Lava Jato: avances y entrampamientos del escándalo de corrupción en Perú

Las investigaciones del megacaso de corrupción Lava Jato en el Perú no han avanzado en tramos iguales. Mientras que solo tres constructoras se han acogido a la colaboración eficaz, luego de verse rendidas ante la evidencia de sus prácticas corruptas, la mayoría de las 111 personas jurídicas investigadas se ha aferrado con uñas y dientes a la tesis de su propia inocencia. Es un asunto de supervivencia: no solo se arriesgan a una carcelería ejemplar contra sus directivos, sino también a su eventual quiebra y desaparición.

A más de siete años desde que se iniciaran las primeras pesquisas en territorio peruano, solo la brasileña Odebrecht (hoy renombrada Novonor), la peruana Graña y Montero (ahora Aenza) y una compañía cuya identidad se mantiene en reserva han firmado acuerdos de colaboración eficaz con el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público y la Procuraduría ad hoc para este caso. La primera de estas empresas se ha comprometido a pagar una reparación de 190 millones de dólares (incluidos intereses); la segunda, una de 102,5 millones, y la tercera, otra de 20,7 millones.

No obstante la poca cooperación, tirando del hilo las autoridades peruanas ya han podido identificar un amplio elenco de involucrados. Hasta la fecha, de acuerdo con datos de la Procuraduría Lava Jato, son 840 personas naturales las investigadas por su presunta participación en esta trama de corrupción. Ya 23 individuos han recibido condenas. Y los 83 proyectos de inversión que aún son objeto de indagación tienen un valor total de 12 mil 804 millones de dólares.

De acuerdo con Silvana Carrión, procuradora ad hoc del caso, la mayoría de las compañías que no se han acogido a la colaboración vienen litigando “de manera intensa, muy agresiva”. Es el caso, por ejemplo, de las principales constructoras brasileñas protagonistas de este escándalo latinoamericano: Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao.

El Equipo Especial Lava Jato y la Procuraduría ad hoc han firmado acuerdos con tres empresas. Foto: Milagros Salazar/Convoca.pe.

Otras compañías, más bien pocas, son las que se han acogido a la Ley 30737, una norma que desde 2019 busca asegurar de manera inmediata la reparación civil con la creación de fideicomisos y asegurando la cadena de pagos a sus proveedores. Aquellas que no se acojan a esta norma son pasibles de medidas coactivas. De hecho, Carrión informa que la Procuraduría ya ha logrado inscribir embargos contra las empresas reacias a la norma por un monto total de 1.950 millones de soles (US$ 487,5 millones). Y se han solicitado otros embargos por 1.200 millones adicionales (US$ 300 millones), que están a la espera de una aprobación judicial.

“Tenemos 160 procesos a cargo de la Procuraduría. La mayor parte son procesos comunes: las carpetas abiertas en las que litigamos. Y un porcentaje menor, que es el 18%, son los procesos especiales de colaboración”, señala Carrión. En este último grupo se incluye a las personas naturales, que son más proclives a las delaciones que las empresas. Hay 102 personas que aspiran a ser o son colaboradores eficaces. La procuraduría participa en 28 de estos procesos con el objeto de establecer la reparación económica para el Estado peruano.

Por otro lado, muchos de los casos se mantienen aún en una fase incipiente. Por ejemplo, entre los 109 procesos penales comunes en los que actúa la procuraduría, 51 se encuentran en etapa de indagación preliminar y 44 en investigación preparatoria. Otros 10 procesos ya están en etapa intermedia —lo que significa que ya se presentó una acusación contra los investigados— y solo uno se encuentra en etapa de juicio oral, que es el que involucra al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.

Los casos sentenciados incluyen la condena por el caso de la Carretera de Carhuaz-Chacas, en Áncash, y procesos de colaboración. Elaboración: Procuraduría.

A regañadientes

El acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht es un acuerdo parcial, que tuvo como punto de partida un convenio inicial firmado en enero de 2017. Entonces el Equipo Especial Lava Jato aún era liderado por el fiscal Hamilton Castro, quien permaneció ahí hasta mediados de 2018. Sin embargo, el acuerdo final no se firmaría hasta febrero de 2019, luego de que se decidiera el cambio de los fiscales, y asumiera como coordinador Rafael Vela Barba.

Ambos equipos, el primero y el segundo, tenían una visión distinta de cómo llevar a cabo dicho proceso. Lo cierto es que Odebrecht en el acuerdo final decidió solo reconocer pagos de sobornos en cuatro obras públicas: Carretera Interoceánica Sur (Tramos II y III), Metro de Lima, Vía Evitamiento del Cusco y Vía Costa Verde del Callao. Este número limitado ha generado que la compañía guarde secretos que aún se siguen develando poco a poco.

