Política del secretismo afectó contrataciones públicas por Covid-19 en Colombia, México y Perú

El secretismo y la poca transparencia en las contrataciones públicas de bienes y servicios en Colombia, México y Perú quedaron en evidencia al analizar las investigaciones de medios de comunicación y las denuncias de organizaciones civiles durante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.

En Colombia, por ejemplo, desde enero de 2021, el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción (IIEA), con sede en Bogotá, se entrampó en una batalla legal con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad adscrita a la Presidencia de ese país y que administra los contratos y el dinero para la adquisición de vacunas contra el Covid-19.

El editor del medio de periodismo de investigación ‘Cuestión Pública’, Camilo Vallejo, relató a Convoca Verifica que los contratos de las vacunas anticovid se mantuvieron ocultos y se convirtieron en el caso más emblemático del secretismo que manejó el Gobierno de Iván Duque durante la pandemia del Covid-19. Destacó que no sabían cuánto les estaba costando el fármaco ni la inversión que se hacía, en tanto, el gobierno solo se justificó al declarar estos contratos como tema de seguridad nacional y defensa de la salubridad pública.

Por ello, el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción (IIEA), ONG creada en 2018, procuró obtener información de la compra de las vacunas elaboradas y distribuidas por grandes empresas farmacéuticas, como Pfizer, Astrazeneca Uk Limited y Janssen Pharmaceutica, de la corporación norteamericana Johnson & Johnson. Sin embargo, no tuvo éxito.

Imagen referencial de dosis de las vacunas contra el Covid-19. / Foto: Organización Panamericana de la Salud (OPS) - Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción presentó un pedido de información ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para obtener una hoja de resumen de los términos o cualquier documento de naturaleza precontractual o contractual y un informe del precio acordado de cada vacuna. La respuesta de esa entidad pública fue que los contratos de la compra de vacunas estaban protegidos por acuerdos de confidencialidad.

Ante la negativa de compartir la información solicitada, el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción presentó un recurso de insistencia, que en la legislación colombiana es un instrumento para proteger el derecho de petición ante la falta de voluntad de la administración de entregar documentos o información. 

Aunque este recurso fue resuelto en mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo del departamento de Cundinamarca, que ordenó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres entregar, en un plazo máximo de cinco días, la información de los contratos continúa en reserva. Las farmacéuticas se rehúsan a revelar detalles, según señalaron desde el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción.

Michel Levien, director de la ONG mencionada, informó que están a la espera de recibir esos contratos, puesto que ante el fallo final relacionado con ese caso, el 27 de setiembre solicitó a la actual administración del Ministerio de Salud —en Colombia hubo un cambio de gobierno el pasado 7 de agosto— que cumpla con la entrega de los documentos.

La administración del expresidente colombiano Iván Duque mantuvo en secreto los contratos de las vacunas contra el Covid-19. Foto: Referencial.

A raíz de una filtración de los contratos que cometió por error el Consejo de Estado, el máximo juez de la administración pública en Colombia, se conoció que el gobierno de Iván Duque pagó US$12 por cada dosis de la vacuna al laboratorio Pfizer, mientras el monto por cada fármaco de AstraZeneca habría ascendido a US$6.

Los documentos de los contratos revelaron que los laboratorios buscaban eximirse de responsabilidad por los eventuales efectos adversos de sus preparados y no garantizaban la entrega oportuna de los lotes. Así también informó Convoca.pe, a través de su especial Vigila la Pandemia, en abril del año pasado.

El informe “Balance del monitoreo a la contratación pública Covid-19”, publicado en septiembre último por la corporación Transparencia por Colombia, indica que “desde el inicio de la emergencia sanitaria, la falta de claridad en el uso de los recursos públicos fue una constante”.
 
El seguimiento a la inversión pública entre octubre de 2021 y julio de 2022, recogido en el documento de Transparencia por Colombia, identificó varios casos en que los criterios de selección e idoneidad de contratistas no se cumplieron. Uno de ellos fue la contratación de la cooperativa Multiactiva de la Renovación, en el departamento de Bolívar, para el suministro de alimentos. Esta compañía no tenía constancia de experiencia en la prestación de estos servicios que justificara su selección. 

