Tras la resaca de indignación por la aprobación el pasado viernes de una prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), el Ejecutivo parece haber digerido la norma y opta por un supuesto camino práctico que lo aleja de la posibilidad de observarla y devolverla al Congreso.

El nuevo ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, ha asumido su cargo con dos promesas que su sector quiere cumplir en menos de 6 meses: formalizar a 20.000 mineros y que el Perú cuente con una ley y un reglamento para la pequeña minería y minería artesanal. 

Con estos compromisos, Montero quiere vender que esta sería la última ampliación del REINFO, una medida aprobada con la opinión desfavorable de su propio ministerio, del Ministerio del Ambiente y de la Defensoría del Pueblo. 

¿Es esto creíble ? Vayamos a las cifras. A 3 de diciembre de 2024, el REINFO registra 84.415 registros, de los cuales solo 17.881 están vigentes y 66.534 han sido suspendidos. Es decir, más del 78% de los mineros inscritos están fuera del proceso de formalización, un camino que se inició hace ya 22 años con la aprobación de la primera ley de promoción y formalización de la pequeña minería. 

"No es posible ejecutar un shock de formalización", considera Aarón Quiñón, investigador del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico. "Ahora el ministro quiere hacer en un año lo que no se ha logrado con 12", sentencia. 

El proceso extraordinario de formalización minera se inició en 2012 con una serie de decretos legislativos aprobados durante el gobierno de Ollanta Humala. En el marco de este proceso, en 2016 se creó el REINFO, que planteaba un nuevo esquema de formalización a cargo de las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM). Desde esa fecha, con esta son ya 3 las ampliaciones para que los mineros cumplan con estos requisitos. Y esta nueva prórroga, al igual que las anteriores, tiene pocos visos de ser la definitiva. 
 

Los cuellos de botella

El proyecto de ampliación del REINFO aprobado el pasado viernes señala como el fundamental cuello de botella la falta de aprobación de los Instrumentos de Gestión Ambiental de Formalización Minera (IGAFON).  En febrero de este año, 22.465 IGAFOM habían sido presentados y estaban en espera de su evaluación según datos del Centro de Estudios sobre Minería de la Universidad del Pacífico. 

"Cuando por fin el pequeño minero consigue la aprobación de su IGAFON,  ya ha terminado de explotar esa concesión y ya está operando en otro sitio", explica Aaron Quiñón, investigador de esta universidad. 
Quiñón relata que este atasco tiene su principal ejemplo en la Autoridad Nacional del Agua. "Hemos evidenciado que en la ANA hay solo dos personas revisando expedientes de gestión ambiental de los pequeños mineros. Cada una tiene bajo sus hombros 10 mil expedientes", describe. Este gran cuello de botella promueve, a juicio de este experto, que las redes de corrupción paguen coimas para que los gobiernos regionales prioricen un determinado IGAFON. 

El otro gran problema sin solucionar en el proceso de formalización es la imposibilidad de revocar las concesiones y derechos mineros sin actividad. Según el proyecto de ley aprobado en el Congreso, 26,433 labores declaradas por mineros en el REINFO se encuentran superpuestas a 4261 derechos mineros sin producción minera reportada. 

El régimen de concesiones se ha ido ampliando desde principios de este siglo, pasando de 6 a 30 años, vigente en la actualidad. Solo el 9% de los mineros en proceso de formalización es titular de la concesión que opera. "Esta situación ha generado acuerdos informales entre titulares de las concesiones y los mineros artesanales, que trabajan en condiciones de semi esclavitud", denuncia Quiñón. "La carga burocrática del REINFO se genera a los más pequeños de la cadena de valor del oro, mientras que sobre concesionarios, plantas de procesamiento y comercializadoras no se legisla", explica el experto. 
 

Baja el presupuesto para formalización

El Ministerio de Energía y Minas, en su propósito de formalizar a 20 mil mineros antes de que caduque la nueva ampliación del REINFO, se enfrenta a una maraña burocrática atascada en estos dos enormes cuellos de botella. Para destrabarlos, es necesario invertir recursos públicos. Pero, por el contrario, en los recién aprobados presupuestos de 2025 el monto proyectado para formalización minera ha bajado de 25 millones en 2024 a 15 millones. 

Estos 15 millones son el presupuesto base, pero podría aumentar si se negocia un incremento a principios del próximo año. En 2024, se otorgó al proceso de formalización 13,9 millones y se aumentó a 25 millones a través de una negociación. Pero, aunque los 15 millones presupuestados para 2025 se incrementaran hasta llegar al mismo monto que se manejó este año, sería insuficiente para un proceso de formalización masivo como el que plantea ahora el MINEM.

En contraposición, la minería ilegal registra beneficios que ya superan a los generados por el narcotráfico. Según una estimación del Instituto Peruano de Economía, la minería ilegal mueve casi 7000 millones de dólares de dólares al año. 

"Perú no es un narcoestado, es un Estado de la minería ilegal", afirma César Romero, abogado de la Procuraduría del Ministerio de Medio Ambiente. Especializado en Medio Ambiente. "Es más seguro para el ilegal hacer actividad de minería que hacer actividad de sembrado de droga", afirmó en el IV Encuentro Latinoamericano de Periodismo para Investigar la Corrupción y las Redes Criminales. 
Para el fiscal, la ampliación del REINFO refuerza la impunidad. "Les da vía libre para depredar el medio ambiente como les de la gana. Cuando llegue el momento, van a pedir una nueva prórroga".

Un proyecto de ley olvidado

El nuevo ministro, Jorge Luis Montero, fue viceministro de Minas entre los años 2020 y 2021. Precisamente, fue el encargado de diseñar la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal, aprobada finalmente en 2022. 

En esa fecha, el MINEM se comprometió a presentar un proyecto de ley para la pequeña minería y minería artesanal que solucionara los cuellos de botella antes del 31 de diciembre de 2024, fecha en la que expiraba la prórroga del REINFO. Sin embargo, este proyecto no llegó al Congreso hasta hace unas semanas y su tardanza fue el motivo por el que, a través de una moción de censura, se cesó al titular de la cartera, Rómulo Mucho, y se aprobó una nueva prórroga del REINFO. 

Ahora, el nuevo ministro se compromete a presentar no sólo un nuevo proyecto de ley, sino también un reglamento en menos de 6 meses ante una ley MAPE, defendida por la CONFIEP y la SNMP, pero que los mineros consideran insuficiente para solucionar los cuellos de botella. 

César Ipenza, abogado especialista en Derecho Ambiental, recuerda que la Comisión de Energía y Minas tiene un proyecto de ley consensuado de forma participativa con todos los sectores implicados desde 2023. "En esta iniciativa se discuten los problemas de fondo pero no ha tenido atención pública", asegura. 

La prórroga del REINFO, defendida por el Congreso como un mal menor ante las protestas mineras y la inminente llegada del 31 de diciembre sin una solución alternativa, no es del agrado ni de los propios mineros artesanales e informales. "Lo que se hizo es patear el problema", declaró Máximo Franco, líder de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (CONFEMIN). "Queremos una ley basada en la realidad del minero artesanal": 

El tiempo de descuento para lograr no solo esta ley, sino la formalización de miles de mineros, ya ha comenzado y expira en 6 meses.