Covid-19: Contratos de vacunas en Colombia se ocultan tras información fragmentada y pactos de confidencialidad

Cuando el gobierno de Iván Duque celebra el haber completado la compra de 66.5 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19, lo que es suficiente para inmunizar al 78.8% de la población del país (37 millones 750 mil millones de personas), no está claro cuánto se ha pagado ni si el negocio se ha hecho directamente con los laboratorios, gobiernos extranjeros o algún agente intermediario.

Hasta hoy, el gobierno de Colombia destinó un total de 497 millones de dólares para la compra de vacunas, según el análisis de cuatro resoluciones oficiales disponibles. Sin embargo, estas disposiciones no informan el número de dosis que fue posible comprar con ese monto desembolsado. Tampoco incluyen todos los laboratorios que Colombia ha contratado para avanzar en su plan de inmunización.

Ante una solicitud de acceso a la información pública presentada el 23 de marzo, el Ministerio de Salud y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (encargada del manejo de los recursos en la emergencia) no han respondido el pedido para informar sobre las condiciones impuestas por los laboratorios al Estado colombiano en los contratos por las vacunas. La solicitud fue presentada por la alianza ‘Más información + derechos’ de la que forma parte Consejo de Redacción a través del Programa Antonio Nariño junto con Transparencia por Colombia, Dejusticia y la Corporación Ocasa.

La iniciativa para acceder a los contratos, convenios y condiciones de los acuerdos con las farmacéuticas se realizó también en el marco de la alianza ‘Vigila la Pandemia’ y el proyecto periodístico ‘Tras la pista de los dineros del covid’, que integra Consejo de Redacción junto a medios aliados de Perú, Ecuador, Venezuela, México, Panamá y Argentina, con resultados idénticos: en todos los países, los contratos están bajo siete llaves.

En Colombia, otras peticiones de información hechas por medios de comunicación, congresistas y organizaciones de la sociedad civil, además de órdenes de jueces, también han recibido respuestas negativas sobre los convenios, contratos, cantidades y condiciones que el gobierno de Colombia ha aceptado ante los proveedores de vacunas. El Ejecutivo se ampara en acuerdos de confidencialidad para denegar el acceso a los contratos o suministrar información sobre las condiciones de contratación.

El gobierno colombiano anunció la compra de 66.5 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19. Foto: Ministerio de Salud

No hay una fuente unificada —como una plataforma de información o una base de datos pública, actualizada y depurada— que permita hacerle seguimiento a los millonarios fondos que está pagando el Estado colombiano para sacar adelante el programa de inmunización. Y recién el 19 de abril, a dos meses de iniciada la campaña de vacunación, fue publicada una herramienta que permite hacerle seguimiento al proceso de vacunación en el país.

Los desembolsos para comprar las vacunas se iniciaron en el último trimestre de 2020 y desde ese momento se habla de cifras globales y se enuncian de manera general las inversiones, pero no hay contratos, cuantificaciones o precios unitarios y generales que transparenten los movimientos.

Al 13 de abril, en la página oficial Mivacuna.com se informó que 20 millones de dosis para 10 millones de colombianos fueron adquiridas vía el mecanismo Covax Facility y por acuerdos bilaterales 46.5 millones de dosis más. En total: 66.5 millones de dosis contratadas.

No obstante, según información de prensa, la disponibilidad de esas vacunas pactadas cambió: el 6 de abril la expectativa era recibir 7 millones 634 mil 400 dosis durante todo el cuarto mes del año; luego, el 16, el Gobierno confirmó que llegarán solo 3 millones 612 mil; y hasta el 19 sólo habían llegado 1 millón 602 mil 140 dosis.

Documentos de reserva

Ante las solicitudes para acceder a detalles de los contratos firmados por el Estado colombiano con los proveedores de este insumo, información que por ley debería ser pública, la respuesta oficial es que no se pueden entregar datos sobre los convenios, contratos, cantidades ni condiciones de las vacunas por la existencia de acuerdos de confidencialidad.

Durante su intervención diaria por la televisión nacional el 12 de enero último, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, aseguró que infringir esos acuerdos podría hacer que se corte el suministro de vacunas hacia el país y eso hace que el tema pueda ser considerado como “una amenaza a la seguridad de la salud pública y del país”.

Nuevo lote de 50.310 vacunas contra el Covid-19 del laboratorio Pfizer llegó en febrero a Colombia. Foto: Ministerio de Salud

Así, el funcionario justificó que se trata de información reservada. Con el mismo argumento, las autoridades han rechazado –hasta hoy- las decenas de solicitudes de organizaciones de la sociedad civil, abogados y periodistas que piden al Gobierno cumplir con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, sancionada en 2014 (Ley 1.712).

