El último 31 de marzo, cuando el entonces ministro de Salud Hernán Condori era censurado por el Congreso en Lima, a 415 kilómetros de distancia, en Junín, un informe de la Contraloría General de la República dejaba bien librado a su sucesor en el cargo, el actual ministro Jorge Antonio López Peña, entonces viceministro de Salud Pública.

El informe que ingresó esa mañana a la mesa de partes del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Huancayo daba cuenta de una investigación sobre presuntas irregularidades realizadas por los subordinados de López Peña, cuando este ejercía como director general de dicho establecimiento en 2020.

La Contraloría encontró presunta responsabilidad penal en ocho trabajadores administrativos del hospital, al haber incurrido en aparentes irregularidades en el pago de bonificaciones extraordinarias al personal de salud, entre marzo y diciembre de 2020, en el contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19.

En las listas de beneficiarios, no todos los empleados merecían el pago completo del bono de 720 soles mensuales. Estos desembolsos incorrectos son los que ocasionaron, según calcula el ente de control, un perjuicio económico de 619.609 soles. Si bien el informe no consignó al actual ministro como posible responsable de algún ilícito penal, la Contraloría sí detalló todas las resoluciones que López Peña firmó para aprobar estos listados de beneficiados y los costos.

Consultado para esta nota, el abogado Carlos Caro, especialista en Derecho Penal, anotó que, más allá de lo indicado por el informe oficial, López Peña tenía un deber de supervisión de lo que hiciera la Oficina de Recursos Humanos, que es la que generó las nóminas, ya que él era el director general de la institución.

Jorge López Peña juramentó como ministro de Salud el 7 de abril de 2022. Antes ocupó el cargo de viceministro de Salud Pública durante la gestión de Hernán Condori. Foto: Andina

López Peña estaba a la cabeza del Hospital Carrión desde el 28 de noviembre de 2020. Las primeras resoluciones directorales que suscribió para aprobar las nóminas, cuya realización estaba a cargo del área de Recursos Humanos, se relacionaban a desembolsos de bonos que ya se habían generado cuando él aún no era director, entre marzo y noviembre de 2020. Es decir, se pagaron las bonificaciones de estos meses antes de que las listas fueran aprobadas por el director general.

Pero pronto el hospital se pondría al día con las aprobaciones necesarias, que se firmarían en paquete al cierre del año.

Con apenas un mes en el cargo, López firmó las resoluciones directorales para validar las listas de beneficiados y los costos ya desembolsados con anterioridad. Los documentos fueron suscritos los días lunes 28 y jueves 31 de diciembre de 2020, en la víspera del año nuevo. El último día de ese año fue feriado obligatorio para el sector público.

Luego López rubricó, en febrero 2021, las nóminas de los pagos extraordinarios correspondientes a diciembre de 2020, que fueron pagados cuando él ya era la máxima autoridad del hospital.

Irregularidades en la mira

Luego de la detección del primer caso de COVID-19 en 2020, el Estado peruano tomó medidas excepcionales para prevenir la propagación del virus con el Decreto de Urgencia 026-2020. Esa norma establece una bonificación extraordinaria de 720 soles mensuales a los profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que prestan servicios en las unidades de cuidados intensivos de los centros médicos, en hospitalización, o en aquellos que realicen vigilancia epidemiológica.

Este bono también se otorga a los trabajadores que realizan visitas domiciliarias a los pacientes de atención ambulatoria y al personal administrativo que cumplen ciertos criterios de la norma.

Sin embargo, la Contraloría informó que de marzo a junio de 2020, en el Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, la responsable de la Unidad de Control de Asistencia y Permanencia, el encargado de la Unidad de Remuneraciones y el jefe de la Oficina de Recursos Humanos validaron el pago de la bonificación a los trabajadores de la salud, entre los cuales había quienes no habían realizado labores efectivas de 150 horas mensuales, como lo disponía el Reglamento Interno de Trabajo.

INFORME 40 by Convoca

Accede al informe completo de la Contraloría en este enlace.

