Según el documento que respalda la intervención denominada "Valkiria Jericó", Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte, era el "protector legal" dentro de la organización criminal liderada por Nicanor Boluarte, la cual estaba compuesta por otras 21 personas más. El objetivo de la organización era la designación ilegal de subprefectos a cambio de sobornos y de apoyo para registrar el partido político impulsado por el hermano de Dina Boluarte, "Ciudadanos por el Perú". Asimismo, buscaría asegurar la posición de Juan José Enciso Torres como director de Provias Descentralizado y entorpecer las investigaciones en curso contra el hermano de la presidenta Boluarte.

Convoca.pe consultó con el exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, y la abogada penalista, Rommy Chang, acerca de las implicancias que trae la participación del abogado de Dina Boluarte en este caso, y de cómo estas podrían alcanzar a la mandataria, quien vive en estos días las horas más difíciles de su gobierno.

De acuerdo con el documento fiscal, Mateo Castañeda intentó "neutralizar las investigaciones contra Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra" el 6 de febrero de 2024, para lo cual ofreció "beneficios de protección desde la más alta investidura" a los coroneles Walter Lozano Pajuelo y Harvey Julio Colchado Huamaní, miembros del Equipo Especial de la Policía que apoyó al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP). Además, intentó obtener, a través de ellos, información comprometedora que venga de los colaboradores eficaces en relación a la mandataria, "a fin de informarle inmediatamente" y que a partir de allí se "adopte una estrategia y un mecanismo de protección que genere impunidad para los integrantes de la organización criminal".

Sin embargo, como ninguno de los coroneles accedió a sus peticiones, esto habría motivado una acción más trascendental: la desactivación del Equipo Especial de la Policía que brindó apoyo al EFICCOP. Como se recuerda, la noche de ayer, mediante la Resolución Ministerial 0610-2024-IN, este grupo especializado de policías —que investigó a la propia presidenta y a su hermano— fue desactivado por el gobierno de Dina Boluarte, debido a una supuesta “duplicidad o superposición de competencias, funciones y atribuciones”.

Parte del documento que sustenta el operativo “Valkiria Jericó”, en el que se detuvo a Nicanor Boluarte y otras siete personas.

Para el ex procurador anticorrupción, Antonio Maldonado, la conducta del abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, evidencia un patrón de intervenciones cuestionables que deben de ser investigadas. Por ejemplo, toma el caso de la filtración de preguntas a la mandataria por parte de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el contexto del interrogatorio que se le sigue por las muertes en las protestas de diciembre y enero de 2022, según detalló un testigo protegido. En aquella ocasión, fue Óscar Nieves, consejero legal de la presidenta, quien habría gestionado la filtración.

“Esto hay que ponerlo en el contexto también de lo que se ha revelado, que la entonces fiscal de la Nación, hoy suspendida, la señora Benavides, le pasaba las preguntas a la presidenta, y el abogado [Óscar Nieves] de la presidenta iba a buscar esas preguntas de las investigaciones sobre graves violaciones de los derechos humanos. Entonces sí, aparentemente hay un patrón que se confirma con estos nuevos casos que atraviesan todas las investigaciones que sufre la señora”, comentó el ex procurador.

Al respecto, la abogada penalista, Rommy Chang, opinó que sí habría responsabilidad en la presidenta de la República, Dina Boluarte, a partir de las acciones de su abogado, Mateo Castañeda, pero que, por su investidura, estos hechos corresponden ser investigados a partir de la Fiscalía de la Nación y no de las demás fiscalías.

“Lo que está diciendo la imputación es que su abogado, [actuó] evidentemente para favorecerla, y se entiende que luego de haber coordinado con ella habría estado realizando ofrecimientos a policías para realizar actos de corrupción. O sea, ‘yo te doy un ascenso’ a cambio de que, por ejemplo, tú me apoyes dándome información sobre el caso o propiciando el archivo del mismo. Entonces se entiende que todo esto habría sido o por instigación de la presidenta o, en todo caso, en complicidad con ella, o en coautoría con ella, o sea que en cualquiera de los supuestos, esto sí podría generar una responsabilidad para la presidenta ”, mencionó Chang, para Convoca.pe.

