La empresa peruana Upacá, considerada por directivos de Camargo Correa en Perú como un medio para financiar a Alan García cuando este era candidato presidencial en 2006, figura en anotaciones sobre “capilés” (abonos irregulares o coimas) relacionadas al tramo 4 de la Interoceánica Sur, según correos electrónicos y documentos desconocidos hasta ahora y a los cuales Convoca.pe tuvo acceso como parte del proyecto colaborativo ‘Investiga Lava Jato’.

Se trata de material incautado a ex ejecutivos de la constructora brasileña durante la operación Castillo de Arena, realizada en Sao Paulo en 2009, y que forma parte del expediente judicial que posteriormente fue archivado por la justicia brasileña por asuntos formales. Cabe anotar que en aquella oportunidad no se investigaron las referencias a supuestos pagos irregulares por obras en otros países, como sí sucedió después con la operación Lava Jato.

“Los llamados ‘capilés’ son propinas pagadas a personas en aquel país [Perú]”, se lee en uno de los documentos de la Policía Federal brasileña en referencia a sobornos abonados por Camargo Correa.

En el segundo gobierno de García, el tramo 4 de la Interoceánica Sur tuvo tres adendas que ocasionaron US$ 26.8 millones en pérdidas para el Estado. Foto: Difusión

Upacá es investigada por el Equipo Especial del Ministerio Público junto a unas 30 compañías por su presunta implicancia en el “Club de la construcción”, que operaba como una organización criminal teniendo como esquema la “repartición” de adjudicaciones de obras de infraestructura vial licitadas por el Ministerio de Transportes.

Esta constructora peruana es propiedad de los hermanos Piccini Martin, familia a la cual el exmandatario García es cercano, de acuerdo con su propia versión brindada ante una comisión parlamentaria que investigó su primer gobierno. De hecho, Upacá obtuvo contratos con el Estado por 14 millones 518 mil dólares durante la primera gestión gubernamental del líder aprista.

'Propina' programada

Convoca.pe pudo comprobar que Camargo Correa programó pagos contabilizados como “capilés” —desembolsos paralelos— a favor de Upacá relacionados con la obra de la carretera Interoceánica Sur Tramo IV. Como se sabe, la compañía paulista se adjudicó este proyecto en consorcio con Queiroz Galvao y Andrade Gutierrez.

El 18 de setiembre de 2006, el entonces máximo representante de Camargo Correa en el Perú, Marcos de Moura Wanderley, envió un correo electrónico a su superior jerárquico en Brasil, Carlos Fernando Namur, con el asunto: “Capilés negociación proyecto - UPK Intersur”.

“Namur, conforme a lo conversado, va en anexo el detalle de los capilés negociados por la Intersur y aprobados por los socios. Slds, Marcos. (...) Ps2.: Deberemos estar cumpliendo parte (estamos atrasados con la programación anterior)”, escribió.

E-mail incautado a ex directivo de Camargo Correa en Brasil, en 2009. El remitente representaba a la constructora brasileña en el Perú.

Como archivo adjunto, iba una hoja de cálculo titulada “Previsión de capilés” donde se repiten presuntos pagos de sobornos que la fiscalía ha identificado como destinados a Alejandro Toledo. Pero así como tiene información ya repetida, también tiene nueva.

En la parte inferior de esta hoja, se lee el título de otro cuadro de desembolsos: “Ajuste adicional de capilés: aprobación ‘baja’ de proyecto y cesión de derecho de socio para subcontratista - UPK”. Allí se agendaron —con otros dos presuntos sobornos— dos pagos para los días 10 de noviembre y 10 de diciembre de ese mismo 2006, por 33 mil 333 dólares cada uno. Los montos también aparecen relacionados a las siglas “UPK”.

"Ajuste adicional de capilés" en el que se menciona a UPK (Upacá) como subcontratista, condición que tenía en el tramo 4 de la Interoceánica Sur por un contrato privado con el consorcio Intersur, de Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutierrez.

De hecho, “UPK” es una abreviatura utilizada por la misma constructora Upacá para denominarse a sí misma. Convoca.pe pudo verificarlo, por ejemplo, al acceder a un “compromiso de formación de consorcio” del 2003 suscrito por Luis Felipe Piccini Martin, gerente general de la época, vinculado con otra obra de infraestructura en la que también tuvo como socia a la compañía paulista.

