Mineros ilegales invaden con impunidad el río que abastece a la principal ciudad de la Amazonía peruana

El río Nanay repta entre los árboles verdes y altos de la Amazonía peruana. Dicen los lugareños que sus aguas son claras y les dan peces. Su cauce abastece a la gran ciudad de Iquitos, capital de Loreto. Pero ahora se encuentra amenazado por la minería ilegal, una actividad que genera crimen y contaminación y que pone en riesgo a las más de 160 mil personas que habitan en este lugar. Desde el 2000, mineros peruanos y extranjeros han llegado cada vez en mayor número hasta la cabecera de cuenca del Nanay, donde nace el río, para buscar oro a través de la práctica del "dragado", que remueve y destruye los suelos ribereños para succionar el mineral. En su proceso también usan metales pesados, como el mercurio, que envenenan los ecosistemas.

“Los mineros ilegales buscan el oro del Nanay, que es de buena calidad”, refiere Bratzon Saboya, fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto. De hecho, esta fiebre por el oro y la ausencia de Estado han hecho que las comunidades más alejadas del distrito del Alto Nanay (en la provincia de Maynas) hayan quedado a merced de las bandas de mineros que imponen su ley. Los comuneros que se atreven a enfrentarlos son objeto de amenazas de muerte. Para los activistas y especialistas ambientales la situación entraña un gran peligro, pues temen que pronto aquí llegue una devastación similar a la de La Pampa, ubicada en Madre de Dios.

Aunque el Estado ha emitido dos declaraciones de emergencia en la zona y creó el Área de Conservación Regional (ACR) Pintuyacu-Chambira para salvaguardar la cuenca del Nanay, la minería ilegal ha tomado más fuerza en los últimos tres años. De acuerdo con una reciente alerta emitida por Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), que vigila la selva con imágenes satelitales, entre 2021 y septiembre de 2023 se detectaron 210 infraestructuras mineras en la zona. Específicamente en el año 2023 se detectaron 120 dragas, lo que muestra un crecimiento exponencial de la actividad.

En rojo, los tres casos de minería ilegal detectados en 2021. En la siguiente imagen se evidencia que estos crecieron exponencialmente en 2023. Imagen: MAAP - Conservación Amazónica.

En 2023 se detectaron 120 casos, lo que revela que los mineros ilegales han empezado a crecer exponencialmente. Fuente: MAAP - Conservación Amazónica.

Las autoridades aún no han podido seguirles el paso, pues tan pronto como destruyen las dragas —embarcaciones que sirven para extraer el mineral— otras nuevas aparecen. Por ejemplo, entre 2020 y 2023, en operativos coordinados por la Marina de Guerra y la Fiscalía, se destruyeron 130 de estas naves. Lo que preocupa a la población de Alto Nanay es que hasta ahora ninguno de los operadores más importantes de la zona ha sido detenido por el delito de minería ilegal. Para el docente José Manuyama, radicado en Loreto y reconocido a nivel internacional por su activismo en defensa del ambiente, este aspecto es crítico.

“Lo más grave es que no hay detenidos. Ningún delito va a desaparecer si no se condena, si hay impunidad de por medio. Entonces la Fiscalía, la Marina y la Policía Nacional del Perú tienen una gran responsabilidad. En el Nanay se sabe más o menos quiénes son los cabecillas, pero nunca se ha perseguido a los responsables. Solamente a las dragas se les destruye, pero no hay ningún capturado. Entonces, repito, esto no va a acabar”, declara.

El fiscal Bratzon Saboya explica que es muy difícil capturar en la selva a estos grupos ilegales. “Cuando llegamos, huyen. Hay una red de informantes alrededor de la cuenca que al parecer revela el avance de nuestro operativo”, sostiene. Es, tal vez, como cazar fantasmas. Y a pesar de esto, y de la creciente expansión del ilícito, las iniciativas del gobierno hasta ahora tampoco han sido contundentes. Por ejemplo, la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de Loreto de la Policía Nacional comunicó a Convoca que "no cuenta con embarcaciones fluviales y motores fuera de borda, que son necesarios e indispensables para las operaciones policiales contra la minería ilegal" y que apenas cuentan con 19 efectivos para cubrir toda la Macro Región Policial de Loreto. 

