Explicador: ¿Por qué los expertos indican que proyecto del Ejecutivo para protección de líderes indígenas no aporta nuevas medidas?

Los defensores ambientales indígenas de la Amazonía continúan bajo amenaza mientras el Estado sigue discutiendo el tema desde el escritorio. Si bien ya existe un mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos, en mayo último el Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley más específico, "para la Protección y Asistencia a Dirigentes Comunales y/o Indígenas u Originarios en Riesgo”. La iniciativa, sin embargo, ha sido preparada al interior del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sin los aportes de los propios dirigentes y pueblos amenazados, que no fueron consultados. Además, los expertos en la materia opinan que es más de lo mismo.

En los últimos años, la actividad del crimen organizado ha escalado en la selva y generado constantes conflictos con las poblaciones nativas que defienden sus territorios. Desde el inicio de la pandemia del Covid-19, en marzo de 2020, al menos 11 dirigentes indígenas han sido asesinados en el país, según el registro llevado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y hasta ahora los ataques y las muertes no cesan.

El último asesinato de un líder indígena, Genaro Comisario Bitap, de la etnia awajún, se registró el 2 de agosto. El apu de la comunidad nativa de Napuruka, en Loreto, falleció luego de recibir dos disparos en el pecho. El hecho ocurrió en la provincia de Datem del Marañón, en la misma región. Aunque las autoridades aún desconocen los motivos del crimen, se sabe que Comisario había denunciado casos de corrupción y las operaciones de las mafias de la tala y minería ilegal en distrito de Manseriche.

El periodo de pandemia ha sido, justamente, el más violento para los defensores ambientales en el Perú y en el resto de los países que comparten la región amazónica, como alertó la organización de derechos humanos Global Witness en su informe Last Line of Defense. La necesidad de protección a los defensores ambientales se hizo más evidente y se convirtió en una demanda urgente dirigida al Ejecutivo.

Proyecto de ley del Ejecutivo fue enviado al Congreso el 19 de mayo. Desde esa fecha, permanece en dos comisiones. Captura de pantalla: Congreso de la República.

En su mensaje del 28 de julio último, el presidente Pedro Castillo destacó que su gobierno ya había enviado su propuesta de ley para que sea discutida y aprobada en el Parlamento. A pesar de que fue ingresada el 19 de mayo, todavía permanece en las comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos y de Justicia y Derechos Humanos. En esta instancias no ha tenido mayor discusión y tampoco ha recibido opiniones técnicas ni de las poblaciones indígenas.

Convoca Verifica conversó con especialistas en materia de derechos humanos y  representantes indígenas, quienes confirmaron la falta de comunicación por parte de los poderes del Estado.

Un proyecto sin novedades

El proyecto de ley del Ejecutivo, en resumen, tiene por objeto la protección efectiva de los dirigentes comunales y de los dirigentes de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios que se encuentran en situación de riesgo, como consecuencia de su labor de defensa de los derechos de sus comunidades.

Según la justificación de la propuesta, la problemática que atraviesan las personas defensoras del ambiente y líderes indígenas amerita un desarrollo normativo más amplio, pero ninguna iniciativa planteada por el Congreso de la República ha dado cuenta de esa preocupación y tampoco ha dimensionado la especial situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan los dirigentes comunales e indígenas.

Entre las medidas que propone, la principal es la de “crear un registro de los dirigentes en situación de riesgo para facilitar la identificación de aquellas personas que por ejercer sus actividades de protección de sus derechos reciben agresiones”. 

El proyecto también plantea brindar asistencia legal y declaraciones públicas de apoyo, hacer visitas públicas en la zona de riesgo, realizar supervisiones ambientales y dictar medidas ante posibles afectaciones al ambiente. Ofrece, asimismo, interponer acciones legales ante delitos ambientales que afecten a las comunidades, coordinar evacuaciones de la zona de peligro para las personas cuyas vidas o integridad corren riesgo, la asignación de protección policial y patrullajes policiales en el área peligrosa.

