Lejos de reconocer las debilidades de su gobierno o hacer un mea culpa por los altos niveles de desaprobación contra su régimen, la presidenta Dina Boluarte optó por brindar un mensaje a la Nación polarizador apuntando a grupos sociales como los responsables de la “crisis y violencia política” que amenazan a su gobierno. Ante esto, congresistas como Ruth Luque, Wilson Quispe y Jaime Quito no dudaron en interrumpir el discurso presidencial, acusándola de asesina y mostrando fotos y carteles que hacían alusión a las muertes producto de las protestas sociales contra su gobierno, por las que hoy Boluarte es investigada. 

“Mi gobierno no tuvo paz ni tregua. desde un inicio enfrentamos una ofensiva violenta (...) se construyó una narrativa por la cual los golpistas eran las víctimas y los que luchamos por recuperar el orden constitucional (...) fuimos los victimarios”, dijo Boluarte sin asumir su responsabilidad como mandataria en el aumento de la crisis social y política.

Así se vivieron los primeros minutos del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte, quien llegó la mañana del lunes 28 de julio al Parlamento para anunciar un plan de Gobierno con pocas reflexiones y abundante en cifras ajenas a la realidad de millones de peruanos, quienes esperaban que la mandataria se pronunciara sobre cuestiones prioritarias para el país como el avance de las redes criminales en diversas regiones, el despunte de la minería ilegal, la inseguridad ciudadana, las amenazas y asesinatos a los líderes ambientales. 

Sin freno contra la minería ilegal

Si bien Dina Boluarte dio a conocer que su gobierno implementará más de 2,500 unidades de producción minera formal artesanal y a pequeña escala con el objetivo de que los mineros accedan a un fondo privado que les permita mejorar sus capacidades y su competitividad empresarial, el discurso presidencial no profundizó en Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal en Perú (Ley Mape) y el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), cuya ampliación es hasta el 31 de diciembre de 2025 y, de acuerdo a los hechos y diversos expertos, es un fracaso.

Boluarte dejó de lado los asesinatos ocurridos en la provincia de Pataz y las fosas comunes reportadas en los últimos meses no solo en La Libertad sino también Madre de Dios, considerada el mayor enclave de minería ilegal en el Perú.

No obstante, la mandataria decidió enfatizar los 1,140 patrullajes e interdicciones contra la minería ilegal en Pataz y el despliegue de más de 12,000 efectivos policiales como parte de los estados de emergencia adoptados por su gobierno para combatir el narcotráfico y minería ilegal en el país. 

En el programa especial 'Convoca en vivo', el penalista Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal, y la politóloga Paula Távara Pineda aseguraron que no se podía esperar ningún plan o estrategia de la presidenta por lo "intereses cercanos particulares" que tiene con la minería ilegal y con personajes como Eduardo Salhuana, expresidente del Congreso, y José Jerí, actual presidente del Legislativo, quienes han apoyado diversas iniciativas relacionados al sector minero. 

Inseguridad frente al crimen 

Pese a haber anunciado un plan de cuatro ejes contra el crimen organizado y transnacional, gran parte de su discurso se centró en brindar cifras de los operativos policiales que se habían desplegados en el último año. Para el penalista Juan José Quispe, el mensaje reflejó la aún cercanía que tiene con el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien hoy es uno de los principales asesores de Dina Boluarte. En ese sentido, Quispe aseguró que la mandataria no podía decir mucho en esta materia pues no había hecho nada.

Boluarte se enfocó en resaltar la adquisición de más de 31 mil pistolas y 7,300 fusiles para fortalecer la capacidad operativa del Estado como parte de un plan de equipamiento policial 2025-2030 cuya inversión supera los 9,200 millones de soles.

La jefa de Estado precisó que al cierre de su gestión habrían egresado un total de 21,000 efectivos para reducir la brecha de personal policial y combatir la inseguridad ciudadana. Mientras los hechos de violencia y las extorsiones siguen creciendo en el país, Boluarte resaltó la creación de un laboratorio de criminalística y una inversión de más de 86 millones de soles para implementar un sistema de videovigilancia con el objetivo de reforzar el control migratorio y fortalecer las zonas más vulnerables frente al crimen organizado.

Sin embargo, Juan José Quispe cuestionó su silencio sobre el incremento de la trata de personas en Madre de Dios así como la escasez de cámaras Gesell a nivel nacional que son importantes para los procesos de investigación de la justicia. 

