Sedapal, la empresa pública de agua y saneamiento de Lima, encargó una importante y millonaria obra de reparación en San Juan de Lurigancho a un consorcio constructor formado por dos compañías y una persona que registran sanciones e inhabilitaciones por incumplimientos de contratos con el Estado. Incluso, uno de los consorciados es actualmente investigado por el Ministerio Público por su presunta vinculación con una organización criminal.

Se trata del Consorcio San Juan, conformado por Ingeniería Medioambiente & Construcción SAC, con participación mayoritaria; J.P.C. Ingenieros SAC, que cuenta con el 38%; y el ingeniero Nixon Franklin Odicio Asayac, consorciado minoritario con el 5%.

Las dos primeras empresas registran penalidades por parte de instituciones públicas con las que tuvieron contratos anteriores. 

Esta vez, la obra con Sedapal pudo ser adjudicada "a dedo" gracias a la declaratoria de emergencia del distrito de San Juan Lurigancho en 2019, deccretada por el entonces presidente Martín Vizcarra, por el colapso de su sistema de desagüe. La declaratoria buscaba ejecutar acciones inmediatas para reducir el riesgo latente de aniegos con aguas servidas en la localidad más populosa del país.

La situación de emergencia en SJL permitió que Sedapal pueda adjudicar millonarios proyectos de forma directa. Foto: Sedapal

El burocrático nombre de la obra fue "Reparación de colector primario en el colector Canto Grande y colector La Huayrona, ubicado en las estaciones Santa Rosa, Bayóvar y Caja de Agua del distrito de San Juan de Lurigancho".

El contrato se asignó al mencionado Consorcio San Juan bajo la modalidad de contratación directa. Es decir, sin concurso o licitación alguna. La obra comprendió el cambio de 3,5 kilómetros de tuberías de la red de alcantarillado que pasa cerca de las estaciones del Metro de Lima en dicho distrito. El contrato fue firmado el 4 de julio de 2019 por la gerenta interina de proyectos y obras de Sedapal, Liliana Gamarra León.

La obra tenía una inversión inicial de 31 millones 279 mil 222 soles, dividido entre la elaboración del estudio y expediente técnico (por 1 millón 709 mil 128 soles) y la ejecución de la obra (por otros 29 millones 570 mil soles). Sin embargo, según informó Sedapal a Convoca.pe, la obra terminó constando 33 millones 666 mil 942 soles. Es decir, 2 millones 387 mil 729 soles más que lo presupuestado inicialmente.

Asuntos residuales

Convoca.pe confirmó también que el socio minoritario del Consorcio San Juan, el ingeniero Nixon Franklin Odicio Asayac, registra tres inhabilitaciones del Tribunal de Contrataciones del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) para desarrollar trabajos con el Estado. Inclusive, su última inhabilitación, impuesta en marzo de 2021, continúa vigente hasta el 30 de octubre próximo.

Además, el detalle del Registro de Sanciones del mismo ente supervisor reporta que una de las inhabilitaciones de Nixon Odicio, por 40 meses, venció poco meses antes de lograr la adjudicación con el Consorcio San Juan. La sanción se impuso por haber presentado documentación falsa para que se le adjudique el servicio de supervisión de una obra en el Estadio Municipal de Oxapampa. Por esta causa, estuvo inhabilitado de octubre de 2015 hasta febrero de 2019.

De forma simultánea, recibió otra sanción relacionada a la misma obra municipal. Se trató de una inhabilitación de 10 meses, de diciembre de 2016 a octubre de 2017, por ocasionar que la entidad resuelva el contrato por no subsanar las observaciones hechas a esta obra de infraestructura deportiva.

Nixon Odicio mantiene vigentes una inhabilitación para contratar con entidades públicas hasta el 30 de octubre. Fuente: OSCE

Solo cinco meses después de que terminada su más grave inhabilitación, Nixon Odicio y sus consorciadas Ingenieria Medioambiente & Construcción SAC y JPC Ingenieros SAC lograron obtener el proyecto de Sedapal sin necesidad de competir.