El informe también señala que, desde la llegada de la pandemia en marzo de 2020, las entidades de investigación, control y sanción de Colombia, como la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General ,han emprendido 1402 acciones sobre los riesgos asociados al uso correcto de los recursos. En todos los departamentos se han abierto investigaciones; Nariño con 97, Cundinamarca, con 89, y Tolima, con 86, representan los departamentos con el mayor número de casos.

“Investigaciones hubo y hay, pero no se materializan en sanciones. La impunidad rodea y parece proteger a los funcionarios públicos involucrados”, cuestionó el periodista Camilo Vallejo, quien trabajó en la ONG Cooperación Cívica de Caldas, que ve temas de acceso a la información y lucha contra la corrupción.

Un gobierno que reserva información sistemáticamente

La reserva de los contratos para la compra de vacunas es una situación que también ocurre en México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió reservar información de los contratos hasta el 2025, alegando que es un tema de seguridad nacional. “No podemos saber cuántas vacunas se compraron, cuáles fueron las condiciones de esas compras, el volumen de los lotes, cómo se distribuyeron, cuánto del presupuesto se destinó para la compra hasta diciembre de 2025”, explicó Liliana Elósegui, directora editorial de Verificado MX., medio de comunicación especializado en la verificación de datos.

Según relató la periodista mexicana a este medio, la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha puesto en práctica la reserva de información por seguridad nacional de manera sistemática. 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece, en su artículo 13, que si la difusión de determinada información compromete la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional, esta puede clasificarse como reservada y podrá permanecer así hasta por un periodo de 12 años o cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación. No obstante, este gobierno ha aprovechado para reservar información de importantes obras bajo el mismo motivo.

Una mujer recibe la vacuna contra el Covid-19, el 23 de febrero de 2021, en un módulo de vacunación de la Ciudad de México (México).  Foto: Difusión.

En noviembre de 2021, el mandatario mexicano publicó un decreto que declaró como temas de seguridad nacional la realización de proyectos y obras emblemáticas de infraestructura de su gobierno. De esta manera, AMLO puede evitar que proyectos como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas puedan ser frenados por amparos y que la información relacionada con éstos no sea difundida.

“Este gobierno tiende a bloquear el acceso a la información por, supuestamente, ser tema de seguridad nacional. Es lo que argumentaron respecto de los contratos de las vacunas. Dijeron que la información podría utilizarse por grupos de delincuencia organizada para desestabilizar el programa de vacunación”, manifestó la periodista Liliana Elósegui, quien criticó que la actual administración “aparenta ser transparente y más cercana a la población”, pero “es la que más ha reservado información en los últimos años”.

Contrataciones directas

La publicación “Corrupción en tiempos de Covid-19: Una perspectiva regional sobre contrataciones públicas”, de mayo de 2020, revela que la Secretaría de Salud de México adquirió todo tipo de bienes y servicios sin un proceso de licitación pública, debido a un decreto presidencial que estableció bajo qué parámetros actuaría el Ejecutivo en una situación de emergencia.

“Las agencias del gobierno mexicano llevaron procesos de adjudicación directa, los cuales carecen de transparencia y conllevan a conductas inapropiadas: En el primer semestre de 2021, el 80.6% del total de contratos del gobierno se realizaron por adjudicación directa. En tanto, el 96% de los contratos relacionados con el Covid-19 en 2020 y 2021, fue bajo esta modalidad”, señala el documento.

De acuerdo con la periodista Liliana Elósegui, “el gobierno mexicano tiene la facultad de asignar automáticamente quién estará a cargo de la construcción de obras públicas” y en el mandato de AMLO, el Ejército administra las licitaciones y el proceso de construcción, en muchos casos.

“El poder del Ejército ha crecido y, básicamente, son los ingenieros militares los que están construyendo el cuestionado Tren Maya y los que están operando el nuevo aeropuerto. Incluso, es posible que la seguridad pública pase a su cargo, a través de la guardia nacional”, refirió la oeriodista.