Sobre este último punto, el especialista explicó que la falta de cámaras Gesell, que permiten la toma de declaraciones de menores que han sufrido abusos pueden revictimizarlas, ya que las obliga a repetir su testimonio y revivir el horror que vivieron.  

La falta de las cámaras Gesell, según Quispe, hacen el proceso recolección de pruebas más complicado, ocasionando crímenes impunes.

Las omisiones del caso Qali Warma

Boluarte también informó que para este año se había destinado 524 millones de soles para la complementación alimentaria que incluye el programa Vaso de Leche, las ollas comunes y comedores populares, y se había otorgado 65 millones de soles en subsidios directos para la compra de alimentos frescos. 

No obstante, Boluarte olvidó mencionar las investigaciones que enfrenta el programa Qali Warma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cartera que lideró cuando Pedro Castillo era presidente.

La investigación fiscal apunta a una red criminal que habría manipulado procesos de selección y adjudicación de contratos para favorecer a empresas proveedoras, como Frigoinca, entregando alimentos en mal estado a miles de escolares en regiones como Puno, Ayacucho y Cajamarca. Por estos hechos, son investigados Fredy Hinojosa, actual vocero presidencial de Boluarte, y su exministro Julio Demartini.

Petroperú y un acuerdo con Petroecuador

Boluarte aseguró que al segundo trimestre del 2025 el superávit fiscal,—que es lo ocurre cuando un gobierno gasta menos dinero del que recauda—, alcanzó el 0.7% del PBI como consecuencia de los ingresos tributarios que crecieron un 14.6%.

En esa línea, la presidenta informó que se vienen impulsando medidas para mejorar el sistema tributario como simplificar los tributos para las pequeñas empresas y ajustar el impuesto a la renta y de los impuestos municipales. 

Asimismo, destacó la adjudicación para este año de 30 obras de saneamiento, salud, transporte y educación por más de 8,200 millones de dólares, y para el año 2026, 48 proyectos por más de 9,100 millones de dólares y al menos 10 proyectos para el 2027.

Entre ellos, el lote 58 de gas natural en Cusco y el proyecto gasífero Candamo en Puno y Madre de Dios. A la fecha, según Dina Boluarte, el Ministerio de Energía y Minas y el concesionario Calidda habían firmado un acuerdo para ampliar el suministro de gas natural en 15 nuevas localidades en siete regiones. 

En relación a las pérdidas económicas generadas por Petroperú y a una deuda que asciende a 8,500 millones de dólares, Dina Boluarte defendió la continuidad de la empresa estatal y anunció la suscripción de un acuerdo con Petroecuador para la compra directa de petróleos sin intermediarios y la venta directa de diesel y gasolinas.

El acta de cooperación con Petroecuador también supone la interconexión de campos petroleros ecuatorianos con el oleoducto norperuano para transportar crudos al terminal de Bayóvar y a la refinería de Talara, ubicados en Piura.

No obstante, en diálogo con Convoca, el periodista piurano Wilson Siancas recordó que Piura, especifícamente la localidad de Negritos, en Talara, es una de zonas afectada por los pasivos petroleros. En tal sentido, recordó que Boluarte haya omitido en su discurso la remediación de pasivos ambientales, y como hasta el día de hoy el Estado dilata la recuperación de la zona. 

En febrero de este año, este medio reveló que tras 14 años de la reglamentación de la Ley de Pasivos Ambientales, ninguna empresa privada había sido responsabilizada por alguno de los más de 3,264 pasivos petroleros registrados en Perú. Asimismo, a lo largo de cuatro décadas la industria de hidrocarburos ha dejado un grave impacto ambiental y social como reveló la serie investigativa 'Crudo Abandono' de Convoca.pe.

En diálogo con Convoca, el analista político Eland Vera advirtió que a la mandataria le esperaba un futuro sombrío por las investigaciones que acumula. En ese sentido, según Vera, Boluarte tomaría decisiones “en función de una suerte de impunidad” y buscaría “tejer alianzas para asegurar una salida que no le sea tan grave porque es muy probable que las denuncias se vayan a cristalizar el 29 de julio del próximo año”. 

Pero Boluarte parece no tenerle miedo a lo que le depara el futuro pues concluyó su mensaje a la Nación haciendo guiños a la presunta inocencia de su hermano Nicanor Boluarte, —investigado por el caso "Los Waykis en la Sombra"—, asegurando que sus padres habían criado a catorce hijos honorables ajenos a las "malas mañas".

Con el puño y la frente en alto se despidió Boluarte, quien decidió evadir explicaciones sobre las irregularidades, acusaciones y casos de impunidad de su gobierno.