Fiscalía sigue rastro de funcionarios que gastaron S/4,4 millones en carretera que termina en fundo privado en San Martín 

La inversión estatal de más de 4,4 millones de soles (más de un millón de dólares*) en la construcción de una carretera que concluye en una propiedad privada en la provincia de Tocache, en San Martín, ha originado una investigación del Ministerio Público para identificar a los funcionarios responsables de la contratación. La obra se está ejecutando con el argumento de que beneficiará a numerosos agricultores de la zona, pero solo está favoreciendo a unos pocos. Y como aún no ha sido terminada, podría costar aún más cara.

La Fiscalía ya ha identificado a uno de los exfuncionarios involucrados que trabajaron en el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), un organismo adscrito al Gobierno Regional de San Martín, a quien le atribuye el presunto delito de falsedad genérica y omisión de actos funcionales en agravio de dicha entidad.

Las indagaciones continúan para ubicar a otros servidores públicos implicados en el diseño y ejecución de esta obra y que forman parte de una cadena de mando que llegaría hasta el médico y exgobernador regional de San Martín Pedro Bogarín, según la tesis de la Procuraduría del Gobierno Regional. El exfuncionario es investigado por haber liderado una organización criminal cuando dirigía la región, entre 2019 y 2022.

La obra, que ha sido nombrada "Mejoramiento del camino vecinal SM-925, tramo: Emp. Pe-5N-Nuevo Horizonte y Bolívar del distrito de Pólvora - provincia de Tocache - departamento de San Martín", se inició el 5 de abril de 2022. Según el contrato firmado con el Consorcio Constructores II el 28 de febrero de 2022, los trabajos debían durar 120 días, pero ha pasado más de un año y esta vía aún no ha sido terminada. Esto se debe a los incumplimientos de las empresas que conforman esta agrupación comercial: Clasill Contratistas Generales y García Vargas Ingenieros Constructores S.R.L. 

Fundo privado donde termina la carretera que le ha costado más de 4 millones de soles al Proyecto Huallaga Central y Bajo Mayo. Foto: Hugo Anteparra

A los cuestionamientos de por qué la carretera termina en un fundo privado, se suman demoras injustificadas de los trabajos, ampliaciones de plazo sin sustento, la no aplicación de penalidades, la presencia de una empresa impedida de trabajar con el Estado hasta el año 2025 por presentar documentos falsos y el deterioro de los trabajos ejecutados. Con el inicio de una nueva gestión en el Gobierno Regional están saliendo a la luz las diversas irregularidades sobre esta obra.

Convoca.pe siguió el rastro de los funcionarios públicos y de las compañías involucradas en la construcción de esta carretera, marcada por presuntos actos de corrupción. En este segundo reportaje de la serie Sombras de la reconstrucción, que forma parte del proyecto Periodistas en Red, revelamos el mal manejo de los fondos públicos, con el fin promover la vigilancia ciudadana y la transparencia en las organizaciones del Estado.

Los verdaderos beneficiarios

En enero de 2020, el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo comenzó a elaborar el expediente técnico para mejorar una trocha carrozable en mal estado con el fin de facilitar el transporte de los residentes y de la producción agrícola de las localidades de Nuevo Horizonte y Bolívar, así como de otros centros cercanos, hacia los mercados locales, distritales y regionales. Por razones de “replanteo de ingeniería”, este documento se terminó más de un año después, en junio de 2021.

El expediente técnico tiene como base un estudio de preinversión que nació “por iniciativa de la población organizada”, según señala el documento al que accedió este medio, el cual también precisa que el número de beneficiarios de este proyecto es de 13.630 personas.

La construcción de la vía se inició en el kilómetro 596 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, tramo sur. La obra comienza en el centro poblado Nuevo Horizonte, en el kilómetro 0, y culmina en la localidad de Bolívar, a la altura del kilómetro 3.4. Convoca.pe recorrió los 3 kilómetros 392 metros de esta carretera y confirmó que termina apenas a cuatro metros del portón de fierro de una parcela agrícola donde solo encontramos al personal que labora en unas plantaciones de cacao.

El principal beneficiario de esta obra es justamente este fundo donde finaliza la carretera, que está inscrito a nombre de Jacoba Arévalo Chávez en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Tras el fallecimiento de la propietaria, el predio fue heredado por su hija Termy Pérez Arévalo, quien está casada con el médico Carlos Mendívil Jáuregui.