Lista de operativos proporcionada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto

Respecto a los operativos, según información oficial entregada por el Ministerio del Interior, de enero de 2020 hasta el 18 de octubre de 2023 la mencionada unidad policial realizó 53 operativos contra la minería ilegal en Loreto, 35 de ellos en el río Nanay, donde interceptaron 4 dragas. Por parte de la Fiscalía Ambiental en coordinación con la Marina de Guerra del Perú, en lo que va del 2023 se han llevado a cabo 10 operativos para eliminar embarcaciones, depósitos y campamentos mineros, pero estos ataques parecen no mermar  la completa logística  de los mineros.

La Fiscalía ha descubierto que ahora han equipado las dragas con antenas satelitales que les brindan señal telefónica y de internet incluso en lugares muy alejados. De esta manera mantienen comunicación constante y pueden evadir fácilmente a sus persecutores. Incluso los mineros abrieron un camino entre el Área de Conservación Regional Pintuyacu-Chambira para llevar insumos y combustible a las dragas ubicadas en la cabecera de cuenca del río Nanay. Esta trocha, de aproximadamente 17 kilómetros, conecta al pueblo de Santa Elena (Río Tigre) con Alvarenga, una de las comunidades nativas más alejadas que se levanta al pie del Nanay. 

En opinión del biólogo Sidney Novoa, director de Tecnologías para la Conservación de la ONG Conservación Amazónica, los operativos han hecho que los mineros ilegales cambien ciertos patrones en su actividad. “Han ido subiendo un poco más hacia la cabecera de cuenca, que está a una distancia [más] lejana de Iquitos, y esto podría deberse a los operativos”, advierte.

Destrucción de una draga cerca de la comunidad Diamante Azul durante el operativo llevado a cabo el 16 de octubre del 2023 por de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto y la Marina de Guerra del Perú.

Mineros ilegales trabajando en una draga cerca de la comunidad Diamante Azul. Foto: Comuneros de la zona. 

Novoa añade que la situación resulta aún más alarmante porque ahora muchos locales están considerando este ilícito como una actividad más para ganarse la vida. Y esta teoría se refuerza con un reciente informe de vigilancia del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernanp), emitido el 18 de setiembre del 2023. “En el sobrevuelo se detectaron cuatro dragas en la cuenca del río Nanay (dentro de la ACR Alto Nanay Pintuyacu-Chambira). Estos hallazgos indican probablemente que en la cuenca del río Nanay esta actividad es latente y al parecer pobladores de las comunidades Alvarenga, Santa Isabel, Dos Unidos, Grau y Libertad vienen efectuando esta actividad ilícita como medio de obtener ingreso económico”, se lee en el documento.

Además, durante un operativo, en una draga se encontró un cuaderno de apuntes (transcrito posteriormente por la Fiscalía) donde se detallaban los pagos que hacían los mineros ilegales y entre estos figuraba un "impuesto". El fiscal Bratzon Saboya presume que esta es una cantidad otorgada a las comunidades aliadas.

En un informe elaborado por la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, al que Convoca.pe accedió mediante un pedido de información pública, también se explica la posible intervención de locales en la minería ilegal. "Las actividades ilícitas (...) son desarrolladas por personas oriundas de las diferentes comunidades campesinas y nativas asentadas en los márgenes de los diferentes ríos de la región de Loreto, quienes optan por este tipo de actividad como medio de subsistencia y se viene desarrollando en las cuencas de los río Nanay, Pintuyacu y Chambira", indica. También señala que la extracción ilegal la efectúan peruanos y extranjeros que "coordinan los trabajos de dragado de los ríos con las autoridades de los diferentes pueblos a cambio de apoyo económico". "También contratan a personas de la comunidad para que trabajen en los artefactos fluviales", concluye.

Informe de Sernanp by Convoca on Scribd

Informe detallado sobre el sobrevuelo realizado por el SERNANP con la presencia de miembros de diversos organismos estatales. Durante esta actividad se registraron dragas cerca de la comunidad de Puca Urco.

Documento transcrito de un cuaderno de apuntes encontrado en una draga intervenida durante un operativo  Fuente: Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto.

