El 28 de julio, durante su mensaje a la nación, el presidente Pedro Castillo anunció el regreso de Petroperú. Luego de 26 años, la empresa estatal retomará las actividades de explotación petrolera del Lote 192, en Loreto, sin considerar que el Gobierno peruano no ha cumplido los acuerdos del acta de consulta previa firmada con las comunidades de la Amazonía, no ha remediado los territorios afectados por el crudo y brindado servicios de salud para las personas expuestas a la contaminación por hidrocarburos. 

En estos territorios, en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira, viven los pueblos achuar, kichwa y quechua, cuyos representantes participaron en el 2021 en el proceso de consulta previa del Lote 192, cuyas operaciones impactan directamente en la calidad de vida de dichas comunidades y en los recursos que garantizan su supervivencia, situación que afecta los derechos de la población indígena de esta zona de la selva peruana. 

Convoca.pe consultó sobre la ejecución de los 67 acuerdos establecidos en el acta de la consulta previa del Lote 192 a presidentes de las federaciones indígenas ubicadas en la zona de influencia, como Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACOR) y la Organización del Pueblo Indígena Kichwa Amazónico de la Frontera Perú Ecuador (OPIKAFPE), quienes manifestaron su preocupación por el retraso en el cumplimiento de las promesas y el retorno de Petroperú.

Federico Díaz Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACOR), que reúne a comunidades achuar de la cuenca del río Corrientes, afirmó que las federaciones no tenían conocimiento sobre el retorno de Petroperú, anunciado por el jefe de Estado. 

"No sabíamos nada. El Estado, primero, debe consultar con las federaciones. Estamos bien preocupados porque necesitamos urgente que se agilice el trabajo", opinó Díaz, quien informó que el último martes, nuevamente miembros del Ejecutivo, entre ellos el viceministro de Hidrocarburos, José Dávila Pérez, y representantes del Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado-Profonanpe, autoridades involucradas en el acta, no acudieron a una reunión en la ciudad de Iquitos para tratar temas de remediación ambiental y mantenimiento de una carretera en la zona.

Las operaciones del Lote 192 y del Oleoducto Norperuano comenzaron a inicios de la década de 1970, cuando este lote se llamaba 1AB. Ha sido administrado por la multinacional estadounidense Occidental Petroleum Corporation (OXY), la compañía argentina Pluspetrol Norte S.A, la subsidiaria china National Petroleum Corporation (CNPC), Petroperú, entre otras empresas. 

Sin embargo, no fue hasta el 2015 que las comunidades nativas fueron consultadas, por primera vez, para solicitar su consentimiento sobre actividades extractivas en las tierras que poseen y conocer el impacto social, cultural y ambiental de esta actividd extractiva. Según, el informe “Sin derechos no hay consulta”, de la la investigadora Tami Okamoto y del antropólogo Mario Zúñiga Lossio, para ese año, las actividades petroleras ya abarcaban 31 millones de hectáreas dentro de territorios indígenas, además de 20 millones de áreas naturales protegidas en la Amazonía. 

Cuenca del río Corrientes, en la región Loreto, afectada por derrames de petróleo. Foto: Andina

La historia sobre el proceso de la consulta previa del Lote 192 se remonta a años atrás. En la búsqueda de una solución tras 40 años de contaminación petrolera y protestas de los pueblos indígenas de la amazonía norte, el 7 de julio de 2010, el Congreso de la República aprobó la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para dar valor a la voz de las comunidades nativas y su derecho a ser consultadas por el Estado antes de decidir la ejecución de cualquier proyecto en sus territorios. 

El expresidente Ollanta Huamala promulgó la Ley de Consulta Previa, reconocida por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Foto: El Peruano

El gobierno de Ollanta Humana (2011-2016) promulgó la Ley de la Consulta Previa en el 2012, la cual representó, en un primer momento, el reconocimiento del Estado peruano de los derechos colectivos de la población indígena, respecto al avance de la actividad petrolera en sus territorios ancestrales. 

