Johny Rodas recibió un disparo de bomba lacrimógena directamente en el rostro mientras se encontraba con su hermana Marilú en las protestas de enero de 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte, en el centro de Lima. Le destrozaron la mandíbula y los nervios faciales. Hasta hoy solo puede comer papillas y prefiere no hacerlo frente a otras personas porque todo se le sale de la boca. Tampoco puede hablar bien y, según su familia, estas “secuelas que le quedaron” le impiden trabajar como antes. Antes del suceso, Johny, un técnico de logística chalaco, era el principal sustento hogareño para su padre de tercera edad, y su otra hermana, que sufre de discapacidad mental.

“El que se encargaba de la casa prácticamente era él. Era el papá del hogar”, comenta su hermana Marilú para Convoca.pe. Cuenta que el Ministerio de Justicia ofreció "apoyo económico, psicológico, educativo y social" a las víctimas, pero de todo eso él solo recibió el bono monetario: S/ 25.000 soles por calificar como herido con "lesiones de gravedad". El monto le quedó demasiado corto, ya se agotó y el tratamiento aún debe continuar.

Al igual que ella, varias víctimas denuncian esta falta de cooperación de parte del Estado. En total, durante las protestas de diciembre de 2022 y febrero de 2023  se registraron 49 civiles muertos, la mayoría por arma de fuego, y otros 972 heridos, según los registros de la Defensoría del Pueblo.

Mientras tanto, Marilú Rodas denuncia la lentitud con la que la investigación sobre el caso de su hermano ha sido realizada, que ya va a cumplir un año el próximo 24 de enero sin ningún avance significativo. Para ella, la principal razón de las demoras es el recurrente “cambio de fiscal a cargo” del caso, algo que los obliga a reprogramar fechas y retrasa el proceso.

Johny Rodas sufrió una fractura grave de mandíbula por impacto de una bomba lacrimógena apuntada a su rostro. Fuente: Marilú Rodas

Carlos Rivera, abogado de los deudos de las víctimas y heridos en las protestas contra el gobierno de Boluarte, menciona que dichas investigaciones “deberían tener un avance mucho más considerable". "Deberían tener un panorama del curso de la investigación, también deberían tener probablemente más evidencias y deberían haber tomado más medidas que las que han tomado hasta la fecha”, advierte.

“Si bien es cierto que en ese momento uno podría decir de que la fiscalías del equipo especial (…) han tomado un ritmo que evidencia un nivel de conocimiento (…), eso se está haciendo luego de que ha transcurrido un tiempo de verdad considerable. Esto debido a razones estrictamente políticas, de política institucional: la división del subsistema de derechos humanos, la propia creación del equipo especial, la designación de fiscales sin mayor experiencia en el tema, entre otros. Eso nos hizo perder en general, por lo menos, un medio año”, acota.

Prórroga de la investigación del caso Johny Rodas, emitida el 20 de octubre de 2023.
Ahora tiene una vigencia hasta febrero de 2024.

Según Rivera, si bien este Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) ha logrado algunos avances sustanciales, “las decisiones que tomó la Fiscal de la Nación en su momento, son decisiones que apuntan a de alguna manera bloquear las investigaciones”.

La denuncia constitucional que realizó la entonces titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, a la presidente Dina Boluarte recién el 27 de noviembre del presente año, justo cuando empezó a conocerse la existencia de una presunta red criminal en la Fiscalía que sería liderada por la propia fiscal suprema, ha reavivado las fundadas sospechas sobre la posible instrumentalización política de este caso desde el inicio.

Al respecto, Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), comenta que “el tema de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte es algo que nos deja una sensación agridulce porque es una denuncia que para nosotros se ha llevado a cabo de manera precipitada".

"Es más que todo un acto político, un manotazo de ahogado”, agrega.

Ambos abogados coinciden en que dicha denuncia no representa los intereses de los afectados, ni busca investigar lo que parece ser “una política de Estado”.

A propósito, la reciente suspensión de Patricia Benavides ha representado un retraso en las investigaciones referidas a protestas. Benavides había designado a la fiscal Marena Mendoza Chávez, su subordinada de más confianza en toda la institución, como encargada del Despacho de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, a cargo de las investigaciones de los asesinatos en las protestas.