Del cuadro de capilés se desprende que los montos detallados solo corresponderían a Camargo Correa (“parte CC”). ¿Las otras compañías también agendaron “capilés”?

Tres meses antes del mensaje de Wanderley a Namur, el 26 de junio de 2006, tras la segunda vuelta electoral que ganó Alan García, Upacá firmó con el consorcio brasileño Intersur Concesiones un “contrato de construcción” hasta por el 25% del Tramo 4 de la Interoceánica Sur en calidad de subcontratista. Pero nunca llegó a ejecutar dicha parte de la obra.

Documento que demuestra que Upacá también utilizaba la denominación UPK para identicarse con sus socias constructoras.

Como se recuerda, en agosto de 2005, durante el gobierno de Alejandro Toledo, el proyecto del Tramo IV de la Interoceánica fue adjudicado al referido consorcio brasileño, pero las adendas que incrementaron los costos del proyecto fueron suscritas en la gestión presidencial de García.

En una entrega anterior de esta serie investigativa 'Castillo de Corrupción', Convoca.pe reveló cómo ejecutivos de Camargo Correa coordinaban la entrega de un aporte de campaña para la candidatura de Alan García para la segunda vuelta electoral del 2006. Marcos de Moura Wanderley comentaba que se había construido una relación con Upacá, “cuyos propietarios están extremadamente ligados al partido aprista, en especial a Alan García, como una forma de ‘entrada’ económica”.

“Que unos brasileros discutieran su interés de acercarse a un partido es su especulación. Jamás aportaron nada a mi candidatura (...)”, publicó García luego de nuestro primer informe. También expresó que en los correos presentados los ejecutivos brasileños “no concretan nada ni hablan de entrega”.

Extraño abono

El lunes 10 de julio de 2006, a las 3 de la tarde, los hermanos Eduardo, Luis Felipe y Julio Piccini Martin, miembros del directorio de Upacá, se reunían en su entonces edificio corporativo de tres plantas de la calle Manco Cápac, en Miraflores. Lo que se habría conversado en esta reunión quedó registrado en un acta de sesión de directorio.

El presidente de Upacá Eduardo Piccini Martin tomó la palabra, anunció la renuncia del gerente general Luis Felipe Piccini Delgado, su sobrino, y pasó a narrar las gestiones que este hizo, antes de dejar su cargo, con el consorcio brasileño Intersur Concesiones 

Según el documento societario, que fue inscrito en registros públicos un año después, Upacá se comprometió con Intersur a suscribir el referido “contrato de construcción” en relación al tramo 4 de la Interoceánica Sur. El compromiso se materializó y el contrato se suscribió el 26 de junio de 2006. Sin embargo, el acta señala que la empresa peruana no pudo conseguir el financiamiento necesario para iniciar las obras.

Sesión de directorio by on Scribd

De acuerdo con el mismo registro, para evitar que Intersur inicie acciones legales ante el inminente incumplimiento de Upacá, se propuso que se firmara un “contrato de transacción” con el consorcio brasileño de manera que este le entregara a Upacá un monto no menor a 357 mil dólares.

En este escenario, Upacá debería cederle su posición de subcontratista al Consorcio Constructor Tramo 4, conformado por las mismas brasileñas Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao, que terminaron así construyendo ellas mismas el 100% de la obra vial. El directorio de la empresa peruana acordó que los encargados de la firma de la transacción con Intersur serían los directores Eduardo Piccini Martin y Luis Felipe Piccini Martin.

¿Por qué Intersur pagaría a Upacá un monto no menor a 357 mil dólares si la compañía de los Piccini sería la responsable de que no se pudiera continuar con el contrato?

Federico Begazo Isla, asesor legal de la compañía peruana, aseguró que su representada si bien no ejecutó obras sí hizo perfiles técnicos previos que justificarían la suscripción de la transacción de 357 mil dólares a su favor. Además, rechazó que hubiese podido existir una simulación de contrato o algún pago irregular, pues, en ese periodo, explicó, la empresa atravesaba un procedimiento concursal, era manejada por sus acreedores y debía rendir cuentas de todas sus operaciones a un “controller” financiero que supervisaba su reestructuración.

