COVID-19: Empresas favorecidas y sobreprecios por S/ 1.6 millones en contratos del Comando de Salud del Ejército

En el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la compañía FGP Peruvian S.R.L. le iba a vender 1,100 oxímetros portátiles al Comando de Salud del Ejército (Cosale) a un precio unitario de S/ 340. La fecha límite para internar los productos era el martes 30 de junio de 2020. La empresa no cumplió con el plazo estipulado, pues recién el miércoles 8 de julio ingresó los aparatos mencionados.

Por lo establecido en la norma, la institución castrense debía imponerle penalidades a la empresa por cada día de retraso. Pero, eso no sucedió. Un día antes, el martes 7 de julio, el Cosale había aprobado y firmado una adenda al contrato. ¿El motivo? La empresa presentó un reajuste a los precios iniciales de los oxímetros. Si antes ofreció cada uno a S/ 340, ahora los ofrecía a S/ 289. Parecía que el Cosale estaba reduciendo sus gastos en un 15%, pero en realidad no fue así.

La Contraloría identificó que no hubo sustento legal ni técnico para suscribir una adenda al contrato entre FGP Peruvian S.R.L. y el Comando de Salud del Ejército. El motivo real por el cual se firmó la adenda —según el órgano de control— fue evitar cobrarle penalidades a la empresa. El Cosale tampoco salió beneficiado con el reajuste de precios, los cuales seguían estando muy por encima del mercado.

El ente de control cotizó con otras dos compañías el precio del oxímetro vendido por FGP Peruvian S.R.L. y encontró lo siguiente: en junio, el precio del oxímetro adquirido (misma marca y mismo modelo) osciló entre los S/ 130 y S/ 194, al por mayor. Tomando como referencia el precio más alto (S/ 194), el Cosale pagó —a pesar de la rebaja— S/ 95 más, es decir, un 49% más de dinero.

Este es solo uno de los casos que la Contraloría describe en el informe de control posterior que elaboró sobre el proceso de contratación “DIRECTA-PROC-5-2020-EPUO 0790-1”, efectuado por el Comando de Salud del Ejército entre abril y junio del 2020, en el marco de la pandemia. Dicho informe concluye que ocho funcionarios del Ejército incurrieron en irregularidades administrativas. Además, en el informe se recomendó que el Procurador Público del Ejército denuncie penalmente a tres de estos funcionarios: el teniente coronel EP Franklin Alarcón Salazar, el teniente coronel EP José Luis Azabache Peralta y el mayor EP Pedro Antonio Mejía Ramírez; y que inicie acciones civiles contra dos servidores de la institución castrense.

Informe de la Contraloría concluye que los funcionarios del Comando de Salud del Ejército favorecieron a cinco empresas para que ganen los contratos y, luego, al evitar que les multen por retrasos en las entregas de los productos.

El borrador

En el proceso de contratación “DIRECTA-PROC-5-2020-EPUO 0790-1”, el Comando de Salud del Ejército gastó más de S/ 11 millones por material y equipos de protección sanitaria. Distribuyó los bienes en 15 ítems. Y el entonces comandante general del Cosale, el general EP Oswaldo Martín Calle Talledo, firmó contratos con 16 proveedores, en total.

El documento de la Contraloría demuestra que los funcionarios del Cosale favorecieron a cinco empresas para que obtuvieran la buena pro de adjudicaciones: Roker Perú S.A., Marcell Importaciones E.I.R.L., Productos Palmera S.A.C., J & R Peruvian S.A.C. y FGP Peruvian S.R.L. Las cinco presentaron ofertas que no se ajustaban a las especificaciones técnicas requeridas u ofertas que omitían información sobre las características técnicas de sus productos.

Asimismo, las cinco compañías no cumplían algunos de los requisitos mínimos de admisión: presentar el certificado actualizado de la vigencia de poder del representante de la empresa; el documento del protocolo o certificado de análisis del producto ofertado; la ficha técnica del producto; y la declaración jurada de plazo de entrega de acuerdo a las bases de contratación. A pesar de ello, el jefe del Órgano Encargado de Contrataciones (OEC) del Cosale, el teniente coronel EP Franklin Alarcón Salazar, les dio la buena pro. En total, los contratos que ganaron suman S/ 1'641,136.

