La lucha contra la corrupción y la impunidad en el Perú sufrió este martes 6 de enero un retroceso de enormes proporciones. Mediante cuatro resoluciones publicadas en el diario El Peruano, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dispuso la desactivación de los equipos especiales del Ministerio Público que investigaban a redes de poder político, empresarial y judicial, así como graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales de 2022 y 2023.

La decisión alcanza al Equipo Especial Lava Jato, al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), al equipo que investiga el caso Los Cuellos Blancos del Puerto y al Equipo Especial de Fiscales para los casos con víctimas durante las protestas sociales. Se trata, precisamente, de los despachos que concentraron las investigaciones más sensibles contra expresidentes, altos funcionarios, políticos en actividad, empresarios y magistrados.

Las resoluciones no solo cierran equipos especializados, sino que redistribuyen las investigaciones a fiscalías ordinarias, diluyendo la especialización, continuidad y experiencia acumulada durante años en casos de alta complejidad.

La gravedad de la decisión se intensifica por el perfil del propio fiscal de la Nación interino. Tomás Gálvez ha sido investigado en el marco del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, uno de los expedientes que ahora queda sin equipo especial dedicado. Asimismo, la desactivación del Equipo Especial Lava Jato afecta investigaciones en curso contra actores políticos relevantes, incluidos candidatos en procesos electorales.

Desde hace meses, fiscales y especialistas, habían advertido sobre la existencia de un pacto político orientado a desmontar los equipos que investigan la gran corrupción. El fiscal José Domingo Pérez alertó reiteradamente sobre intentos de apartarlo del caso Cócteles, en el que se investiga a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presunto lavado de activos vinculado a los aportes de Odebrecht.

También el fiscal superior Rafael Vela, entonces coordinador del Equipo Especial Lava Jato, advirtió en una entrevista a Convoca.pe, que el Ministerio Público atravesaba un proceso de captura política y debilitamiento institucional.

Sobre el retorno de Tomás Gálvez y el impacto dentro de la Fiscalía, Vela fue enfático: “El debilitamiento institucional permite que el doctor Tomás Gálvez esté nuevamente dentro de la institución.”

El fiscal superior también alertó sobre el efecto intimidatorio que tendría la materialización de las amenazas anunciadas: “Imagínese que el fiscal de la Nación interino materializa su amenaza. ¿Cómo cree usted que un fiscal va a tener autonomía después de ese mensaje?”

La intromisión política en la Fiscalía

En esa misma entrevista, Rafael Vela describió con claridad cómo la presión política se fue instalando progresivamente dentro del Ministerio Público, afectando la autonomía fiscal: “La intromisión de la política es la que ha etiquetado este año para el equipo especial.”

“Es inevitable asociar esas afectaciones desde la perspectiva de la política, cuando uno analiza la intromisión a través de comisiones parlamentarias. (...) Vemos una intromisión de la política en el 2023 y ahora vemos una intromisión de la política en el año 2025.”

Vela indicó que se inician investigaciones penales y administrativas y luego se procede a suspender a los fiscales o a cuestionar sus permanencias en los equipos especiales.”Sus declaraciones, hoy, adquieren un carácter casi premonitorio frente a la decisión consumada por la Fiscalía de la Nación.

“Uno siempre tendría la expectativa de que la institución no sea permeable a esos ataques, pero termina siendo el instrumento mediante el cual la política ejecuta su voluntad.”

La transición del Equipo Lava Jato al de lavado de activos

La Resolución N.° 007-2026-MP-FN dispone la desactivación del Equipo Especial Lava Jato, creado en 2016 para investigar los casos vinculados a Odebrecht y otras empresas y establece que el fiscal superior Rafael Vela realizará el proceso de transferencia de las investigaciones y de la experiencia acumulada del equipo hacia el subsistema especializado en delitos de lavado de activos, bajo la coordinación del fiscal Germán Juárez Atoche.

Este mecanismo en la práctica implica la desaparición de una estructura autónoma y especializada que, durante casi una década, lideró los casos emblemáticos de corrupción más relevantes del país.

La decisión fragmenta un equipo que logró 75 sentencias condenatorias y que mantenía 97 carpetas fiscales, 71 de ellas en etapa avanzada.

- 13 sentencias condenatorias en procesos penales ordinarios, terminaciones anticipadas y conclusiones anticipadas en juicio oral.

- 62 sentencias condenatorias en procesos de colaboración eficaz.

- 75 sentencias condenatorias en total, todas derivadas de acusaciones formuladas por fiscales del equipo especial.

Estas sentencias permitieron establecer reparaciones civiles históricas por más de S/ 4,653 millones, producto de sentencias condenatorias ordinarias y procesos de colaboración eficaz.  