Asimismo, el  ingeniero Celzo Gil Gonzales, jefe de la ACR Alto Nanay Pintuyacu Chambira,  cuenta a este medio que en el sobrevuelo mencionado en el informe del Sernanp se halló importante infraestructura de la minería ilegal. “Hace menos de un mes se hizo un sobrevuelo al que fue un especialista de la zona protegida junto con el Sernanp y se detectaron más de 90 dragas por el Nanay. Las zonas con mayor concentración de dragas son Puca Urco y Alvarenga, que está más arriba. Es allí donde se han concentrado”, declara Gil Gonzales.

¿Pero qué sabemos sobre los mineros ilegales? ¿Por qué no hay detenciones y cuál es el estado de las investigaciones? 
 

No son fantasmas

Un halo de misterio rodea los nombres de los capos del oro. Casi nadie quiere hablar directamente de ellos. Saben que están allí, que se mueven entre Alvarenga, Puca Urco, Ungurahual y Diamante Azul, las distantes comunidades asentadas en la cabecera de cuenca del Alto Nanay. Saben que llevan una vida casi normal, aunque parecen personajes gansteriles, con apodos de películas de cine B: Papillón, Tío Lucho, Pastuso, Moico, Mago, Tío Golber, entre otros. 

Pero aunque las autoridades no digan directamente sus nombres, la mayoría sabe quiénes son ellos.

Los de más alta posición, según fuentes que prefieren no identificarse, poseen entre 4 y 5 dragas operando en el río Nanay. Ejercen cierto poder despótico en las comunidades que se encuentran a casi un día de viaje en “ponguero” (embarcación de transporte público) desde Iquitos. Y también en otras como Alvarenga, a donde ni siquiera llega este servicio de movilidad fluvial ni la señal telefónica. Pueblos verdes y lejanos donde todos, a pesar de los motes, tienen nombres reales. Y los hombres del oro no son la excepción. 

Con decenas de operativos contra las dragas ilegales, retención de botes de suministros, denuncias de las comunidades, y con la colaboración de informantes e incautación de pruebas, la Fiscalía Ambiental de Loreto ha pasado casi dos años preparando tres investigaciones importantes que podrían dar con grupos y bandas de crimen organizado que operan en el río Nanay y sus financistas. De esta manera, pronto deberían concretarse las primeras capturas importantes en los 20 años en que la minería ilegal lleva expandiéndose en la cuenca. A la par de estos tres voluminosos expedientes, la fiscalía también tiene casos de investigación secundarios sobre mineros de menor vuelo.

Uno de estos últimos, de acuerdo a fuentes del organismo, es Golber Java Gómez, de nacionalidad peruana. En 2015 llegó a ser alcalde encargado de la municipalidad provincial de Putumayo e incluso recibió felicitaciones para su provincia por parte de la entonces congresista fujimorista Tamar Arimborgo. Tiene un hermano que pertenece a las Fuerzas de Operaciones Especiales de Perú, cuya zona de acción precisamente es en el río Nanay. Actualmente Java es investigado por la Fiscalía Ambiental por presunto financiamiento de operaciones de minería ilegal. Tío Golber, como se le conoce, es considerado un personaje de rango medio dentro del ecosistema minero del Nanay.

De acuerdo al requerimiento fiscal acusatorio, al que accedió Convoca.pe, a Golber Java se le atribuye “haber adquirido insumos químicos, entre los meses de marzo y abril de 2021, correspondientes a un total de mil doscientos galones de combustible, distribuidos en 821 galones de tipo Petróleo y 393 galones de tipo Gasolina de 90 Octanos". Estos "habrían sido destinados para el financiamiento de la comisión del delito de minería ilegal, actividad ilegal que se estaría realizando en la cuenca del río Nanay, en donde no está permitido el desarrollo de la actividad minera”, según se lee.

Los hechos que dieron pie a la investigación de Tio Golber ocurrieron en abril del 2021 cuando la población de la Comunidad de Diamante Azul, junto a su teniente gobernador Arquimedes Arirama, como parte de sus acciones contra la minería ilegal, intervinieron una embarcación con motor fuera de borda. En esta, cuatro personas de nacionalidad colombiana trasladaban seis grandes bidones de plástico con cientos de galones de petróleo y gasolina. Uno de los tripulantes mencionó que el combustible debía llegar a Puca Urco y era propiedad de “Tío Golber”. Cuando la policía llegó, los tripulantes ya se habían retirado, pero la embarcación y los galones quedaron incautados.