Una vez ya adjudicados los contratos, los cinco proveedores del Estado incumplieron con entregar los bienes solicitados en el plazo establecido (alcohol en gel, kit de ropa estéril, respirador de protección, protector solar, repelente, oxímetro, termómetro). Los funcionarios del Cosale emitieron nuevas órdenes de compra, algunas en archivos de Excel, para evitar cobrarles las penalidades por cada día de retraso. En todas las órdenes en formato de Excel, una misma palabra inscrita en ellas se repite: “borrador”. En realidad, no sirvieron solo como borrador.

Las nuevas órdenes de compra fueron elaboradas por el jefe del OEC del Cosale, así como también por José Luis Azabache Peralta, jefe de la sección de Abastecimiento de la misma entidad. El que daba la conformidad a estas órdenes de compra era el mayor Pedro Antonio Mejía Ramírez, quien era jefe del Almacén del Batallón de Sanidad A/M N° 511.

El Comando de Salud del Ejército dejó de cobrar S/ 49,231 por no penalizar a las empresas infractoras. El monto puede ser mínimo si se le compara con los millones que se gastó en este proceso; no obstante, debe tenerse en cuenta cómo se llevó a cabo el proceso mismo.

El sistema informático autorizado para registrar órdenes de compra en el Ejército es el Sistema de Control de Bienes, Abastecimiento y Mantenimiento (Siscobam). Sin embargo, en el informe de control se lee que el teniente coronel EP Franklin Alarcón Salazar, entonces jefe del Órgano Encargado de las Contrataciones del Cosale, “indicó que, durante la ejecución de la contratación, dispuso la elaboración de órdenes de compra en Excel y Siscobam" (SIC). 

Para entender mejor esto, describamos un caso específico: en teoría, una entidad estatal emite una orden de compra y luego notifica al proveedor para que, en un plazo máximo de días, le entregue los bienes. Luego, esa orden de compra es la que toma como referencia el jefe del almacén para dar la conformidad de la entrega y certificar si el proveedor cumplió con el plazo de entrega. Pero, por ejemplo, en el caso de la empresa Roker Perú S.A., los funcionarios del Cosale emitieron dos nuevas órdenes de compra (una en archivo Excel) al día siguiente del internamiento de los bienes, el cual estuvo fuera del plazo límite. Pretendían encubrir la entrega extemporánea de alcoholes en gel.  

Uno de los hallazgos que puede pasar inadvertido en ese informe es el siguiente: Marcell Importaciones E.I.R.L., una de las compañías favorecidas por los funcionarios del Cosale, tiene como gerente general a Silvia Aguirre Carmen. Su esposo se llama Luis Alberto Torres Sotelo, quien es a su vez gerente general de Irimed EIRL. Ambas empresas son proveedores recurrentes del Ejército. La Contraloría halló que Luis Alberto Torres tiene una hermana que trabaja en el Hospital Militar Central del Ejército, su nombre es Rina Esther Torres Sotelo de Cruz.

Otro hallazgo que da cuenta del accionar de los funcionarios es que estos enviaron una solicitud al empresario Miguel Ángel Sánchez Elera para que les cotizara el precio de los oxímetros. Él no ganó la buena pro de ninguno de los productos requeridos. Pero, después, terminó siendo contratado por el Cosale, pues les vendió 320 termómetros digitales. Luego de la inspección de la Contraloría, la orden de compra fue anulada, aunque los termómetros que Sánchez Elera había entregado no pudieron ser devueltos. ¿Qué hizo el Cosale? Usó otros termómetros ingresados por FGP Peruvian S.R.L. (que también vendió oxímetros) para dárselos a Sánchez Elera.

