Desde las 9 de la mañana, los jueces retomaron la sesión final del juicio. Pedro Castillo siguió la audiencia desde el penal de Barbadillo, donde está detenido desde hace casi dos años. Los magistrados explicaron que, según las pruebas, el mensaje televisado del 7 de diciembre no fue un acto improvisado. La Sala concluyó que Castillo ya tenía preparado el anuncio de la disolución del Congreso y la reorganización del sistema de justicia. Además, señalaron que la entonces primera ministra Betssy Chávez conocía y coordinó la difusión del mensaje.

La Corte afirmó que Castillo incurrió en el delito de conspiración para la rebelión. Por ello, ordenó que cumpla 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, además de 2 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Las penas para los exministros

La misma condena se impuso a Betssy Chávez y al exministro del Interior Willy Huerta, considerados parte clave del plan.

En el caso de Aníbal Torres, la Sala determinó que colaboró en la preparación del mensaje, pero no participó directamente en su ejecución. Por eso, fue condenado por conspiración para la rebelión a 6 años y 8 meses de cárcel, más 1 año de inhabilitación.

La audiencia avanzó incluso cuando la defensa de Castillo intentó frenar la lectura del fallo con un pedido de nulidad. El tribunal decidió continuar y dejar el caso listo para su siguiente etapa procesal.

Con esta sentencia, el Poder Judicial marca un precedente, al responsabilizar a un expresidente y parte de su gabinete por un intento de quiebre del orden constitucional.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema decidió absolver al general en retiro Manuel Lozada Morales, quien había sido investigado por presunta coautoría en el delito de rebelión relacionado con el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Tras evaluar las actuaciones fiscales y los testimonios del caso, el tribunal concluyó que no existían pruebas sólidas que vincularan al exjefe policial con el supuesto acuerdo ilegal impulsado por el entonces presidente Pedro Castillo. Con esta decisión, Lozada queda libre de responsabilidad penal dentro de este proceso.

Un relato acreditado del caso Pedro Castillo

Minutos antes de que se iniciara la audiencia, la expectativa era total. La Fiscalía volvió a sostener que Pedro Castillo había incurrido en el delito de rebelión el 7 de diciembre de 2022, el día en que anunció por televisión la disolución del Congreso y la reorganización del sistema de justicia. Según los fiscales, lo que ocurrió no fue un improvisado mensaje, sino parte de un plan que ya conocían su entonces primera ministra, Betssy Chávez, y el expremier Aníbal Torres.

De acuerdo con la investigación, los documentos incautados en la casa de Castillo mostraban que el mensaje estaba preparado de antemano, con las mismas frases que finalmente leyó en televisión. Tras aquel anuncio, relataron los fiscales, Chávez y Torres se acercaron a felicitarlo con un abrazo, lo que para el Ministerio Público era una señal de coordinación.

Cuando la jueza Norma Carbajal tomó la palabra en la Sala Penal Especial, fue firme: “El acusado Castillo Terrones se arrogó un poder que no le correspondía, configurando el supuesto de rebelión previsto en la Constitución”. Con esa frase marcó la posición del tribunal, que considera probado que el entonces presidente actuó de forma deliberada para quebrar el orden constitucional.

Sentencia y deuda millonaria

Según la Sala, la participación de Betssy Chávez fue “consciente y determinante”. El tribunal explicó que su conducta —antes, durante y después del mensaje del 7 de diciembre— mostró que apoyó la decisión de Pedro Castillo de disolver el Congreso y reorganizar el sistema de justicia, algo que va en contra de lo que establece la Constitución.

La audiencia final se realizó en la sala especial del penal de Barbadillo, en Ate Vitarte, donde se ha llevado a cabo casi todo el juicio. En esa sesión, el tribunal también confirmó que todos los sentenciados deberán pagar 12 millones de soles de reparación civil, de manera solidaria, por los daños causados al país durante el intento de romper el orden democrático.