Luego, durante los meses de julio a diciembre de 2020, las jefas del Departamento de Farmacia, Nutrición, Enfermería y del servicio de Enfermería en Nefrología y Hemodiálisis del nosocomio consideraron como beneficiarios de la bonificación extraordinaria a personal de salud que no cumplía con los criterios establecidos en el decreto de urgencia mencionado.

Para estos pagos, cada área había emitido informes correspondientes por cada mes, que fueron validados después por los funcionarios July Denise Pilco Álvarez, responsable de la Unidad de Control de Asistencia y Permanencia, y Andersen Fierro Sulca, jefe de la Oficina de Recursos Humanos. Según la Contraloría, lo hicieron sin observar los criterios necesarios para identificar a los beneficiarios de la bonificación, establecidos en el Decreto Supremo 068-2020-EF.

El 28 y 31 de diciembre de ese año, Jorge López Peña, entonces director general del Hospital Carrión de Huancayo, firmó resoluciones directorales que aprobaron el listado de estos benificiarios y los costos de estas bonificaciones entregadas desde marzo hasta noviembre del 2020. Las listas de pagos relativos a diciembre se firmaron después, en febrero de 2021.

Los presuntos pagos irregulares consignados en estas listas de beneficiarios, según los cálculos de la Contraloría, representarían un perjuicio económico al Hospital Daniel Alcides Carrión de S/ 619.609,40, durante los 10 meses en los que rigió el estado de emergencia en 2020.

Aunque su firma aparece en las resoluciones de aprobación de estos listados, el Ministerio de Salud precisó a Convoca.pe que "el ahora ministro no dictó ninguna medida para el pago de bonos por COVID-19 del año 2020”.

“El doctor Jorge Antonio López asume el cargo de director del Hospital Daniel Alcides Carrión el 28 de noviembre del 2020”, señaló el ministerio, a través de un documento.

Resoluciones Directorales 1 40 by Convoca on Scribd

Accede a las resoluciones directorales firmadas por Jorge López Peña en este enlace. 

Tres modalidades

De acuerdo con la Contraloría, el perjuicio económico se concretó a través de tres modalidades. En la primera, los pagos no se realizaron proporcionalmente a las horas trabajadas por cada empleado, situación que generó una pérdida calculada en 35.689 soles. Además, se estima que el hospital también perdió 365.040 soles adicionales al pagar la referida bonificación "sin cumplir con los criterios establecidos", mientras que otros 218.880 soles fueron desembolsados "sin contar con la lista nominal de beneficiarios".

Detalle de perjuicio económico ocasionado al Hospital Daniel Alcides Carrión. Imagen: Contraloría

Convoca.pe consultó al actual ministro de Salud si cuando ejercía como director del Hospital Carrión estaba al tanto de estas irregularidades, detectadas luego por la Contraloría, ya que se entiende que debió revisar los documentos antes de aprobarlos con su firma en las resoluciones directorales.

"Es falso, por cuanto el pago de bonos tiene que ver exclusivamente con la dirección ejecutiva administrativa, quien es responsable de la Oficina de Recursos Humanos. Y conforme al Decreto de Urgencia Nº 020-2021, es la oficina de Recursos Humanos la única responsable por el pago de bonos de COVID-19", señaló.

De acuerdo con la versión del ministro, él “no se encuentra inmerso en ninguna medida de investigación, con posible sanción por parte de la Contraloría”. En efecto, el informe del ente de control lo excluyó del cuadro de presuntos implicados en responsabilidad penal.

Relación de personas responsables comprendidas en la irregularidad by Convoca on Scribd

Accede al documento completo en el siguiente enlace.

Sin embargo, para el abogado penalista Carlos Caro Coria, López Peña mantenía deberes de supervisión respecto a lo que hiciera la Oficina de Recursos Humanos al ser el director general del hospital. "Lo que hace la ley en este caso es asignar una competencia directa a la Oficina de Recursos Humanos, pero él [Jorge López Peña] mantiene una competencia indirecta de supervisión de lo que haga el área. Tampoco se puede lavar las manos", señaló especialista en Derecho Penal.

Caro afirmó que al imputar presuntas responsabilidades penales a ocho subordinados de López Peña en su informe, la  Contraloría se ha ceñido al decreto que señala quiénes son los responsables de identificar a los trabajadores beneficiarios de la bonificación. No obstante, enfatizó que el enfoque penal es mucho más amplio.