Mendoza además, al mismo tiempo, entre noviembre y diciembre, tuvo un breve paso por el Equipo Especial Lava Jato, luego de que Benavides la nombrara como coordinadora de ese grupo fiscal, luego de la suspensión del anterior encargado, Rafael Vela Barba.

El 11 de diciembre, luego de que la Junta Nacional de Justicia separó a Benavides de la Fiscalía de la Nación, Mendoza presentó su renuncia al Equipo Especial Lava Jato ante el nuevo titular de la institución, Juan Carlos Villena. Este a su vez la removió el 15 de diciembre de la coordinación del Eficavip y la derivó a la Fiscalía Superior de Familia de La Libertad.

A partir del 18 de diciembre, Villena nombró como encargado de la Fiscalía Nacional en Derechos Humanos e Interculturalidad al fiscal Daniel Alberto Jara Espinoza. Con relación a estos cambios, Mar Pérez declara no tener claro si “el actual fiscal de la nación sea una figura que nos ofrezca garantías para el desarrollo de las investigaciones”.

La represión estatal en Puno dejó un saldo de 18 muertos, entre ellos tres menores de edad. Foto: Max Nina.

Por otro lado, algunos deudos, como Elizabeth Santiesteban, acusan a la Policía Nacional Peruana (PNP) de obstaculizar el proceso de investigación. “No se puede avanzar más cuando entidades como la Policía Nacional pone esas trabas. Todos los involucrados que han ido a dar su declaración (como testigos) 'no se acuerdan', 'no saben', o 'no vieron al jefe' de esa escuadra” que es responsable del homicidio de su hermano, Víctor Santisteban, ocurrido en Lima. Murió por impacto de un "elemento contundente duro" que se presume que fue también una bomba lacrimógena.

A razón de esto, “la fiscal ha pedido 8 meses más de lo ya establecido para seguir investigando”, agrega Elizabeth, quien sigue buscando justicia para su hermano.

Promesas incumplidas

El viernes 10 de noviembre del presente año, en el marco del 188° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se realizó la audiencia de seguimiento a las recomendaciones del Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales. En dicha audiencia, los representantes del Estado Peruano anunciaron que se había implementado una política a través de una Comisión Multisectorial para apoyar económicamente con S/ 50.000 individuales a 111 personas —familiares de 63 fallecidos— y S/ 25.000 a 155 heridos de gravedad. La suma total entregada fue de 7.025.000 soles o $1.899.024 dólares, según el informe antes mencionado.

Además, los representantes del Estado peruano recalcaron que “se brindaron apoyos médicos y becas para los hijos de las personas afectadas, así como la inclusión de programas sociales en programas sociales y agrarios”. También acotaron que “el Ministerio de Salud, bajo el compromiso de brindar una atención integral, adoptó medidas de rehabilitación médica y atención psicológica” para con las víctimas.

En relación a ese apoyo económico, la abogada del CNDDHH, Mar Pérez, aclaró que no puede hablarse de “reparación” mientras el Estado Peruano no asuma la culpa mediante juicio.

“La Comisión [Multisectorial] nunca habló de reparación porque el término de reparación implica que el Estado asume su responsabilidad por haber vulnerado los derechos de las personas. En el discurso oficial nadie ha sido reparado. Para que podamos hablar de una reparación, lamentablemente, vamos a tener que esperar al desarrollo del proceso judicial. Recién con la sentencia —que puede demorar hasta una década— podrán realmente esas familias recibir una reparación”, explica.

El Estado peruano publicó cuatro listados, el último el 25 de abril de 2023. Es en ese listado que se encuentra Johny Rodas.

Listado total de beneficiados por apoyo económico. Fuente: Diario El Peruano

La hermana de Johny, Marilú trabaja sábados y domingos, ya que debe cargar con el peso de proveer económicamente a su familia desde que Johny fue despedido el mismo día que salió de alta. Ella asegura que su familia solo ha recibido la suma de S/ 25.000 prometida por el Estado, aunque menciona que todo ese dinero ya ha sido gastado, resultando insuficiente para cubrir las necesidades actuales de su hermano. “Hasta el día de hoy, el Estado no se ha comprometido con nosotros… [...] no hemos recibido las otras ayudas (psicológicas, educativas y sociales)”, comenta.