Luego la Fiscalía identificó a Golber Java Gomez como el propietario de la carga, el exalcalde de Putumayo. De hecho, él mismo se acercó a reclamar la devolución de sus pertenencias. E, investigando, el organismo encontró que entre marzo y abril Java había comprado más de mil galones de combustible. En el requerimiento fiscal se señala que “ [el] hidrocarburo habría sido adquirido sin contar con la inscripción debida en el Registro de Hidrocarburos del Osinergmin, el cual habría sido destinado para ser utilizado en actividades de minería ilegal”. El Osinergmin, organismo supervisor del sector, constató que Java Gomez no tenía ninguna autorización para realizar actividades con hidrocarburos.

Golber Java alegó que el petróleo decomisado fue comprado por encargo de las autoridades de Puca Urco. Pero, según el documento fiscal, algunos comuneros de Diamante Azul señalan que Java llevaba constantemente insumos para su draga, presuntamente ubicada aguas arriba de la comunidad de Puca Urco.

Requerimiento Fiscal by Convoca on Scribd

Requerimiento Fiscal Acusatorio contra Golver Java Gomez por el presunto delito de Financiamiento de la minería ilegal 

Un comunero, que prefiere mantener el anonimato, asegura a Convoca.pe que ha sido amenazado de muerte por “Tío Golber” y sus secuaces luego de la intervención del 2021. Debido a este amedrentamiento, no puede salir de su comunidad y a pesar de haber solicitado garantías para su vida hace más de un año, no ha recibido ningún tipo de protección por parte del Estado. 

“Aparte de Golber Java, también me ha amenazado Pastuso [ciudadano colombiano llamado Alexander Lopez]. Aquí en la comunidad me amenazó [Tío Golber] en agosto del año pasado. Como en la comunidad estamos organizados, él tenía un grupo para matarnos. Todo eso ya lo he denunciado y espero que no me pase nada”, declara el comunero de Diamante Azul. 

Convoca.pe intentó comunicarse con Golber Java para que brindara su versión, pero el número celular que brindó a las autoridades se encontraba fuera de servicio.

El otro involucrado, Pastuso, solo una vez fue intervenido en un patrullaje policial cerca de la comunidad de Puca Urco. Aquello sucedió el 14 de agosto del 2022. El colombiano estaba a bordo de un peque-peque (pequeño bote de madera) junto con su conviviente. En su celular se encontraron conversaciones donde se le advertía sobre los operativos policiales y de "un operativo grande". En el dispositivo de su pareja se pudieron leer coordinaciones para hundir botes y artefactos ante la inminente llegada de las autoridades, además de boletas de joyerías locales y libretas de apuntes. Esto revela que los mineros ilegales tienen conocimiento anticipado de las intervenciones policiales y el posible destino del oro. A pesar de los hechos narrados, Pastuso continuó en libertad.

Este desamparo hoy desanima a los defensores locales a continuar con su lucha contra la minería ilegal. No ven ninguna intención de eliminar la violencia que campea en la zona por parte del Estado peruano. Incluso el teniente gobernador de Diamante Azul, que dirigió la intervención de la embarcación, Arquímedes Arirama, fue denunciado por Java, quien alegó un supuesto abuso de autoridad. Tres meses después, Arirama fue destituido de su cargo por la subprefecta de Nanay, Milagros Macedo. En el informe Corrupción en la minería artesanal y de pequeña escala en la Amazonía peruana, elaborado por USAID, se señala que existe una deficiente articulación para “atender denuncias ambientales y para proteger a los defensores ambientales”. También se indica que la Defensoría del Pueblo se comprometió a tramitar ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la inclusión de los “activistas de la cuenca como defensores ambientales”.

En un informe entregado por la Policía Nacional del Perú se indica que "Pastuso" amenazó de muerte a comuneros de Diamante Azul.

Acta de la intervención en agosto del 2022 al ciudadano colombiano Luis Alexander Lopez García "Pastuso", quien es señalado por los comuneros de Diamante Azul de haberlos amenazado de muerte.

