La participación del expresidente Pedro Castillo en el juicio ha estado marcada por una tensión constante y hasta contradicciones. A lo largo del proceso, el exmandatario ha protagonizado frecuentes cambios de abogados , ha incurrido en enfrentamientos verbales con los magistrados y ha generado momentos de crisis en la Sala Penal, incluyendo intentos de retirarse de las audiencias. Convoca ha documentado detalladamente estas tensiones, así como las contradicciones internas que han surgido en la estrategia de la defensa. 

Aquí los detalles: https://convoca.pe/agenda-propia/elecciones-2026-desde-la-prision-pedro-castillo-confia-su-proyecto-politico-en-sus

La Estrategia de la defensa para evitar la Condena

El juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo y sus colaboradores por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022 entró en su etapa final. El 18 de noviembre, en la fase de los alegatos finales, las defensas de la ex primera ministra Betssy Chávez y el exprimer ministro y asesor Aníbal Torres usaron una estrategia; culpar a Castillo de actuar solo y demostrar que ellos no conspiraron.

La defensa de la expremier, Betssy Chávez buscó desarticular la acusación de rebelión y conspiración. El abogado Julio C. Guzmán sostuvo que Chávez no es culpable, argumentando que el intento de golpe de Estado fue un acto solitario, intempestivo e impulsivo de Pedro Castillo, motivado únicamente por el miedo a la inminente vacancia congresal. Guzmán resumió esta tesis ante el tribunal: "El autogolpe de Castillo fue impulsivo y sin comunicar a nadie, motivado solo por la vacancia".

Con este argumento de la unilateralidad, la defensa busca demostrar la ausencia de cualquier planificación conjunta que pruebe la conspiración, desvinculando legalmente a Chávez del cargo de coautora.

Por su parte, el exprimer ministro, Aníbal Torres, desestimó la acusación de conspiración para la rebelión con un argumento que apuntó a la debilidad de las pruebas fiscales. Torres negó enfáticamente la existencia de una reunión secreta para planear el golpe, afirmando que la Fiscalía basa su tesis en una mera suposición: el uso del pasadizo interno —el "callejón" — que conecta las oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con el Despacho Presidencial. El exfuncionario declaró de manera contundente: "No hay pruebas de esa reunión, están creando un hecho que no existe para culparme de un delito que no cometí". Con esto, Torres busca convencer al tribunal de que la Fiscalía carece de elementos probatorios para atribuirle el delito de rebelión.

¿Un "golpe que no existió"?

El juicio contra Pedro Castillo ha reabierto un debate central: ¿fue un golpe de Estado fallido o un acto sin capacidad real para romper el orden constitucional? Mientras algunos alegan que no hubo rebelión por falta de alzamiento en armas, otros especialistas sostienen que basta la decisión presidencial para configurar el quiebre democrático.

“El señor Alberto Fujimori jamás recibió una condena por el golpe del 5 de abril del 92, donde sí hubo un golpe consumado con tanques en las calles (…). Ese golpe de Estado está impune”. Con esa comparación, el abogado penalista Antonio Castillo explicó a Convoca que, a su juicio, el caso de Pedro Castillo no cumple los requisitos legales para ser considerado rebelión.

El analista añadió que, si el tribunal busca sostener una condena, podría optar por grave perturbación de la tranquilidad pública, cuya pena es de seis años. También advirtió que el proceso ha generado un efecto político no previsto; “El apoyo a Pedro Castillo está creciendo”, señaló.

Desde una mirada política, Fernando Tuesta Soldevilla rechaza esta interpretación y califica los argumentos de la defensa como “leguleyadas”. Para Tuesta, no importa si el golpe fue fallido o no tomó forma militar: “Sabemos que el discurso es una copia de lo que hizo Fujimori en el 92. El texto es exactamente igual y todos decimos que ahí hubo golpe”.

Para Tuesta Soldevilla, el mensaje del 7 de diciembre sí es un golpe de Estado porque lo que define un golpe no es la presencia de tanques, sino la decisión del jefe de Estado de quebrar el orden constitucional usando su autoridad.

Es la figura más poderosa del Perú —presidente y jefe supremo de las Fuerzas Armadas— quien anuncia la disolución del Congreso y un régimen de excepción. Que las instituciones no lo hayan obedecido no elimina la naturaleza del acto.

El día que marcó su caída

Pedro Castillo llegó al poder en 2021 como un outsider político, maestro rural y líder sindical que prometía representar a sectores típicos excluidos. Pero su gobierno estuvo marcado por inestabilidad; cambios constantes de gabinete, tensiones con el Congreso, denuncias de corrupción y enfrentamientos con organismos autónomos.

El 7 de diciembre de 2022, en un mensaje inesperado a la nación, anunció la disolución del Congreso, la instauración de un “gobierno de excepción” y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Las Fuerzas Armadas no respaldaron la medida y el Congreso lo destituyó ese mismo día. Minutos después, fue detenido. Ese episodio se convirtió en la base de la acusación.

Rebelión y abuso de autoridad

Los cargos contra Castillo se centran en tres acusaciones principales. Primero, rebelión, porque el Ministerio Público sostiene que intentó disolver el Congreso de manera ilegal. Segundo, abuso de autoridad, al buscar gobernar a través de decretos sin respaldo legal. Y por perturbación de la tranquilidad pública, por el impacto que sus mensajes generaron en todo el país.

La Fiscalía ha solicitado hasta 34 años de prisión y una reparación civil millonaria. También pide que el expresidente sea inhabilitado para ejercer cargos públicos por un largo periodo.

Betssy Chávez y Aníbal Torres

El juicio también involucra a dos figuras claves de su círculo político: Betssy Chávez, entonces presidenta del Consejo de Ministros; y Aníbal Torres, exprimer ministro y asesor cercano. Ambos son procesados como presuntos coautores del plan que desembocó en el anuncio del 7 de diciembre. La Fiscalía los acusa de participar en las coordinaciones previas al mensaje y solicita para cada uno 25 años de prisión.

Los dos han negado esos cargos. El especialista afirma que la situación legal de Betssy Chávez y Aníbal Torres “siguen la suerte de lo principal”, en alusión a que sus cargos por coautoría caerían si el delito principal de Rebelión contra Castillo no se sostiene.

Respecto al asilo de Chávez en la Embajada de México, advierte que si se le impone prisión preventiva, la medida no solo sería de “difícil ejecución”, sino que “tendría una connotación política internacional” al darle la razón a la postura del gobierno mexicano y “hacer crecer políticamente” a la expresidenta del Consejo de Ministros.

El jefe de Gobierno y la ruptura

Para Tuesta Soldevilla, el delito no requiere ser exitoso. El acto de Castillo fue, por definición, un golpe de Estado porque el jefe de gobierno, que a su vez es el jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales y "es el que tiene el mayor poder en el Perú en el marco de la Constitución", intentó quebrar ese orden.

El analista cuestiona duramente a quienes defienden a Castillo: "¿Qué hubiera pasado si es que esto lo hubiera dicho, lo hubiera hecho Dina Boluarte, o Pedro Pablo Kuczynski, o Alan García, o cualquier presidente electo o no electo?" La respuesta es unánime para Tuesta: "Obviamente, todos quienes respetan el orden constitucional y el sistema democrático, habrían señalado que es un golpe de Estado".

El riesgo de no sancionar este acto es un precedente dañino para el sistema: "Imagínate, vamos a tener presidentes que prueban a ver si es que le sale o no el golpe de Estado. Es absurdo, ¿no? Es absurdo". Por lo tanto, Tuesta concluye que "tiene que haber una sanción" si lo que se busca es fortalecer la institucionalidad democrática.

La recta final y el impacto en las elecciones

Ante la posibilidad de una sentencia, y las consecuencias políticas y electorales, Tuesta Soldevilla señala que la condena es necesaria, entre otras cosas, porque Castillo "no puede seguir estando con prisión preventiva más de 36 meses, que se van a cumplir el 7 de diciembre".

En el plano electoral, el analista político es escéptico. Aunque reconoce que Castillo "sí tiene un nivel de apoyo" en las encuestas, duda de su capacidad de "endose" de votos. Tuesta es tajante al afirmar que Castillo no podrá postular a cargos públicos si es sentenciado en primera instancia o si el Congreso lo inhabilita políticamente, como ya hizo con Vizcarra.

El experto considera que el proceso judicial, aunque no será un punto de quiebre que "va a cambiar las cosas", sí debe servir para fortalecer la institucionalidad. Sobre la situación de Betssy Chávez —asilada en México— Tuesta considera que es un tema "complicado" que evidencia la tardanza del Congreso en tomar decisiones, y cuya resolución dependerá de si el gobierno mexicano permite que la justicia peruana la juzgue o no.

Es importante señalar que, en paralelo a esta batalla legal, el exmandatario mantiene vivas sus aspiraciones electorales de cara a 2026, una situación que hemos documentado en este medio: Elecciones 2026: Desde la prisión, Pedro Castillo confía en su proyecto político en sus seguidores.