El proyecto de ley con el que el Ejecutivo busca proteger a los dirigentes indígenas y defensores del medio ambiente de los ataques del crimen organizado aún es desconocido por los mismos líderes amenazados. Pese a que fue anunciado de manera enérgica por el ministro Félix Chero, de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), hace ya varias semanas, todavía se desconoce cuál será su campo de acción, tipo de cobertura, beneficiados, entre otros detalles.

No obstante, pese a que no hay mayor referencia sobre esta iniciativa, se pudo conocer que para la elaboración de la misma no se ha tomado en cuenta un aspecto clave para que sea exitosa: la consulta a las mismas personas que busca proteger, explicaron a Convoca.pe especialistas en materia de derechos humanos y un representante de comunidades indígenas.

“No puede ser posible que sigan asesinando y persiguiendo irracionalmente a quienes luchan por los justos derechos. Y también estamos potenciando a los dirigentes y defensores de derechos humanos, esto asiste a la población y a ello estamos abocados", enfatizó la semana pasada el ministro Chero, sin prever que su sector pasaría por alto el tema de la consulta en la instancia correspondiente.

Inconsultos

Si bien el Ejecutivo ha manifestado su preocupación por el tema, no es suficiente para erradicar la violencia que agobia a los defensores ambientales y dirigentes indígenas, explicó a Convoca.pe la abogada Mar Pérez, miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Me llama mucho la atención que si el Ejecutivo está impulsando un proyecto de ley en este tema, no lo haya socializado primero a través de la Mesa de Personas Defensoras, que coordina el Ministerio de Justicia y que es el espacio de participación de la sociedad civil en esta materia. Entonces, de entrada, nosotros tenemos preocupación sobre cuál ha sido el proceso que llevó a la elaboración del proyecto”, dijo la especialista a este medio digital.

La abogada lamentó que este grupo de trabajo no ha sido activado desde diciembre pasado, cuando se reunió en una sesión desarrollada por iniciativa de las comunidades indígenas y defensores ambientales, pero no por motivación del Estado. 
“Los beneficiarios centrales son los pueblos indígenas, que tienen derecho a la consulta”, resaltó.

El Ministro de Justicia anunció en Cusco que el Ejecutivo planteará un proyecto de ley para proteger a los dirigentes indígenas. Foto: El Peruano.  

La semana pasada, en conferencia de prensa, el ministro de Justicia adelantó que este proyecto de ley considera otorgar protección y asistencia legal para todos los dirigentes comunales e indígenas. Además, mencionó que el Gobierno potenciará la labor de los defensores de derechos humanos, sin dar mayores detalles.

Convoca.pe solicitó una entrevista con representantes del Ministerio de Justicia para obtener mayores alcances de la norma; sin embargo, las fuentes señalaron que, por el momento, no habrá pronunciamientos sobre el tema. No obstante, confirmaron que el propósito del proyecto de ley es “enfocar acciones” en dirigentes que hacen defensa de sus comunidades, organizaciones y territorios. “Se está recibiendo aportes de los otros sectores”, explicaron los voceros.

“No podemos permitir que en nuestro país se siga persiguiendo irracionalmente a nuestros dirigentes, como se asesinó a Ulises (Rumiche) en el Vraem”, señaló Chero, refiriéndose al último crimen cometido contra un líder amazónico, durante el Consejo de Ministros Descentralizado realizado en Cusco. Sin embargo, nunca hizo referencia a la obligación del Gobierno de escuchar a sus comunidades nativas.

Olvidados

Durante su exposición en el Consejo de Ministros Descentralizado realizado en la Ciudad imperial, el ministro de Justicia señaló que ya es tiempo de que el Ejecutivo y el Legislativo se sienten a trabajar juntos en favor de los sectores más alejados del Perú.

Sin embargo, para el apu Jennrri Zegarra, presidente de la Asociación de Nacionalidad Asháninka del Pichis (ANAP), estas palabras caen en saco roto si se tiene en cuenta que el Estado no les ha formulado consulta alguna para elaborar el señalado proyecto de ley.

“A la actualidad no hay nada y por eso estamos preocupados por este tema. Nade se ha comunicado al respecto [sobre la iniciativa del Minsjudh]”, confirmó el representante de las comunidades nativas. En este sentido, recalcó que los defensores ambientales y líderes indígenas han presentado al Congreso un proyecto de ley sobre la seguridad indígena.

¿Qué cosa queremos con eso? (…) Que todas las comunidades nativas tengan un seguro dentro de sus territorios comunales y temas organizativos, pero a la actualidad ese proyecto no ha sido debatido en el Congreso. Eso es lo que esperamos en estos últimos tiempos”, señaló en diálogo con este portal.

Zegarra precisó que las comunidades buscan que la Policía, el Ejército, la Fiscalía y todas las autoridades públicas trabajen juntas para proteger a los defensores del medio ambiente y dirigentes indígenas.