A pesar de que el Perú reconoce los tratados internacionales, como el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y destaca por ser el primer país con una legislación para el proceso de consulta previa de Latinoamérica, el Estado ha demostrado que no hace seguimiento al avance de los acuerdos establecidos en los procesos de consulta.  

A un año del inicio del tercer diálogo intercultural en el marco de la consulta previa del Lote 192, la Plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de su Territorio (PUINAMUDT), que reúne a las 90 comunidades indígenas de Loreto ubicadas en el ámbito de influencia de los Lotes 192 y 8, y el Oleoducto Norperuano, todavía no ven avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno.

Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Río Pastaza (FEDIQUEP), resaltó la inacción del gobierno respecto a las promesas de sus representantes. “Es una burla. No se ha avanzado nada. Hace poco tuvimos una reunión en Lima, pero no se logró nada bueno”, manifestó. La reunión mencionada por el apu estuvo a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el pasado 22 de julio en Lima, y estuvieron dirigentes y representantes de las federaciones indígenas.

Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación indígena Quechua del Pastaza. Foto: Servicios de Comunicación Intercultural

Por el Poder Ejecutivo, se presentó personal técnico de los ministerios de Energía y Minas y de Salud. Sin embargo, voceros de la Plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de su Territorio (PUINAMUDT) informaron a Convoca.pe que, no fue ninguno de los viceministros involucrados en los niveles de acuerdo del acta, entre ellos Joel Candia Briceño, del Minsa; Jesus Oswaldo Quispe Arones, de Gobernanza Territorial; Juan Saúl Sánchez Izquierdo, del sector Hidrocarburos del Minem; y Elizabeth Silvestre Espinoza, del Ambiente. 

Debido a la falta de respuesta, en marzo de este año, las federaciones indígenas interpusieron una acción de incumplimiento ante la Fiscalía de Nauta, en Loreto. Responsabilizaron al Estado, por no cumplir los plazos de los acuerdos de la consulta previa del Lote 192. También presentaron una denuncia penal contra Perupetro, ya que acusan a esta empresa de ser la presunta responsable de una serie de derrames de petróleo sin atender, que han causado emergencias sanitarias y ambientales en varias comunidades, en los últimos 12 meses. 

En la demanda, las comunidades indígenas declararon que en las reuniones posteriores a la firma del acta el Ejecutivo no hubo anuncios concretos sobre el cumplimiento de los acuerdos del acta de consulta previa del Lote 192. Fuente: PUINAMUDT

La demanda fue elaborada por las comunidades amazónicas Nuevo Andoas, Alianza Topal, Capahuari Urku, Titiyacu, Sabaloyacu, Nueva Jerusalén, Nueva Nazareth, José Olaya, Antioquía, Pampa Hermosa, Sauki, Doce de Octubre, San Juan de Bartra, Andrés Avelino Cáceres y Centro Arenal, durante asambleas realizadas entre febrero y marzo de este año.

Emerson Sandi Tapuy, presidente de la Organización del Pueblo Indígena Kichwa Amazónico de la Frontera Perú Ecuador (OPIKAFPE), que reúne a más de 1200 miembros de las comunidades kichwa, ubicadas a orillas del río Tigre, también manifestó a Convoca.pe su preocupación ante la ausencia de medidas de remediación ambiental. 

“El Estado no ha respondido, no hay seriedad en los ministerios e instituciones públicas. Si se firma el nuevo contrato, que el presidente ya anunció en su mensaje a la nación, ya se debería estar implementando, al menos, tres o cuatro de los 67 acuerdos en salud, educación, infraestructura, pero hasta ahora no hay nada. ¿Quién se va a responsabilizar de la remediación del medio ambiente?”, manifestó Sandi. 

Apu Emerson Sandi en reunión de la Comisión Multisectorial, en Trompeteros, en julio último. Fuente: PUINAMUDT

Compromisos históricos e incumplidos

El acta de consulta previa del Lote 192 se firmó el 17 de agosto de 2021, con 67 acuerdos, entre los cuales resaltan la adecuación de ductos del Oleoducto Norperuano en malas condiciones; la prevención y fiscalización de las obligaciones ambientales de empresas extractivas, la titulación integral de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas y la implementación de proyectos de agua libre de hidrocarburos e infraestructura de salud y educativa. 

