Hace una semana el gobernador regional de Huánuco, Erasmo Fernández Sixto, informaba que había 253 mineras asentadas en la provincia de Puerto Inca, de las cuales “solo 18 están debidamente acreditadas". Sin embargo, Convoca.pe pudo comprobar, a través de funcionarios del mismo Gobierno Regional, que ninguna de estas mineras se encuentra formalizada, no pagan impuesto alguno al Estado y dañan irreparablemente el medio ambiente.

El avance de la minería ilegal hasta ahora continúa sin freno en esta provincia que también ha sido tomada por otras modalidades del crimen organizado, como el narcotráfico y la tala ilegal.

De hecho, el 21 de septiembre de 2021 una comisión investigadora sobre la minería ilegal, creada al interior del gobierno huanuqueño por los consejeros, recomendó a su Dirección Regional de Energía y Minas (Drem) la paralización inmediata de las actividades extractivas en Puerto Inca. Hasta el momento dicha dirección sigue sin cumplir con ello.

Además, los entrevistados por este portal aseguraron que el dirigente de la Comunidad de Paucarcito, Edwin José Jumanga, alquila hectáreas de su territorio a mineros ilegales. Esta complicidad agrava la situación de Puerto Inca. Según el Gobierno Regional de Huánuco, esta actividad extractiva ilegal “se ha expandido en un área aproximada de 500 hectáreas en los últimos cuatro años”.

La ilegalidad de lo informal

“Son 18 [proyectos mineros] los que están casi aprobados, pero [aún] no están aprobados para trabajar. Desde la Drem no otorgamos los permisos inmediatamente. Primero, debemos tener estudios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Serfor y Sernarp”, explicó a este portal el actual director de la Drem de Huánuco, José Mendoza Huerta. El funcionario dijo que mientras no haya una opinión favorable de estas instituciones, no se puede formalizar a ninguna minera. “Hasta ahora todos están jalados”, acotó.

Los que están “casi aprobados” son los mineros informales. Es decir, los que se encuentran en vías de formalización. De acuerdo con la Ley 31388, estos mineros tienen plazo para formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2024. “En ese periodo pueden trabajar y operar los recursos sin pagar impuestos al Estado”, lamentó, por su parte, el consejero regional de Huánuco, Jaime Oliveira. 

Como se recuerda, el 31 de diciembre de 2021, el presidente Pedro Castillo promulgó dicha ley, que amplió el plazo para que los pequeños mineros y mineros artesanales pudieran formalizarse, una iniciativa impulsada por las bancadas parlamentarias de Alianza para el Progreso y Perú Libre. El mandatario dispuso la publicación de la norma a pesar de que el Ministerio del Ambiente (Minam) advirtió que esta medida provocaría que "muchos operadores ilegales se inscriban sin que hayan demostrado cambios en sus prácticas" que generan contaminación en las fuentes de agua.

Para acogerse a este sistema de adecuación, las mineras informales deben contar con un Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom) y encontrarse en Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), circunstancias que les permiten desarrollar actividades mineras. Deben, además, comprometerse a culminar el Proceso de Formalización Minera Integral. 

José Mendoza es cuestionado por el Consejo Regional de Huánuco en su cargo de Director Regional de Energía y Minas.

Al respecto, el director regional de Energía y Minas de Huánuco dijo que otras gestiones han inscrito a los mineros informales y les han dado la posibilidad de entrar en Puerto Inca. “He revisado las leyes y ellos tienen que tener [cumplir] requisitos. Deben tener un permiso de la Dirección [Regional] de Energía y Minas”, aseguró. Asimismo, agregó que la minería ilegal empezó a resurgir hace 10 meses, justo cuando él dejó el cargo de director de dicha oficina, que ahora ha retomado.

Sin embargo, esto último dicho por Mendoza Huerta no guarda similitud con algunos hechos que han quedado registrados en un acuerdo de Consejo. De acuerdo con el documento (Nº 143-2021-GRH-CR), en agosto de 2021 se hizo una inspección, ante los reclamos de la población por la contaminación de las fuentes de agua, en la comunidad nativa de Paucarcito, donde se encuentra la cuenca del río San Pablo de Sinaí.

"Ninguno de los mineros que fueron visitados por la comisión investigadora cumplen con los requisitos exigidos por ley. Tampoco respetan el medio ambiente. Los ríos y las quebradas afluentes del [río] Pintuyacu, tales como San Pablo Sinaí, se están viendo afectados de manera insostenible e incontrolable por la contaminación provocada por los mineros que operan en la cuenca (...)", se advierte en el documento.