Al respecto, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) se pronunció y dijo que las "personas naturales con negocio" no pueden distribuir equipos biomédicos extranjeros. Incluso, el mismo Sánchez Elera lo reconoció ante los auditores: “no cumplo con los requisitos para poder realizar la venta de dichos productos a las instituciones públicas del Estado por no contar con el permiso de Digemid”.

Entonces, ¿por qué los funcionarios del Comando Salud del Ejército invitaron a un proveedor que no estaba autorizado para realizar esa venta y que, además, no estaba inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado?

Miguel Sánchez Elera fue inscrito el 3 de junio en el Registro Nacional de Proveedores del Estado. Según la Contraloría, un día antes ya había internado 320 termómetros digitales para el Comando de Salud del Ejército.

Los otros proveedores

El objetivo con detallar los hallazgos del informe de la Contraloría fue mostrar algunas decisiones que los funcionarios del Cosale tomaron durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Al igual que en otras instituciones, como la Policía Nacional, los funcionarios aprovecharon las flexibilidades inherentes de la Ley de Contrataciones del Estado. Favorecieron a compañía para que se adjudiquen la buena pro a pesar de no cumplir con los requisitos mínimos. Después de todo, las contrataciones directas por situación de emergencia facultan a los funcionarios a invitar y contratar directamente con solo un proveedor para adquirir diferentes productos.

Existen casos similares al de Miguel Ángel Sánchez Elera. Hay otros dos proveedores —no incluidos en el informe de Contraloría— a los que el Cosale invitó y contrató a pesar de que no había información alguna respecto a si vendían mascarillas o lentes de protección. Uno de ellos, fue Luz Marina Passalacqua Victoria, "persona natural con negocio" a la que se le compró respiradores de protección tipo N95 y lentes de protección. El otro, fue la empresa 3IT Group S.A.C., a la que le compraron más de un millón de mascarillas descartables de tres pliegues.

Entre enero y mayo de 2020, la capitana EP Nelly Canazas Martínez fue la jefa del Órgano Encargado de las Contrataciones del Cosale. Su función consistió, precisamente, en liderar las contrataciones de la institución, incluidas las compras directas ejecutadas durante la emergencia sanitaria. Luego fue reemplazada por el teniente coronel EP Franklin Alarcón Salazar. Pero antes de dejar el cargo, ella envió 28 solicitudes de cotización con el fin de realizar la indagación de mercado y adquirir bienes para la contratación “DIRECTA-PROC-5-2020-EPUO 0790-1”. Esto lo hizo el domingo 12 de abril de 2020.

Para esa fecha, Luz Passalacqua no tenía alguna actividad registrada ante la Sunat relacionada a la venta de productos médicos. De hecho, su actividad principal era la “venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en comercios especializados”. Recién el jueves 30 de abril de 2020, reportó en la Sunat que se dedicaba a la “venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en comercios especializados”. 

Luz Passalacqua, de 66 años, se inscribió en la Sunat en 1993. El registro más antiguo que tiene de haber contratado con el Estado data de 2001. Según el portal de Transparencia Económica, del Ministerio de Economía y Finanzas, entre 2001 y 2020, Passalacqua facturó casi S/ 10 millones por contratos con instituciones públicas. Los negocios con la Fuerza Aérea concentran el 68% de tal monto.

Los contratos de Luz Passalacqua, militante del Partido Popular Cristiano (PPC) desde 2005, se han caracterizado sobre todo por estar relacionados a la venta de material de ferretería, pinturas y de material para aeronaves. Puede considerarse, además, como una contratista general. La han requerido, por ejemplo, para la compra de baldes y tinas de plástico, pizarras acrílicas, kerosene, brochas, gaseosas, pintura, tornillos, pernos, tocuyos, pilas, pega pega, lampas, thinner, anticorrosivos, aceite de aviación, grasas, lubricantes, entre otros. Al menos en los últimos 12 años, desde 2008 —año desde el cual el portal del OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) recién tiene registro de las contrataciones de los proveedores— hasta marzo de 2020, Passalacqua nunca vendió una mascarilla médica ni algún lente de protección al Estado. A pesar de lo descrito, ella fue finalmente invitada al proceso y firmó un contrato de S/ 404,672 por la venta de mascarillas N95 y lentes de protección.