Para Mar Pérez, responsable de la Unidad de Personas Defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), las medidas descritas ya están formuladas como parte del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, vigente desde el 22 de abril de 2021. Esta herramienta forma parte de un Plan Nacional de Derechos Humanos, gestado en 2018, y vincula a ocho ministerios y a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
 

Medidas del proyecto de ley del Ejecutivo son similares a otra herramienta ya creada en el país. / Fuente: Difusión

Por su parte, la congresista de Juntos por el Perú Ruth Luque Ibarra, exvicepresidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, opinó sobre la iniciativa del Ejecutivo y, al igual que la representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, consideró que no hay ninguna novedad en esta propuesta, pues se trata de "una copia" del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos.

"El mecanismo describe cómo debe actuarse frente a un riesgo, cómo se activan los protocolos de protección, los niveles de alerta. ¿Cuál es la diferencia sustancial de esta ley con relación al mecanismo? ¿Querer elevarlo a rango de ley? Para mí esta ley no cambia sustancialmente la protección de los defensores. Los problemas centrales que hemos identificado permanecen, incluso con el mecanismo", apuntó.

Luque Ibarra, previamente, confirmó a este medio que mientras ejerció el cargo directivo de dicho grupo de trabajo parlamentario "nunca se tocó el tema de defensores". Detalló que la facultad para solicitar opiniones respecto a un proyecto de ley —como indica el reglamento del Congreso— depende de la presidencia de la Comisión, que en la última legislatura recayó sobre Margot Palacios, de Perú Libre. Hasta el cierre de este informe, la parlamentaria no contestó a nuestras preguntas sobre los avances de la iniciativa.

Margot Palacios, de Perú Libre, fue la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. No contestó a las preguntas de Convoca. Foto: Congreso.

Por otro lado, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos también se encuentra en trámite la propuesta. La última presidenta del grupo, Gladys Echaíz, de Renovación Popular, indicó que "el proyecto de ley ingresó a la comisión el 25 de mayo último" y que solicitó opinión al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, pero no obtuvo respuesta. No mencionó a las organizaciones indígenas.

Sin consulta a las comunidades nativas

La abogada indígena y asesora legal de la Asociación ProPurús, Susy Díaz Gonzales, del pueblo shipibo-konibo, aseguró a Convoca Verifica que la propuesta del Ejecutivo es desconocida entre las organizaciones nativas y, por tanto, ningún ministerio ni autoridad del gobierno ha recogido sus comentarios, aportes, experiencias o demandas.

Precisó también que las comisiones del Congreso encargadas de debatir este proyecto de ley tampoco han convocado a las organizaciones indígenas más reconocidas, como la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio).

“Soy indígena shipibo-konibo y participo en diferentes espacios de articulación indígena, donde se presentan las problemáticas o se recogen las propuestas. En ningún momento hemos escuchado que se haya o esté consultando sobre ese proyecto de ley. Aidesep tampoco lo ha mencionado en ningún espacio. Esto es porque no se ha recogido ni se están recogiendo los aportes de las organizaciones indígenas”, resaltó.

Díaz Gonzáles recordó que, en un principio, el mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos fue tomado con esperanza por los pueblos indígenas. No obstante, la falta de voluntad política y la burocracia hicieron que se estanque su implementación.

“La situación de los defensores sigue igual [pese a la creación del Mecanismo intersectorial]. Podrá haber otra norma, como la que ha presentado el Ejecutivo, pero, al final, creo que será más de lo mismo”, lamentó la abogada.

El ministro Félix Chero, de Justicia y Derechos Humanos, anunció en abril su compromiso para sacar adelante el proyecto de ley. Expertos señalan que es más de lo mismo. Foto: Andina.pe.