De esta propiedad salen trimóviles y furgonetas que transportan la producción de cacao, según contó a este medio el agente municipal de Bolívar Jhony Juárez Medina. “Más allá de estos predios, no hay más terrenos agrícolas, pues a 700 metros se encuentra el río Huallaga”, informó.

Otro gran beneficiario del mejoramiento de esta vía es el Grupo Palmas, que pertenece al Grupo Romero, uno de los principales conglomerados empresariales del Perú. Uno de sus cuatro centros de operaciones, Palmawasi, está ubicado a la mitad de esta carretera, en el Km 1,7, donde opera Palmas del Espino S.A. e Industrias del Espino S.A., productora y procesadora de palma aceitera, respectivamente.

Palmas del Espino S. A. e Industrias del Espino S. A. son las dos empresas del Grupo Romero que usan la nueva carretera para el paso de sus vehículos con cargas de más de 60 toneladas. Foto: Hugo Anteparra

Los habitantes de Nuevo Horizonte se dedican al comercio y a la agricultura. A una distancia de 1.500 metros se encuentra la localidad de Bolívar, cuyos residentes salen temprano a trabajar en sus plantaciones de cacao. En este último caserío viven 64 familias, según un estudio demográfico realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei) en 2017. 

Los residentes de Nuevo Horizonte y Bolívar se desplazan en bicicleta, motocicletas y trimóviles. Transportan la mayoría de sus productos, especialmente el cacao, en furgones. Aquellos que no tienen un vehículo deben pagar tres soles a los mototaxistas para movilizarse entre ambas localidades. 

No se observa un gran flujo vehícular en la zona. De acuerdo con el estudio de tráfico incluido en el expediente técnico de la carretera, el mayor volumen de vehículos se registra los viernes, con 121 al día. En el documento también estiman la circulación de un promedio de 167 vehículos diarios dentro de los próximos diez años.

"Esta carretera es transitada por camionetas o automóviles y sólo pasan camiones cisternas que se dirigen a Palmawasi, la empresa del Grupo Romero", dijo un habitante de Bolívar, que prefirió no identificarse.

El agente municipal de Bolívar Jhony Juárez Medina manifestó a este medio su preocupación porque la carretera no tendrá una larga duración, ya que el espesor del pavimento es delgado y fue construido para soportar un peso máximo de 30 toneladas. Los camiones cisterna que ingresan y salen de la planta del Grupo Romero superan las 60 toneladas de peso.

"Nosotros, los residentes de Bolívar, producimos cacao y, en cada cosecha, transportamos entre dos mil y tres mil kilos en furgonetas", explicó Juárez. 

Convoca.pe corroboró que, cerca a la planta del Grupo Romero, se observa el deterioro de la capa asfáltica de la carretera, debido al colapso de una alcantarilla. 

Exceso de peso de vehículos habría causado daños a carretera que aún no ha sido concluída. Foto: Hugo Anteparra.

Red de responsabilidades

Con el cambio de gestión en el Gobierno Regional de San Martín, este año se conoció que esta carretera terminaba en un fundo privado. Ante el escándalo, el 27 de febrero de 2023, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarapoto, a cargo del fiscal José Santos Gomero, inició de oficio una investigación preliminar.

Como el fiscal de la provincia de Tarapoto realiza una investigación sobre una obra ubicada en la provincia de Tocache y la dirección real de algunos involucrados está en varias ciudades del país, declaró compleja la investigación preliminar de 60 días.

El 13 de abril último, la fiscal adjunta provincial Cinthya Armas, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tocache, verificó que “este camino tiene una extensión aproximada de 3,44 kilómetros, termina en el ingreso de una vivienda (predio rústico), con un muro de concreto en construcción con rejas, color blanco”, según figura en la carpeta fiscal. En esta diligencia, el teniente gobernador Roger Saavedra afirmó que la propietaria es la mencionada Termy Pérez Arévalo.

Este medio buscó la versión de Termy Pérez, llamando al celular de su empresa Misky Sonko, ubicada en Tocache. Nos contestó una mujer que se comprometió a trasmitirle nuestro pedido de entrevista. Hasta el cierre de esta edición, la empresaria no devolvió la llamada.

