El Congreso de la República conformó sus 24 comisiones ordinarias sobre distintas temáticas y sectores, las mismas que iniciaron sus funciones con la elección de los nuevos integrantes de sus respectivas mesas directivas para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Este portal pudo corroborar que parlamentarios con investigaciones en Fiscalía, experiencia cuestionable y baja producción legislativa encabezan algunas comisiones de suma importancia.

Una de las designaciones más cuestionadas es la de José Luna Gálvez, de Podemos Perú, ahora presidente de la Comisión de Presupuesto. Estará a cargo de dirigir la revisión, debate y aprobación de la "Ley de Presupuesto del Sector Público, Equilibrio Financiero, Endeudamiento y Cuenta General de la República". De acuerdo con información revelada recientemente por Convoca.pe, Luna es el congresista que más ha faltado sin justificación a las tomas de asistencia previas a las votaciones del Pleno durante el primer año del Parlamento. Faltó al 39,6% del total.

Pero ese no es el único ni el mayor de los cuestionamientos sobre este legislador. El 23 de julio de 2021 tuvo que solicitar permiso al Poder Judicial para participar en la ceremonia de juramentación para asumir como congresista, ya que se encontraba con arresto domiciliario.

Como se sabe, Luna ha sido involucrado en dos expedientes fiscales con graves imputaciones. Uno de ellos, por el que se encontraba restringido de su libertad, lo vincula con la banda delincuencial "Los gánsters de la política". El equipo especial a cargo del megacaso de corrupción política y judicial "Los Cuellos Blancos del Puerto" sospecha que el parlamentario incurrió en los presuntos delitos de cohecho y organización criminal para conseguir la inscripción de su partido Podemos Perú.

Además, es investigado por el presunto delito de lavado de activos en el marco de otro escándalo de corrupción mayor: Lava Jato. La hipótesis fiscal argumenta que Luna habría recibido dinero ilícito de empresas brasileñas para financiar la campaña del fallecido exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio.

José Luna cuenta con dos investigaciones realizadas por el Ministerio Público. Foto: Andina. 

No es la primera vez que el dueño de la Universidad Telesup, con licencia denegada en 2019 por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), preside una comisión en el Congreso. En el periodo 2021-2022 fue presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, a pesar de que su universidad acumulaba en los últimos cuatro años 31 sanciones impuestas por el Indecopi, entidad que precisamente vela por los derechos de los consumidores.

Durante su cargo en la Comisión de Defensa del Consumidor se presentaron 45 proyectos de ley, pero solo siete de ellos fueron finalmente aprobados.

Otra designación es la de Rosángella Barbarán Reyes, del partido fujimorista Fuerza Popular, quien asumirá como presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. De acuerdo al portal de la Sunedu, Barbarán ostenta el grado de bachiller en Ingeniería Económica por la Universidad Científica del Sur. Sin embargo, su experiencia laboral más "próxima" al rubro económico-financiero según su hoja de vida es la de ser "promotora de servicios" del banco Scotiabank entre 2013 y 2014.

A raíz de que la opinión pública cuestionó su falta de expertise para ocupar el cargo, la legisladora fujimorista compartió sus estudios en Twitter, que incluyen dos cursos de "Administración Pública Fiscal" y "Nuevas formas de Liderazgo y Transformación Política", certificados por el Banco de Desarrollo Interamericano y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, respectivamente.

Además, la legisladora trabajó en dos etapas en el Congreso antes de ser elegida como parlamentaria en el 2021. Primero laboró como miembro del equipo de dirección del Parlamento Joven en 2017. Y tres años después, se desempeñó como técnica de la Comisión Ordinaria del Parlamento. Cabe precisar que para ocupar la posición de “técnico” no es necesaria ni mucha experiencia ni muchos estudios. Apenas es requisito haber laborado dos años en cualquier rubro y contar con estudios técnicos terminados o universitarios inconclusos para ser elegible para el cargo.

Barbarán decidió compartir formación académica en redes sociales tras los cuestionamientos de su designación en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Foto: Congreso.

Cuando se desempeñaba como funcionaria en el Parlamento, Barbarán fue grabada mientras se unía a portátiles fujimoristas en pleno horario laboral. Como se recuerda, en octubre de 2018 se le encontró junto a otros trabajadores del Congreso apoyando a Keiko Fujimori. Al ser cuestionada por la prensa, la ahora congresista aseguró que había pedido licencia. “Esta es mi familia y la vamos a defender”, afirmó entonces.

