27 funcionarios de tres ministerios son investigados por obras de reconstrucción que costaron más de S/ 100 millones 

En los últimos cinco años, 27 funcionarios y servidores públicos de los ministerios de Agricultura, Salud y Vivienda han sido identificados por la Contraloría General de la República debido a su presunta responsabilidad penal en la irregular contratación y ejecución de seis obras valorizadas en más de 100 millones de soles (Más de 26 millones de dólares**), para restituir la infraestructura física dañada y destruida por el fenómeno El Niño o prevenir inundaciones por lluvias intensas, en Tumbes, Piura y Lambayeque.

Desde puestos claves en tres ministerios, este grupo de trabajadores tomó decisiones que favorecieron a cinco consorcios y una empresa: Contratándolas a pesar de que no cumplían los requisitos para realizar las obras, no aplicándoles sanciones por incumplimientos o demoras, autorizando pagos por servicios y trabajos no ejecutados, entre otras acciones que han causado un perjuicio económico al Estado por más de 14 millones de soles (Más de 3 millones de dólares), de acuerdo con los informes de la Contraloría.

Estas personas forman parte de un grupo de 605 funcionarios y servidores públicos de entidades del gobierno nacional, regional y local, a quienes la Contraloría les atribuye actos de corrupción en la contratación, ejecución y supervisión de obras de reparación y prevención por las lluvias intensas en el Perú. Dichas entidades recibieron financiamiento de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para construir o rehabilitar diversos tipos de infraestructura en los sectores de salud, agricultura, educación, saneamiento y transportes en 13 regiones afectadas por el fenómeno El Niño, en 2017.

Once de las 12 empresas favorecidas por las acciones de estos trabajadores públicos son peruanas y cuentan con un historial de sanciones impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado, como la inhabilitación o suspensión temporal para contratar con el sector público, por diversas irregularidades, entre las que destacan la presentación de documentos falsos, la entrega de información inexacta y el incumplimiento de contratos. Una compañía es de Ecuador y, según informes de la Contraloría, fue seleccionada a pesar de que no pudo acreditar que tenía experiencia en obras de gran envergadura.

Las revelaciones sobre el accionar de estos funcionarios públicos que ocasionaron un millonario perjuicio económico al Estado y que, favorecieron a empresas privadas, forman parte de una nueva serie investigativa del proyecto colaborativo Periodistas en Red, liderado por Convoca.pe. Para ello, nuestro equipo elaboró una base de datos y cruzó información de la Contraloría General de la República, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, el Ministerio Público, las entidades públicas afectadas y diversas fuentes.

Caso emblemático

A uno de estos 27 funcionarios, la Contraloría le atribuye una presunta responsabilidad penal en cuatro de las seis obras ejecutadas por el gobierno nacional en las que ha detectado irregularidades. Las acciones de este servidor público y de otros 20 que también participaron en esos procesos de contratación, ejecución y supervisión de los trabajos valorizados en más de 43 millones 316 mil 009,42 soles (Más de 11 millones de dólares), han causado un perjuicio económico al Estado de 14 millones 234 mil 313,07 soles (3 millones 700 mil dólares). Debido a ello, estas personas son investigadas por la Fiscalía Anticorrupción.

Jorge Leonidas Lizárraga Medina figura con presunta responsabilidad penal en tres informes del ente supervisor sobre obras a cargo del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Agricultura (la descolmatación de los cauces de los ríos La Leche y Olmos, en Lambayeque, y la rehabilitación del canal Tambogrande, en Piura) y en uno acerca del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) del Ministerio de Salud (la rehabilitación y reposición del Hospital de La Amistad-Perú Corea Santa Rosa II, en Piura).

Jorge Lizárraga (Tercero de la derecha) en reunión en el Congreso de la República, cuando era funcionario del Ministerio de Agricultura. Ahora, trabaja en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Foto: Congreso

En  la obra de descolmatación del cauce del río Olmos, en Lambayeque, Lizárraga opinó favorablemente para modificar el contrato, con el fin de evitar penalidades al Consorcio Chiclayo por incumplimientos contractuales, a pesar de que no cumplió la normativa de las contrataciones, y se pronunció a favor de realizar los pagos. La actuación de este funcionario generó un perjuicio económico de 250 mil 717,43 soles (Mas de 66 mil dólares), según la Contraloría.

