Preocupación es la sensación común entre los fiscales peruanos, luego de que la Comisión de Justicia del Congreso aprobara recientemente un dictamen que busca cambiar las condiciones de los procedimientos de colaboración eficaz. El fiscal superior Jorge Chávez Cortina, coordinador de las Fiscalías de Crimen Organizado, señaló a Convoca.pe que la norma, de ser aprobada como está, traería abajo de inmediato muchas investigaciones penales en curso contra mafias y redes de corrupción.

“Lo que más preocupa es la disposición transitoria final. Como toda norma procesal, [la modificación] entraría en vigencia al día siguiente de su promulgación. Y da un plazo perentorio muy corto. Todas las colaboraciones eficaces se nos pueden caer”, alertó Chávez Cotrina.

Como se sabe, el dictamen aprobado en la Comisión de Justicia reduce el plazo para que la celebración del “acuerdo de beneficios y colaboración eficaz” sea de solo ocho meses desde la presentación de la solicitud inicial. Y solo por causas justificadas el fiscal a cargo podrá prorrogar dicho plazo por ocho meses más.

“Yo creo que se tiene que modificar [el dictamen] y no debería apresurarse el Congreso en la aprobación de esta norma, que tiene que tener un estudio mucho más profundo y sobre todo técnico. La ‘colaboración eficaz’ ha evolucionado, obviamente. Este proyecto tiene muchas deficiencias técnicas y creo que deberían debatirse con mayor profundidad”, advirtió el fiscal experto en crimen organizado.

Fiscal Jorge Chávez Cotrina considera que las modificaciones aprobadas por la Comisión de Justicia podrían traerse abajo muchas investigaciones en curso. Foto: Andina.

Por su parte, la abogada Cruz Silva, del Instituto de Defensa Legal (IDL), advirtió que no solo afectaría a los procesos de colaboraciones eficaces en marcha, sino que desprotegerá a los postulantes a delatores que quedarán con riesgos de acoso o amenaza para que no declaren ante los fiscales, poniendo incluso en peligro su integridad física. “Es una iniciativa que busca la impunidad de los investigados”, afirmó la especialista legal.

Para ambos expertos, este dictamen pretende, en buena cuenta, romper con las estrategias de los fiscales que hacen uso frecuente de las delaciones para desentrañar sus investigaciones.

Complicando lo complejo

Entre las modificaciones propuestas, el dictamen de la Comisión de Justicia establece que el aspirante a colaborador eficaz sólo deberá declarar ante el fiscal en presencia de un abogado. Actualmente, esta situación es optativa y solo depende de la decisión del delator.

Otro cambio que traerá complicaciones es que se plantea incluir una prohibición para que los fiscales no puedan "corroborar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz con la declaración de otros aspirantes". Para Chávez Cotrina, los asesores parlamentarios que redactaron el dictamen "no tienen experiencia" y no consideran la complejidad de casos como los que lleva el Equipo Especial Lava Jato y las Fiscalías de casos de corrupción de funcionarios.

“Si el nuevo colaborador tiene una información veraz, oportuna, que refuerce con otras evidencias la otra colaboración [de otro colaborador], yo creo que no habría problema”, comentó. “La norma tiene que fortalecerse para que se pueda enfrentar con eficiencia y eficacia la criminalidad. Si van a modificarla, que sea para bien, no para mal. Y estas modificaciones son para mal”, añadió el fiscal superior.

El dictamen aprobado en la Comisión de Justicia acumula dos proyectos de ley para modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal.

Asimismo, Chávez señaló que el Pleno del Congreso no debe aprobar el dictamen y debe ser devuelto a la Comisión de Justicia para que se continúe su debate con opiniones de expertos en procesos de colaboración eficaz, como lo son los fiscales y procuradores.

Criminalización

El dictamen que está próximo a debatirse en el Pleno también precisa que el fiscal provincial a cargo de la colaboración eficaz tiene que proteger la reserva de la totalidad del proceso de los aspirantes a colaboradores eficaces, así como salvaguardar el contenido de sus declaraciones y sus identidades, “bajo responsabilidad administrativa, civil y penal”.

A esa modificación también se le agrega que el Congreso busca incluir en el Código Penal la sanción penal a los medios de comunicación y periodistas que difundan declaraciones de colaboradores eficaces. Los parlamentarios buscan que esa conducta sea reprimida con una pena de entre 4 a 5 años de prisión para los actores del gremio periodístico.

“No se puede criminalizar la libertad de expresión, la libertad de prensa. Eso es inaceptable en un estado de derecho. Pretender a través de una norma criminalizar la investigación periodística, la libertad de comunicación, eso debe estar vedado en un estado de derecho”, comentó Chávez Cotrina.

“Esto es absolutamente peligroso”, dijo al respecto Cruz Silva, del Instituto de Defensa Legal, sobre la penalización contra quienes difundan algo de los procesos de colaboración eficaz. Silva coincidió en que esta medida en la práctica es “la criminalización de la libertad de prensa”. La experta advirtió que esta modificación también genera riesgos de “conductas maliciosas” contra fiscales, jueces y periodistas de investigación.

“Este proyecto es muy delicado. No solo va contra la institución misma, no solo contra la difusión y el derecho a la verdad, sino que es un peligro a los postulantes a colaboradores eficaces. Es un peligro por donde se le mire y se da en un escenario muy particular que tiene un efecto a favor de la impunidad”, concluyó.

*Con información de Luis Enrique Pérez.