Durante el periodo anual de sesiones 2021-2022, la congresista de Fuerza Popular presentó 12 proyectos de ley de su autoría. Dos de ellos fueron aprobados. De las medidas propuestas por la legisladora ninguna tiene que ver con Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

Al igual que Ronsagella Barbarán, la designación de su compañero de bancada Hernando Guerra-García Campos como presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento también ha sido cuestionada por no contar con la experiencia necesaria.

Guerra-García es bachiller en derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster en Administración por la Universidad Esan. Sin embargo, no se le conoce experiencia reciente en el rubro legal ni solvencia alguna como constitucionalista. Tampoco tiene título de abogado, por lo que no puede ejercer como tal. Como se sabe, el hoy parlamentario se hizo conocido por su papel como asesor de emprendedores, faceta con la que también incursionó en las pantallas de televisión.

Sin embargo, una de sus más recientes apariciones en cámara no ha quedado en el buen recuerdo de la opinión pública. Durante el primer período anual de sesiones, en una sesión virtual de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas en junio pasado, Guerra García activó la cámara de su dispositivo y fue captado disfrutando de una tarde de playa, con lentes de sol, con el torso desnudo y con sombrero.

Guerra-García presentó 13 proyectos de ley de su autoría y cuatro de ellos fueron aprobados. De estas iniciativas, ninguna guarda relación con la comisión que ahora preside.

Hernando Guerra-García fue cuestionado por participar de una sesión desde la playa. Captura de pantalla.

Por último, la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva, de Acción Popular, fue designada como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, a pesar de que no postuló en representación de su bancada sino por un cupo cedido por Alianza para el Progreso (APP). Como se sabe, la congresista de Acción Popular fue propuesta por Vergara Mendoza para las comisiones de Pueblos Andinos y de Ciencia y Tecnología, pero la abogada dijo que “no tienen nada que ver” con su profesión y rechazó presidir estas comisiones.

“Relaciones Exteriores me toca a mí. Son tradiciones y costumbres parlamentarias y eso es 'ley', y yo voy a presidir esa comisión”, dijo la parlamentaria en un encuentro registrado el martes 16 de agosto con sus compañeros de Acción Popular. “Hagan lo que ustedes hagan, son tres bancadas que me ofrecieron su cupo para integrar la comisión (de Relaciones Exteriores). Y acepté una, la de APP. Así que entiendan que yo presidiré esa comisión. No me interesan sus acuerdos. Me corresponde a mí”, manifestó.

La Comisión de Relaciones Exteriores es encargada de estudiar y dictaminar las iniciativas legislativas especialmente vinculadas a la política exterior y a las relaciones y la cooperación internacional. No obstante, las actitudes de su actual presidenta no parecen ir en consecuencia, como se evidenció en una visita que hizo Alva a parlamentarios españoles en Madrid, en la 143º Asamblea de la Unión Interparlamentaria.

El 10 de diciembre de 2021, se difundió un audio de la legisladora Noemí Villagrasa, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), donde revelaba que Alva, entonces titular del Parlamento peruano, pedía a los diputados ibéricos que tomaran una postura contra una supuesta "ilegitimidad" del gobierno de Pedro Castillo.

Fuentes consultadas entonces por Convoca.pe, que estuvieron en esta reunión, afirmaron que el encuentro con los legisladores de Unidas Podemos, del PSOE, del Partido Popular y de Vox se realizó a pedido de la comitiva peruana que estaba conformada por Alva, el fujimorista Ernesto Bustamante y el congresista de Acción Popular Wilson Soto. Las fuentes, que pertenecían al partido Unidas Podemos, aseguraron que estaban sorprendidas por los pedidos de los peruanos, ya que estos incluso utilizaron el localismo "terrucos" para referirse a integrantes del gabinete ministerial de la época.

Hace solo un par de semanas Alva jaloneó a la congresista Isabel Cortez en el Hemiciclo. Pidió disculpas públicas. Captura de pantalla.

Baja producción de Educación

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte tiene ahora como presidenta a la abogada Gladys Echaíz de Renovación Popular, que reemplaza al ultraconservador Esdras Medina, del mismo partido.