Pero Nixon Odicio también ha sido protagonista de las páginas policiales. En febrero de 2021, efectivos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía intervinieron al proveedor del Estado y a otros 31 investigados en el caso "Los Fantasmas de Ucayali", una presunta organización criminal que operaba en la Municipalidad de Yarinacocha, en la provincia de Coronel Portillo, Ucayali.

Esta organización, según información de la prensa local, cometía de manera organizada delitos contra la administración pública y lavado de activos. Se le atribuye haber firmado contratos sobrevalorados para obtener presuntas ganancias ilícitas.

Nixon Odicio, uno de los miembros del Consorcio San Juan, contratista de Sedapal, fue detenido en febrero de este año por pertenecer a una presunta banda de corruptores. Foto: Difusión.

Pocos días después de su detención, la Fiscalía Penal Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios de Ucayali formalizó el inicio de investigación preparatoria contra Odicio por el presunto delito de organización criminal. La defensa legal del ingeniero presentó una solicitud de apelación que está pendiente de resolución desde el 11 de junio. 

Odicio Asayac también tienen entre sus antecedentes el haber sido acusado por el fiscal Percy Panduro Rengifo, de la misma Fiscalía, de haber incurrido en el presunto delito de colusión, en el marco de una obra de mejoramiento de agua potable y saneamiento a cargo de la Municipalidad Provincial de Padre Abad, en la misma región amazónica.

La Fiscalía Anticorrupción de Ucayali formalizó investigación preparatoria contra Franklin Odicio por el presunto delito de organización criminal. 

Consorcio de sanciones

La empresa J.P.C. Ingenieros SAC también registra una sanción de inhabilitación por parte del Tribunal de Contrataciones del OSCE y otras dos penalidades por parte de entidades públicas por incumplimientos a los términos de las contrataciones.

En febrero de 2009, se le sancionó con la imposibilidad de contratar con instituciones públicas por 8 meses por presentar documentos falsos.

J.P.C Ingenieros SAC es propiedad de Martín Camus Dávila y Heli Palacios Ponce y forma parte del Grupo Uranio. Las empresas de ese conglomerado también registran un importante historial de sanciones, como es el caso de la empresa Agregados y Equipos SAC, que tiene un récord de 15 sanciones del OSCE y actualmente está inhabilitada para contratar con el Estado.

JPC Ingenieros, que tiene como sede la región Ucayali, tiene dos penalidades por incumplimientos en contrataciones. 

Asimismo, J.P.C. Ingenieros SAC registra dos penalidades por parte del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, en 2016, y por parte del Gobierno Regional de La Libertad, en 2013. 

Por su parte, la socia mayoritaria del Consorcio San Juan, la empresa Ingeniería Medioambiente & Construcción SAC, también registra dos penalidades relacionadas a obras de agua potable y desagüe realizadas en el mismo San Juan de Lurigancho en 2017. La obra le fue adjudicada por el "Programa Agua Segura para Lima y Callao" del Ministerio de Vivienda. Esta institución detectó incumplimientos respecto a la seguridad de la obra y señalización, por los que fue sancionada con cerca de 42 mil soles.

"Las penalidades no son impedimento para contratar"

La empresa pública Sedapal envió respuestas a preguntas planteadas por Convoca.pe sobre la contratación del Consorcio San Juan, integrado por empresas sancionadas y penalizadas por incumplimientos.

¿Consideran los antecedentes de penalidades y sanciones de las empresas antes de contratarlas? "Las penalidades no son impedimento para contratar de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado", señaló Sedapal a través de su oficina de prensa.

Además, la compañía aseguró que, antes de adjudicar la obra, hizo una invitación para que proveedoras del Estado presentaran sus cotizaciones. Solo dos empresas presentaron sus propuestas. Luego del análisis, Sedapal identificó que solo el Consorcio San Juan cumplía con los requisitos de calificación solicitados referidos a la experiencia en consultoría y ejecución de obras que incluyan colectores primarios.

Este medio de comunicación contactó a las oficinas de las empresas consorciadas para obtener sus descargos sobre los motivos de sus penalidades, pero decidieron no responder. Respecto al investigado Nixon Franklin Odicio Asayac, desde su oficina en Lima indicaron que devolverían la llamada para dar sus descargos. Hasta el cierre de este informe no han respondido nuestras consultas.