US$ 50 mil en tres cuotas

A comienzos del 2006, Camargo Correa creía que Lourdes Flores, candidata presidencial de la coalición Unidad Nacional, pasaría a la segunda vuelta y ganaría la elección. De hecho, como se difundió en el semanario Hildebrandt en sus trece, sus ejecutivos plantearon un aporte de campaña de 100 mil dólares a favor de su postulación.

Sin embargo, el resultado de la primera vuelta del 9 de abril sorprendió a los brasileños. García había superado por poco más de 70 mil votos a Flores y la dejó fuera de competencia. El nuevo escenario preocupó a Marcos Wanderley, que recomendó realizar pronto un aporte a la candidatura del líder aprista.

“Durante la campaña no dimos ninguna contribución y esto de cierta forma nos ‘quemó’ en los círculos más íntimos del Apra”, reconoció en un correo electrónico enviado el 1 de mayo de 2006 a Carlos Fernando Namur, director de infraestructura internacional en Brasil. Faltaba un mes para la elección definitiva. “Creo que tenemos que revertir esta situación”.

Alan García y Marcos de Moura en Palacio de Gobierno, cuando el primero era presidente y el segundo, representante de Camargo Correa en el país. Foto: Agencia Andina

¿Cómo Camargo Correa pretendía acercarse a Alan García? A través de Constructora Upacá, su “socia”, una compañía peruana con la que antes había formado el Consorcio Chiclayo para ejecutar las obras de la carretera Chiclayo-Chongoyape, licitación que ganaron juntas en setiembre de 2004. Wanderley hablaba de la compañía peruana como un intermediario para llegar a García, como hemos comprobado en un reportaje anterior.

“Recuerda que construimos una relación con Upacá durante más de cinco años, y los mismos son íntimos de Alan (el padre de Luis)”, también confió Wanderley en su mensaje.

Los datos contenidos en los correos apuntan a que Luis Felipe Piccini Delgado, entonces gerente general de la compañía peruana, era quien coordinaba con los brasileños. Este empresario es hijo de Luis Felipe Piccini Martin, quien en esos días aún se desempeñaba como director de Upacá junto a sus hermanos Eduardo y Julio Piccini Martin. En el pasado, García había reconocido con los Piccini Martin una “amistad de mucho tiempo antes” frente a una comisión parlamentaria.

Los Piccini estuvieron a cargo de Upacá, compañía con 53 años de fundación, la cual está bajo investigación por el caso 'Club de la construcción'. Foto: Upacá

Aunque en esos precisos correos no se menciona un monto concreto, notas provenientes de pendrives incautados en la residencia de Pietro Giavina Bianchi, exdirector de Camargo Correa y encargado de la contabilidad paralela, refieren a una suma de 50 mil dólares relacionada a las palabras García y campaña: “INT. GIP. Perú. Político. García. 50.000. Campaña [un visto]”. Pero eso no es lo nuevo.

Hoy publicamos el folio siguiente en el que aparecen manuscritos con detalles del fraccionamiento de estos 50 mil dólares en cuotas y fechas.

Los primeros 10 mil dólares aparecen relacionados a la fecha “22/12/05”, que coincide con la fase inicial de la campaña electoral. Aunque Wanderley durante la segunda vuelta había señalado que no se había concretado “ninguna contribución” a favor de la candidatura de García, también le advertía a su superior Carlos Fernando Namur: “[Te] recuerdo que la contribución pasada no tiene nada que ver con esta”. Así, según el ejecutivo, existió un apoyo anterior que ya en esos días no se consideraba efectivo.

Los siguientes 15 mil dólares se agendaron para la fecha “26.05.06”, después de los correos de coordinación del presunto aporte y una semana antes de la segunda vuelta. Hasta entonces, ya se había contado la mitad del dinero apuntado.

“Faltan 25.000 en 25/07/6 [sic]”, sigue el manuscrito. Como es evidente, apunta a una fecha posterior a las elecciones de ese año, tres días antes de la toma de mando y ya fuera de campaña.