Ella pide que Johny, —quien es técnico en logística de profesión y tiene 44 años— “sea el chico que era antes".

"Él, por el accidente, ha tenido que dejar de trabajar. Me gustaría que tenga una invitación [a un empleo] por lo que le hicieron. O sea que pueda volver a ingresar al sistema laboral”, comenta. Asimismo, recalca que las consecuencias psicológicas que ha tenido que afrontar a raíz del suceso han sido muy difíciles. “Me siento frustrada al ver que mi hermano, siendo el eje de la casa, no puede hacer nada”, agrega.

Diagnóstico e informe post-operatorio de Johny Rodas.

Por supuesto que esto no solo sucede en Lima. El 9 de febrero de 2023, Víctor Rojas Alarcón partió de su hogar en Huancabamba, distrito José María Arguedas, Apurímac, con la intención de unirse a una protesta en la provincia de Aymaraes. Viajó junto a otros miembros de su comunidad, pero su marcha se vio interrumpida al encontrar la carretera bloqueada por manifestantes en Izcahuaca. Después de compartir alimentos, regresaron, pero fueron sorprendidos y atacados por la policía en la zona de Siete Vueltas. Durante el tiroteo, Víctor se arrojó a la platabanda del camión en el que iba montado, buscando resguardarse. Una vez terminó el tiroteo, los policías lo intentaron forzar para bajar del vehículo. Víctor no podía moverse. Había sufrido una lesión medular traumática por el impacto de un proyectil de bala. A sus 34 años quedó parapléjico. 

Los S/ 25.000 soles que le fueron asignados pronto se agotaron, entre medicinas, viajes y terapias. Hasta la fecha, Víctor todavía tiene que pagar cien soles diariamente para recibir tratamiento de parte de su terapeuta. “¿Qué apoyo voy a tener? Si todo el dinero se fue en mis medicamentos”, reclama.

La situación económica de Víctor se encuentra muy grave debido a los altos montos que necesita para seguir tratándose y manteniéndose. “Desde los 22 años era un comerciante. Juntaba mi platita poco a poco e hice mi familia. Ahora que no puedo trabajar estoy tocando esos ahorros para mantener a mi esposa y mi hija. ¿Pero cómo voy a hacer también? Ahorita se acaba y prácticamente voy a estar botado en el olvido”, agrega.

Además, tiene una deuda de S/ 57.578.62 con la Caja Ica. Víctor comenta que contrajo ese préstamo el 19 de agosto de 2022 en aras de continuar el trabajo que desempeñaba antes de quedar herido de gravedad. Él tenía como límite para pagar la primera parte el mes de septiembre de este año. “¡Ahora cómo voy a pagarlo! Ya me han puesto un foco rojo en la Caja Ica. Tal vez me van a embargar la casa”, se lamenta.

Víctor tiene que pagar cien soles diarios para seguir con su rehabilitación.

Víctor se dedica a la agricultura desde los 14 años. Ahora, junto a su esposa Reina, intentan subsistir a pesar de tampoco haber percibido ayuda de inserción en programas sociales o agropecuarios de parte del Gobierno Peruano, como se prometió. Él también denuncia la falta de apoyo psicológico a su familia, que se ha visto afectada por este nuevo modo de vida. Sobre todo piensa en su hija, de doce años. Dice que ella es muy inteligente y atlética. Además tiene asumido el compromiso de que pueda estudiar derecho. A pesar de eso, el Estado peruano tampoco lo ha ayudado con ninguna beca para ella. “Prácticamente el Estado nos ha destrozado. Yo soy joven. Yo sé que voy a sanar. Yo tengo fe en que voy a caminar. Yo necesito ese apoyo, esa moral para toda mi familia”, dice Víctor. Se mantiene esperanzado con poder volver a la vida de antes.

Esta es la deuda de S/. 57,578.62 que tiene actualmente Víctor con la Caja Ica.

El incumplimiento de lo prometido por el Estado no solo afecta a los heridos de gravedad. Personas como Raúl Samillán, hermano de Marco Antonio Samillán, médico fallecido en las protestas del 9 de enero de 2023, en su natal Puno, también denuncia irregularidades. Raúl es hoy presidente de la "Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero”. Él menciona que no solamente el dinero es insuficiente para cubrir el vacío de su pérdida, sino que en su función como líder en la lucha por buscar justicia, todas las declaraciones de parte del Gobierno con respecto al apoyo en materia de salud son “totalmente falsas”.

