No es la primera vez que Odebrecht pide a la Procuraduría General de Brasil suspender la cooperación internacional con las autoridades peruanas. Ya lo había hecho en dos ocasiones anteriores, en agosto de 2018 y en junio de 2021. Sin embargo, a estas alturas del megacaso de corrupción Lava Jato, la situación ha caído como un balde de agua fría en el Perú. Al interior del Equipo Especial del Ministerio Público, encargado de llevar las investigaciones, se ha experimentado sorpresa, incertidumbre e indignación.

No es para menos. El momento ahora es muy distinto a las dos ocasiones previas en que Odebrecht pateó el tablero.

El último contraataque de Odebrecht fue notificado formalmente ayer, 2 de noviembre, al Ministerio Público peruano. Dentro de cinco días debían empezar las diligencias testimoniales claves de los exejecutivos de la brasileña en el juicio oral seguido al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia. El caso está a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche, del Tercer Despacho del Equipo Especial, y es el primero que contaría con la presencia de los más altos ejecutivos de la gigante brasileña, hoy renombrada Novonor.

Todavía se tiene programada la declaración de Marcelo Bahía Odebrecht, para el 7 de noviembre, y luego la de Jorge Barata, el 8. En la audiencia se espera que ratifiquen la versión de que entregaron 3 millones de dólares al entonces candidato presidencial por disposición del entonces presidente brasileño Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva. Pero ahora la presencia de ambos está en duda.

Los fiscales nacionales se encontraban en Sao Paulo, Brasil, para coordinar con los testigos su participación en estas próximas diligencias públicas. Coincidentemente, el último fin de semana, en el que se tramitó este pedido de suspensión en tiempo récord, cuyos detalles ya los ha narrado Convoca.pe, fue una fecha decisiva para la política de Brasil. Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, quien sería señalado por Odebrecht en el juicio a Humala, venció en la segunda vuelta a Jair Bolsonaro y será el presidente brasileño a partir del 1 de enero.

El colaborador eficaz Jorge Barata fue el superintendente de Odebrecht en el Perú entre 2004 y 2014. Foto: Andina.pe

Luego de esta última y arriesgada jugada de la constructora, todo indica que sus exdirectivos no tienen ninguna intención de declarar en el juicio, pues el mecanismo de cooperación se ha detenido a su solicitud. Según pudo conocer este medio, no se presentaron a la reunión que tenían pactada con el Equipo Especial hoy a las 9 de la mañana, hora local, en el consulado del Perú en Sao Paulo.

Ayer 2 de noviembre los fiscales peruanos pudieron analizar con detenimiento los argumentos de Odebrecht y la calma se ha restablecido, pues los consideran débiles. Por eso, esperan comunicar pronto su posición a la Procuraduría General de Brasil para que restablezca a la brevedad los términos de la cooperación internacional y se pueda hacer efectiva la presencia de los testigos en el juicio oral. Sin embargo, el tiempo podría quedar muy corto para llegar al lunes y martes. Esa es la mayor preocupación ahora.

De hecho, la mañana de hoy, en un nueva audiencia del caso Humala, la fiscal adjunta Trilce Cruz Barrientos, de despacho dirigido por Juárez Atoche, solicitó la reprogramación de ambas tomas de declaraciones, pues es de conocimiento público la situación de los testigos. Sin embargo, la jueza Nayko Coronado Salazar denegó el pedido.

La jueza Nayko Coronado rechazó el pedido de reprogramación de las testimoniales de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata. Captura de pantalla: JusticiaTV.

"Nosotros vamos a esperar al lunes 7 de noviembre, 9 de la mañana, conforme a la convocatoria. Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta de Cooperación Internacional, a quienes les hemos remitido los oficios respectivos. Necesitamos información oficial. Mientras tanto, el mandato judicial sigue vigente”, aseguró.

“Y hasta el día lunes cualquier cosa puede pasar en los ámbitos externos de conocimiento público, [pero] para nosotros el mandato judicial prima y estaremos a resultas de lo que ocurra el día lunes, a las 9 de la mañana, en que empecemos la audiencia", concluyó.

Tres veces

¿Qué argumenta Odebrecht ahora? Que se han vulnerado los compromisos del acuerdo de colaboración eficaz. La empresa implicada en múltiples actos de corrupción señala que la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato en Perú ha utilizado “indebidamente” las pruebas que le entregó para incriminarla en el caso “Rutas de Lima”, que tiene como principal imputada a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.

La constructora también asegura que el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial, además habría incumplido el mismo principio al participar como testigo en la demanda arbitral que Odebrecht le planteó al Estado peruano, por el caso Gasoducto Sur Peruano, con la que reclama una indemnización de 1.200 millones de dólares.