Charly Pintado, exdirector de obras del Proyecto Huallaga Central y Bajo Mayo, es investigado por la Fiscalía, debido a la construcción de la carretera que termina en una propiedad privada. Foto: Facebook

El único investigado por la Fiscalía que ha sido identificado es el ingeniero Charly Pintado Altamirano, ex director de obras del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, por el delito de falsedad genérica y omisión de actos funcionales en agravio de esa unidad adscrita al Gobierno Regional de San Martín.

“No estuve durante la formulación de ese proyecto. Desconozco quiénes aprobaron este proyecto. En el Proyecto Huallaga asumí, recién, en junio del año pasado, cuando ya estaba en ejecución”, dijo Charly Pintado a Convoca.pe. Sin embargo, no explicó por qué siguió adelante con esta obra, a pesar de todas las irregularidades.

Pintado fue director de la Dirección de Obras del 21 de julio de 2022 a diciembre de 2022, según su Declaración Jurada de Intereses presentada el año pasado a la Contraloría. Su predecesor fue el ingeniero Dany Martín Ríos Sajami, quien ocupó este puesto del 4 de enero de 2021 hasta julio de 2022, cuando se elaboró el expediente técnico de la carretera y se firmó el contrato con la empresa constructora. Pintado y Ríos trabajaron juntos en el Proyecto Especial Alto Mayo, en 2019.

Antes de ejercer este cargo, Pintado trabajó como administrador de contratos del Proyecto Especial Alto Mayo, también adscrito al Gobierno Regional de San Martín, del 2017 al 2020. De enero a septiembre de 2021 laboró en la Municipalidad Distrital de Alonso de Alvarado. Y,de octubre de 2021 a abril de 2022, fue especialista en administración de contratos del Programa Nacional de Saneamiento Rural. 

Pintado figura en tres informes de la Contraloría General de la República: uno como funcionario de la Municipalidad de Alonso de Alvarado y dos por su paso por el Proyecto Alto Mayo.

En el primer informe, el organismo de control revisó el accionar de Pintado cuando trabajaba, en 2021, en el mencionado municipio, donde fue presidente del Comité de Recepción de una obra de mejoramiento del sistema de agua potable y de creación del sistema de alcantarillado en San Juan de Pacayzapa y Santa Clara. La Contraloría le atribuye una presunta responsabilidad penal porque dio conformidad, junto con otros funcionarios, al pago por trabajos no ejecutados y no advirtió la existencia de tuberías expuestas ni la falta de funcionamiento del sistema de desagüe. Esto, estima el organismo de control, ocasionó un perjuicio económico al Estado de 170 mil 769 soles.

Estas acciones de Pintado y la de sus colegas favorecieron al Consorcio Green (conformado por Constructora Green SAC y D & G Ingenieros Asociados SCRL) y al Consorcio Supervisor San Juan (integrado por Ávila Guillén EIRL y Nixon Franklin Odicio Asayac).

Por esta obra, las empresas del Consorcio Green fueron sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado con el impedimento para contratar con el sector público por un período de entre siete y nueve meses, al haber presentado información inexacta como parte de su oferta.

Por su parte, Nixon Franklin Odicio Asayac, miembro del Consorcio Supervisor San Juan, tiene su propio historial de castigos y escándalos. Fue sancionado en tres ocasiones e impedido de contratar con el Estado por haber presentado documentación falsa o inexacta y haber ocasionado que la entidad resolviera el contrato. La sanción más reciente fue del 30 de marzo al 30 de octubre de 2021, en una obra de saneamiento del Gobierno Regional de Moquegua, por la causal de incumplimiento de sus obligaciones, al haber llegado a acumular el monto máximo de otras penalidades pactadas en el citado contrato.

Además, la Contraloría le atribuye a Charly Pintado responsabilidad civil y administrativa por haber aprobado, en 2019, cuando prestó servicios para el Proyecto Alto Mayo, la ampliación de plazo sin sustento técnico en las obras de mejoramiento de la Institución Educativa 860, del Centro Poblado de Playa Hermosa, y en la Institución Educativa 800, de El Cóndor, ambas en el distrito de Moyobamba. Estas acciones ocasionaron un perjuicio al Estado, al no aplicar las penalidades por incumplimiento de contrato, pues dejó de recibir S/ 192 mil 391 y de S/ 250 mil 797, respectivamente.