Sin embargo, la gigante brasileña también se comprometió en el acuerdo a una "colaboración progresiva y continua", algo que implica que entreguen más información conforme se descubren nuevos hechos delictivos y que sus exejecutivos declaren sobre estos. Un ejemplo de ello es la aparición del último paquete de información sobre las planillas de la contabilidad ilegal de Odebrecht ("Caja 2") que llegó a la Fiscalía en octubre de 2021 con más de una centena de seudónimos (codinomes) desconocidos y aún pendientes de dilucidar.

La constructora también se comprometió a entregar la información de sus servidores encriptados (MyWebDay y Drousys, de comunicaciones electrónicas y planillas contables), a pagar la reparación civil ya mencionada de 190 millones de dólares y a asegurar que sus exfuncionarios declararán ante el Ministerio Público peruano en cuanto les sea solicitado. En la actualidad, hay más de 30 casos que han involucrado a Odebrecht como investigada.

El expresidente Alejandro Toledo se encuentra prófugo. Odebrecht ha confirmado que le pagó sobornos por US$ 31 millones a cambio de la adjudicación de la Carretera Interoceánica. Foto: Perú Posible.

Aunque la compañía ha tenido que seguir colaborando en el ámbito penal, en paralelo ha demandado al Estado peruano ante el CIADI (centro de resolución de controversias internacional del Banco Mundial) por US$ 1.200 millones. Alega que ha sufrido un perjuicio por la resolución del contrato que tenía para la construcción y operación del Gasoducto Sur Peruano, una obra que implicaba una inversión de US$ 7 mil millones. De acuerdo con la información pública del CIADI, el proceso arbitral aún se mantiene como “pendiente” y su última actualización fue en agosto de 2022.

Cabe anotar que Convoca.pe, ya en junio de 2019, había revelado como parte de la investigación transfronteriza ‘División de Sobornos’, la existencia de coimas por US$ 3 millones registrados en la Caja 2 de Odebrecht y que estaban relacionados con este proyecto energético.

Un caso distinto es el de la también brasileña Camargo Correa. A pesar de las evidencias incautadas en la Operación Castillo de Arena en 2009, que contienen información explícita de pagos de coimas al expresidente Alejandro Toledo por el Tramo IV de la Interoceánica Sur, que hasta hoy opera en conjunto con las brasileñas Queiroz Galvao y Andrade Gutierrez como parte del Consorcio Intersur, ha decidido no aceptar su participación en ningún ilícito.

Sus consorciadas también llevan una defensa cerrada. Tanto Queiroz Galvao como Andrade Gutiérrez no han demostrado ninguna intención de acogerse a un eventual beneficio a cambio de sus delaciones.

Camargo Correa sí tuvo un acercamiento inicial con el Ministerio Público para iniciar un proceso de colaboración eficaz, a través de su defensa legal. Sin embargo, como en el pasado la compañía paulista había ganado un habeas corpus en Brasil que “anulaba” todas las pruebas incautadas en la operación Castillo de Arena, no encontraron la manera de hacer que la justicia brasileña acepte entregar a Perú las evidencias que habían sido negadas para sus propias autoridades nacionales. Todo quedó ahí.

Entre los documentos incautados a Camargo Correa había anotaciones de pagos relacionados con el nombre “Toledo” y el Consorcio Intersur.

Ahora este "obstáculo" judicial es, en realidad, su principal arma de defensa. Los esfuerzos de Camargo Correa están concentrados en la actualidad en eliminar en Perú esos documentos “prohibidos” en Brasil, basándose en el habeas corpus que ganaron allá. Los recursos judiciales interpuestos con este propósito han complejizado los avances del Equipo Especial en dicha investigación. Por ejemplo, el caso Interoceánica Sur Tramo IV es el primer caso de Lava Jato abierto por la Fiscalía, luego de que Convoca.pe revelara las anotaciones de sus directivos en junio de 2015, pero aún no se presenta la acusación contra los implicados.

De hecho, el testimonio que el magnate Yosef Maiman, testaferro confeso de Toledo, dio ante la Fiscalía peruana en 2021, meses antes de fallecer, corroboró la información presentada por este medio hace más de siete años. El empresario peruano israelí, en el marco de las diligencias del caso Interoceánica Tramos II y III (que involucra a Odebrecht y a las peruanas Graña y Montero, JJC Contratistas e ICCGSA), aceptó haber recibido coimas de Odebrecht (para los tramos II y III) y también de Camargo Correa por el tramo IV, todas destinadas al expresidente Alejando Toledo.