Mediante un pedido de información a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Loreto, este medio accedió a parte de la lista de personas investigadas por los delitos de “minería ilegal” y “tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinadas a la minería ilegal” en el Río Nanay (zona del Alto Nanay). Los imputados por el primer ilícito son Jermaní Amasifuen,Miguel Ruiz Huaymacari, Ronaldinho Arirama Chavez y Max Guerra (ambos con sentencia anticipada). Por el segundo delito figuran como investigados Javier Pacaya del Castillo, Valery Barreto Maldonado (investigado también por financiamiento), Pacifico Silva Lancha y Carlos Rodolfo Lozano Ortíz. Pero ninguno de estos es un pez gordo.

Río Nanay: Poder Judicial by Convoca on Scribd

Informe del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas donde se detallan los nombres y expedientes de los imputados por delitos de minería ilegal y tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias.

Aunque la Fiscalía Ambiental no reveló los nombres de los involucrados en las tres grandes investigaciones, por seguridad de los casos en curso que involucran a grandes financistas y señores del oro, este medio ha podido constatar por redes sociales que los trabajadores de las dragas —usualmente de rango bajo— no tienen ningún reparo en mostrar sus actividades mediante fotografías públicas. Más de cinco ciudadanos, asentados en las comunidades del Alto Nanay aparecen realizando labores en dragas ubicadas en el río Nanay (al mostrarse las fotografías al fiscal Bratzon Saboya corroboró que se trataba de estas barcazas). Al ser buscados en RENIEC, algunos de ellos aparecían como no registrados, lo que hace presumir que se trata de ciudadanos extranjeros. Otro dato resaltante es que todos se conocían entre sí o compartían amigos en común. 

“Al ser tantos individuos, las tareas de investigación se dificultan. Es una gran cantidad de personas entre operadores, financistas, gente que ha venido de otros lugares que no tenemos identificada, y otros de los que ya tenemos conocimiento desde el 2020. Hay muchos que llegan a financiar una draga y empiezan acciones, como es el caso de un colombiano al que le destruimos tres dragas [alias Beto] y no volvió a ingresar más”, sostiene el fiscal Saboya.

Al ser consultado por la presencia de extranjeros en la zona y sobre las actividades que realizaban, el abogado Gilmer Rivera, uno de los jefes de la Jefatura Zonal de Iquitos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, indica a este medio que en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur), cuando los ciudadanos colombianos y brasileños ingresan al país en calidad temporal, no se les consulta sobre las actividades que realizarán, pues este acuerdo facilita el libre tránsito de los ciudadanos de los países miembros. “En el marco del Mercosur, no. Pero si entraran en una calidad migratoria [no como turistas], ahí sí. En esas circunstancias, sí les preguntamos medios de vida y que los sustenten. Usualmente hacemos una entrevista, pero no es tan rigurosa como quisiéramos”, reconoce Rivera. Añade que han realizado aproximadamente más de 50 operativos para imponer sanciones a los ciudadanos que están infringiendo la norma migratoria, que pueden ser órdenes de salida o multas. De cualquier modo, la frontera es una puerta abierta. 

Otro problema que favorece la actividad ilegal en la cuenca del Nanay es la “doble identidad” que usan algunos ciudadanos extranjeros. Es decir, tienen una identidad en su país natal y otra falsa en Perú. Mediante un entuerto de documentos generan un nombre falso y un registro como peruanos en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec). Si en caso llegaran a huir, según precisa el fiscal Bratzon Saboya, sería muy difícil localizarlos. Por ello ha enviado un documento a la oficina regional de Reniec señalando que “ciudadanos extranjeros posicionados en las comunidades del distrito de Santa María del Nanay, estarían adquiriendo documentos de identidad de manera irregular”.
 

Oficio enviado por el fiscal Bratzon Saboya a la Jefa Regional 4 de la RENIEC en Iquitos informando sobre la presencia de ciudadanos extranjeros con documentos de identidad irregulares.

