Ejecutivo y Congreso debilitaron la lucha anticorrupción desde que Dina Boluarte asumió el poder

El intento de modificar la ley de colaboración eficaz en perjuicio del sistema anticorrupción y la falta de idoneidad de las autoridades que deben combatir este flagelo son algunos de los problemas que mantienen a la lucha contra la corrupción bajo ataque durante el gobierno de Dina Boluarte.

Sin embargo, la responsabilidad sobre la efectividad de este combate no es solo del Ejecutivo, como lo señala el exprocurador anticorrupción Iván Meini, quien recuerda que si bien este poder del Estado nombra a los ministros, convoca a procuradores, observa leyes que atentan contra el sistema anticorrupción y hace propuestas de normas para fortalecer el sistema anticorrupción, debe respetar la separación de poderes.

”La investigación y el juzgamiento y eventual condena de personas comprometidas por actos de corrupción no le compete al Ejecutivo sino a la Fiscalía y al Poder Judicial”, precisa Meini.

Cambios en las normas 

Aunque el Ejecutivo no promulgó este mes la modificación de la Ley de colaboración eficaz aprobada por el Congreso de la República, sólo observó un punto de la autógrafa, referido al plazo de ocho meses para realizar el procedimiento, pero no los relacionados con el término de "aspirante" y la prohibición de corroborar las declaraciones de los colaboradores.

Entre los que pidieron al Ejecutivo que no apruebe esta norma figura el procurador general del Estado, Daniel Soria, quien advirtió que ponía en riesgo la eficacia y éxito de la colaboración eficaz en más de 200 procesos sobre crimen organizado, como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, “Los Dinámicos del Centro” y “Los Correcaminos del Sur”. También la Procuraduría Lava Jato alertó sobre el peligro que representa para el caso Odebrecht y de otras compañías constructoras.

Para el ex procurador Iván Meini, el intento de modificar la Ley de Colaboración Eficaz no beneficia a la lucha anticorrupción. Reconoce que debe haber un plazo para corroborar la información que brindan los aspirantes a colaboradores, pero advierte que no puede ser de ocho meses, porque “la experiencia demuestra que es imposible”. Por ello, recomienda períodos más amplios, como el de 24 a 36 meses, sugerido por el Ministerio Público.

“Plazos tan cortos lo que hacen es imposibilitar, desincentivar y obstruir a que existan más procesos de colaboración eficaz y eso termina beneficiando, precisamente, a esas personas”, señala Meini, quien se refiere a los investigados o los procesados. 

Al referirse a Dina Boluarte, el abogado Yván Montoya opinó que hay una anuencia o aceptación de lo que hace el Congreso, lo que la hace como cómplice de algunos actos vinculados al Parlamento, como el intento de modificar la Ley de colaboración eficaz que está en directa relación con la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción.

“Se tomó un tiempo enorme, como si estuviera en duda lo que esa ley significaba para la lucha contra la corrupción”, dijo el exjefe de la unidad de extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción, tras recordar que la presidenta observó la autógrafa de ley cuando vencía el plazo para hacerlo.

El expresidente de la Corte Suprema, César Hinostroza, y otros investigados por corrupción del caso "Los Cuellos Blancos del Puerto" serían beneficiados con ley que reduce plazo de prescripción de los delitos. Foto: Difusión

La norma que el Ejecutivo sí promulgó sin observar fue la Ley 31751, aprobada por el Congreso en mayo último. Con la modificación del Código Penal y del nuevo Código Procesal Penal, se reduce a un año el plazo para que un delito sea considerado prescrito. 

Dicha ley beneficiaría a altos funcionarios investigados por corrupción, como los encarcelados expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo, el prófugo exmagistrado César Hinostroza y otros implicados en casos emblemáticos, como “Lava Jato”, “Los Cuellos Blancos del Puerto” y “Los Niños”.

Dina Boluarte también promulgó, el 7 de junio último, la Ley N° 31778, que permitirá al Congreso, al Poder Judicial y a todos los organismos constitucionalmente autónomos que designen a sus procuradores públicos sin participación del procurador general de la República.

El abogado Erick Guimaray consideró que la promulgación de esta norma es una muestra de que se están modificando las reglas de juego sobre la marcha y eso no es positivo para el país. “Se puede respetar la autonomía de las instituciones para que se nombre a su personal, pero hay intereses funcionariales que no pueden depender de las cabezas de la propia institución que debe ser controlada o auditada”, manifestó.

El experto en criminalidad recordó que los modelos más efectivos de lucha contra la corrupción separan a las personas posiblemente investigadas de su investigador. “Cambiar reglas de juego y romper la autonomía funcional de la Procuraduría jamás es un buen síntoma democrático”, añadió.

Autoridades investigadas

Sobre la idoneidad de las personas a cargo de la lucha contra la corrupción, ya sea en la Fiscalía, el Poder Judicial, la Procuraduría o la Contraloría, el exprocurador Iván Meini destaca que no sólo se requiere que cumplan con el perfil profesional y académico que establece la ley sino también que, a través de su propio desempeño en el cargo, no generen dudas acerca de su objetividad y compromiso. 