Asimismo, los mineros en proceso de formalización no recibieron ningún tipo de capacitación en materia de minería y manejo de los residuos peligrosos por parte de la Drem y tampoco la visita de funcionarios de dicha institución, tal como se evidenció en las actas de los registros.

De hecho, estas son algunas de las razones por las que el 29 de septiembre de 2021 el Consejo Regional recomendó que se diera por concluida la designación del ingeniero geólogo José Ángel Mendoza Huerta en el cargo de director de la Drem de Huánuco. "Ante su incompetencia para resolver los problemas de su sector y mentir reiteradamente al pleno del Consejo Regional con falsas acciones”, indica el acuerdo.

En septiembre de 2021 se recomendó el cese de labores de Mendoza Huerta como director de la Drem Huánuco.

Además, la Comisión Investigadora también concluyó que existen en la zona "mafias y testaferros que sorprenden a las autoridades para solicitar las respectivas autorizaciones utilizando a humildes campesinos". Así lo demostró el caso de la minera Tony Dos, asegura la comisión, que tiene como representante legal al campesino Fernando Noé Arone, a quien se le obligó a inscribirla en el registro (Reinfo) con su DNI, pero quien tiene el verdadero control de las operaciones es el empresario Vicente Espinoza.

Este último documento, el de la inscripción en el Reinfo, es intransferible. “No se puede prestar debido a que es una declaración jurada. Es como un DNI”, señaló el consejero Amancio del Águila, quien además es el presidente de la Comisión Investigadora, a Convoca.pe. A pesar de las normas específicas que tiene el Reinfo, Del Águila aseguró que muchos mineros informales hacen un mal uso de este documento ante la incapacidad de la Drem.

Por ello, además de recomendar el cese de labores de Mendoza Huertas, también se solicitó a la Drem que disponga la inmediata paralización de todas las actividades mineras en Puerto Inca.

Mendoza fue removido del cargo cuando aún estaba era gobernador regional Juan Alvarado, quien abandonó sus funciones y actualmente se encuentra prófugo luego de que la Fiscalía le imputara el presunto delito de colusión agravada junto a otros once investigados. Cuando su sucesor en el cargo, el vicegobernador Erasmo Fernández, asumió las riendas del Gobierno Regional de Huánuco, volvió a nombrar a Mendoza para dirigir la Drem.

“Sorprende que ahora el señor [Fernández], que estuvo tres años en el cargo, recién se de cuenta de lo que sucede [con la minería ilegal] en Puerto Inca”, cuestionó el consejero Del Águila.

El consejero regional dijo a Convoca.pe que la Policía Nacional Especializada en Tráficos de Combustible, la Policía Antidrogas, la Fema, el DREM y el Minem no han intervenido para frenar el avanza de la actividad ilícita, a pesar de los pedidos del Consejo Regional.

Este medio se comunicó con la Fiscalía Ambiental Especializada de Ucayali, que es responsable del caso, para conocer sobre alguna investigación realizada, pero el fiscal a cargo, José Guzmán, justamente se encontraba haciendo una diligencia en Puerto Inca y no podía dar detalles en ese momento.

Agremiados cuestionados

Al ser consultado por este medio sobre las observaciones a su primera etapa a cargo de la Drem, Mendoza Huerta dijo que “ha conversado con los que más saben del tema, el señor Burgos, Esquivel, Quevedo. Ellos saben la realidad de las cosas y son personas serias”, afirmó.

Las personas mencionadas por Mendoza son Leonardo Esquivel Luna, Jorge Burgos Abanto y Sixto Quevedo Salazar, y se dedican a la minería en Puerto Inca.

El nombre que más resalta es el de Sixto Quevedo, presidente de la Asociación de Mineros de Puerto Inca. En el 2016 se desempeñaba como subprefecto de Puerto Inca. En ese entonces, la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya solicitó su “cambio inmediato” debido a su inacción para combatir el tráfico de combustible para la elaboración de pasta básica de cocaína.

En comunicación con Convoca.pe, Sixto Quevedo dijo que ha “puesto la provincia en orden” cuando se desempeñó como subprefecto.

