“En la minería... hay economía dentro de eso. Detrás se compran líderes, se compran familias, a quienes más hablan dentro de las comunidades, para que estén de acuerdo para que pueda trabajar la empresa [minera]”, comenta para Convoca.pe Fernando Roel, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Puerto Inca (Feconapia). El líder asháninka, natural del pueblo amazónico de Santa Teresa, en Huánuco, señala que, aunque Puerto Inca ha enfrentado muchas amenazas en el pasado —como la invasión de terrenos comunales por la presión migratoria o el boom de las empresas madereras y la tala— hoy es la minería ilegal el principal problema.

La situación se ha recrudecido notoriamente desde 2018. Puerto Inca es un objetivo declarado de la minería informal e ilegal. Ya en julio de 2022, este medio informó que en esa localidad había registradas 253 mineras no formalizadas que operaban en un área de 500 hectáreas que se sigue expandiendo.

Pero el daño ambiental no es el único problema que la economía ilícita trae consigo. También lo es por ejemplo, la discordia al interior de las comunidades, pues hay quienes están a favor y quienes están en contra de esta forma de actividad. "El perjudicado no es una persona, sino todos los que vivimos río abajo de las quebradas, de los ríos que están posesionados” por los mineros, advierte Roel.

“También tengo amenazas por ser el líder ahí, porque vengo haciendo las denuncias correspondientes a los dueños de empresas que están metidos en la provincia”, refiere.

La de Puerto Inca es una situación similar a la que se experimenta en varios lugares de la Amazonía. Otro caso es el del Cenepa, Amazonas, un distrito que tras 17 meses en estado de emergencia no ha podido expulsar a los mineros ilegales y se torna cada vez más tenso. Otro se ve en el río Nanay, cerca de la ciudad de Iquitos, en Loreto, donde en los dos últimos años las infraestructuras para cometer este crimen ambiental identificadas pasaron de 3 a 120. O en La Pampa, en Madre de Dios, que luego de un desalojo masivo en 2019 han vuelto a tomarla las mafias.

Intervención de la minería ilegal en Puerto Inca, Huánuco. Foto: Internet.

Ataques por varios frentes

El pasado miércoles 18 de octubre se realizó la jornada "Propuestas desde las y los defensores ambientales indígenas", impulsada por distintas organizaciones y por ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). En esta concurrieron representantes de las principales organizaciones indígenas del Perú y de otros países para discutir temas relacionados a la protección de los líderes que luchan por medio ambiente.

El encuentro se dio en medio de un contexto en el que, según Global Witness, ya se cuentan 54 víctimas mortales entre ellos, durante los años 2012 y 2022.

Como se recuerda, en el año 2021 se publicó el Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, que crea el Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Este, a su vez, establece la creación de un nuevo registro de ciudadanos en situaciones de riesgo. Y pesar de que en abril de 2022 se publicó una nueva norma para "fortalecer el mecanismo", este no ha sido suficiente, según Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“En la actualidad, el Mecanismo Intersectorial representa el principal instrumento de política pública para abordar el problema de la violencia creciente contra las personas defensoras en el Perú. En principio, se trata de una mejora sustancial con relación al “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos”, creado por el MINJUSDH en 2019 y el primero en abordar esta problemática desde el Estado”, reconoce la especialista legal en comunicación con Convoca.pe.

“¿Cuál es el problema? Este mecanismo no resuelve el problema debido a que no cuenta con presupuesto. Y al ser una norma reglamentaria, impide su vinculación con otros órganos que no forman parte del Ejecutivo. En conclusión, las y los defensores continúan siendo amenazados y algunos asesinados”, apunta Quispe.

Jamner Manihuari, vicecoordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), lamenta la expansión de los peligros que enfrentan en la Amazonía los pueblos originarios y los defensores ambientales. “[Contra] estas actividades ilícitas, como el narcotráfico, la minería ilegal y otras, que se desarrollan en los territorios estando a la vista de nuestras autoridades, no se ve el accionar [del Estado] de ninguna manera”, dice.

Manihuari comenta que esta es una situación que se está replicando en varios países. Por ello, es necesario comparar las experiencias y compartir los aprendizajes de otros países con las mismas amenazas para atacar de manera más certera al crimen local.

"En los países [de América Latina y Centroamérica] estas personas, estos líderes, vienen siendo asesinados cada día y no se va hallando ninguna justicia con respecto al derecho de vida que tienen cada uno de las personas", explica el líder indígena.
"Así como estos ejemplos, ya vamos teniendo aquí en Perú varios asesinatos de varios líderes: ya pasan más de 60 líderes y lideresas muertos. Hasta ahora no se ha podido encontrar ninguna justicia", comenta.

Por otro lado, los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci) también son objeto de ataques desde distintos sectores, como el Congreso o los gobiernos regionales. "Creo que hoy, al despertar los pueblos, no vamos a permitir que a estos hermanos [los Piaci] se les desconozcan sus derechos. La civilización es buena, como también respetar la forma de vida que tienen nuestros hermanos", concluye Manihuari.

Edificaciones llamadas "malocas", en Loreto. Se presume que pertenecen a los Piaci que habitan la zona. Foto: Orpio

Por su parte, Yanet Velasco, lideresa y tesorera de la Central Asháninka de Río Ene (Care), señala que en la zona donde vive su pueblo, el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), declarada constantemente en estado de emergencia, la lucha contra el narcotráfico no se detiene. 