Esta declaración espontánea, recogida en una diligencia como "prueba anticipada" por el fiscal José Domingo Pérez (ante el delicado estado de salud de Maiman), fue también trasladada al despacho que lleva el caso del Tramo IV, comandado en la actualidad por la fiscal Diana Canchihuamán.

Un primer pedido de Camargo Correa para eliminar las pruebas provenientes de Brasil fue desestimado en marzo de 2022 por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, dirigido por el juez Richard Concepción Carhuancho. El magistrado se limitó a mencionar que la investigada debió seguir otro trámite, llamado “exequatur”, para que la sentencia extranjera tenga efectos en la jurisdicción peruana.

Sin embargo, no solo existen pruebas que involucran a Camargo Correa en presuntos actos de corrupción en el caso Interoceánica Sur Tramo IV.

Convoca.pe ha revelado también la existencia de correos electrónicos de los directivos de Camargo Correa en los que estos coordinaban un financiamiento de campaña para Alan García en las elecciones de 2006 y también agendaron entregas de coimas a empresarios cercanos a dicho líder político. Además existen anotaciones que involucran a la constructora en presuntos pagos ilegales al exministro aprista de Vivienda, Hernán Garrido Lecca, y otros funcionarios de Sedapal, relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Huachipa, en Lima.

Alan García y Marcos de Moura Wanderley, exrepresentante en Perú de Camargo Correa. Foto: Difusión.

Si bien Camargo Correa se acogió a un acuerdo de “leniencia” en Brasil, sus directivos se han cuidado de no declarar allá nada que pueda llamar la atención de las autoridades peruanas. La empresa ha negado en varias ocasiones que tenga la intención de negociar un acuerdo de colaboración con el Equipo Especial peruano.

Sus consorciadas y coterráneas Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez también han pasado desapercibidas en los últimos años, dado el mayor nivel de complejidad que presenta la investigación del caso Interoceánica Tramo IV.

Desencriptando a OAS

Por otro lado, la constructora brasileña OAS (hoy renombrada Metha) sí ha iniciado el camino para llegar a un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía peruana. La empresa fundada en Salvador de Bahía, implicada en los financiamientos de campaña del expresidente Ollanta Humala y de los exalcaldes de Lima Luis Castañeda y Susana Villarán, empezó sus primeros entendimientos con las autoridades peruanas el 13 de marzo de 2019, en Sao Paulo, como lo reportó entonces Convoca.pe.

Sin embargo, OAS no ha entregado toda la información documental que permita corroborar los hechos delictivos. Este medio ha podido conocer que, ante las demoras de la compañía para entregar las pruebas, los fiscales del Equipo Especial Lava Jato le dieron un ultimátum que la conminaba a hacerlo. Es así que, en abril de este año, el actual presidente de la constructora, Josedir Barreto, se reunió con los fiscales peruanos para solicitar un poco más de tiempo y ratificar su compromiso de cooperación.

Sucede que OAS entró en un proceso de insolvencia en Brasil y ahora es manejada por sus acreedores. Como la información que entregará proviene de los servidores encriptados de la Controladoria —su departamento de coimas (o “proyectos estructurados”)—, requiere pagar un servicio de más de 70 mil dólares a una firma de auditoría forense para acceder a estos. Este requerimiento financiero, que tiene que ser aprobado por los acreedores, es lo que ha estado demorando el avance de la colaboración.

Una nueva reunión se sostuvo en julio de este año entre la compañía y el Ministerio Público. OAS explicó de nuevo sus problemas financieros y el obstáculo de la tramitología corporativa que mantienen con sus acreedores, y de nuevo pidió una prórroga. El monto puede parecer poca cosa al costado de los millonarios sobornos que repartió en el pasado, pero hoy nada se mueve en la compañía sin que antes los acreedores den su visto bueno.

‘Leo’ Pinheiro, expresidente de OAS, y el fallecido Luis Castañeda. La constructora aportó 100 mil dólares a su campaña a la alcaldía en 2014.

Este transe por fin se superó hace muy poco, a mediados de octubre de este año, cuando se firmó un compromiso para entregar en treinta días calendarios la información prometida. Es decir, a mediados de noviembre la Fiscalía peruana tendría en sus manos este acervo documental para corroborar los hechos delictivos reconocidos por OAS. Colaborará en los casos de Susana Villarán, Doleiros, Línea Amarilla (que involucra a los exalcaldes Villarán y Luis Castañeda), Hospital Lorena del Cusco, Financiamiento de Ollanta Humala y Centro de Convenciones.

