Tras una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos, convocada el último 20 de junio, se escogió por unanimidad a Liz Patricia Benavides Vargas como la nueva fiscal de la Nación. Por los próximos tres años, Benavides será la máxima autoridad del Ministerio Público, organismo que persigue el crimen en sus distintas formas. Mientras tanto, dentro de su propia familia, su hermana Enma Benavides, actual jueza de la Corte Superior de Lima, aún tiene que darle respuestas a la Fiscalía Anticorrupción mientras cumple una medida de impedimento de salida del país por 36 meses.

A la hermana de la actual fiscal de la Nación se le investiga por su presunta participación en una organización criminal que recibió sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico y extorsión. Y algunos de ellos eran peces gordos.

Según la tesis del Ministerio Público, mientras Enma Benavides presidía el Colegiado E de la Sala Penal Nacional, entre 2012 y 2015, lideraba este esquema de corrupción junto con los jueces María Luisa Apaza Panuera y Lorenzo Pablo Ilave García. Las altas sumas que se habrían cobrado llegarían incluso hasta los 150 mil dólares.

La jueza superior Enma Benavides Vargas tiene impedimento de salida del país por 36 meses. Imagen: Justicia TV.

En tanto se desarrolla la investigación, el juez supremo Hugo Nuñez Julca ha dictaminado que Enma Benavides deberá permanecer en el Perú hasta septiembre de 2023 y no ausentarse de su localidad de residencia sin autorización judicial. También ha debido abonar una caución de 50 mil soles.

Cabe precisar que los encargados de investigar a los jueces superiores, como Enma Benavides, son los fiscales supremos.

“La profesora”

Hilario Manuel Rosales Sánchez es un ex mayor de la policía que estuvo detenido más de cuatro años en el Penal Ancón I por el caso de crimen organizado 'La Cruz de Piura'. Luego de salir de prisión, en octubre de 2018, declaró que al poco tiempo de encontrarse recluido, cuando recién apelaba la decisión judicial que le quitó la libertad, se le acercó en marzo de 2014 un abogado que decía venir de parte de la jueza Enma Benavides, que tenía en sus manos resolver la apelación. En ese encuentro, de acuerdo con Rosales, el abogado le pidió 100 mil dólares a cambio de su libertad.

Según el testimonio del denunciante, se le dijo que "a la profesora no le interesa que seas culpable o inocente, la libertad cuesta". Incluso, indicaba que este servicio de liberación venía garantizado por el entonces juez supremo César Hinostroza Pariachi, hoy prófugo y sindicado como cabecilla de la red de corrupción 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. "Si [la libertad otorgada por la jueza] es apelada [por el Ministerio Público], el juez Hinostroza Pariachi se encargaba de confirmarla [en la Corte Suprema]", narró Rosales.

En su acta de declaración testimonial, el expolicía también confirmó haber accedido a hacer el pago en un primer momento. Sin embargo, luego de indicarle al abogado que primero emitieran la resolución y que luego pagaría, el pacto se quebró. Tres días después se publicó la resolución que confirmaba su detención. 

Hilario Rosales denunció a Enma Benavides Vargas ante el Ministerio Público. Captura de video: Exitosa.

Frente a la decisión adversa, Rosales Sánchez volvió a apelar pidiendo la variación de su detención y esta vez fue contactado por el abogado Walter Máximo Mendoza Pérez, actualmente con prisión preventiva por este caso, que le repitió el mismo pedido que el otro letrado.

“No le di nada y seguí detenido. Sin embargo, tomé la precaución de enviar a un familiar (…) a la oficina de este abogado a entrevistarse con él”, manifestó Hilario Rosales en su testimonial. El preso expolicía también quiso dejar constancia de que se había dado cuenta de que en el penal ningún cabecilla del narcotráfico internacional estaba preso. Según su denuncia, los ofrecimientos se comunicaban también a otros reos.

En conversación con Convoca.pe, Hilario Rosales Sánchez aseguró que presentó como pruebas la resoluciones de variación de libertad de narcotraficantes, así como los ingresos de los abogados Walter Mendoza Pérez y Ana Vásquez Aliaga, presuntos operadores de la red, a los penales en los que se negociaban los sobornos. "Tenía 56 casos descubiertos, pero cuando yo hago la denuncia, el exfiscal Pablo Sánchez Velarde la esconde y la traslada a Piura. Yo tuve que activar la denuncia cuando salí en libertad", aseveró el policía en retiro.

Asimismo, Rosales Sánchez aseguró a este medio que viene recibiendo amenazas de muerte tras haber denunciado a los magistrados. "Me dicen que piense bien lo que estoy haciendo, que no me meta con la gente de la justicia, porque me van a matar". señaló. Pero lo que más le preocupa ahora es que la decisión de nombrar a la hermana de Enma Benavides Vargas, Patricia Benavides Vargas, pueda entorpecer los avances de la investigación que lleva la fiscal Bersabeth Revilla, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en corrupción de funcionarios.

Con la información brindada en la declaración testimonial, la Fiscalía ha logrado identificar dos casos en los que hay serios indicios para sospechar que la magistrada Enma Benavides y sus colegas habrían recibido dinero para liberar a reos por narcotráfico.

En el primer caso, se trató del proceso iniciado el 2012 contra Roberto Gómez Herrera, alias ‘Huevo’, considerado por la Interpol como uno de los más importantes cabecillas del tráfico de drogas internacional. Además, está vinculado al peligroso grupo narcoparamilitar colombiano 'Los Rastrojos'. En el Perú, Gómez Herrera junto a Percy Matos Sandoval y Edison Ruiz Martínez fueron detenidos con un cargamento de una tonelada de cocaína.