"Nosotros como organización venimos luchando contra los trabajos ilícitos de la siembra de la hoja de coca. En las comunidades del Ene en la parte alta, entre Cuzco y Junín, hay presencia del narcotráfico. Nuestras comunidades han sido invadidas por personas externas, ‘colonos’ les decimos, invadiendo nuestros territorios indígenas para la siembra de la hoja de coca”, comentó Velasco para este medio.

Cabe resaltar que, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), el tráfico de drogas en el país alcanzó los 640 millones de dólares entre los años 2013 a 2023, siendo uno de los principales delitos en el territorio nacional, solo por debajo de la minería ilegal (8 mil 200 millones de dólares), los delitos tributarios (1 523 millones de dólares) y los delitos contra la administración pública (1 492 millones de dólares).

“Hay bastante deforestación para el sembrío de hoja de coca y también hay pozos de maceración. Esto causa contaminación del medioambiente, de nuestros ríos y eso trae consecuencias en la salud de los hermanos asháninkas que viven día día en sus territorios de los ríos. Por ejemplo, ya no hay alimentación, y también hay problemas de salud", concluye Yanet Velasco.

Las operaciones militares y policiales que realiza el Estado peruano, no han bastado para arrojar al narcotráfico del Vraem. Foto: Difusión.

Como se recuerda, la Care también se vio afectada cuando en septiembre pasado su líder, Ángel Pedro Valerio, fue imputado por la Fiscalía por la desaparición de cuatro personas en medio de las protestas que se dieron por la muerte del líder indígena Santiago Contoricón. Entonces, Convoca.pe cubrió el caso e identificó testimonios y registros gráficos que contradijeron la tesis de la fiscalía contra Pedro Valerio, para quien se impuso una orden de detención preliminar. Estas pruebas situaban al líder de la Care lejos de la zona donde se realizó la protesta, cuando se dio la desaparición de las cuatro personas.

Saúl Vega Samuel, vicepresidente de la Care, menciona que todas estas acusaciones formaron parte de una injusticia contra Ángel Pedro Valerio, quien no participó “ni directa ni indirectamente en esa desaparición”. De hecho, la criminalización es otra amenaza constante que enfrentan algunos defensores ambientales.

"¿Por qué se le incluye? Porque Ángel ha liderado, y lideramos nosotros como organización, frontalmente la lucha contra el narcotráfico que acrecienta en las zonas de frontera, sembríos de coca (...). Dentro de eso, como es tan reconocido Ángel, nacionalmente, internacionalmente, como defensor de derechos ambientales, han aprovechado para meter a todos en un solo saco para deslegitimar su liderazgo", dice para este medio Vega Samuel.

"La gente grande, mafiosos, quieren callarlo, pero no han pensado en todos nosotros, como organización. Somos todos unidos. No van a callarnos, porque en verdad, es inocente", concluye.

Cabe precisar que, finalmente, la orden de detención preliminar contra Ángel Pedro Valerio fue desestimada y se cambió a comparecencia simple, aunque el proceso de investigación que se le sigue continúa.

En la imagen, el ingeniero Juan José Llallico, del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, brinda una ponencia el día 15 de abril. En la foto se ve a Ángel Pedro Valerio sentado en la mesa (círculo rojo). Los hechos de la desaparición sucedieron los días 14 y 15 de abril. Foto: Care.

Sangre y olvido

En el evento realizado entre los días 17, 18 y 19 de octubre se forjó el acuerdo de una alianza regional entre líderes de distintas latitudes. En palabras de Diego Saavedra, líder de proyectos en DAR, esta busca dejar claro que “la atención a los defensores [ambientales] no es una atención individual, no es una atención a un individuo, sino que queremos relevar el rol que cumplen defensoras y defensores ambientales en un escenario, sobre todo en el Perú y en la Amazonía en general, de aumento de actividades ilegales, del flagelo del tráfico de tierras, de la poca presencia de nuestros Estados en estas zonas”.

“No es la protección de una persona, es la protección de la labor que cumple esa persona, en beneficio de la población y de la vida en general en nuestros países”, expresa Saavedra.

Por otra parte, también hay luchas más silenciosas, menos visibles. Aquellas que no pelean por un territorio solamente, sino por una cultura. Es el caso de Augusta Ochoa, lideresa huitoto de la Comunidad Nativa Centro Arenal de Loreto, quien explica la historia de su pueblo y la pugna que han emprendido ella y sus paisanos por salvar de la desaparición su lengua, el muruy buue.   

"Tenemos una historia que nace a partir de la época del caucho, del boom del caucho. Durante esa época nuestros ancestros han pasado muchas torturas, amenazas, violaciones a nuestras mujeres. Desde ahí nace, se puede decir, la pérdida de la cultura. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros ya no nos querían enseñar la lengua, porque ellos han sido sometidos, obligados, a aprender el castellano", relata la lideresa, para Convoca.pe.

Ochoa forma parte de la descendencia de quienes pertenecieron a aquellos pueblos —uitotos, boras, okainas y muinanes— que sufrieron la salvaje explotación y esclavización en la época del caucho, una herida que tiene más de cien años, pero que aún duele en la memoria de las nuevas generaciones.

"Mi abuelo le decía a mi madre: '¿Sabes qué, hija? No te voy a enseñar el idioma porque no quiero que te discriminen’. Para él ha sido fuerte, porque él ha sido esclavizado durante la época del caucho", cuenta Augusta Ochoa.

Esta es otra de las consecuencias de la violencia y la impunidad.