¿Pero cómo logran llegar estas personas hasta zonas tan remotas como Puca Urco o Alvarenga, en la cabecera de cuenca del Nanay? Según las investigaciones de la Fiscalía Ambiental, hay embarcaciones dedicadas al transporte del personal minero que ya están identificadas. Por otro lado están los vehículos fluviales que trasladan insumos y combustible sin contar con los debidos permisos. Una de ellas, por ejemplo, es la embarcación llamada Papá Fidel. Un informe técnico de supervisión de Osinergmin asegura que se encontraron, en su interior, 655 galones de gasolina. Este escenario demuestra la intrincada red  de suministros y la logística elaborada alrededor de este ilícito. Es claro que sin el apoyo de los barcos, los mineros ilegales no podrían explotar la cabecera de cuenca.

Para el fiscal Bratzon Saboya, luchar contra esta actividad es como hacerlo contra un monstruo de muchos brazos. “Hay motonaves fluviales que posiblemente están abasteciendo con combustible a los mineros ilegales, utilizando sus tanques de combustible de uso diario, eso lo destinan”, sostiene Saboya. 

Por otro lado, las autoridades competentes han tomado conocimiento, mediante un informante, de la presunta participación en el financiamiento de la minería ilegal de un médico legista de Loreto, adscrito al Ministerio Público, quien colaboraría con dos presuntos mineros ilegales apodados “Nalgas” y “Amador”, procedentes del distrito de Mazan. La información ya está siendo evaluada y abre una nueva veta para indagar las posibles filtraciones de información que arruinan los operativos que deben ser sorpresivos. 

Otra preocupación son las muertes relacionadas a esta industria ilícita. El caso más reciente de un presunto asesinato cometido por mineros ilegales es el de Dilber Gonzales Yumbato, dedicado al transporte pluvial. Fue encontrado el 01 de octubre a dos horas de la comunidad de Puca Urco en una quebrada del río Nanay, tenía ocho impactos por arma de fuego según el acta policial. Su hermana en redes sociales acusa directamente a los mineros ilegales, aunque la investigación aún se encuentra en curso. Sin embargo, según la versión de un informante del Ministerio Público, a la que accedió Convoca.pe, la última vez que Gonzales fue visto con vida transportaba carga en su bote y le acompañaban dos ciudadanos extranjeros. Después de eso no se supo más de él. 

Esta situación de inseguridad inquieta a los comuneros, pues sienten que esta minería sucia avanza sin que nadie pueda detenerla. El ingeniero Celzo Gil Gonzales, jefe de la ACR Alto Nanay Pintuyacu-Chambira, asegura que desde el gobierno regional se estaba monitoreando con los alcaldes la problemática de los extranjeros que entraban de manera irregular a la zona a extraer el oro.

Convoca.pe solicitó reiteradas veces una entrevista con la ingeniera Melissa Sotelo Perez, directora regional de Energía y Minas de Loreto, para consultarle los planes de acción para repeler los problemas que está generando la minería ilegal, pero no accedió. Lo mismo sucedió con la alcaldesa de Santa Maria del Nanay, Kelly Ferreyra Tuesta, cuyo equipo de imagen institucional declaró que no daba entrevistas telefónicas.

Las reservas indefensas

La cuenca del río Nanay fue resguardada contra la contaminación minera con la creación del área de conservación regional Pintuyacu-Chambira en el año 2011. Desde entonces los comuneros colaboraban con las autoridades a cargo de esta reserva, pero actualmente esa realidad ha cambiado. Por el lado del Nanay la puerta ha quedado abierta para el ingreso de los mineros ilegales.

El ingeniero Celzo Gil Gonzales, jefe de la reserva, advierte que los comités de vigilancia conformados por los comuneros han sido abandonados hace ya algunos meses, y muchos de sus defensores —bajo amenaza o por cuestiones económicas— han virado hacia el negocio del oro. De esta manera en la cuenca del Nanay ya no hay casetas para vigilar el cumplimiento de la ley. Aunque esta situación es apremiante, el ingeniero Gonzales narra que los comuneros al no tener opciones prontas de proyectos económicos impulsados por el estado, y al verse asediados por amedrentamientos — sin conseguir protección policial y judicial—, optan por incursionar en este ilícito. 