En la obra de descolmatación del cauce del río La Leche, en Lambayeque, Lizárraga dio la conformidad a pronunciamientos técnicos que no valoraron información que advertía que la empresa American Contratistas Generales incumplió el contrato. Esto podría haber impedido el pago por un servicio no brindado, que generó un perjuicio económico de 11 millones 483 mil 571, 04 soles (3 millones de dólares).

En la rehabilitación del canal Tambogrande, en Piura, Lizárraga emitió una resolución directoral que aprobó administrativamente el expediente técnico final de la obra, aunque no contó con la firma de los especialistas requeridos y no se aplicó penalidad al Consorcio Binacional por este incumplimiento. Esto ocasionó un perjuicio económico a la entidad de 12 mil 600 soles (Más de 3 mil dólares).

Cuando salió del Programa Subsectorial de Irrigaciones, Lizárraga pasó a trabajar en el Programa Nacional de Infraestructura en Salud. En la rehabilitación del Hospital de La Amistad-Perú Corea Santa Rosa II, en Piura, fue jefe de la Unidad de Gestión de Inversiones de Reconstrucción. Como miembro del Comité de Selección, elaboró y dio la conformidad a las bases para la licitación, en las que no precisaron que un requisito sería obligatorio, lo cual hizo que se descalifique a cinco de los seis postores. El Consorcio Santa Rosa fue el único que cumplió dicho requisito, aunque tampoco se ajustaba a lo que exigían las bases.

Por esta ultima obra, Lizárraga es investigado en el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tras una denuncia presentada por la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible en agravio del Estado.

Como exservidor público, Lizárraga cuenta con defensa y asesoría legal pagada por el Estado en esta investigación de la Fiscalía Anticorrupción, beneficio que fue aprobado por el Ministerio de Salud, en cumplimiento de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

Extracto de resolución del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) del Ministerio de Salud que aprueba la defensa legal de Jorge Lizarraga, investigado por la Fiscalía Anticorrupción. 

Además, la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investiga a Lizárraga por el presunto delito de concusión (colusión con defraudación patrimonial al Estado), según reportes del Ministerio Público.

En octubre y noviembre de 2022, Lizárraga figuró en la lista de personal de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, como gerente de ejecución de proyectos de la Dirección de Intervenciones del Sector Salud. El primer mes recibió un sueldo mensual de 6 mil soles y el segundo mes, de 15 mil soles.

Este medio intentó contactar a Lizárraga. Acudimos a su domicilio en el distrito de San Miguel, lo llamamos por teléfono celular y le envíamos mensajes por WhatsApp  y por email, pero no obtuvimos respuesta. Según informó su esposa, se encontraba en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, donde trabaja hace dos meses. Fuentes de esa entidad, confirmaron a Convoca.pe que este profesional labora allí, aunque su nombre no figura en la lista del personal registrada en su Portal de Transparencia, desde diciembre último.

 Trabajos no ejecutados, pero pagados

Viviendas inhabitables, vías destruidas, servicios de energía eléctrica y de agua potable suspendidos y red de alcantarillado colapsada han sido los principales daños provocados este verano por las lluvias intensas y el desborde del río La Leche en Íllimo, uno de los distritos más afectados de Lambayeque, en el norte del país 

Desde enero último, más de 3 mil personas han sido afectadas por inundaciones en Íllimo, según reportó el municipio distrital. Cada temporada de lluvias, la población es afectada pero, esta vez, el impacto de las precipitaciones fue tras veces mayor que en 2017, cuando se reportó el fenómeno de El Niño Costero, según reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El desborde del río La Leche, en Lambayeque, dejó más de 3 mil personas damnificadas y numerosos daños materiales. Foto: COER Lambayeque

Con el fin de mitigar los daños de las lluvias intensas en Íllimo, entre 2017 y 2019, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios destinó 21 millones 292 mil 689,21 soles (Más de 5,5 millones de dólares) al Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura, para la descolmatación de 7 kilómetros del cauce del río La Leche Tramo I. La empresa American Contratistas Generales S.A.C. fue contratada para realizar la obra en 30 días, contados desde el 29 de noviembre de 2017.