Asimismo, OAS también informará sobre cómo generó activos ilegales para que su Controladoria pagara sobornos en sus operaciones en el extranjero.

Luego de que el Ministerio Público confirme que la nueva información de verdad corrobora las confesiones de la empresa, la Procuraduría ad hoc se sentará a negociar el monto de una reparación civil a favor del Estado.

OAS tiene toda la intención de acogerse al beneficio. ¿Por qué teme no hacerlo? Pues que no tiene el control absoluto sobre las pruebas de los casos que la incriminan. OAS maneja los datos de los desembolsos, pero no guarda otra información importante como el registro de las comunicaciones de sus directivos de la época.

Quienes sí tienen esta última información son los cinco exejecutivos de la compañía que también han iniciado sus propios procesos de colaboración, paralelos e independientes, y que sin duda podrían comprometer a la propia OAS si esta decidiera no acogerse al beneficio. Los cinco ya han entregado testimonios, correos electrónicos, autorizaciones y otros datos de interés para la Fiscalía. Sus procesos están mucho más avanzados que el de la constructora, pues ya se corroboró la veracidad de sus delaciones con las pruebas que han presentado.

Se espera que estos cinco acuerdos individuales se firmen entre finales de noviembre y comienzos de diciembre y estarán a cargo de un solo despacho. Pero no son los únicos relativos a OAS. También ya hay otros dos anteriores que se encuentran a cargo de otras dos oficinas del Equipo Especial. Las identidades de todos estos colaboradores están reservadas.

Cambios y frenos en la cooperación internacional

El Ministerio Público peruano ha tenido como su principal socio para la cooperación internacional a la Fiscalía de Brasil, con la que ha firmado entendimientos para que esta le otorgue las facilidades para practicar interrogatorios, solicitudes de información y otras diligencias que tienen relación con ese país. Si bien la mayoría de las revelaciones provienen de ese hub del Lava Jato —por ser el país de origen de las compañías implicadas—, también se ha coordinado antes con Suiza, Estados Unidos, Israel, Uruguay, Andorra y Panamá.

Mientras estuvo vigente la Fuerza de Tarea Lava Jato en Brasil —Forca Tarefa, grupo de trabajo especializado de la Procuraduría General de esa nación— las comunicaciones eran muy fluidas con el grupo peruano. Ambos equipos coordinaban de manera directa y los brasileños estaban muy dispuestos a la colaboración —principalmente a través del procurador Orlando Martello—, pues conocían los esquemas de lavado, las complejidades de las delaciones premiadas e incluso los detalles y urgencias de los casos de Perú. Esto permitía que ambos equipos pudieran cuadrar agendas y programar de manera expeditiva nuevas diligencias, previa aprobación de sus respectivas unidades de cooperación internacional. A partir del 1 de febrero de 2021, fecha en que la Forca Tarefa fue desactivada, las cosas cambiaron.

Hoy existe una burocracia que pone muchos más requerimientos a la Fiscalía peruana, además de que se sumaron las limitaciones sanitarias por la emergencia del Covid-19. Todas las solicitudes del Equipo Especial peruano deben ser remitidas a Brasilia, donde se centralizan, para que luego sean enviadas y acogidas por fiscales designados o de turno, que no conocen de antemano los casos peruanos. Este nuevo flujo de trámites ha propiciado, por ejemplo, que demoren las notificaciones o que no puedan agendarse interrogatorios presenciales a los ejecutivos de Odebrecht.

Ollanta Humala será el primero de los expresidentes peruanos en afrontar un juicio oral por el caso Lava Jato. Foto: Andina.

Por esto, la mayor expectativa del Equipo Especial en este momento es que las coordinaciones burocráticas y los retrasos no afecten la presencia de Marcelo Bahia Odebrecht, expresidente de Odebrecht, y de Jorge Barata, exsuperintendente de la empresa en Perú, en el próximo juicio oral del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Su falta de comparecencia generaría la revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz.

Los testimonios de ambos están programados para el 7 y 8 de noviembre próximos, fechas en que los exejecutivos deberán ratificar sus acusaciones contra los procesados. La audiencia marcará un hito para todos los demás casos del Lava Jato local, pues la aceptación de los pagos hechos a Humala y Heredia en la campaña electoral de 2011 también implicarán, de manera intrínseca, el reconocimiento de más aportes efectuados a más candidatos, como Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, entre otros políticos que protagonizaron esta trama de pagos ocultos.