Para la defensora shipibo-konibo, el mecanismo intersectorial y el proyecto de ley del gobierno de Pedro Castillo no podrán funcionar bien porque hasta ahora no se han tomado en cuenta las consideraciones de los pueblos indígenas ni atienden los problemas estructurales, las razones de por qué los líderes indígenas reciben amenazas y son atacados. Anotó que entre las principales causas están los conflictos territoriales, la problemas de titulación de las tierras, el narcotráfico, el cultivo ilegal de la hoja de coca, la tala y la minería ilegal, el ingreso de colonos que hacen agricultura extensiva, los monocultivos, entre otros.

"El mecanismo, por ejemplo, tiene una mirada urbana y no recoge la realidad de los espacios geográficos. Habla de patrullajes, ¿pero cómo harás patrullajes en una comunidad que está a diez horas vía fluvial de Pucallpa? Lo que necesitamos es que aterrice más sobre nuestra realidad, que el Estado articule con las instituciones y organizaciones propias de las comunidades nativas, porque existen otras formas de autoprotección o de defensa comunitaria que podrían integrarse", sugirió Díaz Gonzáles.

Las noticias del proyecto presentado por el Ejecutivo tampoco han llegado, por ejemplo, hasta la comunidad nativa kukama de San Francisco, en Loreto. Julio Arirua, apu de esta comunidad que es una de las bases de la Federación de Pueblos Cucamas Unidos del Marañón, dijo a este medio que no tenía conocimiento de la iniciativa legislativa y afirmó que no han sido convocados para algún encuentro con representantes del gobierno de Pedro Castillo o del Ministerio de Justicia ni con el Congreso de la República. 

Comentó que en su comunidad persiste la tala ilegal de madera, una de las principales amenazas contra sus dirigentes y familias. "Nosotros, los líderes indígenas, no tenemos protección de nada. Cuando hay algún problema, no sabemos ni tenemos a dónde acudir. Queremos mayor seguridad y campañas de información sobre cómo podemos activar los mecanismos de protección. La Policía o el juez de paz están a dos o tres horas de nuestra comunidad. Estamos desprotegidos", expresó Arirua. 

En enero de este año, el informe "Situación de los defensores indígenas en Ucayali" advirtió sobre la existencia de al menos 80 comunidades nativas que están en alto grado de amenaza por actividades ilegales, las mismas que ponen en riesgo las tierras o los bosques comunales.

Según este reporte —elaborado por la Organización Regional Aidesep de Ucayali (Orau), la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y la Asociación ProPurús—, "el [actual] enfoque [del Estado] para abordar las amenazas que enfrentan los defensores ambientales se basa en la individualización de los casos". Esto permite atender situaciones urgentes, pero no tratar las problemáticas de manera colectiva. Focaliza la atención en individuos y no cumple con brindar protección respecto a problemas más profundos y compartidos al interior de las comunidades en conjunto.

Líderes indígenas siguen desprotegidos por la falta de presupuesto del mecanismo. Fuente: Difusión.

Proyecto de ley sin futuro

Mar Pérez, de la CNDDHH, advirtió que última reunión de la "Mesa de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos", espacio de participación de la sociedad civil que coordina el Ministerio de Justicia, se instauró en diciembre de 2021. En estos encuentros se discutían las iniciativas para mejorar los mecanismos de protección en beneficio de las personas defensoras de derechos humanos.

Según señaló Pérez, la última cita fue una reunión por cumplir, no se tenía una agenda y no hubo acuerdos. Y si bien el ministro de Justicia Félix Chero se comprometió a programar una nueva mesa de diálogo para el 10 de mayo último, hasta la fecha no se ha vuelto a convocar. 

“Para nosotros, este cierre frente a los mecanismos de participación de la sociedad civil es un indicador negativo de la manera en que el Estado está manejando las políticas de protección. Parecería que, en realidad, ellos quieren presionar o mejorar la imagen del Estado, de acuerdo con las instancias internacionales. Pero en la práctica no hay una voluntad real de reducir el riesgo que están enfrentando las personas defensoras en el país”, sostuvo Pérez.