La Contraloría determinó que funcionarios de este programa autorizaron el pago en exceso de 11 millones 483 mil 571 soles (3 millones de dólares) por trabajos no ejecutados y labores que no contaron con sustento técnico, a pesar de que advirtió al titular de esa entidad sobre las observaciones en seis informes de control concurrente. Además, identificó que no aplicaron penalidades de 2 millones 127 mil 800 soles (más de 500 mil dólares) por incumplimiento del plazo dispuesto en el contrato. Esto generó un perjuicio al Estado de más de 14 millones de soles (Más de 3 millones de dólares), según el Informe N° 2171-2019-CG/GRLA-SCE.

Casi cuatro años después, la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque sigue investigando por presunta responsabilidad penal en el ejercicio de sus funciones y favorecimiento a la empresa American Contratistas Generales y a seis funcionarios del Programa Subsectorial de Irrigación: Jorge Leonidas Lizárraga Medina, Luciano Chimoy Samamé, Percy Alfredo Flores Flores, Delmi Gomez Chavez, José Augusto Carril Ruiz y José Wilberth Oblitas Chicoma.

Algunos de estos funcionarios emitieron pronunciamientos técnicos que no resguardaban los intereses del Estado, mientras que otros los validaron. Además, al recibir la obra sin que se hayan ejecutado todos los trabajos requeridos, “el comité de recepción incumplió la finalidad del contrato, que era evitar desborde del río que pudieran afectar a los beneficiarios de la zona”, según concluyó la Contraloría.

Delmi Gómez Chávez y Luciano Chimoy Samamé continúan prestando servicios al Programa Subsectorial de Irrigaciones. Dicha entidad informó a este medio que adoptará las acciones una vez que se determine su responsabilidad penal, y agregó que, en 2019, inició los procesos administrativos disciplinarios de estos trabajadores con presunta responsabilidad y que uno de ellos fue sancionado.

En los informes de Contraloría también fueron incluidos Gamaller Chirinos Toranzo, jefe de la supervisión del servicio, quien dio por concluida la obra sin objetar los trabajos no ejecutados, y Hugo Cieza Astonitas, representante de la Junta de Usuarios del Valle La Leche, quien firmó la recepción de la obra, a pesar de que American Contratistas Generales no brindó el servicio completo y no hizo todos los trabajos.

Convoca.pe entrevistó a Hugo Cieza, exdirigente de la Junta de Usuarios del Valle La Leche, quien afirmó que recibió la obra teniendo en cuenta sólo lo que se había ejecutado, porque hubo tramos donde la empresa no pudo hacer los trabajos de descolmatación.

“La empresa no hizo los trabajos porque había títulos de propiedad dentro del río, había cultivos, en la zona intangible de Pómac prohibieron el ingreso de la maquinaria y el cauce del río había variado en la zona de San Isidro, donde los agricultores no permitían los trabajos porque querían que fueran por el cauce antiguo”, explicó Cieza, quien es regidor en la Municipalidad de Lajas, en Cajamarca.

De acuerdo con Cieza, este año se triplicó el volumen de las lluvias en comparación con las registradas durante el fenómeno El Niño Costero, en 2017, y por eso arrasó cultivos y causó bastante daño. Sin embargo, reconoció que también tiene que ver con que la empresa American Contratistas Generales no completó los trabajos de descolmatación del cauce del río La Leche.

Para el Programa Subsectorial de Irrigaciones esta obra se encuentra concluida, recepcionada y en proceso de liquidación, tras dos laudos arbitrales. El primer laudo declaró válida la resolución de contrato de la entidad, que dio lugar a la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento. El segundo, que tuvo como controversia las penalidades, se encuentra en proceso de implementación.

La empresa American Contratistas Generales está inhabilitada para contratar con el Estado desde el 11 de marzo de 2022 hasta el 11 de mayo de 2025, pero esta sanción es por otra obra. El Tribunal de Contrataciones del Estado concluyó que esta empresa presentó documentación falsa e información inexacta al Gobierno Regional de Ayacucho, como parte del Consorcio Ancascocha, para el “Proyecto: Ampliación de la presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle de Yauca (Ayacucho y Arequipa”. 

Sanciones por documentos falsos
  
En marzo último, cientos de agricultores perdieron sus cultivos por el desborde del río Olmos, debido a las intensas lluvias registradas en el distrito lambayecano del mismo nombre. En el sector El Médano, el río arrasó chacras y ganado, mientras que los pobladores se refugiaban en los cerros.

Hace cuatro años, en 2018, tras la catástrofe de El Niño Costero, el Programa Subsectorial de Irrigaciones contrató al Consorcio Chiclayo, por 3 millones 805 mil 201,92 soles (Un millón de dólares), para la descolmatación del cauce del río Olmos. El objetivo era proteger un promedio de 5 mil hectáreas de cultivo de la zona y prevenir afectaciones en los poblados de El Médano, La Orchía, Cutirrape, Virgen de Las Mercedes, La Juliana y la Huaca, en el distrito de Olmos, donde vivían más de 6 mil familias.

El informe de la Contraloría N° 10402-2020-CG/GRLA-AC reveló que este programa otorgó al Consorcio Chiclayo una ampliación de plazo de 41 días calendario por no comunicar oportunamente la aprobación de la ficha técnica definitiva; pagó por trabajos no ejecutados y trabajos no acordes con los planos de la ficha técnica definitiva; recibió el servicio sin observaciones, a pesar de que no se ejecutaron los trabajos de acuerdo al contrato; modificó el contrato afectando el cálculo de penalidades y no cauteló la vigencia de la carta fianza de fiel cumplimiento. 

Estas acciones generaron un retraso en la ejecución del servicio y un perjuicio económico al Estado de 610 mil 342,07 soles (más de 160 mil dólares). El servicio fue concluido, recepcionado y liquidado el 4 de enero de 2021, según informó a este medio el Programa Subsectorial de Irrigaciones.

El Ministerio de Agricultura pagó más de 3 millones de soles por descolmatación del cauce del río Olmos, en Lambayeque, pero la contratista no hizo bien los trabajos. Foto: Ministerio de Agricultura

Por estos hechos, la Contraloría le atribuye presunta responsabilidad penal a Marco Polo Lucero Bernilla, José Miguel Sandoval Reyes, Daniel Aquiles García Paredes, José Augusto Carril Ruiz, Pedro Carlos Aldazabal Sosa, María Jesús Bustos de La Cruz y Jorge Leonidas Lizárraga Medina. Estos funcionarios aprobaron conformidades de pago, a pesar de los incumplimientos contractuales, validaron modificaciones al contrato y dieron la conformidad a documentos técnicos e informes para no aplicar penalidades al consorcio que realizó la obra.

De estos servidores públicos, sólo José Miguel Sandoval Reyes mantiene un vínculo laboral con el Programa Subsectorial de Irrigaciones, según señaló dicha entidad a Convoca.pe. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios-Chiclayo investiga, desde 2021, a Pedro Carlos Aldazabal Sosa, José Augusto Carril Ruiz, Daniel Aquiles García Paredes y Lucero Bernilla Marco Polo, por el presunto delito contra la administración pública. 

Por presentar información inexacta para esta obra, las empresas Coniesa EIRL y Contratistas Generales Gambini SRL, integrantes del Consorcio Chiclayo, fueron sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado y estuvieron impedidas de participar en procesos de selección y contratación con entidades públicas, del 8 de julio de 2020 al 8 de febrero de 2021. Se les acusó de adjuntar certificados de trabajo que acreditaban que uno de sus ingenieros tenía experiencia como jefe de proyectos en dos obras realizadas en Lima, pero se demostró que esto no era cierto.

Además, hasta el 14 de febrero de este año, Coniesa estuvo inhabilitada para contratar con el Estado. Del 3 de enero de 2020 al 3 de febrero de 2023, estuvo sancionada por presentar documentación falsa ante el Registro Nacional de Proveedores en el proceso de renovación de inscripción como ejecutor de obras; y del 14 de febrero de 2020 al 14 de febrero de 2023, como parte del Consorcio San José, estuvo sancionada por presentar documentos falsos en una licitación pública de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) para una obra en el Aeropuerto de Yurimaguas.

Contratistas Generales Gambini se encuentra impedida de contratar con el Estado, desde el 19 de junio de 2020 hasta el 19 de septiembre de 2023, por presentar documentos falsos o adulterados, como parte del Consorcio S & G, a la Municipalidad Distrital de Corosha, para la obra “Mejoramiento integral del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Complementario para las localidades de Corosha, Beirut, Anexos Vista Alegre, La Banda y Lejía, distrito de Corosha, Bongara, Amazonas". Los profesionales que propuso como personal clave revelaron que no conocían a esta empresa ni habían suscrito cartas de compromiso para la obra.

La empresa ya había sido sancionada, del 6 de noviembre de 2018 al 6 de noviembre de 2021, como parte del Consorcio Bonli, por presentar una carta fianza falsa en la licitación de la "Instalación de baños ecológicos con biodigestores en varias localidades del distrito de San Miguel de Aco, provincia de Carhuaz, departamento de Ancash".

Empresas inhabilitadas

Con el fin de garantizar que los agricultores tengan agua todo el año, sobre todo cuando no hay lluvias, el Programa Subsectorial de Irrigaciones recibió 3 millones 524 mil 792.40 soles (más de 900 mil dólares) para ejecutar la “Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Tambogrande, sectores Santa Rosa de Yaranche y San Francisco”, en Piura. La obra debía beneficiar a a 430 familias de pequeños productores y 3,500 hectáreas de cultivo.

El informe N° 052-2021-2-0052 de la Contraloría detectó irregularidades en la suscripción y ejecución del contrato firmado en 2018. El Consorcio Binacional no acreditó la experiencia de los profesionales propuestos, presentó documentación falsa sobre los equipos requeridos, no incluyó tramos críticos del canal para ser intervenidos y fue favorecido con el pago de 3 millones 524 mil 792,40 soles (Más de 900 mil dólares) y un mayor pago de 1 568,32 soles (418 dólares). Además, no se le aplicaron penalidades, ocasionando un perjuicio económico al Estado por 12 mil 600 soles (Más de 3 mil dólares).

El ente supervisor atribuyó una presunta responsabilidad penal a Yahandra Jackelyne Bances Eduardo, Liz Paola Becerra Terrones, Leddy Jhoana Bellido Yarlequé, Fredy Erick Bohorquez Cosi, Jesús Ricardo Chafloque Pinto, Luis Alberto Fernandini Sánchez, Jesús Hinojosa Ramos y Jorge Leonidas Lizárraga Medina.

Estos funcionarios aprobaron el expediente técnico final de la obra, suscribieron el contrato y aprobaron el levantamiento de observaciones, validando el pago al contratista, a pesar de las irregularidades. La obra se encuentra concluida, recepcionada y liquidada, según informó el Programa Subsectorial de Irrigación.

Por esta obra, Jesús Hinojosa Ramos, quien fue jefe de la oficina de Administración y Finanzas del Proyecto Subsectorial de Irrigación, es investigado por el delito contra la administración pública en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios-Chiclayo. El caso se encuentra en la etapa de diligencia preliminar tras el inicio de las indagaciones en 2020, según información de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.

Además, desde 2022, la Procuraduría del Ministerio de Agricultura lleva un proceso judicial de indemnización por daños y perjuicios, ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Jesús María, contra Jorge Leonidas Lizárraga Medina, Fredy Erick Bohorquez Cosi, Liz Paola Becerra Terrones y Luis Alberto Fernandini Sánchez, tal como lo evidencia la resolución judicial a la que accedió este medio.

El presidente de la Comisión de Usuarios TG-Malingas, Rodolfo Rufino, confirmó a Convoca.pe que el canal Tambogrande presenta varias fallas. “Ese canal no quedó bien. Como estamos en época de lluvias, no afecta a los agricultores pero, cuando deje de llover y necesitemos usar el canal para regar nuestros cultivos, se verán los problemas”, advirtió.

En el canal Tambogrande, detalló Rufino, se han levantado tres paños de concreto, en un tramo, y dos paños en otro, porque el Consorcio Binacional no hizo las cunetas y no tiene drenajes. “Hay que rehabilitarlo, nuevamente, para que quede operativo”, agregó el dirigente de los agricultores.

La obra de rehabilitación del canal Tambogrande, en Piura, fue entregada en 2020, sin embargo, presenta varios problemas. Foto: Programa Subsectorial de Irrigación

El Consorcio Binacional estuvo conformado por Roprucsa Contratistas Generales SA, K.I.A. Ingenieros S.R.L. y Evalto Consultores y Constructores S.R.L. Las dos primeras empresas están inhabilitadas para contratar con el Estado, mientras que ya culminó el periodo de sanción de la tercera.