Junto con Pintado, también figura con responsabilidad civil y administrativa en estos informes de la Contraloría sobre los dos colegios el ingeniero Dany Martín Ríos Sajami, quien ocupaba el cargo de director de la Dirección de Infraestructura del Proyecto Especial Alto Mayo.

Funcionarios citados

Con el fin de identificar a las personas que dispusieron y tomaron acciones para que el camino vecinal rehabilitado con recursos públicos termine en un predio privado, el fiscal José Santos Gomero considera importante obtener la versión de los profesionales que elaboraron el expediente técnico de la vía Nuevo Horizonte-Bolívar. Este documento fue firmado por los ingenieros Deisy Liz Carmona Díaz y Gunther Delgado Alva, pero fue evaluado y aprobado por otros funcionarios.

Por ello, el fiscal dispuso que, del 22 al 23 de mayo próximos, se tome la declaración de siete ingenieros, bajo apercibimiento de conducción compulsiva: Deisy Liz Carmona Díaz (quien fue especialista en elaboración de estudios de inversión), Elar Ismael Caballero Flores (formulador y evaluador en la especialidad de infraestructura vial), Fredy Ricardo Mendoza Santa María (formulador y evaluador en la especialidad de estructuras) y Gunther Delgado Alva (formulador y evaluador en la especialidad de costos y cálculos).

Extracto del expediente técnico de la carretera Nuevo Horizonte-Bolívar, elaborado y firmado por los ingenieros Deisy Carmona Díaz y Gunther Delgado Alva, quienes han sido citados por la Fiscalía.

Los otros ingenieros citados son Danilo Dias Baca (formulador y evaluador en la especialidad de hidrología e hidráulica), Edwar Alberto Gonzales Díaz (formulador y evaluador en la especialidad de suelos, pavimentos y concretos), Jessica Paola Mestanza Bartra (formulador y evaluador en proyectos de inversión) y Alan Guillermo Gallo Alvares (formulador y evaluador en la especialidad de evaluador de riesgo. 

Además, por segunda vez, la Fiscalía ordenó tomar la declaración testimonial de Carlos Mendívil Jáuregui y de su esposa Termy Pérez Arévalo, dueños del predio donde termina el camino vecinal, también bajo apercibimiento de conducción compulsiva. La diligencia está programada para el próximo 2 de junio.

Hacer clic en cada foto para conocer qué cargo ocupan estos funcionarios.

El Ministerio Público también incluyó la declaración testimonial de la representante legal de la empresa Conamteci Oriente EIRL, Marilyn Hidalgo Barbarán, y del ingeniero Carlos López Loja y la socióloga Flore Jessenia Lluen Sánchez.

Aunque el expediente técnico de la obra fue aprobado por el entonces gerente general del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo Juan Manuel Oliveira Arévalo, a través de una resolución gerencial emitida el 9 de junio de 2021, este funcionario no figura entre los citados por la Fiscalía. 

Extracto de la resolución gerencial que aprueba el expediente técnico de la carretera que termina en un fundo privado. Ex gerente general Juan Oliveira aún no ha sido citado por la Fiscalía.

Oliveira aparece en dos informes de la Contraloría, que le atribuye reponsabilidad administrativa por irregularidades cometidas cuando trabajaba en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y en la Municipalidad Provincial de San Martín, que causaron perjuicio económico al Estado por 605 mil 847,66 soles y 102 mil 120,05 soles, respectivamente.

Además, Oliveira fue sancionado por la Contraloría con dos años de inhabilitación para ejercer la función pública por irregularidades cometidas cuando, en 2012, fue administrador de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Martín, las cuales causaron un perjuicio al Estado de 30 mil 893,00 soles.

Tampoco han sido citados por la Fiscalía los funcionarios del Proyecto Huallaga Central y Bajo Mayo Mónica Fernández Vásquez, encargada de la Unidad Formuladora (UF), y Carlos Meléndez Amacifuen, responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI).

Funcionarios que figuran en documentos oficiales sobre la elaboración del proyecto de la carretera Nuevo Horizonte-Bolívar aún no han sido citados por la Fiscalía.