Además, considera la aprobación del Plan Intercultural de Salud de las Cuatro Cuencas 2022-2026, que busca monitorear los niveles de exposición a metales pesados e hidrocarburos y la contaminación petrolera, así como atender casos de intoxicación, cáncer, entre otras enfermedades que se presenten en las comunidades nativas de la amazonía norte. 

El encuentro, que concluyó con la firma del acta, se realizó en la comunidad quechua Nuevo Andoas. Participaron autoridades de 13 comunidades originarias amazónicas y los presidentes de las federaciones indígenas Cuenca del Corrientes (FECONACOR), Quechua del Pastaza (FEDIQUEP) y la Organización de Pueblos Indígenas Kichwas Amazónico de la Frontera Perú Ecuador (OPIKAFPE). 

Entre las autoridades estuvieron Víctor Murillo Huamán, exviceministro de Hidrocarburos, técnicos de los ministerios de Energía y Minas y de Cultura, así como Daniel Hokama Kuwae, de Perupetro, y representantes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la Defensoría del Pueblo. 

Antes de la firma del acta, hubo reuniones con la población indígena, organizadas en tres encuentros de comunidades por cuenca (Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira) y un encuentro de todas las comunidades nativas. 

Representantes del Ejecutivo y la empresa Perupetro que estuvieron presentes durante la firma del acta de la consulta previa del Lote 192. Foto: PUINAMUDT

La Plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de su Territorio (PUINAMUDT) integra a las cuatro federaciones indígenas del Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira. Voceros de esta organización señalaron a Convoca.pe que, vienen trabajando desde el 2011 en la defensa de sus derechos colectivos, territorios ancestrales y a ser consultados, para que se incluya a las comunidades nativas en la toma de decisiones entre la empresa privada y el Estado, respecto a la explotación de sus tierras. 

Esta organización ha logrado impulsar una comisión multisectorial desde el año 2012, para tratar temas sociales, derechos humanos y ambientales que han sido relegados por los gobiernos históricamente. 

Angela Alfaro Villanueva, antropóloga e integrante del equipo técnico de la plataforma, declaró a este medio digital sobre la importancia del acta de consulta previa del Lote 192, con la cual se está impulsando la ejecución de proyectos de servicios básicos, como la construcción de hospitales y postas médicas con personal especializado, para la atención de las comunidades contaminadas con metales pesados. 

“Sin esta acta no hay ninguna ley que proteja a los pueblos y sus medios de vida frente a la contaminación petrolera. Por eso, es muy importante que se cumpla. Como no se ha podido subsanar todos los daños generados durante los 50 años pasados de contaminación, para estos 40 que se vienen con el nuevo contrato, se busca garantizar seguridad alimentaria, salud, educación intercultural e inclusiva, proyectos productivos, titulación de territorios ancestrales, fondos para la remediación ambiental de los más de 2 mil sitios impactados  pero, hasta ahora, nadie responde”, indica Alfaro. 

El 7 de junio pasado, se registró un derrame de crudo en el kilómetro 56 del Oleoducto Corrientes-Saramuro, donde se encuentran las tuberías de petróleo de la empresa Pluspetrol Norte S.A, cerca a la Quebrada Patoyacu del río Chambira, en el distrito Urarinas, en Loreto.

Pez anguila afectado por el derrame de petróleo ocurrido en la Quebrada Patoyacu del río Chambira, en Loreto. Foto: Apu Robles Pisco Torres

Convoca.pe publicó un informe sobre el accidente ambiental, que continúa afectando la salud de las comunidades urarinas La Petrolera y Santa Teresa, donde los padres siguen reportando síntomas de intoxicación y afectaciones a la piel de sus hijos e hijas, que esperan ser atendidos por personal médico especializado. 