Roprucsa Contratistas Generales está impedida de contratar con el Estado, desde el 26 de octubre de 2020 al 26 de diciembre de 2023. Como parte del Consorcio Amaro, presentó documentos falsos al Gobierno Regional de Huancavelica en la licitación de una obra. Además, entre el 14 de mayo de 2020 y el 14 de mayo de 2021, fue sancionada temporalmente por presentar información inexacta al Gobierno Regional de Cajamarca.

Evalto Consultores y Constructores estuvo impedida de contratar con el Estado en dos periodos: Del 6 al 13 de agosto de 2021, como parte del Consorcio Q’orianka, por no cumplir con perfeccionar el contrato con Agro Rural, del Ministerio de Agricultura, y del 14 de febrero al 14 de septiembre de 2022, por ocasionar que Agro Rural resuelva el contrato.

Kia Ingenieros está impedida de contratar con el Estado desde el 9 de agosto de 2021 hasta el 9 de septiembre de 2024 porque, como parte del Consorcio KIA, presentó documentación falsa a la Municipalidad Distrital de Colcabamba-Tayacaja para la obra “Creación de la alameda en la Av. Casamaquina, en el centro poblado de Colcabamba, distrito de Colcabamba-provincia de Tayacaja-departamento de Huancavelica”. Adjuntó un contrato falso de alquiler de maquinaria y equipo requerido en las bases de la licitación.

Del 21 de abril de 2022 al 21 de enero de 2023, Kia Ingenieros estuvo suspendida para contratar con el Estado pues, como integrante del Consorcio Perú, presentó información inexacta en certificados de trabajo al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) en la licitación de una obra en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

La empresa Kia Ingenieros, que rehabilitó el Canal Tambogrande, está inhabilitada para contratar con el Estado por presentar documentos falsos.

Demoras durante la pandemia del Covid-19

En plena emergencia por la pandemia del Covid-19, en 2020, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios dispuso de 14 millones 727 mil 139.64 soles (más de 3,9 millones de dólares) para que el Ministerio de Salud ejecute la "Rehabilitación y reposición del Hospital de La Amistad-Perú Corea Santa Rosa II-2, distrito de 26 de Octubre, provincia de Piura, región Piura", que comprende la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y el área de hospitalización pediátrica.

El informe de Contraloría N° 099-2020-2-0191 concluyó que el Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Salud aprobó términos de referencia de un procedimiento de contratación consignando un requisito no esencial y aprobó las bases administrativas del procedimiento incumpliendo la normativa vigente. Además, el comité de selección admitió la propuesta de un postor que no cumplió lo establecido en las bases integradas, “ocasionando la vulneración de los principios que rigen las contrataciones del Estado y afectando el cumplimiento oportuno de la finalidad pública”.

Los miembros del comité de selección Juan Miguel Aza Paredes, Margoth Gomez Camero y Jorge Leonidas Lizárraga Medina fueron considerados por la Contraloría con presunta responsabilidad penal por las irregularidades. La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima los investiga, desde 2022, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Debido a estas irregularidades y a que el Consorcio Santa Rosa presentó una carta fianza falsa, el contrato firmado el 25 de septiembre de 2020 fue resuelto y la obra se retrasó. El Programa Nacional de Inversiones en Salud no pudo convocar a otros postores pues sus propuestas no habían sido admitidas porque no cumplieron con un requisito que no correspondía y que no fue informado oportunamente. Con ello, se favoreció al consorcio Consorcio Santa Rosa, según señala el informe de la Contraloría.

En diciembre de 2020, el Programa Nacional de Inversiones en Salud seleccionó al Consorcio San Francisco, que inició los trabajos en marzo de 2021 para intervenir la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y del área de hospitalización pediátrica. Sin embargo, en enero de 2022, resolvió el contrato porque la obra no fue concluida en el plazo previsto de seis meses. Se dispuso contratar a otra empresa para el saldo de obra, pero hubo problemas con la elaboración del expediente técnico.

Actualmente, la obra de Rehabilitación y Reposición del Hospital de La Amistad-Perú Corea Santa Rosa II-2 está paralizada. El 10 de abril último, un grupo de técnicos del Programa Nacional de Inversión en Salud llegó al nosocomio y dijo que esperan que el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe el presupuesto de una nueva licitación, para convocar a una empresa que ejecute el saldo de obra, según informó el director adjunto del nosocomio, José Fernández.