Raúl García es otro de los empresarios mineros cuestionados en Puerto Inca, donde la naturaleza viene siendo arrasada sin control. Actualmente es presidente de la Asociación de Mineros del Marañón.

Cuando este medio le consultó a Sixto Quevedo por García, afirmó que como subprefecto ha “supervisado su trabajo y es uno de los mejores”. Sin embargo, García es acusado por la Comisión Investigadora del Consejo Regional por haber "alquilado" los siete Reinfos con los que cuenta a mineros ilegales, a pesar de que este documento es intransferible.

“Este señor [García] alquila a los mineros ilegales y tiene una serie de denuncias. Es lamentable que Sixto Quevedo actúe de esa forma con su pueblo. Está más interesado en tener más afiliados en su asociación que en poner freno a esto. García y Quevedo son aliados”, afirmó el consejero regional Oliveira.

Quevedo también aseguró a este medio que Mendoza Huerta “es su amigo”, pero considera que ha caído "en una red que maneja la minería" y no desea formalizarla.

Al respecto, el consejero Jaime Oliveira afirmó que durante su primera gestión en la Drem, Mendoza Huerta consultaba con la Asociación de Mineros de Puerto Inca lo sucedido en la zona en vez de constatar en primera persona las acciones en Puerto inca. “Él llamaba al presidente de la asociación Sixto [Quevedo] y le decía que el consejero había denunciado irregularidades. Le respondían que el consejero era un mentiroso”, contó el consejero regional.

“Ya no le da importancia a los mineros después del daño que hacen. Ahora ellos están en su contra. Sin embargo, exigimos el cumplimiento del acuerdo del Consejo que recomendó su salida de la Drem”, contó por su parte Amancio Del Águila, presidente de la Comisión Investigadora. Del Águila también agregó que a los mineros informales solo se les permite una o dos maquinarias porque se tratan de pequeñas mineras o mineras artesanales. “Sin embargo, lo que hay en Puerto Inca es todo un aparato de maquinarias pesadas impresionantes. Encontramos hasta cinco retroexcavadoras, que en un par de horas destrozan toda la montaña”, puntualizó.

Sixto Quevedo es presidente de la Asociación de Mineros de Puerto Inca.

Alquiler de territorios

A diferencia de las mineras informales, las ilegales no cuentan con ningún tipo de documento. “La población de Puerto Inca no diferencia entre los mineros informales y los ilegales, aunque ambos dañan el suelo, depredan bosques y contaminan las quebradas. Tenemos zonas de amortiguamiento que están cerca de una Reserva Comunal del Sira y son devastadas producto de la minería”, aseveró Jaime Oliveira. 

Sobre la minería ilegal, el alcalde de Puerto Inca, Hitler Rivera, dijo a este portal que ha sido permitida por dirigentes indígenas en el sector. La autoridad señaló a José Jumanga, líder de Paucarcito, como el responsable de alquilar hectáreas de territorios de la comunidad a la minería ilegal.

“Los mineros ilegales de Madre de Dios están ahí [trasladados en Paucarcito]. No tienen documentación alguna para realizar actividad minera y son protegidos por la comunidad nativa. Son unos delincuentes”, señaló el responsable de la minería a nivel regional. Mendoza comentó que intentó persuadir a Jumanga de ceder los terrenos cuando se encontraba fiscalizando la zona, pero en “15 días volvieron a alquilarlos nuevamente”. 

Jaime Oliveira dijo tener conocimiento de denuncias de los propios nativos de Paucarcito hacia Jumanga. “Dijeron que atropelló sus derechos por el cargo que tiene, vendiendo o alquilando las tierras de las comunidades nativas. Esperamos que se sancione al señor y se le saque del cargo. La comunidad nativa está completamente destrozada producto de la minería ilegal”, aseveró el consejero.

No solo el medio ambiente es perjudicado en Puerto Inca. También lo son sus ciudadanos, que sufren la violencia del crimen organizado. El alcalde Hitler Rivera contó que las mafias que secuestran y cobran cupos a empresarios han llegado junto con la minería ilegal. “He escrito al presidente [Pedro Castillo] en más de tres oportunidades y también al presidente Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para que nos dé una cita y nosotros expongamos nuestra problemática. Hasta el momento no recibo respuesta alguna de ellos o sus asesores”, concluyó.

Convoca.pe intentó comunicarse con José Jumanga a su número celular para conversar sobre las acusaciones en su contra, pero hasta el cierre de este informe no recibió respuesta.