 “Lo que se ve es que la Fiscalía trabaja por su lado y la Policía, por su lado. Nunca pueden coordinar con nosotros. Se sanciona con las leyes ordinarias. Nunca ellos han podido entendernos como pueblos indígenas”, lamentó el líder comunal, quien afirmó que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales no otorga toda la seguridad que necesitan estos pueblos.

Su pedido, y sobre todo, la iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es más que importante en este contexto en que los defensores ambientales y líderes indígenas viven continuamente en peligro, dijo Zegarra. A modo de ejemplo, señaló que los distritos de Puerto Bermúdez y Constitución en la intersección de las regiones Huánuco, Pasco y Ucayali, son las zonas más peligrosas para los líderes indígenas.

“En estos territorios, marcados por el avance del narcotráfico, fueron asesinados cuatros dirigentes nativos, otros dos han desaparecido y varios viven bajo amenaza, recordó la abogada Mar Pérez.

El presidente de la Asociación de Nacionalidad Asháninka del Pichis (ANAP) lamentó que el Gobierno no pidió su opinión para el proyecto de ley. Foto: Difusión. 

Mucho por hacer

El problema no es solo que los criminales se sientan con carta libre para perpetrar sus crímenes y la aparente impunidad que los ampara, sino que existen medidas para proteger a los líderes indígenas y defensores ambientales, pero necesitan ser potenciadas y aplicadas.

“No conozco qué contiene el proyecto de ley [impulsado por Minjusdh], pero actualmente existe un protocolo y un mecanismo, dos instrumentos administrativos, que tratan de regular de alguna manera cuáles son las necesidades administrativas (…) para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Y en particular, de personas defensoras de pueblos indígenas”, señaló a Convoca.pe Bruce Barnaby, especialista en derechos humanos, interculturalidad y pueblos indígenas del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp).

El especialista lamentó además que uno de los grandes problemas es la percepción que se tiene sobre las personas indígenas en sus comunidades. Explica que muchas veces las autoridades minimizan los hechos de violencia perpetrados por los criminales tomándolos por problemas familiares, desacuerdos entre comunidades, entre otros.

“La lucha contra la violencia hacia los miembros de estos pueblos indígenas requiere una mirada mucho más integral que esté ligada a la garantía de los derechos colectivos de estas comunidades, la protección de sus tierras, activa participación de sus organizaciones en las políticas públicas, entre otros”, explicó a este portal.

Sin embargo, el Ejecutivo puede tomar muchas acciones para proteger a estos defensores si existiera la decisión política de hacerlo, sin necesidad de una nueva ley, destacó la abogada Mar Pérez.

Puso como ejemplo la entrega de mayor presupuesto para la lucha contra actividades ciminales como la minería y tala ilegal, la aprobación de un protocolo –en manos del Ministerio del Interior desde el año pasado– para proteger a los defensores, y para los procesos de titulación de tierras en lugares donde hay conflictos, a nivel del Ministerio de Agricultura, entre otros.

Roberto Carlos Pacheco es uno de los defensores ambientales que murió esperando mayor protección del Gobierno. Foto: Comité de Gestión de la Reserva Tambopata. 

“También se necesita un mayor impulso a la lucha contra el narcotráfico y minería ilegal, priorizando las zonas donde están los defensores en riesgo y considerando, de manera central, a la participación de las organizaciones indígenas, tanto en el diseño como monitoreo y evaluación de estas intervenciones”, explicó a este medio.

Asimismo, destacó que otro tema a debatir es la implementación real de medidas de protección que ya se han venido otorgando, porque hasta el momento en la mayoría de los casos, “las medidas de protección son algo meramente enunciativo, meramente nominal, que no se están cumpliendo”. 

Mientras que el Ministerio de Justicia y otros sectores analizan su anunciado proyecto de ley, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) ya socializó el Pacto Social Ciudadano y las medidas de protección de las personas defensoras ambientales, en el marco de la Política Nacional Contra las Drogas al 2030.

“El Pacto Social Ciudadano es un compromiso construido entre el Estado y la Sociedad Civil de la región Andino-Amazónica, prioritariamente con los pueblos  originarios, las productoras y productores agrarios, con la finalidad de reducir los cultivos de coca con fines ilícitos y contribuir al desarrollo integral sostenible”, comentó el presidente de Devida, Ricardo Soberón, en conferencia de prensa el último 22 de abril.

Ahora se espera que el Ejecutivo anuncie la presentación del proyecto trabajado por el Ministerio de Justicia en la siguiente sesión del Consejo de Ministros. Sin embargo, los hombres y mujeres que a diario defienden los bosques y sus comunidades de los criminales también esperan ser escuchados. Son ellos los que necesitan más que nadie que acabe la violencia y la impunidad.