Gobernador de Piura nombró como directores a 3 funcionarios investigados por corrupción en obras de defensas ribereñas 

Tres de los 20 funcionarios del Gobierno Regional de Piura investigados por su presunta responsabilidad penal en la contratación y ejecución de millonarias obras financiadas por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que favorecieron a empresas fueron designados como directores por el gobernador de Piura, Luis Neyra. Este funcionario minimiza los informes de la Contraloría, las investigaciones de la Fiscalía y los daños en las defensas ribereñas, como revela este nuevo reportaje del especial 'Sombras de la reconstrucción', del proyecto colaborativo Periodistas en Red, que lidera Convoca.pe.  

 

Por Wilson Siancas y Periodistas en Red | 16 de mayo de 2023

 

"Es lamentable que se tenga este tipo de falencias en una obra tan importante, como las defensas ribereñas del río Piura, por la irresponsabilidad de algunos malos profesionales", afirmó, hace unos días, Luis Neyra, gobernador regional de Piura, mientras observaba los daños en las losas de concreto. Lo que no dijo es que nombró como directores en la institución que lidera a tres funcionarios investigados por corrupción en estos trabajos financiados con más de 180 millones de soles (Más de 48 millones de dólares) de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Con las lluvias intensas de las últimas semanas, el 20 de abril último, seis metros del dique de concreto del tramo II de las defensas ribereñas del río Piura se hundieron; el 3 de mayo, 144 losas del tramo I se desprendieron; y, el 13 de mayo, se detectó que una viga que sostiene las losas en el tramo II estaba inclinada hacia el río, lo que generó que la infraestructura se vaya desmoronando. El expresidente regional Servando García prometió que estas obras protegerían a los piuranos de las inundaciones durante 100 años, sin embargo, los daños reportados han dejado a la población piurana expuesta a nuevas inundaciones, sobre todo, ante la probabilidad de que este año ocurra un fenómeno El Niño global.

 

 

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Dique de concreto de las defensas ribereñas del río Piura tuvo dos hundimientos, uno en abril y otro en mayo de este año. Foto: Difusión

 

Ante un eventual fenómeno El Niño, el Colegio de Ingenieros de Piura advirtió que las defensas ribereñas podrían desaparecer, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República que identifiquen a los responsables de las fallas y los dirigentes de la población que vive en las zonas aledañas en riesgo de inundación no han cesado de exigir justicia.

Solo en Piura, la Contraloría identificó a 131 funcionarios con presuntas responsabilidades de tipo penal, civil y administrativo en las obras del proceso de Reconstrucción con Cambios, ejecutadas desde 2017, por irregularidades en la contratación y ejecución de los trabajos. Su accionar ha generado un perjuicio económico de 25 millones 827 mil 25 soles al Estado (6,8 millones de dólares).

El proyecto colaborativo Periodistas en Red, que lidera Convoca.pe, elaboró una base de datos y siguió el rastro de los funcionarios involucrados en actos de corrupción en obras que debían prevenir desastres en Piura, la región más golpeada por las lluvias. Este nuevo reportaje de la serie 'Sombras de la reconstrucción' pone en evidencia el accionar de los servidores públicos, la inacción y complicidad de algunas autoridades y el historial de las empresas favorecidas por presuntos actos de corrupción.

Investigados con suerte

Con la salida de Servando García y el ingreso de Luis Neyra al Gobierno Regional de Piura, tres funcionarios investigados por la Fiscalía Anticorrupción y con procesos disciplinarios en marcha tuvieron mucha suerte porque, la nueva gestión no sólo los mantuvo trabajando en dicha entidad sino también los promovió a cargos directivos.

El 3 de enero de este año, el gobernador Luis Neyra designó al ingeniero industrial James Crox Coronado Torres director del Programa Sectorial III de la Dirección de Normas, Monitoreo y Evaluación de la Gerencia Regional de Infraestructura. El 31 de enero, nombró al ingeniero civil Martín Eduardo Saavedra More director del Programa Sectorial lII de la Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada de Ayabaca de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna. El 27 de marzo, designó al contador Eloy Isac Cisneros Casariego director del Sistema Administrativo III Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Oficina Regional de Administración.