“Anteriormente se contaba con la presencia de vigilantes comunales, las OLV (Organizaciones Locales de Vigilancia). Pero ya no renovaron por el mismo hecho de la minería. Ellos ven mejor entrada, otros me dicen que están siendo coaccionados. Por eso algunos representantes ya no quisieron renovar. Ellos son sinceros al contarnos su situación porque en sí quieren la presencia y respuesta del Estado, del gobierno regional, que se hagan los proyectos ya. Aunque ya se van a ejecutar proyectos el otro año, ellos quieren rápido una entrada económica”, declara Gil Gonzales.

Añade que los mineros ya han penetrado en la reserva, y que incluso cobran cupo para poder acceder a ciertos territorios. Este incluso puede dar paso a una rápida deforestación. 

“Al no haber vigilancia, se asientan más dragas. Incluso ahora ya están entrando por un camino del río Tigre, ya no pasan por el control del río Nanay.  Ahora no solamente están asentándose como minería, sino también están empezando a cazar, talar, o sea, todas esas cosas que trae la minería. Por eso estamos en constantes reuniones para ver cómo el gobierno regional puede actuar de forma inmediata y afrontar esta problemática. Es muy complicada la situación porque nosotros como jefatura acudimos a la Policía y la Marina, pero a veces nos dicen que no tienen gasolina, logística. Un viaje hasta Alvarenga es casi un día”, puntualiza.

Gil Gonzales también recuerda que trabajadores de la anterior jefatura fueron maniatados y sufrieron el robo de equipos en el puesto del área de conservación. La nueva jefatura aún no ha ingresado a la zona y solamente ha llegado hasta el distrito de Santa Maria de Nanay. No ha visitado aún comunidades alejadas como Diamante Azul, Alvarenga y Puca Urco. 

Por otro lado, el activista ambiental Pepe Manuyama, quien integra el Comité de Defensa por el Agua de Iquitos, hace énfasis en que el Estado debe intervenir porque hay una clara amenaza contra el agua y las reservas. “Hay 11 ríos que están impactados en la región de Loreto donde operan dragas, afectando reservas, pueblos indígenas. La situación es grave, es un panorama muy oscuro. El Estado debe poner como prioridad esto para que no escale a un nivel que no podamos superar”, declaró.

Otra área de alta diversidad ecológica amenazada es la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, ubicada en la parte media de la cuenca del río Nanay. El departamento de prensa del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) respondió a este medio que, en esta zona, se han detectado indicios de algunos caminos utilizados aparentemente por mineros ilegales, pero ya han tomado las medidas necesarias como reforzar el puesto de control de Yarana, que es tránsito obligatorio para las embarcaciones que recorren el río Nanay, la rehabilitación del puesto de Vigilancia y Control de Agua Negra y la conformación del comité de vigilancia comunal de Libertad, Llanchama, quienes vigilan los sectores por donde pudieran pasar los insumos para la minería ilegal. 

Al ser consultados sobre el plan de acción que despliega el Sernanp para controlar el avance de la minería ilegal en la cuenca del Nanay acotaron que actualmente coordinan con las autoridades competentes y apoyan con personal, equipamiento, logística e infraestructura. Añadieron que en los sobrevuelos de este año todas las dragas detectadas se ubicaban en la cabecera de cuenca del río Nanay. 

Finalmente el organismo advirtió que “si se expande la minería no solo peligra la reserva, también la ciudad de Iquitos que depende en su totalidad del agua del río Nanay”. Por ello demandó un trabajo articulado entre la Autoridad Nacional del Agua (organismo que ya  hace monitoreos para evaluar el estado del agua en algunos puntos del río Nanay), el Gobierno Regional de Loreto, y demás organismos estatales para “hacer un seguimiento permanente e ir midiendo los niveles de contaminación y de afectación, tanto para el medio ambiente como a la salud de las personas”

Al cierre de este reportaje se reportó la detención del ciudadano Ariannner Ruiz Loja en el distrito de Santa María de Nanay, por el presunto delito de minería ilegal. Ruiz llevaba consigo 37 gramos de oro y no supo justificar su procedencia. Mientras tanto la Fiscalía Ambiental continúa preparando dos grandes investigaciones cuyo fruto sería la primera detención de bandas de mineros ilegales en el río Nanay.

Arianner Ruiz Loja fue detenido mientras trasladaba 37 gramos de oro. Foto: Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto.