El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Hugo de Zela, anunció que el Gobierno solicitará formalmente a la OEA modificar la Convención de Caracas de 1954, para impedir que el asilo diplomático sea usado como refugio por personas procesadas por delitos comunes. La propuesta surge en medio de la crisis por el asilo otorgado a Betssy Chávez, expremier investigada por el presunto delito de rebelión vinculado al intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

De Zela señaló que el Perú busca cerrar vacíos legales que, según el Gobierno, han permitido que un mecanismo pensado para proteger perseguidos políticos termine usado para evadir procesos judiciales. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el asilo concedido a Chávez como una medida humanitaria respaldada por el derecho internacional, mientras que el presidente peruano José Jerí aseguró que el país insistirá en que la exfuncionaria responda ante la justicia peruana.

La tensión diplomática continúa y la propuesta peruana podría abrir un debate regional sobre los límites y alcances del asilo político en América Latina.

En ese contexto, voces especializadas también han intervenido en el debate. El exministro de Justicia y expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, señaló a Convoca.pe que el asilo otorgado a Betssy Chávez no responde a una persecución política, sino a un proceso por delitos comunes que estaría siendo “protegido ideológicamente bajo la figura del asilo”. Según García Toma, este caso revela la necesidad de revisar los criterios con los que se aplica esta figura internacional para evitar que sea utilizada como mecanismo de evasión judicial.

El experto, Victor García también advirtió que si Perú no concede el salvoconducto para que Chávez viaje a México, la embajada de dicho país podría convertirse, en pleno proceso electoral, en un refugio para figuras políticas con posturas radicales, lo que puede generar un impacto político delicado.

“Si no le otorgamos el salvoconducto qué es lo que va a suceder encontrándonos en un periodo electoral, que la embajada de México va a convertirse en un santuario, va a ser como una suerte de peregrinaje a la Virgen de Chapi de todas aquellas personas que preconizanideas extremistas que se adhieren a las posiciones y el reconocimiento como una supuesta luchadora (de Betssy Chávez)* algo socialmente grave en el contexto de elecciones”.

Luego de ello, el Gobierno decidió mantener en suspenso la entrega del salvoconducto para que Betssy Chávez pueda salir del país rumbo a México. El canciller Hugo de Zela señaló que la decisión seguirá aplazada hasta diciembre, mientras el Ejecutivo evalúa su situación jurídica y presenta ante la OEA una propuesta para modificar la Convención de Caracas de 1954. De Zela señaló, que el Perú no permitirá que el asilo se utilice para proteger a personas procesadas por delitos comunes, y que el país actuará conforme a sus obligaciones internacionales y a la Constitución.

García Toma también señaló que el país debe respetar la Convención de Viena, por ser un compromiso internacional asumido. Sin embargo, precisó que ello no impide que el Perú denuncie a México ante la Corte Internacional de Justicia si considera que se vulneraron las normas diplomáticas.

Romper la relación con México 

La tensión entre Perú y México podría tener consecuencias directas en comercio, turismo y cooperación académica entre ambos países. “Romper relaciones fue una medida extrema”, señaló Miguel Jugo, abogado en derechos humanos, al comentar la decisión del asilo concedido a favor de Betsy Chávez.

Por su parte, el especialista en derecho penal y extradición James Rodríguez, consideró que al acogerse al asilo diplomático de México, la estrategia de Betssy Chávez, expremier de Pedro Castillo, es evadir un proceso judicial que avanzaba hacia una posible condena.

Este caso podría marcar un precedente para otros funcionarios investigados en Perú, mientras México se posiciona como un refugio donde personas buscadas por la justicia peruana pueden esquivar órdenes judiciales, con implicancias políticas y legales de alcance internacional, apuntó el experto en entrevista con Convoca.pe.

“México se está convirtiendo en la despensa de criminales y de prófugos de la justicia al otorgar el derecho de asilo para sustraerse de la acción de la justicia del país donde son requeridos”, explicó el especialista. Bajo esta protección, la exprimera ministra queda temporalmente fuera del alcance de cualquier medida judicial peruana, dificultando su extradición y dejando en evidencia los límites y alcances del asilo diplomático frente a la justicia nacional.

Betssy Chávez está acusada de rebelión y de actuar en contra del orden constitucional por su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Su caso está en proceso de juicio en el Juzgado Supremo, y se le había pedido prolongar su prisión preventiva por riesgo de fuga y para evitar que interfiera con la investigación. 

Chávez no se había presentado en las últimas audiencias del juicio que enfrenta y repentinamente, el 3 de noviembre la Cancillería reveló que Chávez estaba refugiada en la embajada de México en Lima. Esto generó que él Gobierno peruano rompa relaciones diplomáticas con México.

El abogado James Rodríguez señaló que, mientras dure la protección internacional, cualquier orden de captura emitida en Perú no tiene efecto: “México se convierte en un espacio donde las órdenes de captura peruanas no tienen validez, y esto genera un precedente para futuros casos.” Según el especialista, esta estrategia no solo protege temporalmente a la expremier, sino que también plantea un dilema diplomático y judicial con posibles implicancias para otros funcionarios investigados en Perú.

Según el abogado James Rodríguez, el asilo otorgado por México coloca a Chávez bajo el amparo del derecho internacional y eso significa que Perú no puede obligarla a salir de la embajada. Respecto al proceso judicial que enfrenta Chávez, el especialista explicó que el juicio continuará en su ausencia hasta que ella regrese voluntariamente a Perú o hasta que se levante la protección que le concede México”.

“Mientras esté bajo asilo, ninguna orden judicial en Perú podrá ejecutarse contra ella (Chávez). Esto significa que las medidas cautelares o una eventual condena no tendrán efecto mientras permanezca en territorio mexicano, protegido por el derecho internacional de asilo”, apuntó Rodríguez.

En los últimos días, la situación de la democracia en Perú ha despertado preocupación internacional. El New York Times y un premio Nobel de Economía han expresado su inquietud por lo que ocurre en el país. En este contexto, Miguel Jugo, secretario adjunto de la CNDDHH. explicó que el gobierno mexicano no tuvo dificultad en otorgar asilo diplomático a la exministra Betsy Chávez.

"Por ese motivo, creo que no le ha costado mucho al gobierno mexicano aceptar la solicitud de asilo de Betsy Chávez. Esto impide que la justicia peruana continúe el proceso en su contra", señaló Miguel Jugo, secretario adjunto de la CNDDHH.

 Precedente y desafíos para Perú

El proceso judicial de Chávez incluía pruebas documentales y declaraciones que la vinculaban con los hechos investigados, y la defensa ya estaba preparando sus argumentos. Sin embargo, la protección mexicana interrumpe temporalmente su lectura de sentencia y medidas cautelares.

Este caso podría marcar un precedente internacional sobre el alcance del asilo político y la interacción con la justicia nacional. Jugo señaló que la situación plantea un dilema sobre la confianza en las instituciones peruanas y el combate a la corrupción y delitos políticos:

“Mientras esté bajo asilo, ninguna orden judicial en Perú podrá ejecutarse contra ella. Esto significa que las medidas cautelares o una eventual condena no tendrán efecto mientras permanezca en territorio mexicano”.

Ambos expertos advierten que esta situación también podría sentar un precedente internacional para futuros casos similares.

Asilo en México bloquea juicio

“Una vez dentro del país que concede el asilo, la persona no puede ser extraditada ni obligada a regresar hasta que se levante la protección o prescriba el delito. En este caso, Betssy Chávez busca justamente asegurar impunidad frente a un juicio que, según la fiscalía, podría derivar en una condena de hasta 20 años”, explicó Rodríguez.

Respecto a la extradición, el experto señaló que cualquier intento de Perú de solicitar la entrega de Chávez sería prácticamente imposible mientras dure el asilo.

Rodríguez señaló que el derecho de asilo es un instrumento internacional que protege a la persona frente a la justicia de su país de origen y que, mientras se mantenga, no habrá posibilidad de extradición, conforme a los tratados internacionales, sin que esto implique persecución política.

La Cancillería peruana confirmó que la medida no afecta las funciones consulares, y que los ciudadanos peruanos en México seguirán recibiendo protección diplomática, incluso en el contexto de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

James Rodríguez señaló que el desenlace del caso dependerá tanto de decisiones políticas como de la vigencia del asilo diplomático. De esta manera, Betssy Chávez se convierte en un actor central de un conflicto legal y diplomático entre Perú y México.