En círculo rojo, detalle de presuntos pagos indebidos relacionados al Perú. Este documento pasó inadvertido para las autoridades brasileñas.

Por otro lado, en todos los apuntes relacionados a los pagos paralelos, los ejecutivos de Camargo Correa asignaban códigos que aluden a su destino.

En la anotación referida al apellido García aparece el código INT, que haría referencia a la contabilidad del proyecto Intersur (Tramo 4 de la Interoceánica Sur), que Camargo Correa continuó operando en consorcio con Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao durante el último gobierno del líder aprista, periodo en el cual la Contraloría detectó que el Estado perdió 26 millones 857 mil 452 dólares con las tres últimas adendas del proyecto, aprobadas en mayo y agosto de 2009 y en marzo de 2011.

De hecho, la referida anotación fue hecha en la misma hoja que contiene otros apuntes vinculados a pagos por la misma carretera junto al apellido Toledo, ya conocidos por la fiscalía peruana.

En el apunte sobre “García” también hay otra sigla: GIP. La misma abreviatura se repite en otros documentos para montos en dólares agendados para 2006, 2007 y 2008, a veces sin un concepto, a veces al lado del seudónimo “nervoso [nervioso]”.

Una de las sedes de Camargo Correa en Brasil. Foto: Difusión

Silencios

Intentamos comunicarnos con Alan García a través de su abogado Genaro Vélez, quien nos comentó que el expresidente por el momento no declararía.

Jorge Paredes, abogado de Camargo Correa, señaló que la posición de la compañía respecto a la información contenida en estos documentos era la misma que ya había aclarado antes a este medio para otros informes. Es decir, su patrocinada no reconoce ninguna de las evidencias incautadas en la operación Castillo de Arena porque la máxima instancia de la justicia brasileña las declaró “pruebas prohibidas”.

También nos comunicamos con el abogado de Marcos Wanderley, Fernando Silva, a quien le enviamos preguntas vía correo electrónico para que sean contestadas por su cliente. Solo señaló que su patrocinado tampoco reconocía los correos, que ha concurrido a las tomas de declaraciones y que está "a disposición de la Fiscalía para cuando esta lo determine".

Dirigimos un cuestionario a Juan Carlos Salcedo, actual gerente general de Intersur Concesiones, para conocer más sobre el compromiso y los contratos de construcción y transacción que el consorcio firmó con Upacá. Hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

Alan García y su exministro Enrique Cornejo, ambos investigados por el Ministerio Público, durante una actividad pública en el tramo 4 de la Interoceánica Sur.

Buscamos la versión de Luis Felipe Piccini Delgado, gerente general de Upacá cuando esta firmó el contrato de construcción en una época en la que la compañía no tenía respaldo financiero y que, sin embargo, devino en una transacción a su favor. Dejamos recados y correos, pero no conseguimos ubicarlo.

También solicitamos una entrevista con los hermanos Eduardo y Luis Felipe Piccini Martin, directores de Upacá que entonces tenían el rol de firmar dicha transacción. En la empresa no hubo respuesta del primero. El segundo no podría declarar por motivos médicos.

Además enviamos una solicitud de entrevista con algún representante de la sucursal en Lima de Queiroz Galvao. Tampoco contestaron.

Varios ex funcionarios de la gestión de Alan García purgan prisión preventiva por el caso Lava Jato. Foto: Difusión

Camargo Correa intenta invalidar en los tribunales peruanos las evidencias incautadas por la Policía Federal brasileña durante la operación Castillo de Arena, entre las que se encuentran algunas presentadas en esta entrega periodística. La compañía paulista espera que corran la misma suerte que en Brasil, donde fueron declaradas “pruebas prohibidas” por haber partido de una denuncia anónima.

En junio del año pasado, los pedidos de las defensas de la constructora y de su exdirectivo Marcos de Moura Wanderley llegaron al juez Richard Concepción Carhuancho, quien los derivó a otro órgano de justicia. Así, el Primer Juzgado Anticorrupción Nacional es el que hoy tiene en sus manos el destino de la otra gran caja negra del escándalo Lava Jato.