Las fuertes lluvias de abril último afectaron el techo de este hospital. Se inundó la UCI de adultos y pediátrica y fueron cerradas cinco camas de UCI, una sala de operaciones y el almacén central.También fueron afectadas las áreas de Laboratorio y Banco de Sangre, Ginecoobstetricia y Pediatría. La Defensoría del Pueblo señaló que urge la ejecución del proyecto de rehabilitación, para no seguir afectando el derecho a la salud de la población.

El Hospital Santa Rosa fue afectado por las lluvias en abril último, porque el Ministerio de Salud aún no  ha concluido la obra de rehabilitación iniciada en marzo de 2021. Foto: El Regional de Piura

El Consorcio Santa Rosa, estuvo integrado por Bralco Contratistas Generales SRL, Constructora Capricornio SRL e Inversiones Glark. La Constructora Capricornio está inhabilitada para contratar con el Estado, del 29 de diciembre de 2022 al 9 de junio de 2023. Como integrante del Consorcio Capricornio, presentó información inexacta a la Municipalidad Distrital de Chicama en la licitación de la obra “Rehabilitación, ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado Centro Poblado de Chicama, provincia de Ascope-La Libertad”.

Bralco Contratistas Generales estuvo impedido de contratar con el Estado del  14 de octubre de 2015 al 14 de noviembre de 2018 por presentar documentación falsa al Ministerio Público, en La Libertad, para el “Servicio de pintado de fachada, muros y paredes inferiores de los diversos locales que conforman el distrito fiscal de La Libertad”. Los montos en los contratos que presentó el postor como parte de su propuesta técnica eran distintos a los que figuraban en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.

Funcionarios de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y del Ministerio de Vivienda coordinaron ejecución de obra de agua y desagüe en Chiclayo, la cual no fue concluida por el contratista. Foto: ARCC

Historial de sanciones

Este año, las lluvias intensas provocaron inundaciones en la provincia de Chiclayo, en Lambayeque. Algunas de las zonas afectadas fueron la urbanización San Lorenzo y el pueblo joven Santa Rosa, donde en 2018, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento dispuso una inversión de 6 millones 902 mil 490,82 soles (1,8 millones de dólares) para el mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado y de las conexiones domiciliarias en estos dos lugares, que debía beneficiar a alrededor de 7,300 vecinos de ambos sectores.

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano de ese ministerio contrató al Consorcio Saneamiento Santa Rosa. El informe de la Contraloría N° 099-2020-2-5303 identificó que aprobó una ampliación de plazo que no correspondía, y permitió que el contratista, con aprobación de la supervisión, traslade a la Compañía de Servicios Públicos de Agua de Chiclayo, EPSEL, su obligación de instalar parte de los accesorios, sin contar con sustento técnico y legal. Pese a ello, el comité de recepción recibió la obra como culminada. 

De acuerdo con la Contraloría, esta situación evitó la aplicación de la penalidad por mora de 690 mil 249,08 soles (Más de 180 mil dólares) y generó el pago de 29 mil 488,08 soles (Más de 7 mil dólares), por mayores gastos generales al contratista, así como de 17 mil 357,38 soles (Más de 4 mil dólares) a la supervisión, en perjuicio del Estado. Los accesorios no fueron instalados en su totalidad, “incumpliéndose la finalidad pública de la contratación; así como contraviniendo el principio de eficacia y eficiencia”.

James Carlos Luis Hurtado Camayoc, Víctor Josué Juscamaita Arteaga, Abel Francisco Ticllacuri Romero y Hernán Alfredo Rodriguez Mota dieron conformidad a los pagos, autorizaron la ampliación de plazo y recibieron la obra, a pesar de que la empresa incumplió el contrato. A los tres primeros los investiga la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción investiga, por el presunto delito de colusión, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Ministerio de Vivienda.

Las empresas que conformaron el Consorcio Saneamiento Santa Rosa, Agusti y Masoliver SA Sucursal Perú y Proyectos y Construcciones Oriental EIRL, tienen un historial de sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado.

Agusti y Masoliver estuvo impedida de contratar con el Estado del 27 de agosto de 2019 al 27 de marzo de 2023. Como integrante del Consorcio Pampamarca, presentó documentos falsos e incumplió su obligación de perfeccionar el contrato ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la obra "Mejoramiento de la carretera Shupluy-Primorpampa-Bellavista-Anta-San Isidro-Poncos-Kochayoc-Chaclahuain-Oratorio-Pampamarca-Putaca, ubicada en el distrito de Shupluy, provincia de Yungay, departamento de Ancash".