Los tres funcionarios participaron en la construcción de las defensas ribereñas en las márgenes del río Piura, que fue observada por la Contraloría. En una serie de informes, el organismo supervisor advirtió irregularidades en la firma y ejecución de los contratos de estas obras que, a menos de un año de su inauguración, reportaron fallas.

 

 

Con un costo final de 153 millones 890 mil 600.51 soles (41,8 millones de dólares), el tramo I de las defensas ribereñas en el río Piura, que comprende desde la represa Los Ejidos hasta el puente Cáceres, fue inaugurado por el gobernador Servando García en agosto de 2022, a pesar de que algunos meses antes la Contraloría advirtió que la obra fue recepcionada con deficiencias físicas, que nunca fueron subsanadas.   

El 14 de diciembre del año pasado, la Contraloría emitió el Informe de Auditoría Nº 30318-2022-CG/GRPI-AC sobre las observaciones en los procedimientos de contratación y ejecución contractual de la obra e identificó a cuatro funcionarios con presunta responsabilidad penal.

El ingeniero Martín Saavedra fue director del Programa Sectorial V de la Gerencia Regional de Infraestructura, del 5 de abril de 2017 al 2 de diciembre de 2018, durante la gestión del gobernador Reynaldo Hilbck Guzmán. La Contraloría determinó que, como responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, no verificó que antes del inicio de la elaboración del expediente técnico del proyecto se cuente con el saneamiento físico legal de los terrenos y tramitó su aprobación.

Debido a la falta de liberación de terrenos en ambas márgenes del río Piura, se debió actualizar los trazos y replantear los ejes de los diques, lo que originó  que se aprueben dos ampliaciones de plazo, ocasionando el pago de mayores gastos por 2 millones 72 mil soles 34,06 soles, en perjuicio del Gobierno Regional.

Saavedra también participó en la elección del contratista. Como presidente del Comité de Selección, calificó la oferta del Consorcio Los Ejidos, a pesar de que no cumplió los requisitos, y permitió que se beneficie a este postor con la suscripción del contrato por 57 millones 740 mil 643,00 soles. Los otros integrantes del comité, el ingeniero James Coronado y el abogado Alcides Adriano, tomaron la misma decisión.

El contador Eloy Cisneros aprobó el acta de verificación de los requisitos de calificación para la suscripción del contrato de consultoría para la supervisión de obra, pese a que el postor ganador, el Consorcio Supervisor Control de Inundaciones II, no presentó todos los documentos exigidos. En 2020, durante la gestión del gobernador Servando García, el entonces director del Sistema Administrativo III de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares permitió que se beneficie al contratista con 4 millones 41 mil 606,68 soles.

Por esta obra, la Fiscalía Anticorrupción de Piura inició este año una investigación a los ingenieros Martín Saavedra y James Coronado y al abogado Alcides Adriano, por los presuntos delitos contra la administración pública. Además, desde 2019, Eloy Cisneros es investigado en el Ministerio Público por negociación incompatible y concusión (Colusión con defraudación patrimonial al Estado).

Este medio trató de comunicarse con las personas mencionadas en este informe, a través de diversos medios, sin embargo, no obtuvo respuesta. 

Una obra en problemas

A Martín Saavedra la Contraloría también le atribuye presunta responsabilidad penal en la obra de rehabilitación del dique izquierdo del río Piura, valorizada en 32 millones 618 mil 035 soles (8,6 millones de dólares). Estos trabajos ejecutados en 2017, durante la gestión del gobernador Reynaldo Hilbck, debían ayudar a reducir los efectos de un eventual fenómeno El Niño, en el sector del Bajo Piura.

Como presidente del Comité de Selección, Saavedra calificó y otorgó la buena pro al Consorcio Reconstrucción, que no cumplía los requisitos mínimos de experiencia para la elaboración del expediente técnico, y, que ofertó maquinaria de menor potencia a la solicitada en las bases, según el Informe Nº 031-2020, emitido el 4 de noviembre de 2020. Lo mismo hicieron los otros miembros del comité, César Augusto Montalván Mozo y Luis Fernando Millones Alba.