Fragmento del contrato firmado por Luz Passalacqua y Oswaldo Calle, entonces comandante general del Cosale. Passalacqua también vendió lentes de protección a un precio unitario de S/ 16. 

Las bases de la contratación indicaban que los proveedores debían acreditar ante el portal de la Sunat alguna actividad económica relacionada con el objeto de la convocatoria. Eso significa que Luz Passalacqua tenía que modificar su ficha RUC (Registro Único de Contribuyente) al momento de regularizar todos los documentos. Sin embargo, no lo hizo. 

El entonces jefe del Órgano Encargado de las Contrataciones del Cosale, Franklin Alarcón Salazar, firmó el acta de otorgamiento de la buena pro de la contratación “DIRECTA-PROC-5-2020-EPUO 0790-1” el viernes 12 de junio de 2020. Un mes antes, el viernes 8 de mayo, Luz Passalacqua había vuelto a modificar sus actividades económicas en la Sunat y ya no declaraba dedicarse a la venta de productos farmacéuticos. Es decir, no cumplían con uno de los requisitos mínimos. Ese 12 de junio, lo único claro era que Passalacqua se dedicaba al comercio de artículos de ferretería y pinturas.

Durante la pandemia, Luz Passalacqua también contrató con la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa por materiales de bioseguridad. Para este reportaje, tratamos de contactarnos con ella para recoger su versión, pero no respondió las llamadas telefónicas ni los mensajes por correo electrónico. 

La empresa de informática

El domingo 12 de abril de 2020, fecha en la que la capitana Ketty Canazas envió las solicitudes de cotización, la compañía 3IT Group S.A.C. tenía registradas dos actividades económicas ante la Sunat: una era la “venta al por mayor de ordenadores, equipo periférico y programas de informática”; mientras la otra era “programación informática”. Eran las únicas actividades que la empresa había reportado ante el ente recaudador desde su creación en enero de 2016. Recién el jueves 16 de abril de 2020, 3IT Group S.A.C. registró en la Sunat que se dedicaba a la “venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos, cosméticos y artículos de tocador en comercios especializados”.

El informe técnico de la contratación “DIRECTA-PROC-5-2020-EPUO 0790-1” menciona que hubo un desabastecimiento de mascarillas de tela en el mercado. Ante ello, y mientras daban tiempo para que confeccionen los cubrebocas de tela, el Cosale compró mascarillas descartables de tres pliegues para proporcionárselas al personal militar que realizaba labores de patrullaje y de seguridad. El informe técnico detalla que “se tuvo que realizar el abastecimiento de mascarillas de tres (3) pliegues con fecha 17 de abril dando tiempo suficiente para la confección y entrega del producto requerido (mascarillas de tela)”. Además, se detalla que se internaron más de un millón de mascarillas de tres pliegues, lo que guarda relación con la cantidad que le solicitaron a la empresa 3IT Group S.A.C.

En la contratación “DIRECTA-PROC-5-2020-EPUO 0790-1”, el Cosale contrató a cuatro empresas para comprar más de 1 millón 631 mil mascarillas descartables de tres pliegues. Más de un millón de ellas (70%) fueron compradas a 3IT Group S.A.C., quien las vendió a un precio unitario de S/ 2,26. El Cosale, en este proceso, compró mascarillas de tres pliegues con precios que rondaron desde el S/ 1.80 hasta los S/ 2.45. Fueron precios por encima del mercado, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) adquirió mascarillas de ese tipo a un precio promedio de S/ 0,96 entre marzo y abril del 2020. 