“Me consta, porque me reúno con todos mis hermanos, que a ninguno se le ha tratado la rehabilitación, ni existe documento que así lo muestre”, afirma.

“Cuando el Equipo Especial vino a la ciudad de Juliaca, vino sin ninguna hoja de papel. Ni trajeron impresora. Nosotros tuvimos que prestarles una mesa para que ellos pudieran trabajar. Les dimos nuestra impresora para que imprimieran las actas. ¿Dónde están los millones que ha destinado el Estado?”, cuestiona Samillán, en relación a las investigaciones.

Todavía existen olvidados

Según el informe documentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Multisectorial consideró “cinco criterios para determinar si una víctima debería ser beneficiaria del apoyo: 1) heridos que permanecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos; 2) heridos que permanecieron hospitalizados más de 10 días; 3) heridos que requirieron una intervención quirúrgica mayor; 4) heridos que han adquirido una discapacidad permanente como consecuencia de las heridas; 5) otros casos que la Comisión determinará y aprobará”.

Luego se agregó el criterio de apoyo “por el tipo de lesión sufrida o por la gravedad de esta, [si] tendrán secuelas que limitarán su desempeño normal en la actividad diaria o laboral”. A pesar de esto, se tiene conocimiento de casos de heridos como Filber Ccoya, quien fue atravesado por una bala en su cadera, que ni siquiera ha tenido acceso al apoyo de S/ 25.000.

Era el 6 de enero de 2023. Caían las dos de la tarde cuando Filber Ccoya era evacuado al centro de salud más cercano al Aeropuerto de Juliaca, luego de ser alcanzado por una bala a la altura de la cadera, por el lado derecho. Estuvo diez minutos esperando para ser atendido mientras se desangraba. El día antes de ser operado, recibió el acoso de policías y fiscales, quienes lo amenazaron con denunciarlo por “organización criminal”. Ante el hostigamiento, Filber decidió irse por su propia voluntad sin ser operado, motivado en gran medida por “el miedo que siente ante la persecución”. Desde entonces, ha estado recuperándose en casa, a punta de hierbas y remedios naturales. 

Carpeta Fiscal de Filber Ccoya, quien a pesar de haber sido herido, no cuenta con ningún amparo estatal.

No obstante, al no tratarse correctamente —por miedo a las amenazas de parte de la PNP—, Filber ha obtenido graves consecuencias en su vida cotidiana. “Cuando ando dos o tres kilómetros, se me adormece la pierna, ya no tiene fuerza y tiendo a caerme. Además me duele, no puedo hacer mis trabajos como antes los hacía”, comenta.

Las secuelas del caso no solo le afectan personalmente a Filber. Su hija de 6 años ha quedado afectada psicológicamente a partir de lo vivido en su hogar. “Yo siempre iba a recoger a mi hija a la escuela… Ella era una niña bien despierta, muy inteligente. Pero desde ese día, mi hija no quiere estudiar, no sé qué tiene. Ha perdido la noción de estudiar. O sea, en el aspecto psicológico ha sido bastante afectada. No hemos recibido ningún tipo de ayuda, ni psicológica ni educativa. No he tenido ningún tipo de indemnización. He quedado en el olvido del estado”, reclama.

Filber —quien hoy tiene 33 años— se dedicaba a la reparación de maquinaria pesada antes de ser herido. Las limitaciones que tiene a partir de la lesión causada le impidieron seguir con su empresa. Buscando reinventarse, ahora tiene planeado estudiar para ser técnico electricista en un instituto de Arequipa, por lo que le solicita al Estado Peruano “una beca, para poder concluir los estudios”.

De los 972 heridos civiles que hubo según la Defensoría del Pueblo, la Comisión Multisectorial solo tuvo en cuenta a 155 para el apoyo económico. Esto quiere decir que aún existen 817 heridos civiles cuya situación se desconoce, a pesar de que el caso de Filber Ccoya demuestra que aún pueden existir lesionados graves, incluso por bala, con secuelas físicas y psicológicas, que no cuentan aún con ningún tipo de ayuda estatal.