¿Por qué delito se podría investigar a Boluarte, a partir de estos hechos?

Para el abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, la Fiscalía pide en total 12 años de prisión. A Castañeda se le imputan los delitos de organización criminal (8 años) y tráfico de influencias (4 años). De acuerdo al ex procurador anticorrupción, Antonio Maldonado, si se comprueba que la mandataria estaba enterada de las acciones de su abogado, ella habría incurrido en el delito de colusión agravada, por la investidura de su cargo. Mientras que la abogada Rommy Chang menciona que no solo sería ese delito, sino que, además, corrupción.

Maldonado refiere que, en caso de que Boluarte estuviese enterada del accionar de su abogado, y de que se probaran los hechos, ella también tendría responsabilidad penal.
    
“Sería tráfico influencias en la modalidad agravada, porque el tráfico de influencias en el artículo 400 del Código Penal tiene dos modalidades: la modalidad simple o básica, que es la modalidad por la cual entiendo están siendo investigadas estas ocho personas empezando con el hermano de la presidenta, y una modalidad que está en el segundo párrafo del artículo 400, que es la modalidad agravada, cuando interviene un funcionario público”, refiere Maldonado.

Por su parte, la abogada penalista Rommy Chang, considera que en estos supuestos, a Boluarte no solo le calzaría el delito de colusión agravada, sino también de corrupción.

“En caso que se demostrase que el abogado ha actuado a pedido de la señora Boluarte, definitivamente acá hablaríamos no solamente de un acto de tráfico de influencias agravado, si no a mí me parece claramente de un acto de corrupción, porque ella estaría ofreciendole, a través de su abogado, un beneficio a un miembro de la Policía Nacional como sería un ascenso a cambio de información privilegiada en el expediente”, advierte la abogada penalista.

“Eso no solamente es tráfico de influencias, eso en realidad es un acto de corrupción. Se estaría pagando a un funcionario una coima o un beneficio, como sería un ascenso, a cambio de cierta información o a cambio de que haga algo contrario a sus funciones, como sería en este caso dar información indebida”, concluyó.

La mandataria enfrenta, además, investigaciones por los relojes Rólex que lució en los últimos meses. Foto: Difusión.

Nicanor Boluarte y “Los Waykis en la sombra”

De acuerdo a la Fiscalía, durante el periodo comprendido entre 2022 y 2024, se gestó una red delictiva liderada por Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, aprovechando su influencia tras la asunción al poder de su hermana, Dina Boluarte, el 7 de diciembre de 2022. A partir de allí, Nicanor y el resto de implicados habrían realizado una serie de actos con el objetivo de consolidar su poder y asegurar beneficios políticos y financieros para sus intereses.

Uno de los principales hechos ilícitos cometidos por esta organización, según el auto que ordenó la detención y allanamiento a los implicados, está relacionado con la designación de subprefectos en las regiones de San Martín y Cajamarca. En el documento se señala que Nicanor Boluarte aprovechó su control sobre la Dirección General del Gobierno del Interior del Ministerio del Interior y de la Dirección de Autoridades Políticas, del mismo Despacho, para nombrar subprefectos a cambio de sobornos y apoyo en la inscripción del partido político "Ciudadanos por el Perú", así como para su financiamiento. 

Finalmente, aparte del papel seguido por el abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, otro objetivo relevante para la organización criminal sería la influencia ejercida por Nicanor Boluarte, a través de Hugo Torres Merino, para designar a Juan José Enciso Torres como director de Provías Descentralizado. Enciso está también involucrado en el caso conocido como “Los Intocables de la Corrupción”, una presunta organización criminal que operó entre marzo de 2018 y diciembre de 2020, usando a Provías Descentralizado para obtener dinero a través de contrataciones públicas. Fue detenido el 30 de enero pasado.

Conforme se desarrollan los hechos, no solo se complica la situación de Nicanor Boluarte, sino también la de su hermana, la primera presidenta del Perú.