El Congreso de la República está cerca de dar un duro golpe a los procesos de investigación que realizan los fiscales de crimen organizado y lavado de activos, al proponer modificaciones al Código Procesal Penal para cambiar las condiciones de los procedimientos de colaboración eficaz. Justamente, estos procedimientos de delación también han permitido conocer que actuales congresistas y líderes políticos de los partidos que integran el Parlamento están involucrados en graves casos de corrupción y lavado de activos.

Convoca.pe revisó la actual conformación del Parlamento y encontró estos claros conflictos de interés. Ahora, parlamentarios que han sido sindicados por estos delatores en casos tan graves como 'Lava Jato', 'Los Cuellos Blancos del Puerto', 'Los Dinámicos del Centro' y los Gánsters de la Política tendrán en sus manos la votación para aprobar o no este proyecto de ley.

Como se recuerda, la iniciativa legislativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Justicia del Congreso y publicada el 24 de enero de 2022. La Junta de Portavoces, en sesión del 31 de enero, acordó la exoneración del plazo de publicación en la web del Congreso para que pase directamente para ser votada en el Pleno del Congreso. Se espera que esto courra en los próximos días.

Dictamen fue aprobado por la Comisión de Justicia que preside la exfiscal de la Nación, Gladys Echaiz. Foto: Congreso

La propuesta reduce el plazo para que la celebración del “acuerdo de beneficios y colaboración eficaz” sea de solo ocho meses desde la presentación de la solicitud inicial. Y solo por causas justificadas el fiscal a cargo podrá prorrogar dicho plazo por ocho meses más. El plazo entraría en vigencia al día siguiente de su publicación y haría caer muchas investigaciones en curso, según alertó el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías de Crimen Organizado, en un informe previo de este medio.

También se plantea incluir una prohibición para que los fiscales no puedan "corroborar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz con la declaración de otros aspirantes", penaliza a periodistas y fiscales y desprotege a los delatores.

Señalados

Los partidos con presencia en el Congreso y cuyos integrantes o líderes están involucrados en investigaciones de casos de corrupción, que han contado con valiosos testimonios para el trabajo de la Fiscalía, son Fuerza Popular, Podemos Perú, Somos Perú, Perú Libre y Acción Popular.

Caso 'Lava Jato'

Nombres como Keiko Fujimori y José Luna, quienes son los líderes de Fuerza Popular y Podemos Perú, respectivamente, son parte de carpetas fiscales que los involucran en investigaciones por el caso de corrupción internacional más grande de América Latina: Lava Jato.

La Fiscalía, a través del Equipo Especial Lava Jato, los investiga por haber lavado aportes para las campañas electorales de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.

Fujimori y los miembros de la cúpula de su partido, están cerca de enfrentar un juicio penal, luego de que el fiscal Domingo Pérez los acusara de los delitos de lavado de activos, organización criminal, entre otros. Para la lideresa fujimorista Pérez ha pedido 30 años y 10 meses de prisión por haber recibido aportes de campaña de Odebrecht y otros empresarios y lavados a través de péqueños donantes y ventas de entradas de actividades proselitistas durante su campaña presidencial de 2011.

Keiko Fujimori ha estado en prisión preventiva durante la investigación del caso 'Cocteles'. Foto: Andina

Durante la investigación de este caso, también llamado 'Cócteles', en marzo de 2021 el fiscal Domingo Pérez anunció que contaba con 14 investigados que se acogieron a la colaboración eficaz y que sus declaraciones ya habían sido corroboradas por su despacho.

Algunos de estos delatores ya conocidos son Jorge Yoshiyama Sasaki y el excongresista Rolando Reátegui. Yoshiyama, por ejemplo, dijo a la Fiscalía que Fujimori conocía de los aportes que Odebrecht entregó para su campaña y que le solicitó encontrar falsos aportantes para ocultar el dinero. En efecto, en la acusación del fiscal Pérez, basada en esta información, se señala que para ocultar el dinero que dio la constructora brasileña se utilizó la modalidad del "pitufeo" o de microaportes.

La investigación también determina que, por orden de Keiko Fujimori, Pier Figari y Ana Hertz, quienes formaron parte de la cúpula política de Fuerza Popular, indicaron a Rolando Reátegui que le entregarían dinero para encontrar personas que figuren como falsos aportantes en la región San Martín para encubrir los pagos efectuados por la constructora brasileña y otras compañías.

El fujimorismo hoy cuenta con 24 representantes en el Congreso.

El fiscal Domingo Pérez ha solicitado 30 años y 10 meses de prisión contra Keiko Fujimori. Foto: Poder Judicial

En el caso del parlamentario José Luna Gálvez, líder y fundador de Podemos Perú, según testimonios dados en el marco del procedimiento de colaboración eficaz, habría actuado como "el brazo económico" de una organización que se benefició de pagos ilícitos provenientes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en 2014, durante la campaña municipal para la alcaldía de Lima.