La comisión tiene que promover, en teoría, una legislación que contribuya a mejorar las competencias y capacidades en temas educativos. Pero en los últimos años ha sido una de las más disputadas del Parlamento por ser el campo de batalla de la Reforma Universitaria y la currícula escolar. Históricamente aquí han convergido congresistas con conflictos de interés, conservadores, fundamentalistas religiosos, progresistas y expertos en políticas públicas.

Por su parte, la nueva presidenta Echaíz no ha presentado hasta el momento alguna medida referente a Educación. Durante el periodo 2021-2022 solo presentó dos proyectos de ley propios y ambos fueron aprobados.

La Mesa Directiva de la mencionada comisión es completada por el vicepresidente Wilson Quispe (Perú Libre) y el secretario Juan Carlos Mori (Acción Popular), sindicado por Karelim López como uno de “Los Niños”, grupo investigado por tráfico de influencias por la Fiscalía.

Asimismo, este medio comprobó que 14 de los 22 miembros de la actual Comisión de Educación votaron en el Pleno a favor de la denominada “Contrarreforma Universitaria”. Como se recuerda, el 1 de febrero de este año, los proyectos 697, 862, 908 y 943 que debilitan la reforma universitaria y el rol de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) al incorporar en su consejo directivo a representantes de universidades, fueron aprobados.

Echaíz renunció a la bancada de Alianza para el Progreso y se integró a la de Renovación Popular. Foto: Congreso.

Quienes apoyaban la norma afirmaban que restablecía la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, cuando en realidad genera serios conflictos de interés en los procesos de evaluación y mejora de la calidad. El Poder Judicial ha tenido que intervenir para frenar su vigencia y hoy está en manos del Tribunal Constitucional.

Los catorce legisladores que hoy integran la comisión y que dieron su apoyo a la cuestionada medida fueron Wilson Quispe Mamani, Juan Mori Celis, Enrique Castillo Rivas, María Cordero Jon Tay, Paul Gutiérrez Ticona, Noelia Herrera Medina, Raúl Huamán Coronado, Mery Infantes Castañeda, Esdras Medina Minaya, Alex Paredes Gonzales, Tania Ramírez García, Janet Rivas Chacara, Hitler Saavedra y José Williams.

Votaron en contra Roberto Chiabra León, Flavio Cruz Mamani, Elva Julón Irigoin, Jorge Marticorena Mendoza, Flor Pablo Medina y Karol Paredes Fonseca. La actual presidenta Gladys Echaiz estuvo ausente en la trascendental votación, al igual que el fundador de la Universidad San Juan Bautista, José Elías Ávalos.

Semanas después, el presidente Pedro Castillo observó la medida señalando que la ley supone una "violación, amenaza cierta o inminente vulneración a la autonomía universitaria, cuando, por el contrario, la reconoce y desarrolla en extenso sus dimensiones". Por esta razón, el 13 de julio se debatió en el Pleno la insistencia de la Contrarreforma Universitaria. De cualquier manera, la norma se aprobó con 72 votos a favor: con 12 de los 14 legisladores mencionados que marcaron a favor en la primera votación, a los que se sumó el apoyo de la presidenta de la actual Comisión de Educación, que esta vez sí estuvo presente.

Juan Mori y José Williams votaron en contra de la aprobación por insistencia, junto a Roberto Chiabra, Flavio Cruz, Elva Julón, Jorge Marticorena, Flor Pablo y Karol Paredes. Entre tanto, Jose Elías Ávalos volvió a ausentarse, cabe mencionar que el congresista es el tercero en todo el Parlamento con más ausencias (202).

El 5 de mayo de 2022, el Pleno del Congreso también aprobó el proyecto de ley Nº 904, que afectaba a la Educación Sexual Integral en los colegios, con 88 votos a favor. Especialistas alertaron que dicha iniciativa atentaba contra los derechos de los niños y restaba autonomía al Ministerio de Educación (Minedu), ya que organizaciones conservadoras como Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM) podrían determinar si un contenido con enfoque de género va o no en un texto educativo. 

En dicha votación, 16 de los 22 miembros titulares de la actual Comisión de Educación votaron a favor de esta cuestionada ley. Entre ellos, la presidenta Gladys Ehaiz y el vicepresidente Wilson Quispe. José Elías Ávalos se abstuvo de votar, mientras que Karol Paredes, Flor Pablo, Jorge Marticorena votaron en contra.