El derrame fue reportado por la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), que reúne a comunidades kukama kukamiria y urarina, en la cuenca de los ríos Marañón y Chambira. El Ministerio de Salud ha identificado casos de contaminación por mercurio en muestras que alcanzan el 46,7% en la población que vive a orillas del río Marañón y en el pueblo indígena Kukama, el 48.4%.

Monitor ambiental de la comunidad achuar Antioquía en los territorios afectados por derrame atribuido a la empresa Frontera Energy. Foto: PUINAMUDT

La Plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de su Territorio (PUINAMUDT) señala que empresas como la canadiense Frontera Energy Corp, última en operar el Lote 192, estaría evadiendo sus responsabilidades frente a daños ambientales, ya que se registraron 107 derrames de petróleo y filtración de agua de producción y diésel durante sus operaciones, entre los años 2015 y 2021, según la organización indígena. 

De acuerdo con el registro que lleva la plataforma, la comunidad nativa José Olaya fue impactada 22 veces por este tipo de desastres, seguida de la comunidad Antioquía, Alianza Capahuari (19 veces), Los Jardines, Nuevo Andoas (17 veces) y Doce de Octubre (13 veces). 

Las promesas incumplidas

Entre los acuerdos en torno a los sectores de salud, educación, producción y medio ambiente figura que el Estado debe garantizar la provisión de fondos para el proceso de remediación ambiental, requerido para el Lote 192. De este dinero, el Ministerio de Energía y Minas se compromete a destinar, al menos, 60% para la remediación ambiental de sitios impactados por actividades de hidrocarburos. 

Otro compromiso es la conformación, a los 30 días de la firma del acta, de un grupo de trabajo entre el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud (Diresa), Essalud, el Seguro Integral de Salud (SIS) y las organizaciones indígenas, para identificar los problemas en la gestión del aseguramiento y prestación de servicios de salud.

El grupo de trabajo entre el Minsa, Diresa, EsSalud, SIS y las organizaciones indígenas no ha sido conformado, pese a que debía ser instalado a los 30 días de la firma del acta de consulta previa. Foto: PUINAMUDT

El acta también establece la conformación de tres grupos de trabajo entre los ministerios involucrados en el proceso de consulta previa y las federaciones indígenas, para viabilizar proyectos de infraestructura en salud, educación intercultural, agua libre de contaminación y titulación de tierras. Estos grupos deben ser aprobados por la PCM para comenzar a operar, sin embargo no ha habido respuesta del Ejecutivo. 

El Plan de Salud Intercultural para la atención de personas afectadas por contaminación de metales pesados e hidrocarburos también figura en el el acta, pero el presupuesto para ejecutarlo ha sido negado por el viceministro de Salud, Joel Candia, el 17 de junio pasado en una reunión con miembros del Ejecutivo y de las federaciones indígenas, pese a que este funcionario se comprometió a ejecutarlo a fines de abril de este año y que el premier Aníbal Torres aseguró públicamente, durante su discurso de investidura en marzo de este año, un monto de hasta 93 millones de soles para aplicarlo.

Derrame de petróleo afectó  la cuenca del río Corrientes,a fines del 2019. Foto: PUINAMUDT

En este documento consta que el Ministerio de Energía y Minas garantizó el acceso a electricidad a las comunidades para el funcionamiento de sus postas y escuelas y que el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo-Pronabec se comprometió a brindar preparación preuniversitaria a los estudiantes, con el fin de disminuir la brecha entre la educación básica y la educación superior, para que los jóvenes tengan la posibilidad de ingresar a una institución educativa superior. 

Y, finalmente, la Oficina General de Gestión Social del Minem (OGGS), luego de seis meses de firmada la acta, prometió impulsar un proyecto de cuidado y crianza de animales y recuperación forestal, incluyendo la conservación de piscigranjas y actividades de ganadería. 

los testimonios de los representantes de las comunidades indígenas de la Amazonía evidencian que el Poder Ejecutivo no está realizando un seguimiento del avance de los acuerdos del acta de consulta previa del Lote 192, a pesar de ser un mandato de ley, para asegurar una real vigilancia y cumplir su rol garante de los derechos de los pueblos indígenas.