Rafael Vela y José Domingo Pérez son apartados 

La desactivación del Equipo Especial Lava Jato no solo implica el cierre de una estructura especializada, sino también el apartamiento efectivo de sus principales fiscales.

En ese proceso, José Domingo Pérez deja de continuar al frente de los casos que venía investigando, entre ellos Cócteles, Metro de Lima, las acusaciones contra Pedro Pablo Kuczynski y otros procesos emblemáticos.

Según la propia resolución, no se formula ninguna imputación administrativa ni penal contra Pérez ni contra Rafael Vela. Sin embargo, el cambio de estructura tiene como efecto inmediato que ambos queden fuera de la conducción directa de las investigaciones, al desaparecer el equipo especial desde el cual actuaban.

En el caso de Vela, su rol queda limitado a una transición condicionada hacia el sistema de lavado de activos, supeditada al fiscal coordinador Germán Juárez Atoche; en la práctica, la figura del coordinador del Equipo Especial Lava Jato se extingue.

En entrevista a Convoca.pe, José Domingo Pérez confirmó que es el único fiscal que no continuará viendo los casos y calificó la decisión como incongruente. “La resolución no atribuye ningún tipo de responsabilidad, pero técnicamente yo he salido y el doctor Vela también”, señaló.

Añadió que, pese a que se mantiene al mismo grupo humano del equipo, salvo él, la decisión consumada lo excluye de procesos que se encontraban en etapas clave, como el caso Cócteles y acusaciones ya presentadas ante el Poder Judicial.

Pérez advirtió que la resolución no precisa quién asumirá la conducción de estos expedientes, generando un escenario de incertidumbre procesal. “Los casos continúan, pero ya no los voy a ver yo. Esa decisión la tendrá que adoptar otra persona que no está indicada en la resolución”, explicó.

Para el fiscal, el apartamiento responde a un proceso previo de hostigamiento y estigmatización desde sectores políticos y mediáticos, que hoy se materializa en una decisión administrativa con efectos concretos sobre la lucha anticorrupción.

“Hoy ya no está ni Rafael Vela ni estoy yo”, afirmó Pérez, al señalar que la resolución consuma un mensaje dirigido a los fiscales que investigan el poder político y económico.

En su lectura, se trata de una advertencia institucional que debilita la autonomía fiscal y afecta la continuidad de investigaciones de alto impacto, pese a los resultados obtenidos por el Equipo Especial Lava Jato en condenas y reparaciones civiles históricas para el Estado.

Los casos de víctimas en protestas sociales en riesgo

La Resolución N.° 005-2026-MP-FN desactiva por completo el Equipo Especial de Fiscales para los casos con víctimas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, creado en 2023. La medida no solo elimina la estructura del equipo, sino que da por concluidas las designaciones de todos los fiscales adjuntos provinciales que lo integraban y dispone la reubicación del personal administrativo.

Aunque traslada la competencia de segunda instancia a la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos, la resolución no crea ningún equipo sustituto de similar especialización, lo que en la práctica deja las investigaciones por muertes y graves vulneraciones de derechos humanos bajo un esquema ordinario, fragmentado y sin fiscales especializados activos. Se trata de la decisión con mayor impacto inmediato en procesos de alta sensibilidad nacional e internacional.

“Los Cuellos Blancos del Puerto”

Mediante la Resolución N.° 006-2026-MP-FN, el fiscal de la Nación interino desactiva el Equipo Especial encargado del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, que tenía competencia nacional para investigar redes de corrupción en el sistema judicial y fiscal. La norma da por concluidas todas las designaciones de los fiscales adjuntos provinciales y redistribuye las investigaciones a fiscalías ordinarias, desarticulando la lógica de investigación integral y sistémica que caracterizó el caso.

La medida resulta especialmente sensible porque el equipo investigó al propio Tomás Gálvez, sin que la resolución establezca mecanismos de blindaje frente a evidentes conflictos de interés, lo que configura un escenario de alta fragilidad institucional.

Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop)
 

Finalmente, la Resolución N.° 008-2026-MP-FN desactiva el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), creado en 2022, y reconoce expresamente que al momento de su eliminación ya no contaba con plazas fiscales ni personal asignado.

Este reconocimiento confirma que el equipo fue vaciado de manera progresiva antes de su cierre formal, dejando a su coordinadora, Vanessa Díaz Ramos, sin estructura operativa a cargo. La resolución no solo extingue el equipo, sino que legaliza un proceso previo de debilitamiento administrativo, lo que evidencia una estrategia de desmantelamiento planificado.

La eliminación de los equipos especiales supone un severo golpe a la persecución penal de la gran corrupción, al esclarecimiento de redes criminales enquistadas en el Estado y a la búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.