Además, como gerente de la Gerencia Regional de Infraestructura, Saavedra, al visar y suscribir el contrato, favoreció al Consorcio Reconstrucción, que no cumplió con presentar declaraciones juradas de no tener sentencias condenatorias, sanción administrativa y/ o procesos penales o administrativos en trámite. Lo mismo hicieron el director de obras, César Augusto Montalván, y el jefe de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Alcides Adriano.

Debido al accionar de estos funcionarios, no se conoció que, en la fecha de suscripción del contrato, el consorciado House Bussines EIRL tenía procedimientos administrativos sancionadores en trámite con el Tribunal de Contrataciones del Estado. El 10 de enero de 2018, dicha entidad sancionó a esta empresa con 36 meses de inhabilitación para contratar con el Estado, por presentar documentación falsa para realizar una obra en Pasco.

 

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El presidente Martín Vizcarra entrega cheque simbólico por 130 millones de soles al entonces gobernador de Piura Servando García para las obras de protección contra inundación del río Piura. Foto: Presidencia de la República

 

En mayo de 2018, durante la gestión del gobernador Servando García, el entonces consejero regional por Morropón Óscar Echegaray Albán denunció a Saavedra, Montalván, Millones y Adriano ante el Ministerio Público por el delito de omisión de funciones, colusión agravada, negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, por no pedir la declaración jurada a la empresa House Business. 

La Fiscalía Anticorrupción de Piura inició, en 2021, una investigación a Martín Saavedra, Luis Millones, César Montalbán y Alcides Adriano, por el presunto delito de aprovechamiento indebido del cargo, de acuerdo con el reporte de casos fiscales a nivel nacional al que accedió este medio.

Los pobladores del Bajo Piura esperaban que el mantenimiento del dique evite inundaciones en sectores cerca al río, donde hay población urbana. Sin embargo, gran parte de la estructura del dique izquierdo se ha sedimentado por el aumento de caudal del río, debido a las lluvias de los últimos años, explicó Carlos Paz, dirigente del Albergue Santa Rosa, en el distrito de Cura Mori, donde vive un grupo de damnificados por el fenómeno El Niño, desde 2017. 

“La obra del dique, al final, se dejó a su suerte. Ahorita, que la necesitamos, por el aumento del caudal, está a punto de caerse. (...) Está sin mantenimiento poniendo en peligro la vida de niños, madres, familias enteras, que no tienen otra vivienda”, advirtió Paz a este medio.

El historial de empresas favorecidas

Las empresas que participaron en las obras de las defensas ribereñas y del dique del margen izquierdo del río Piura tienen un historial de sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado, el cual las ha inhabilitado para contratar con el Estado de manera temporal o, en algunos casos definitiva. El principal motivo de este castigo es la presentación de documentación falta en licitaciones para realizar obras.

Los principales favorecidos en la obra del tramo I de la defensas ribereñas del río Piura fueron el Consorcio Los Ejidos, conformado por las empresas Proyectos del Norte SAC, Pronte Ingenieros SAC, Construcciones Civiles y Topografía SAS Concitop SAS y HC & Asociados SRL, y el Consorcio Supervisor Control de Inundaciones II, que integran Intecsa Inarsa SA Sucursal Perú y Asistencia Técnica y Jurídica Consultores SL.

 

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Construcciones Civiles y Topografías SAS Concitop SAS fue inhabilitada definitivamente para contratar con el Estado. En abril de 2022, el Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a esta empresa, como integrante del Consorcio Hatun, con la suspensión definitiva por presentar documentos falsos al Gobierno Regional de Pasco, en la convocatoria para la “Ejecución del saldo de obra: Mejoramiento de la Carretera Yanahuanca”. Actualmente, este contribuyente figura con el estado de suspensión temporal en la Sunat.

A pesar de esta grave infracción, el 17 de marzo de 2023, el representante legal Constructores Civiles y Topografías, Alfonso Martín León Ortiz, fue nombrado Especialista en Logística de la Oficina de Administración del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres-CENEPRED.