Vínculos con Bogarín

El procurador público regional Elidelgio Mori Trigozo confirmó a Convoca.pe que el exgobernador Pedro Bogarín tiene lazos familiares con Termy Pérez Arévalo, quien heredó el fundo donde culmina la carretera que es investigada por el Ministerio Público. Sin embargo, no precisó cuál es el vinculo que los une.

Además, Mori informó que el Gobierno Regional destituyó al director de Obras del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Charly Pintado, y a dos exfuncionarios, pues considera que tenían conocimiento de los actos irregulares en la planificación y ejecución del proyecto.

"Bogarín tenía conocimiento de esta carretera. También se han identificado a los responsables de la empresa contratista, la supervisión y la buena pro, ya que sabían que esta obra terminaba en una propiedad privada. Por esta razón, hemos presentado una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de San Martín", afirmó el procurador.

Este medio se comunicó con Jhon Tafur Puerta, abogado de Pedro Bogarín, para solicitar la versión del expresidente regional sobre las acusaciones de la Procuraduría y sus presuntos vínculos con la propietaria del fundo donde termina la carretera. Su asesor legal nos dijo que no tenía autorización para brindarnos su número telefónico.

Pedro Bogarín fue detenido el 21 diciembre de 2022, junto con su hijo y otros funcionarios, acusado de liderar una organización criminal que favoreció con más de 300 millones de soles a empresas en las licitaciones públicas en el Gobierno Regional de San Martín, a cambio del pago de coimas. El 21 de febrero de este año, el Poder Judicial revocó los 24 meses de prisión preventiva y dispuso que sea investigado en libertad.

Pedro Bogarín fue detenido en diciembre de 2022, cuando era gobernador regional de San Martín, pero fue liberado en febrero pasado. La Fiscalía Anticorrupción lo investiga por liderar una organización criminal Foto: Ministerio Público

Los representantes de la empresa Conamteci Oriente EIRL también están siendo convocados a declarar ante el fiscal Santos para que expliquen por qué no advirtieron que la carretera terminaba en una propiedad privada. Ellos fueron los responsables de los estudios antropológicos y sociológicos para difundir el proyecto entre los residentes de la zona y las autoridades. 

La representante legal de Conamteci Oriente es Marilyn Hidalgo Barbarán, quien hasta 2020 fue servidora pública nombrada por el Gobierno Regional de San Martín. Entre 2020 y 2021, ha brindado servicios de consultoría a dicha entidad, según lo evidencian sus órdenes de servicio.

El decano del Colegio de Ingenieros de San Martín, Juan José Flores, recordó que la construcción de una carretera tiene como objetivo cerrar brechas entre centros de producción y unir comunidades. Advirtió que, si la vía termina en una propiedad privada, esto revelaría que se han manipulado datos, lo cual podría tener implicancias legales. 

Para el exdecano de mismo colegio profesional Víctor Manuel Arévalo Ruiz, resulta cuestionable que el expediente técnico indique que la carretera tiene como objetivo unir las localidades de Nuevo Horizonte y Bolívar, pero que termine frente a una propiedad privada. Por ello, recomendó que la Contraloría revise el expediente y las condiciones en las que se realizó el perfil para obtener el presupuesto de la obra.

La sede de la empresa Clasill Contratistas Generales, en Tarapoto, está vacía, desde hace varios meses. La constructora está inhabilitada para contratar con el Estado hasta 2025. Foto: Hugo Anteparra

Empresas con problemas

El 28 de febrero de 2022, el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo firmó un contrato con el Consorcio Constructores II, conformado por las empresas Clasill Contratistas Generales S.A.C. y García Vargas Ingenieros Constructores S.R.L. 

Ese mismo año, el Órgano Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) sancionó a la empresa Clasill Contratistas Generales SAC con una inhabilitación de 37 meses, del 25 de noviembre de 2022 al 25 de diciembre de 2025, por presentar constancias de trabajo falsas en un proceso de selección para ejecutar una obra con la Municipalidad Provincial de San Martín. 