El gobierno del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto que declara como temas de seguridad nacional la realización de proyectos y obras emblemáticas de infraestructura. / Imagen: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro.

Investigaciones por corrupción durante pandemia

En Perú, el experto en contrataciones públicas Jorge Perleche indicó a Convoca Verifica que, durante la pandemia del Covid-19, hubo denuncias, principalmente por sobrevaloración y direccionamientos de las compras de insumos. Para el especialista, en estas circunstancias hay mayor posibilidad de que ocurran casos de corrupción.

“Se presentaron muchos problemas. Ante una situación como la pandemia, lamentablemente, algunos agentes en el mercado de compras públicas, llámense funcionarios públicos o proveedores, han utilizado ese contexto para llegar a acuerdos irregulares. Pero nadie estaba preparado para ello, ni siquiera las propias normas de contratación, y quedaron desfasadas”, explicó Perleche. 

El experto recordó que “de un momento a otro, pasamos de entender a las contrataciones directas por situación de emergencia como excepcionales a que, prácticamente, se volvieran una regla. El nivel de compras utilizando la situación de emergencia, que era una cantidad de uno, por dar un número; aumentó a 50 o 100 veces más. Fue una situación completamente atípica”.

Perleche destacó que las fiscalías anticorrupción registran 2122 investigaciones asociadas a la pandemia, entre el 2020 y 2021, según un informe de El Comercio, con datos del Ministerio Público. “En el Estado de Emergencia se han reportado casos de corrupción con la adquisición de ventiladores y demás equipos médicos, vacunas anticovid, canastas de alimentos, sobrecostos en la compra de alcohol medicinal y mascarillas. Incluso, hay un caso en la propia Contraloría”, sostuvo.

En la última investigación de Convoca.pe sobre actos irregulares del gobierno peruano durante la pandemia, Perú: Ministerio de Salud compró ventiladores por más de US$ 16 millones a empresas investigadas por corrupción, el Ministerio de Salud guardó silencio ante las consultas sobre la contratación de cuatro empresas proveedoras de ventiladores mecánicos para paciente graves con Covid-19 que tienen investigaciones por delitos de corrupción en la venta de equipos médicos al Gobierno Regional de Áncash y al Seguro Social de Salud EsSalud.

Ingenieros apoyando en la reparación de respiradores que estaban fuera de servicio. / Imagen: Difusión.

Como parte de la investigación periodística, Convoca.pe solicitó al Ministerio de Salud una entrevista con la directora de la Dirección General de Operaciones en Salud, Antonieta Alarcón, a cargo de las compras de ventiladores por Covid-19. Aunque solicitaron el envío de un cuestionario, éste nunca fue respondido.

En un reportaje anterior, de diciembre de 2021, también relacionado con la adquisición de ventiladores, con fallas que presentaron al poco tiempo de ser instalados en los hospitales; este medio digital registró declaraciones falsas de esta misma funcionaria, Antonieta Alarcón.  

Alarcón afirmó que, en ese momento, no tenían requerimientos de que algún ventilador haya estado fallando y afirmó que “A través de nuestros sistemas informáticos, sabemos el número de camas operativas y no hemos recibido información de que no estén funcionando los ventiladores”.

Sin embargo, esas declaraciones no estaban de acuerdo con la realidad, pues —según la investigación periodística— el Hospital Nacional  Cayetano Heredia reportó siete ventiladores inoperativos de los 20 que recibió. Tres de estos aparatos no contaban con el cable de poder ni manguera de oxígeno y cuatro tenían el sensor de oxígeno deteriorado, según precisó el Ministerio de Salud en la respuesta a una solicitud de información pública.

En conclusión, como detalla esta nota, en Colombia, México y Perú ha sido constante la falta de transparencia y el secretismo en las contrataciones públicas para la compra de vacunas contra el Covid-19, insumos médicos, ventiladores, entre otros equipos. La situación de emergencia inédita en el mundo por la pandemia permitió compras directas y que algunos contratos sean reservados por los gobiernos.