La representante de la CNDDHH afirmó que la iniciativa del Ejecutivo fue un simple formalismo porque, además de haber sido elaborada sin una consulta previa adecuada a las comunidades indígenas, el Gobierno sabía que su proyecto de ley no tenía futuro en este Congreso. Como se recuerda, la comisión parlamentaria de Relaciones Exteriores se negó a ratificar el Acuerdo de Escazú en julio de este año.

Y no es la primera vez que este tratado internacional para la protección del ambiente y los derechos humanos encuentra resistencias en el Legislativo. Ya había ocurrido lo mismo en octubre del 2020, con el anterior Congreso. 

Por otro lado, Jorge Acorccop, coordinador del grupo de trabajo de Pueblos Indígenas de la CNDDHH, explicó que la mayoría de iniciativas sobre procesos que tienen que ver con pueblos indígenas no se están realizando conjuntamente con procesos de consulta previa, es decir, no parte de un diálogo amplio con los sectores del movimiento indígena. “Son reacciones ante situaciones complicadas, cuando ocurren muertes o la afectación de un territorio”, agregó.

Comunidades indígenas viven bajo amenaza por actividades ilícitas. / Fuente: Mónica Suárez

“Lo que observamos es una actuación improvisada del Estado. Se intenta poner paños húmedos a un problema y aparentar que se busca resolverlo. Los defensores de derechos humanos corren muchos riesgos y el Estado ni siquiera es capaz de dar el presupuesto para la gasolina a los policías que hacen patrullajes en las zonas de riesgo para los defensores ambientales. La comunidad tiene que reunir el dinero”, comentó Acorccop.

Al respecto, Mar Pérez, de la Coordinadora de Derechos Humanos, señaló que el Ministerio de Justicia solamente “asignó S/ 40 mil a las acciones de protección del mecanismo, monto que ha sido repartido en consultorías y viajes”. "Es decir", continuó la especialista, "ni un sol fue designado para las medidas de protección, como reubicar a una persona que está en riesgo o para asistir, con S/ 200 mensuales, a los menores, hijas e hijos de defensores, que quedaron en orfandad". Pérez aseveró que la situación en que viven los niños huérfanos se debe a la falta de voluntad política para empadronar a estos menores afectados.

Convoca Verifica se comunicó con el área de prensa del Ministerio de Justicia para obtener sus comentarios sobre si hubo o no articulación con las organizaciones y comunidades indígenas durante la elaboración del proyecto de ley. De acuerdo con la respuesta institucional, la propuesta del Ejecutivo "nace" a raíz de la preocupación que expresaron dirigentes comunales e indígenas en los Consejos de Ministros Descentralizados, acerca de la situación de riesgo a la que se enfrentan por defender los derechos de sus comunidades.

Según menciona el ministerio, además de estos pedidos para que el Estado atienda la problemática que viven los defensores ambientales, un hecho que llevó a dar prioridad a este asunto fue el asesinato del dirigente indígena Ulises Rumiche, el pasado 20 de abril, en la provincia de Satipo (Junín).

Pero, si bien la elaboración de esta iniciativa respondió a una demanda de larga data de dirigentes comunales e indígenas, la institución no indica en ningún momento que los funcionarios de la cartera de Justicia hayan recogido experiencias o consideraciones propias de las comunidades indígenas para el desarrollo del proyecto.

Tanto la abogada Susy Díaz Gonzales como los representantes de la CNDDHH coinciden en que en el Perú hay una brecha de implementación de las normas, pues a pesar de tenerlas no se articulan entre ellas. Además, lamentaron los excesivos formalismos de los funcionarios, así como su falta de voluntad para alcanzar los objetivos reales de las normas.

En ese sentido, Pérez aseguró que hace falta una evaluación de cómo están funcionando las normas en materia de protección, no solo para salvaguardar la vida y la integridad, sino también para evitar la criminalización de los defensores, que son blanco de denuncias, investigaciones y procesos judiciales.

"El mecanismo de protección debería responder a esta realidad. Las cifras de asesinatos en el país son preocupantes, pero la criminalización es la forma más frecuente de violencia que sufren los defensores ambientales y líderes indígenas", concluyó.