Esta empresa ya había sido inhabilitada temporalmente del 19 de marzo de 2021 al 23 de mayo de 2021, como miembro del Consorcio Vial Alto Puno, y del 25 de agosto de 2021 al 25 de mayo de 2022, como integrante del Consorcio Saneamiento Trujillo, por presentar información inexacta al Ministerio de Vivienda y al Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, respectivamente.

Proyectos y Construcciones Oriental EIRL registra cuatro sanciones temporales que le impidieron contratar con el Estado, entre 2009 y 2022, una por presentar información inexacta y tres por dar lugar a la resolución de contrato.

Personal de la Contraloría supervisa trabajos de defensa ribereña en el río Zarumilla a cargo del Proyecto Puyango Tumbes. Foto: Contraloría

Consorcio sin experiencia

En febrero de 2020, el Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT), inició la obra de protección contra inundaciones en las localidades de La Palma-Canario II, de la margen izquierda del río Zarumilla. La construcción de 8 mil metros de diques debía beneficiar a más de 6 mil pobladores de los distritos de Papayal y Aguas Verdes, en la provincia tumbesina de Zarumilla.

De acuerdo con el informe de la Contraloría N° 9974-2020-CG/GRTB-SCE, el Proyecto Puyango Tumbes otorgó indebidamente la buena pro por 60 millones 987 mil 075,69 soles (Más de 16 millones de dólares) al  Consorcio Constructor Puyango, integrado por Inversiones Oberti SRL y Ecuatoriana de Servicios Inmobiliaria y Construcción ESEICO SA Sucursal Perú, pese a que no acreditó experiencia en obras similares ni que contaba con el personal clave.

Los funcionarios con presunta responsabilidad penal, según la Contraloría, son Francisco Luis Alberto Escobar Feijoo, Carlos Arturo Ruiz Ventura y Carl Fernando Temoche Benites. Los tres trabajadores calificaron favorablemente la documentación del postor, a pesar de que no cumplía las exigencias de las bases, como acreditar su experiencia en obras similares.

Estos tres profesionales continúan trabajando en el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, según informó dicha entidad a este medio. Por esta obra, les inició procedimiento administrativo disciplinario y pidió su destitución, en 2021, pero el entonces director ejecutivo, Manuel Trinidad Leiva Castillo, anuló este proceso, con el argumento de que la falta no fue precalificada correctamente.

Francisco Luis Alberto Escobar Feijoo tiene cinco procesos en el Juzgado de Investigación Preparatoria, con sede en Tumbes, por los presuntos delitos de colusión agravada, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. En estos casos, iniciados entre 2016 y 2022, cuatro tienen como agraviado al Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes y uno a la Universidad Nacional de Tumbes.

La obra de protección contra inundaciones en las localidades de La Palma-Canario II fue terminada y recepcionada en 2021. Este año, debido al desborde del río Zarumilla por las intensas precipitaciones, el Proyecto Puyango Tumbes informó que activó la póliza del seguro de las obras civiles terminadas.

Sin embargo, dicha entidad aclaró que el baden Uña de gato, construido por la empresa Oberti y que colapsó por tercera vez, no forma parte de la obra asegurada. Advirtió que esta infraestructura obstaculiza el flujo normal del río Zarumilla y que se debe construir un puente, obra que está a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Los efectos de las inusuales lluvias intensas de este año han puesto en evidencia, una vez más, las consecuencias del mal manejo de los fondos públicos que debían usarse para una verdadera reconstrucción con cambios. A nivel nacional, en Convoca.pe seguimos el rastro de los 27 funcionarios con presunta responsabilidad penal. En el ámbito regional hay 75 servidores públicos involucrados en actos de corrupción por el mismo número de obras, mientras que a nivel local son 503 los implicados. Esta historia tiene aún más capítulos de revelaciones.

(*) Periodistas en Red es un proyecto colaborativo que lidera Convoca.pe, en alianza con el diario La República y reporteros independientes de diversas regiones del país.

(**) Tipo de cambio del dólar, según el Banco Central de Reserva del Perú, al 25 de abril de 2023.