 

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Extracto de resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado que inhabilita definitivamente a Construcciones Civiles y Topografías SAS Concitop SAS por presentar documentos falsos.

 

Desde mayo de este año hasta el 2026, Asistencia Técnica y Jurídica Consultores SL e Intecsa Inarsa SA Sucursal Perú están inhabilitadas para contratar con el Estado por presentar documentos falsos al Gobierno Regional de Piura para la “Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución y liquidación de la obra: Mejoramiento del servicio de protección contra inundaciones de las ciudades de Piura y Castilla, margen derecha e izquierda del rio Piura en el tramo: represa Los Ejidos al puente Cáceres". 

En esta licitación, ambas empresas, como integrantes del  Consorcio Supervisor Castilla-Piura II, presentaron una carta de referencia bancaria, emitida supuestamente por el Banco Santander, entidad que corroboró la falsedad de dicho documento.

Pronte Ingenieros SAC fue sancionada entre 2013 y 2015 por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) al incumplir obligaciones y plazos de responsabilidad durante la ejecución de una obra.

HC & Asociados SRL ha tenido dos sanciones temporales de impedimento para contratar con el Estado, una por presentar documentación falsa, del 13 de diciembre de 2006 al 12 de enero de 2007, y otra por dar lugar a la resolución del contrato, del 19 de octubre de 2015 al 19 de octubre de 2016.

Con el contrato para la construcción del dique del margen izquierdo del río Piura, firmado el 6 de noviembre de 2017, durante la gestión del gobernador Reynaldo Hilbck, la Contraloría advirtió que los funcionarios del Gobierno Regional de Piura favorecieron al Consorcio Reconstrucción, conformado por las empresas HC & Asociados SRL, Maquinorte SAC, House Business EIRL y Constructores Civiles y Topografías SAS.

 

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House Business EIRL estuvo impedida de contratar con el Estado, entre el 26 de diciembre de 2018  y el 26 de abril de 2022 porque, como parte del Consorcio Pataz, presentó documentos falsos al Gobierno Regional de La Libertad. Entre el el 22 de mayo de 2019 y el 22 de abril de 2020, tuvo la misma sanción, porque, como integrante del Consorcio Reyes, no cumplió con perfeccionar el contrato con la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), para la construcción de la Estación Andrés Reyes del Metropolitano, en San Isidro.

Maquinorte SAC está impedida de contratar con el sector público, desde el 7 de enero de 2022 al 7 de enero de 2025. El Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a esta empresa porque, como parte del Consorcio Lagunas, presentó documentación falsa para acreditar experiencia en la elaboración de expedientes técnicos en una convocatoria realizada por el Programa Subsectorial de Irrigaciones en Lambayeque.

Además, entre 2007 y 2012, Maquinorte fue considerada una de las constructoras favoritas de la gestión del gobernador de Áncash César Álvarez, hoy preso por corrupción. En 2015, su gerente general, Marco Artemio Moran Li, fue convocado por la Comisión del Congreso de la República que investigó a más de 400 personas, entre ellas 120 empresarios, por la presunta existencia de privilegios y ventajas en los procesos de contratación de obras públicas con el Estado.

Respaldo del gobernador

El gobernador Luis Neyra reconoció que firmó las resoluciones que mantienen los contratos de los funcionarios acusados de responsabilidad penal en las obras de las defensas ribereñas; no obstante, dijo a este medio que las investigaciones y cuestionamientos son bastantes comunes en las personas que provienen de otras administraciones. Minimizó el hecho y aseguró que parte de los trabajos mal hechos son responsabilidad de la gestión de Servando García. 

 

 

“Lo que pasa es que hay muchos funcionarios que están cuestionados por la Contraloría. Ni bien se encuentren responsabilidades directas, se tomarán las acciones correctivas. Si sancionan a algún funcionario, inmediatamente lo botamos. Lamentablemente, todos los cargos por temas de abastecimientos, de obras, por lo general, tienen cuestionamientos, y están en todo su derecho de defenderse”, dijo Neyra. 