El argumento del “uso indebido” de las pruebas del caso Rutas de Lima ya ha sido ventilado en el Poder Judicial peruano. La controversia se arrastra desde 2021, desde que la Procuraduría ad hoc decidiera solicitar la incorporación de Odebrecht como tercero civil responsable en dicho expediente. Para evitar esta situación, que obligaría a la compañía a pagar una nueva reparación si la sentencia fuera condenatoria, la constructora interpuso un recurso de nulidad alegando que esa medida se había basado en el “uso indebido” de las pruebas que entregó.

El recurso ha sido rechazado en dos instancias y hoy se encuentra en casación en la Corte Suprema, donde todavía no ha sido admitido a trámite.

De hecho, en junio de 2021, Odebrecht también pidió y consiguió la suspensión de la cooperación internacional con el mismo alegato del “uso indebido” de prueba en Rutas de Lima. Luego de que la Procuraduría ad hoc se sentara a dialogar con la constructora internacional, se firmó el 21 de julio de ese año un acta de entendimiento con el que podría evitarse la incorporación de Odebrecht como “tercero civil responsable” si es que se alcanzaba un un acuerdo sobre la reparación civil.

La Procuraduría General de Brasil se encuentra en Brasilia. Foto: José Cruz/Agencia Brasil

La Procuraduría ad hoc envió un informe a las autoridades brasileñas y, aunque no hubo una respuesta formal, la cooperación internacional se reanudó. Por eso, el hecho de que se vuelva a utilizar el mismo alegato como uno de los fundamentos del nuevo pedido de suspensión temporal resulta revivir un asunto zanjado.

Por otro lado, Odebrecht también había solicitado a la Procuraduría General de Brasil detener las coordinaciones con el Ministerio Público de Perú en julio de 2018. En ese tiempo, el Equipo Especial era comandado por el fiscal Hamilton Castro. La empresa lo hizo luego de que la Fiscalía decidiera incorporar como investigados a los exdirectivos Jorge Barata, Raymundo Trindade Serra y Renato Ribeiro Bortoletti en el caso Gasoducto Sur Peruano. Dicho proyecto no era materia del acuerdo, pues no habían aceptado —y hasta ahora tampoco— ninguna responsabilidad penal. Se congelaron las cuentas de Barata y se allanó un almacén con documentación contable de la constructora.

En ese entonces, el Ministerio de Justicia calculaba que la reparación civil de Odebrecht debía ser de unos 1.500 millones de dólares, monto que el abogado de Barata, Carlos Kauffmann, consideró “impagables” en la solicitud que presentó para detener la cooperación.

Grietas en la colaboración

¿Por qué ha causado más revuelo esta vez? ¿En esta ocasión implica el quiebre del acuerdo? El pacto firmado entre la compañía y el Ministerio Público está vigente. Lo que se ha suspendido es la cooperación internacional, es decir, la ayuda que prestan las autoridades de Brasil para mediar, prestar asistencia, programar diligencias y viabilizar los compromisos asumidos. Sin embargo, si se mantiene este entrampamiento y los exejecutivos no llegasen a declarar en el juicio, el Equipo Especial evaluará si ello configura un incumplimiento a las obligaciones del acuerdo. Ello implicaría su revocatoria.

¿Y qué generaría la revocatoria? Como se sabe, Odebrecht y cuatro de sus exejecutivos firmaron un acuerdo corporativo con la Fiscalía peruana y la Procuraduría ad hoc, aprobado por el Poder Judicial. Reconocieron delitos solo en cuatro proyectos en el Perú: Carretera Interoceánica Sur Tramos II y III, Metro de Lima, Vía Costa Verde del Callao y Carretera Chacas-Carhuaz de Áncash. También se obligaron a reparar económicamente al Estado peruano con 610 millones de soles y a seguir colaborando con testimonios e información en otras casos que la Fiscalía requiera.

La aprobación judicial del acuerdo, consumada en junio de 2019, fue, a su vez, una sentencia condenatoria contra estos colaboradores. Por ello, un incumplimiento del acuerdo, que es posterior a dicha sentencia, no variaría su condición de condenados, pero sí propiciaría que la justicia les retire los beneficios negociados. Como el de la libertad, por ejemplo. Y además, igual tendrían que pagar la reparación civil por los cuatro proyectos.

Carlos Kauffmann es el abogado de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú. Foto: Milagros Salazar/Convoca.pe.

¿Qué pasaría con las pruebas que entregaron hasta el momento? De acuerdo con fuentes relacionadas con el caso, las pruebas (planillas contables, declaraciones, correos electrónicos, etcétera) ya han sido evaluadas por el Poder Judicial y son parte de un expediente que tiene la calidad de cosa juzgada. Es decir, no hay marcha atrás sobre ello.

Lo que terminaría de manera abrupta es el compromiso de entregar nuevas pruebas sobre los otros casos en los que la compañia y los exejecutivos estuvieron colaborando como testigos. Y como se recuerda, aún queda más de una centena de codinomes por descifrar.