"Va más allá de lo que diga el famoso artículo 5 [del decreto] y funciona en virtud de la regla de la delegación", explicó. Según el abogado penalista, de ser incluido como responsable en estas presuntas irregularidades, el ministro de Salud podría ser investigado por el delito de peculado.

Convoca.pe también se comunicó con la Contraloría General de la República, a través de su oficina de prensa. El ente controlador señaló que "no se incluyó al funcionario en consulta [López Peña] porque no estaba bajo su competencia la verificación o supervisión del listado de personas que tuvieron bonificación".

"Respecto al funcionario, este cumplió su función, y contó con el sustento y validaciones de las áreas responsables (principio de confianza)", aseguró.

Cabe señalar que el artículo 4 del decreto 026-2020 señala que "la máxima autoridad administrativa de cada unidad ejecutora", como lo es la Unidad Ejecutora 824 Hospital Daniel Alcides Carrión, "es responsable de velar por el estricto cumplimiento de la identificación del personal que resulte beneficiario de la bonificación extraordinaria, así como su correspondiente pago".

"El director no tuvo participación directa o indirecta en la propuesta de profesionales que recibieron bonificación. Llegó a fines de noviembre de 2020 [a la dirección general] y estos pagos se realizaron desde marzo de 2020, y los ocho funcionarios NO señalan la responsabilidad al mencionado director", dijo a este medio la Contraloría, entidad que notificó su informe siete días antes de que Jorge López asumiera el ministerio.

Por otro lado, de acuerdo con información divulgada por el diario El Comercio el último fin de semana, López Peña es investigado por la Cuarta Fiscalía Provincial de Huancayo por los presuntos delitos de falsedad ("simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente en perjuicio de terceros") y grave perturbación de la tranquilidad pública. El expediente fiscal se inició debido a unas supuestas declaraciones que hizo López sobre la falta de protección contra la COVID-19 que sufrían los trabajadores del Hospital Ramiró Prialé.

Negocio con el Hospital

El portal Infoandes reveló recientemente que el 15 de septiembre del 2020, dos meses antes de que López Peña fuera designado director del Hospital Carrión de Huancayo, su empresa JALP Imagen EIRL prestó el servicio de alquiler de equipos de rayos X por el monto de 34 mil soles a ese mismo centro de salud.

"Como médico y empresario ajeno al Hospital Daniel Alcides Carrión, sí alquilé o contraté por un equipo de rayos X móvil con el referido hospital en setiembre del 2020. En esos tiempos de pandemia motivada por la COVID-19, el Hospital Carrión no contaba con equipos operativos de rayos X que permitiesen diagnosticar el daño de lesión pulmonar de los contagiados por COVID-19 para brindar un adecuado tratamiento", señaló López Peña a Convoca.pe.

"Hasta la fecha, la suma de 34 mil soles no me ha sido pagada, en el tiempo en que fui director de dicho nosocomio. Aún siendo director desde fines de noviembre del 2020, nunca se efectuó dicho pago", agregó.

Pero Convoca.pe pudo determinar que el Ministerio de Economía y Finanzas no solo registró dicho pago de 34 mil soles a JALP Imagen en el 2020 en su portal de Transparencia Económica, sino que además registró otro pago por el mismo monto de 34 mil soles en el 2022, con la misma entidad de salud.

El portal de Transparencia Económica del MEF registra un monto de 34 mil soles girado a favor de JALP Imagen EIRL de López Peña en 2022, mientras era funcionario público. Imagen: MEF

De acuerdo con su última declaración jurada, el actual ministro de Salud laboró en el Hospital Daniel Alcides Carrión entre el 28 de noviembre de 2020 y el 9 de marzo de 2022. El mismo día de su cese en el centro de salud, asumió el viceministerio de Salud Pública. Esto quiere decir que el mencionado monto de 34 mil soles de 2022 se registró cuando López Peña era funcionario público. ¿Bajo qué parametros se contrató a su empresa?

"Falso. Como ya se dijo anteriormente, como director del referido nosocomio jamás se contrató a dicha empresa", insistió el actual ministro de Salud.