La autoridad regional anunció que denunciará penalmente al exgobernador Servando García, como principal responsable y promotor de la ejecución de los trabajos en el río Piura. El exfuncionario está fuera del país y no ha realizado ninguna aparición pública tras el término de su gestión.  

 

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Gobernador Luis Neyra fue entrevistado por reportero de Convoca mientras evaluaba los daños en la defensa ribereña del río Piura. Foto: Difusión

 

La obra de las defensas ribereñas ha registrado serios cuestionamientos desde que empezó, con los favorecimientos de los funcionarios a los consorcios y la aprobación de pagos adicionales, recuerda Jears Gallardo Manrique, exdirigente del Frente de Defensa del Distrito Veintiséis de Octubre.

“Lo peor de todo es que la actual administración de Luis Neyra los premia con nuevos contratos. Lo que tenemos, ahora, son defensas mal hechas, que se rompen, y la gente responsable de eso sigue ganando con la plata de los piuranos”, declaró Gallardo a este medio. 

 

 

El decano del Colegios de Ingenieros de Piura, Hermer Alzamora, declaró a este medio que, tras la ruptura de las defensas ribereñas en el tramo I y II, es necesario una investigación exhaustiva para analizar la calidad de vida del proyecto. 

“Hemos pedido a la empresa que nos explique lo que ha pasado. Este problema, quizás, sea del proyecto, quizás del procedimiento constructivo o, por la reducción de la caja hidráulica y se ha hecho un estrangulamiento del río. Entonces, las razones pueden ser varias”, señaló. 

Alzamora aseguró que, en el Colegio de Ingenieros, se encuentran atentos a los procedimientos administrativos y judiciales que involucren a sus profesionales, ya que su institución puede aplicar sanciones y hasta inhabilitaciones. Sobre los ingenieros del Gobierno Regional que son investigados, dijo que esperarán que culminen las investigaciones. 

 

 

Para el representante legal de Pronte Ingenieros, Baffi Arroyo Enrique, la ruptura de la estructura del tramo I de las defensas ribereñas construidas por su empresa se debe a los niveles de sedimentación no previstos, entre otros factores externos. Aseguró a los medios locales que la repararán, cuando baje el caudal del río Piura, como parte de la garantía del proyecto.

 

Zarif Meres Guzmán
Desde que en 2017 el río Piura se desbordó y llegó hasta la Plaza de Armas de Piura, la población vive en constante zozobra por las lluvias intensas, ante el temor de una nueva inundación. Foto: Zarif Meres Guzmán

 

Los resultados de la corrupción en la región Piura se evidenciaron en las últimas lluvias del verano 2023, con la contratación de personas cuestionadas, la falta de obras importantes y construcciones con deficiencias que exponen la vida de miles de personas, ante la posibilidad de un nuevo desborde del río, advirtió la presidenta del colectivo civil Vigilia Ciudadana, Mella Salazar.

“Depende de la autoridad regional determinar si remueve o no a los implicados. Esto sería dar señales claras de una lucha frontal contra la corrupción. Sin embargo, hasta que no se determine su culpabilidad, ellos pueden continuar trabajando. Los procesos en el Ministerio Público y el Poder Judicial son tan largos, que los ciudadanos nos cansamos de esperar que sancionen a los culpables y la maquinaria de la corrupción continúa”, manifestó Salazar. 

Piura ha recibido 2 mil 938 millones de soles (798 millones de dólares) de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, desde el último Fenómeno El Niño, en 2017. El gobierno de Dina Boluarte anunció que le dará 500 millones de soles más a esta región (Más de 38 millones de dólares). Parte de ese dinero será administrado por el Gobierno Regional y los funcionarios de confianza del gobernador Luis Neyra, entre quienes figuran tres directores investigados por corrupción en obras que no han cumplido el objetivo de prevenir más daños por lluvias entre la población piurana.

 

 

(*) Periodistas en Red es un proyecto colaborativo que lidera Convoca.pe, en alianza con el diario La República y reporteros independientes de diversas regiones del país.

(**) Wilson Siancas es reportero en La República (Región Norte).