El candidato entonces era el fallecido Luis Castañeda Lossio, fundador del partido Solidaridad Nacional, hoy renombrado como Renovación Popular, que también tiene representación en el Congreso.

José Luna Gálvez habría recibido dinero de OAS y esos aportes habrían sido lavados vía la Universidad Telesup. Foto: La República

En el 2014, José Luna Gálvez era secretario general de Solidaridad Nacional y jefe de campaña. Según los colaboradores eficaces, recibió 480 mil dólares de parte de la constructora OAS.

Según la tesis de la fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Milagros Salazar, estos aportes habrían sido lavados a través de la Universidad Telesup, propiedad de Luna Gálvez, para poder entregar el dinero a Castañeda Lossio, quien emitía recibos por dictados de clases y por realizar otras actividades académicas en dicha casa de estudios.

Caso 'Cuello Blancos'

Líderes políticos vinculados a Fuerza Popular, Podemos Perú y Somos Perú también han sido parte de revelaciones brindadas por colaboradores eficaces del caso de corrupción judicial más grande del país: 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

"La Señora K" de la "fuerza número 1" fue el apodo acuñado por el empresario Antonio Camayo para referirse a Keiko Fujimori en una conversación telefónica con el ex juez supremo César Hinostroza, hoy prófugo en España. El audio se dio a conocer como parte de la gran filtración de los Audios de la Corrupción en el 2018.

Camayo, que es aspirante a colaborador eficaz, ha confirmado que la llamada tenía el objetivo de coordinar una reunión entre Hinostroza y Fujimori. La lidereza de Fuerza Popular tenía en ese momento un caso por resolver en la Corte Suprema, de la que Hinostroza era miembro.

Según un colaborador eficaz, citado por el dominical Cuarto Poder en 2019, la reunión entre ambos se concretó en 2018 en la casa del empresario Jacques Rodrich, esposo de la excongresista fujimorista Cecilia Chacón.

Según un colaborador eficaz, Keiko Fujimori se reunió con César Hinostroza.

Además, según un testimonio difundido por la prensa, un aspirante a colaborador también dijo a la Fiscalía que Keiko Fujimori luego ordenó a la bancada parlamentaria blindar al entonces fiscal supremo, Pedro Chávarry, de las acusaciones constitucionales que pesaban en su contra por el mismo megacaso de corrupción.

Chávarry ahora está condenado por el delito de encubrimiento, debido a su apoyo recíproco al partido fujimorista. "Hubo un acuerdo de apoyo con Fuerza Popular", señaló la sentencia que lo condenó a cuatro años de prisión suspendida.

Como se recuerda, la bancada fujimorista rechazó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendaba destituir e inhabilitar a Pedro Chávarry por diez años por una presunta infracción constitucional, al haber recurrido a César Hinostroza y al empresario Antonio Camayo para conseguir apoyo antes de asumir como Fiscal de la Nación.

El fujimorista y expresidente del Congreso, Luis Galarreta, asistió a la ceremonia de juramentación de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación. Esto solo días después de la difusión de los 'CNM audios'. Foto: El Comercio

En el caso de Podemos Perú, en el 2020, la exfiscal Rocío Sánchez, entonces a cargo del caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto' recibió declaraciones de colaboradores eficaces que señalaron que José Luna Gálvez como financista de la campaña del Adolfo Castillo Meza para lograr ser jefe del Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad que se encarga de verificar el proceso de firmas que necesita un partido político para inscribirse.

Como se recuerda, luego de la campaña de 2014, en la que Luna Gálvez acompañó a Luis Castañeda Lossio en Solidaridad Nacional, el ahora congresista rompió con dicho partido y buscó conseguir la inscripción de su propia organización política, Podemos Perú. 

Según los colaboradores, Luna tenía claro qué beneficios obtendría del apoyo económico que brindó a Adolfo Castillo, quien obtuvo la jefatura de la ONPE el 27 de febrero de 2017. Un año después, Luna consiguió la inscripción de su partido.

Según el exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo, el ahora congresista José Luna, habría entregado dinero a miembros del CNM. Foto: Cutivalú

En el 2017, antes del escándalo de 'Los Cuellos Blancos', la modalidad para elegir al jefe de la ONPE era a través de un concurso que realizaba el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y en donde sus integrantes votaban por el que consideraban el mejor calificado. El pago de la campaña no habría sido otra cosa que la entrega de dinero a los integrantes del CNM Guido Aguila e Iván Noguera.

En diciembre de 2020, el semanario 'Hildebrandt en sus trece' publicó que el exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo, confesó ante la fiscal Sandra Castro que José Cavassa, operador de Luna Gálvez, se encargó de tener nexos con Noguera y Águila.