De acuerdo con Rafael Vela, si bien la ausencia de Marcelo Odebrecht o de Barata debilitaría la posición de la Fiscalía durante el juicio en curso a Ollanta Humala, lo cierto es que ya ambos declararon previamente en el contexto del acuerdo. Los exejecutivos de la empresa incriminaron al expresidente y a su esposa. Y lo que procedería es la lectura pública de sus declaraciones escritas, que se sustentan de manera integral con el resto del acervo probatorio recopilado. La falta de los testigos claves en el juicio restaría impacto, pero no valor, a los elementos de convicción.

Además, en dicho juicio también se contará con la participación de los ejecutivos de OAS, quienes también tienen programadas audiencias testimoniales para ratificar que su compañía también aportó dinero ilegal a la campaña de Humala. Según pudo conocer este medio, están muy dispuestos a colaborar.

Otro expediente emblemático que tiene a los exejecutivos de Odebrecht como testigos es el denominado caso Cócteles. Involucra a la excandidata presidencial Keiko Fujimori y a la cúpula del partido Fuerza Popular. Son acusados de integrar una organización criminal de lavado y de recibir un al menos 6 millones de dólares no declarados entre 2010 y 2016 de distintas fuentes. De estos, 4,8 millones provienen del fallecido empresario peruano Juan Rasmuss (2010-2016) y 1 millón 200 mil de Odebrecht (campaña de 2011).

De acuerdo con Odebrecht, las campañas de Keiko Fujimori y Ollanta Humala recibieron pagos ocultos en 2011. Foto: Andina.

En este caso, la Fiscalía tampoco depende únicamente de la brasileña, pues también ha conseguido pruebas y declaraciones, de una docena de colaboradores peruanos, sobre el sistema de lavado. Entre las modalidades se apunta el “pitufeo” y las actividades partidarias de recaudación de dinero, como los cócteles, en las que se habrían simulado ventas de entradas para camuflar los aportes.

Defensas a la expectativa de anular pruebas

Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama Tanaka, a quien la Fiscalía investiga como uno de los integrantes de la cúpula de la presunta organización criminal liderada por Keiko Fujimori, señaló que la decisión de suspender la cooperación internacional en realidad “afecta” a su defendido. Asimismo, responsabilizó al Equipo Especial en caso de que los exdirectivos no se presenten a juicio.

“Nos coloca en una situación procesalmente complicada porque necesitamos que estas personas [Marcelo Odebrecht y Barata], ante audiencia pública y de manera directa, puedan ser contrainterrogados, para que los jueces vean la cantidad de contradicciones, inexactitudes y falsedades que se han dicho en el curso del procedimiento”, añadió.

Si bien el Ministerio Público podría usar las declaraciones de los testigos de Odebrecht que ya constan en actas levantadas durante la investigación, el abogado Abanto señala que no permitirá que se vulnere su derecho a participar en un interrogatorio público.

Señaló que, de ser así, pedirían al Poder Judicial que ante la falta de testigos se eliminen las pruebas. Además exigirá que no se proceda a la lectura de sentencia si es que el Ministerio Público Federal Brasileño establece que la ruptura del acuerdo se produjo por malas acciones del Ministerio Público peruano. “No vamos a permitir que se premie a los fiscales dándoles el beneficio [de entregar las declaraciones en actas] y nos quedemos sin el derecho de contra interrogar”, añadió.

Humberto Abanto es abogado de Jaime Yoshiyama Tanaka. También se le involucró en el expediente "Arbitrajes", que también se relaciona con Odebrecht. Foto: Jorge Cerdán/La República.

Los activos de Odebrecht

¿Qué pasaría si se revocara el acuerdo de colaboración? Por el momento, el patrimonio que Odebrecht tiene en el Perú está salvaguardado en un fideicomiso de garantía. Como se sabe, la constructora brasileña se acogió a los alcances de la Ley 30737, creada para asegurar la reparación civil y la cadena de pagos a proveedores, así como evitar embargos que pongan en peligro su situación financiera.

Cualquier transferencia que la compañía quiera realizar, deberá pasar por la aprobación del Ministerio de Justicia. El fideicomiso fue firmado el 3 de noviembre de 2020 por la Procuraduría ad hoc y varias compañías del grupo Odebrecht: CNO SA, CNO SA Sucursal del Perú, Odebrecht Perú Ingeniera y Construcción SAC y OEC Perú Infraestructura SAC.

Hasta el momento, Odebrecht ha cumplido con el cronograma de pagos anuales que debe hacer. Ha desembolsado en 2019, 2020 y 2021 a favor del Estado peruano 124 millones de soles y, de acuerdo con fuentes consultadas, el fideicomiso tiene activos para asegurar también el pago de este año, cuyo plazo vence el 31 de diciembre.

Parte resolutiva de la sentencia condenatoria contra los directivos de Odebrecht, contenida en el acuerdo de colaboración eficaz.