Armadas respaldando a este gobierno, otro gallo cantaría. No habría forma de que lleguen al 2026 en una situación tan grave", concluyó el secretario de la CNNDDHH.
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