Al final, 3IT Group S.A.C. cobró casi S/ 2,6 millones por la venta. Es un monto equivalente a 50 veces lo que ganó en años anteriores por contratos públicos. Según el portal de Transparencia Económica del MEF, la empresa facturó S/ 50 mil 630 desde el 2016 hasta marzo de 2020. La empresa solo había tenido cinco contratos con el Estado. Todos fueron montos menores o iguales a 8 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) y fueron del rubro de informática y venta de aparatos electrónicos.

La empresa 3IT Group S.A.C. fue constituida en enero de 2016. Los socios iniciales fueron Giancarlo Giomar Chávez Dávila (55% de acciones) y Germán Alessandro Granados Palomino (45% acciones). El primero fue designado gerente general de la empresa, mientras el segundo fue el subgerente. Esto cambió el año 2019, cuando Granados Palomino fue reemplazado en el cargo por Vanessa Rivera Chávez, esposa de Giancarlo Chávez Dávila.

El objeto social de 3IT Group S.A.C. incluye actividades económicas disímiles entre sí, como la venta de combustibles, venta de alimentos, ingeniería de obras públicas, construcción de edificios y la venta de productos farmacéuticos, entre otros. Hasta antes de la pandemia, la información de su página web y su fanpage no indicaban que se dedicaba a la venta de mascarillas.

Precisamente, el primer contrato estatal de 3IT Group S.A.C. fue con el Consejo Nacional de la Magistratura en noviembre de 2016. En ese mes, Vanessa Rivera Chávez trabajaba en la institución que luego sería desactivada a raíz del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. La descripción de la orden —según el portal del OSCE— señala que la compañía brindó un servicio por la "recuperación de información de disco duro" y cobró más de S/ 2,400.

La información de esta empresa en la Sunat, su historial de contrataciones anteriores, así como su página web y su fanpage oficial no daban indicios de que esta se dedicara en abril de 2020 a la venta de implementos médicos. Finalmente, la invitaron a participar del proceso convocado por el Comando de Salud del Ejército y la contrataron. Para esta investigación, contactamos a Giancarlo Chávez Dávila, quien accedió inicialmente a conversar con nosotros. Pero, no volvió a responder en los siguientes días las llamadas, ni los mensajes de texto o el correo electrónico.

3IT Group S.A.C. vendió las mascarillas descartables de tres pliegues a un precio que es más de doble de lo que pagó el Ministerio de Salud por ellas.

Sin descargos

Solicitamos una entrevista con Oswaldo Calle Talledo, por entonces jefe del Comando de Salud del Ejército, quien firmó los contratos con los proveedores mencionados en este reportaje. También se buscó contactar a Nelly Canazas Martínez, a cargo del OEC del Cosale y de los pedidos de cotización enviados a empresas no especializadas en la venta de cubrebocas o lentes de protección. En octubre último, Calle Talledo y Canazas Martínez fueron ascendidos en el Ejército a los grados de general de división y mayor, respectivamente.

Asimismo, se solicitó una entrevista con Franklin Alarcón Salazar y José Luis Azabache Peralta, quienes lideraron el proceso y fueron sindicados por la Contraloría de haber favorecido a cinco compañías para que ganasen la buena pro.

Por último, se solicitó conversar con Pedro Miguel Monsalve Navarrete, quien como subjefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Ejército dio el visto bueno legal a la contratación. Cabe anotar que una investigación de la Fiscalía sostiene como hipótesis que, entre 2008 y 2014, Monsalve Navarrete fue parte de una organización criminal instaurada en el Ejército que se apropió de más de S/ 10 millones a través del cobro fraudulento de pensiones, pensiones devengadas y seguros de vida de soldados fantasma: personas que no existían o que no habían prestado servicios al Ejército.

Del mismo modo en que sucedió con el reportaje sobre el Hospital Militar Central, la Oficina de Informaciones del Ejército indicó que los funcionarios no podían dar sus descargos a Convoca.pe por la reserva de las investigaciones que realiza el Ministerio Público.

(*) Esta investigación se desarrolló con la beca “Fondo para financiar proyectos periodísticos sobre corrupción en pandemia”, del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y la Unión Europea.