Este año, el Ministerio Público inició tres investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte. La primera comenzó el 10 de enero por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, tras la muerte de 49 ciudadanos durante las protestas contra su gobierno, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

El 19 de enero Boluarte fue incluida en la ampliación de una investigación por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal y financiamiento prohibido, debido a operaciones sospechosas realizadas para recaudar dinero durante la campaña electoral del partido Perú Libre, en 2021. En el caso también fueron considerados el expresidente Pedro Castillo y su exasesor Henry Shimabukuro.

La más reciente investigación a la presidenta se abrió el 12 de julio de este año, por el presunto delito de plagio en el libro “El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, publicado en 2004. Esta publicación fue incluida en su currículum para postular a una plaza como asesora de alta dirección en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Antes de asumir la presidencia, Boluarte tenía una investigación preparatoria, formalizada el 19 agosto de 2022, por el delito de peculado doloso, pues no renunció a su cargo de funcionaria en el Reniec para asumir la vicepresidencia del país en 2021 y recién lo hizo el 11 de abril del año pasado. 

La presidenta Dina Boluarte acudió a la Fiscalía de la Nación donde es investigada por las muertes durante las protestas contra su gobierno. Foto: Ministerio Público

El abogado Yván Montoya resalta que si los que encabezan la política anticorrupción no tienen un firme compromiso, además de una trayectoria intachable, entonces “poco o nada se puede hacer en la implementación de las medidas preventivas y sancionatorias de la corrupción en esas instancias”.

Montoya explica que, a partir de la cabeza, se irradia todos los mecanismos para diseñar las medidas preventivas, colocar a funcionarios estratégicos efectivamente que continúen y se posicionen en distintas áreas de la entidad para cubrir toda la supervisión y control de la legalidad de los actos de la función pública

“Cuando la cabeza tiene una práctica incoherente y tiene denuncias por corrupción y no las puede explicar o no las puede solventar, entonces estamos hablando de un riesgo enorme de imitación, de acoplamiento a esa línea y comienza a generarse una cadena de compadrazgos, de clientelaje, las condiciones previas y fructíferas para la corrupción”, dice Montoya.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tiene, por lo menos, tres investigaciones en la Junta Nacional de Justicia. Foto: Ministerio Público

En el caso de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides no sólo enfrenta los cuestionamientos por la desaparición de sus tesis de maestría y doctorado en la Universidad Alas Peruanas. La titular del Ministerio Público tiene, al menos, tres procesos disciplinarios en la Junta Nacional de Justicia.

A Benavides se le investiga por presuntas irregularidades en la recomposición del Equipo Especial del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”; por la condecoración que recibió de la Municipalidad de Lima, a pesar de que el alcalde Rafael López Aliaga es investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en la modalidad de organización criminal; y por remover a la fiscal suprema Bersabeth Revilla que investigaba a su hermana, la fiscal Enma Benavides, por los presuntos delitos de asociación ilícita y cohecho, relacionados con el favorecimiento a investigados por narcotráfico.

Por el lado del Congreso, además de las investigaciones que realiza la Fiscalía a parlamentarios implicados en las organizaciones criminales denominadas “Los Niños” y “Los Mochasueldos”, son varios los congresistas investigados por presuntos delitos corrupción, como José Luna Gálvez, Waldemar Cerrón, Jorge Flores Ancachi, Eduardo Salhuana y Héctor Valer.

El abogado Yván Montoya, recordó las denuncias referidas a las acciones de los legisladores para modificar las leyes o elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo y de otras entidades, en torno a que no obedecen a un interés general por el fortalecimiento de la independencia de esas instituciones, sino para tenerlas cercanas. “Yo diría que dos tercios del Congreso aproximadamente tienen algún tipo de investigación por corrupción durante este periodo”, estimó.

Retos en la lucha anticorrupción

Para avanzar en la lucha anticorrupción, el abogado Iván Meini recomienda una real autonomía e independencia de los tres poderes del Estado, que los cargos de ministros, de jueces, de fiscales, sean ocupados por personas realmente probas y que cumplan con el perfil profesional y académico para desempeñarse en el puesto. Y básicamente que exista transparencia en la rendición de cuentas del manejo del Estado.

Montoya recuerda que el último Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción era para el período 2018-2021. Aunque fue prorrogado para este año, advierte que si no se elabora un nuevo plan, no se conocen las nuevas metas y estrategias para este nuevo quinquenio. “Ya es una muestra del poco o ningún interés que tienen en ello”, agregó.

Sin embargo, los acontecimientos de los últimos años evidencian más retrocesos y estancamientos en las acciones de lucha anticorrupción que logros obtenidos. De acuerdo con la Contraloría General de la República, la corrupción habría ocasionado al Perú, sólo durante el 2022, un perjuicio económico estimado de S/ 24.419 millones, dinero con el cual se podría aliviar la pobreza en el Perú, por lo menos, durante un par de años.