"Luna Gálvez tenía asegurados a Iván Noguera y Guido Águila", dijo Castillo, en referencia a los pagos que el líder de Podemos Perú habría realizado a ambos integrantes del CNM a través de la Universidad Telesup. 

Según la investigación fiscal, Telesup pagó más de 889 mil soles entre 2015 y 2017 a Noguera, por la cesión de derechos de autor de trece publicaciones. En tanto, esa universidad no licenciada habría pagado entre 2016 y 2017 otros 270 mil soles a Guido Águila por la cesión de derechos de autor de nueve publicaciones.

Uno de los últimos líderes políticos de una bancada con presencia parlamentaria y que ha sido involucrado en el caso "Los Cuellos Blancos del Puerto" es el excongresista Guillermo Aliaga Pajares, quien es un importante afiliado de Somos Perú y que también fue candidato a la alcaldía de Lince. 

Guillermo Aliaga también fue señalado por un aspirante a colaborador eficaz de haberse reunido con Walter Ríos. Foto: Perú 21.

En un reportaje de Cuarto Poder, un aspirante a colaborador eficaz declaró que el padre del entonces parlamentario, Guillermo Aliaga Manassevitz, recurrió a sus contactos en la Corte Superior del Callao para ayudar a su hermano Eduardo Aliaga en un caso de violencia contra la mujer y para protegerse de un juicio por deudas y desalojo. 

El testigo aseguró que Aliaga Manassevitz y Walter Ríos se reunieron en diciembre de 2017 en un restaurante del distrito de La Punta, en el Callao, donde también asistió Guillermo Aliaga Pajares. En esa reunión, el excongresista le pidió apoyo para su tío Eduardo Aliaga porque "le tenía mucho cariño".

El programa televisivo, también reveló que en el registro de llamadas de Gianfranco Paredes, asesor del ex juez del Callao Walter Ríos, figura una llamada de Guillermo Aliaga del 8 de diciembre de 2017. El excongresista ha negado conocer al asesor de Walter Ríos y desconocía las conversaciones de su padre con este exjuez, ahora condenado a 12 años de prisión por delitos de corrupción y también colaborador eficaz del caso Cuellos Blancos.

Dinámicos del Centro

El actual partido de gobierno también tiene entre sus integrantes y líderes a personajes investigados por presuntamente constituir una organización criminal dedicada a entregar licencias de conducir a cambio de sobornos dentro de la Dirección de Transportes del Gobierno Regional de Junín. Esta presunta mafia de funcionarios fue denominada "Los Dinámicos del Centro".

El caso empezó en abril de 2019, cuando la Fiscalía Anticorrupción de Junín descubrió a integrantes de esa presunta organización delictiva, mientras el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, era gobernador de Junín y era procesado por negociación incompatible, delito por el que fue condenado.

En la investigación se encuentran comprendidos Arturo Cárdenas Tovas y José Bendezú.

De acuerdo al Ministerio Público, los "Dinámicos del Centro" fueron un grupo de 38 personas que operó entre abril de 2019 y junio de 2021. Entre los integrantes de la mencionada organización se encontraba el secretario de organización nacional de Perú Libre, Arturo Cárdenas, y el secretario de prensa nacional, José Bendezú.

Dos aspirantes a colaboradores eficaces señalaron que en octubre de 2020, cinco meses antes de la primera vuelta presidencial, "Los Dinámicos del Centro" incentivaron la captación de postulantes a la licencia de conducir que estuvieran dispuestos a pagar un soborno con el objetivo de "obtener fondos para financiar la campaña de Perú Libre". 

La última aspirante

En las últimas semanas, distintos medios de prensa han difundido la información de que la lobista Karelim López, investigada por presuntamente haberse confabulado para obtener contratos con instituciones del Estado como Provías Descentralizado y Petroperú, solicitó acogerse recientemente a la colaboración eficaz. En este marco, confesó diversos hechos de presunta corrupción que involucran al presidente Pedro Castillo y su entorno.

Karelim López es la más reciente aspirante a colaboradora eficaz. Según sus declaraciones, existiría una presunta mafia en el MTC para dirigir la construcción de obras públicas. Foto: Difusión

Por ejemplo, López afirmó que existe una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que estaría conformada por Castillo y por el entonces ministro de Transportes, Juan Silva. En este sentido, ha señalado que se amañaron procesos de licitación de Provias Nacional y Provias Descentralizado, adscritas al MTC, durante el año 2021, para que empresas chinas ganen empresas públicas.

La aspirante a delatora también señaló como integrantes de esa presunta mafia a cinco actuales congresistas de Acción Popular, grupo al que denominó "Los Niños", entre los que identificó a Raúl Doroteo y Juan Carlos Mori.