De acuerdo con la Legislación, si el Estado argumenta que se trata de información reservada o clasificada, debería existir una versión pública de esos contratos. Pero no se encuentra disponible ni lo uno ni lo otro.

Escasez de vacunas y de datos

El primer documento oficial sobre vacunas y dinero para la compra fue una resolución de septiembre de 2020, emitida por el Ministerio de Hacienda. Allí se anunció un giro por más de 391 mil millones de pesos (unos 110 millones de dólares) con destino a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), encargada de manejar la emergencia. Estos fondos estaban destinados a que el país pudiera comprar vacunas a través de Covax Facility. El anuncio no fue más extenso que eso: un monto y un objetivo. No habla de cantidades exactas de dosis ni fechas para cumplir ese objetivo.

La resolución justifica, desde el punto de vista legal, la transferencia de los fondos. El movimiento de dinero queda enmarcado en el estado de emergencia económica y social, declarado por el Gobierno en el inicio de la pandemia, el 17 de marzo de 2020. Además, en el mismo documento se explica que el dinero proviene del FOME (Fondo de Mitigación de Emergencia), también creado en ese estado de excepción, pero apenas cuatro días después de la declaratoria de emergencia: el 21 de marzo de 2020.

Ese y gran parte de los movimientos presupuestales del Gobierno colombiano en medio de la pandemia están sustentados en esos dos pasos administrativos: los recursos del FOME y la declaratoria de emergencia (que es un mecanismo de la Constitución para darle al gobierno que la invoque atribuciones especiales y la posibilidad de expedir decretos con fuerza de ley; existen tres escenarios: guerra exterior, conmoción interna y emergencia).

El 25 de noviembre de 2020 se expidió la segunda resolución que hasta ahora es la que tiene más información sobre precios, incluso discriminándolos por unidad de compra. El documento oficial, autoriza la compra de 10 millones de dosis de vacunas del laboratorio Pfizer a 12 dólares cada una. El monto en pesos colombianos autorizado para esa transacción es superior a los 437 mil millones de pesos (unos 124 millones de dólares).

Pero no hay más detalles. Lo siguiente es una orden de pago que dispone la transferencia al Ministerio de Salud de 50 mil dosis de Pfizer, compradas a 42.492 pesos cada una (12 dólares). Las órdenes internacionales de compra no aparecen y el secreto que se mantiene es un propósito que, incluso, quedó consignado en un documento: “Los participantes se obligan conjuntamente (sic) a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada toda la información referente a la ejecución del presente convenio (…)”.

La siguiente Resolución es del 27 de enero de 2021. Allí se mencionan los laboratorios con los que se firmaron contratos y los montos totales en cada caso, pero no se informa el número de dosis que se conseguirán con ese dinero. Según la Resolución 0209, Colombia destina más de 312 mil millones de pesos (unos 90 millones de dólares) para compras de vacunas del laboratorio Janssen; y más de 159 mil millones de pesos (unos 45 millones de dólares) para compras del laboratorio Sinovac.

Y la última resolución conocida a la fecha es del 23 de marzo de 2021: la 0635. Tiene el mismo esquema de las anteriores: la justificación legal y luego una orden de desembolso a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Más de 450 mil millones de pesos (unos 128 millones de dólares) para comprar la vacuna Sinovac. No dice cuántas vacunas serán compradas con ese dinero.

Hasta hoy son solo esas las resoluciones disponibles que, vistas en conjunto, no incluyen el número de dosis que es posible comprar con el total del dinero desembolsado, que, sumadas las cuatro resoluciones, equivale a un total de 497 millones de dólares. Tampoco incluyen todos los laboratorios que Colombia ha contratado para su plan de inmunización.

Así, es imposible verificar cómo avanza la compra de las 66.5 millones de dosis ya anunciadas por el Gobierno nacional.

Lo que sí calcula el Gobierno en un aparte del Plan Nacional de Vacunación es que vacunar a cada colombiano costará 21 dólares.

Si se suman los montos calculados en las cuatro resoluciones conocidas (497 millones de dólares, aproximadamente), aparentemente ya fue desembolsado más del 75% del presupuesto previsto para vacunas, aunque se ha divulgado de manera muy escasa cuántas dosis se podrían comprar con ese dinero.

Por eso, por ahora, es difícil determinar si las vacunas que compra Colombia corresponden a compras directas o fueron hechas a través de intermediarios; si existen comisiones, primas de éxito o distintas figuras en medio de la fuerte competencia mundial, de todas las naciones, por llenar sus refrigeradores de dosis contra el Covid-19.

(*) La alianza periodística ‘Vigila la Pandemia’ investiga el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el Covid-19. Esta iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela); y cuenta con la participación de elDiarioAR (Argentina); y el diario La Prensa (Panamá).