La jueza de primera instancia Janett Lastra dictó contra ellos orden de detención y también fueron recluidos en el Penal Ancón I. En el 2014, el abogado Walter Mendoza —el mismo que se comunicaba con Rosales— los visitó el 19 de septiembre, el 10 de noviembre y 4 de diciembre para solicitar US $ 350.000 por su liberación, según la imputación. Frente a la negativa de los detenidos, se señala que el letrado regresó días después para decir que los podría sacar por US$ 100.000 por cada uno.

De acuerdo con la tesis fiscal, fue así que los colombianos ‘Huevo’ y Edison Ruiz Martínez pagaron US$ 200.000 en total y el 12 de enero de 2015 salieron en libertad gracias a las malas artes que operan en el Poder Judicial. En el caso de 'Huevo', su libertad fue dictaminada por una sala presidida por el juez Rafael Martínez Vargas, también involucrado como un operador en el caso. Luego de la apelación del Ministerio Público, la sala de Benavides ratificó la libertad.

Roberto Gómez Herrera, alias 'Huevo', fue detenido en Perú en 2014. Según la Fiscalía, pagó US$ 100.000 para ser liberado. Foto: Difusión.

La orden de libertad fue confirmada por el colegiado que integraban los jueces Benavides, Ilave y Apaza. Según la Fiscalía, la jueza Benavides no valoró las pruebas contra los investigados por narcotráfico, como los seguimientos y la videovigilancia, al decidir su libertad.

En la versión presentada por la Fiscalía, se sospecha que Roberto Gómez incluso prometió al abogado reunir $150.000 para que su tercer cómplice fuera liberado. Pero no sucedió, pues en mayo de 2017 alias 'Huevo' volvió a caer detenido en España por tener una orden de captura internacional solicitada por la Policía de Brasil. Los agentes españoles señalaron que su organización transnacional planeaba introducir miles de kilos de droga en Europa y que se movía con documentos falsos preparados para su huída.

‘Huevo’ le dijo a las autoridades españolas que en Perú le habían dado libertad, al haberse acogido a la colaboración eficaz.

El segundo caso por el que se investiga a la jueza Enma Benavides tiene que ver con la liberación de José López Quispe, alias ‘Papitas’, quien era entonces considerado por la Policía Antidrogas como el principal acopiador de cocaína en el Vraem para organizaciones internacionales del narcotráfico.

Según la investigación fiscal, la abogada Ana Luisa Vásquez Aliaga, a quien el abogado Walter Mendoza señala como brazo legal de la jueza Emma Benavides, le habría pedido US$ 70.000 al detenido por narcotráfico para que la Sala de Apelaciones le diera libertad.

La Fiscalía comprobó que el 28 de junio de 2014, una persona cercana a López Quispe vendió un hotel en Ayacucho por $80.000 y el 3 de julio del mismo año la abogada litigante Vásquez Aliaga solicitó su libertad.

José López Quispe, alias 'Papitas', era considerado el principal acopiador de cocaína en el Vraem, según la Policía.

Fue así que el Ministerio Público concluyó que “el modo de operación de la presunta red criminal era usar al abogado litigante Walter Mendoza Pérez para lograr un acercamiento con los internos privados de su libertad y ofrecerles decisiones judiciales a su favor a cambio de una ventaja económica, acciones coordinadas con los magistrados del Poder Judicial integrantes del Colegiado “E”, de la Sala Penal Nacional, presidida por la juez superior Enma Rosaura Benavides Vargas".

Asimismo, la Fiscalía considera que los testimonios y evidencias recogidos son contundentes para acusar a la jueza superior, que hasta hoy sigue laborando en la Corte Superior de Justicia de Lima.

La Corte Suprema  impuso impedimento de salida del país por 36 meses a Enma Benavides.

¿Quién es la nueva fiscal de la Nación?

Liz Patricia Benavides Vargas, de 53 años, es abogada de profesión por la Universidad de Lima. La jurista cuenta con una maestría en derecho penal y garantías constitucionales por la Universidad de Jaén, de España, y un doctorado en derecho por la Universidad Alas Peruanas. Su madre fue alcaldesa de Huancavelica en tres periodos y congresista de la República por el PPC. 

De acuerdo con la hoja de vida de Benavides Vargas, la letrada cuenta con 27 años de trayectoria en el Ministerio Público. Fue en esta institución donde empezó su carrera como fiscal adjunta hasta llegar al cargo de fiscal suprema adjunta en los distritos fiscales de Huancavelica, Ica y Lima.

La flamante fiscal de la Nación obtuvo el primer puesto en la lista de méritos del proceso de selección de fiscales supremos titulares en el que participó, tras obtener un puntaje promedio final de 89,09, luego de obtener 100 puntos en la evaluación curricular, 98 en el examen de conocimientos curricular, 79.80 en estudio de caso y 82.14 en la entrevista personal.

Ha trabajado 11 años en la Fiscalía de la Nación y ha formado parte de la oficina que impulsa las denuncias contra los magistrados y altos funcionarios, como los casos 'La Centralita' y 'Los Cuellos Blancos'. Pablo Sánchez, quien fue predecesor de Benavides, abrió una investigación preliminar en contra del presidente Pedro Castillo. De esta manera, la fiscal de la Nación continuará con dicho caso.