Convoca.pe llegó hasta la sede de Clasill Contratistas Generales, ubicada en el jirón Uruguay 118, en Tarapoto, dirección que figura en el contrato suscrito con el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo. Además, es su dirección fiscal registrada por Sunat. Pero, ahora, el local está vacío. Los vecinos dijeron que durante la pandemia del Covid-19 fue cerrado. En otra dirección que registra como establecimiento anexo ante las autoridades tributarias, que es el jirón Raymondi 428, constatamos que funciona una juguería y nadie sabe sobre esta empresa.

Roger Antonio Silva Peche es el representante legal del Consorcio Constructores II y de Clasill Contratistas Generales. Desde 2020, esta persona tiene una inhabilitación permanente del Poder Judicial para prestar servicios al Estado, por condenas penales por delitos contra la administración pública, según el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). 

Silva fue procesado por el delito de asociación ilícita para delinquir por el caso "Consorcio UNI Serviuni" tras una investigación iniciada en 2016 por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Entre 2012 y 2015, la Universidad Nacional de Ingeniería, a través del Consorcio UNI Serviuni S.A.C., suscribió 31 convenios irregulares con gobiernos regionales y municipalidades, para ejecutar proyectos por 245 millones 400 mil 366 de soles. Como no tenía capacidad técnica y operativa, contrataba directamente a empresas privadas que no cumplían los requisitos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado.

El otro miembro del Consorcio Constructores II, la empresa García Vargas Ingenieros Constructores S.R.L, estuvo impedida de contratar con el Estado entre el 27 de agosto de 2018 y el 27 de diciembre de 20121. Cuando era parte del consorcio Sarmul, fue sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar información falsa ante la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho y el Registro Nacional de Proveedores. Además, del 24 de mayo de 2010 al 23 de mayo de 2011, también estuvo inhabilitada por no suscribir un contrato con Provías Descentralizado.

El representante del Consorcio Constructores II, que hace la carretera en Tocache, es Roger Silva Peche (Primero de la izquierda), exfuncionario sancionado por Servir. Su empresa Clasill Contratista Generales también está sancionada. Foto: Facebook

Más de un año de espera

Aunque el contrato firmado con el Consorcio Constructores II es por 3 millones 882 mil 548 soles, el costo actualizado de la obra asciende a 4 millones 402 mil 952 soles, debido a modificaciones en la fase de ejecución, de acuerdo con la información que figura en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los trabajos no solo incluyen la pavimentación del camino vecinal sino también la construcción de obras de drenaje, como un puente, badenes, cunetas y alcantarillas, y la instalación de señales de tránsito. Cuando la carretera esté terminada, será entregada a la Municipalidad Distrital de Pólvora, que se encargará de su operación y mantenimiento.

La obra se inició el 5 de abril de 2022 pero, “Por la falta de libre disponibilidad de canteras”, estuvo paralizada del 8 de junio al 11 de agosto de ese año, según lo reportado a este ministerio. Para octubre del año pasado, cuando debía estar terminada, recién tenía un avance físico del 63%.

Actualmente, el avance en la ejecución de la obra es de 76%, hasta el 13 de abril último, según los datos abiertos del MEF. Tras la verificación de trabajos pendientes en campo, el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo solicitó un pronunciamiento al supervisor respecto a lo solicitado al contratista a través de una carta notarial, con apercibimiento de la resolución del contrato por incumplimiento.

El  gerente del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Teddy Castillo Díaz, informó que encontraron numerosas deficiencias en la obra, pero no dio mayores detalles y dijo que están esperando el informe de la supervisión antes de considerar qué acciones tomarán. “Si se determina que la obra no cumple con los estándares técnicos, no podrá ser recibida”, advirtió. 

Castillo dijo que desconocía si los terrenos donde termina la carretera son propiedad de algún familiar del exgobernador Pedro Bogarín. Resaltó que personal de su institución le informó que el arco y el portón del fundo fueron retirados para que la carretera llegue hasta el río Huallaga, según el proyecto. Convoca.pe verificó que sólo se cambió el tamaño del muro y de las rejas del portón. A pesar de eso, la vía sigue finalizando en una propiedad privada.

(*) Periodistas en Red es un proyecto colaborativo que lidera Convoca.pe, en alianza con el diario La República y reporteros independientes de diversas regiones del país.

(**) Tipo de cambio del dólar, según el Banco Central de Reserva del Perú, al 4 de mayo de 2023.