Los enfrentamientos desencadenados durante el paro de transportistas esta semana, así como las reacciones a la orden de inamovilidad dispuesta este lunes cerca de la medianoche, ejemplifican la inestabilidad del Gobierno del presidente Pedro Castillo, que camina sobre arenas movedizas con tan solo 8 meses de gestión. Esta es la conclusión de especialistas consultados por Convoca.pe, quienes ven a esta administración presidencial como una suma de oportunidades de mejora perdidas y el triunfo de la informalidad al interior del Poder Ejecutivo.

Hoy la ola de protestas iniciada la última semana en Arequipa y Junín llegó a la capital. La ciudadanía llenó las calles del Centro de Lima este martes 5 de abril para protestar contra la orden de inamovilidad social decretada ayer por Castillo con el fin de "restaurar la paz".

“El presidente ha tenido siempre oportunidades de corregir. El tema es que se ha empecinado en repetir los errores. Por ejemplo, se cae un ministro cuestionado y es sustituido por otro ministro cuestionado. Hay una incapacidad para asumir errores, y hacer correcciones, muy impresionante”, explica a Convoca.pe el politólogo Martín Tanaka, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Gobierno sin rumbo

Estos titubeos quedaron de manifiesto hoy, cuando el presidente Pedro Castillo anunció que dejaba sin efecto el estado de emergencia que había puesto en marcha la noche del lunes con el supuesto objetivo de proteger a la ciudadanía. La contramarcha fue anunciada durante la reunión que el mandatario y algunos de sus ministros sostuvieron esta tarde con la mesa directiva del Congreso, en su sede principal.

Mientras la reunión entre ambos poderes se desarrollaba, se formaron grupos locales que marcharon por las vías de la capital para reunirse en el frontis del Parlamento, en la avenida Abancay.

Un grupo de manifestantes se enfrentó con violencia a la Policía, en un intento de acceder a la Plaza Bolívar para mostrar su descontento a las autoridades. Algunos de los ciudadanos arrojaron piedras y otros objetos a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), que a su vez respondió con gas lacrimógeno.

La masa humana fue redirigida por los agentes policiales hacia el cruce del jirón Huallaga y la avenida Abancay, donde se armó un campo de batalla. Un patrullero quedó con las lunas destrozadas.

Miles de ciudadanos llegaron al centro de la ciudad para mostrar su descontento contra el Gobierno. Foto: Andina. 

En paralelo, otro grupo de manifestantes se revelaba contra la orden de inamovilidad obligatoria en la Plaza San Martín. “Castillo renuncia ya, Castillo renuncia ya”, se escuchó en estos espacios públicos. "Que se vayan todos", decían otros.

La reunión entre Castillo y el Parlamento tenía como finalidad discutir las medidas que su Gobierno tomaría para acabar con las protestas sociales, como el paro de los transportistas de carga, que mantienen las vías bloqueadas pese a los supuestos acuerdos alcanzados. Por otro lado, el paro de agricultores en Junín también mantiene a esta región del centro del Perú en vilo.

“Este Gobierno no nació muerto, pero sí débil, y se ha ido aislando cada vez más, hasta terminar en esta situación muy vulnerable”, explica Martín Tanaka a este portal.

Ayer, los primeros estertores de violencia empezaron a replicarse en la capital, donde hubo enfrentamientos en Manchay. En Ica se reportaron saqueos de dos minimarkets. Las noticias, sumadas a la información falsa que corrió por las redes sociales, generó temor en centros de comercio que fueron cerrados por precaución.

Al respecto, Tanaka explica que las manifestaciones dan cuenta de “la falta de rumbo del Gobierno”. El politólogo anota que las mismas van a afectar mucho a la gestión de Castillo porque el descontento ya no proviene solo de Lima o de la ‘derecha golpista’ –como la llama el Ejecutivo–  sino que son acatadas por sectores que fueron la base de apoyo de Perú Libre, como es el caso de Junín. 

“El Gobierno se está aislando cada vez más, se le está acabando el oxígeno. Si no hace una corrección rápida, si no muestra claramente el propósito de enmienda, estos escenarios [hipotéticos] en los cuales al presidente se le termina vacando van a ser cada vez más creíbles. Seguramente este deterioro va a hacer que quienes votaron en contra de la vacancia, como Acción Popular, Alianza por el Progreso, terminen plegándose por la vacancia”, explica el politólogo a Convoca.pe.

Al margen de las protestas ciudadanas, grupos de vándalos causaron daños en la sede del Ministerio Público, ubicada en la avenida Abancay, donde destruyeron los vidrios del frontis hasta que fueron dispersados por la Policía. También atacaron con piedras el Jurado Nacional de Elecciones.

Pero el peor ataque lo sufrió el edificio Alzamora Valdez del Poder Judicial, donde funciona la Corte Superior de Justicia de Lima. Una turba ingresó al local y robó equipos de cómputo, frigobares, microondas, sillas, extintores y otros objetos. Los delincuentes iniciaron un fuego al interior del edificio, que fue controlado por personal de seguridad.

Medida inconstitucional

En las últimas horas, los cuestionamientos hacia Pedro Castillo se hicieron más críticos debido a la orden de inamovilidad para Lima y Callao, dictaminada en las últimas horas de este lunes. El ministro de Defensa, José Gavidia, señaló que la medida fue decretada porque se tenía información de que hoy “habría movimientos y actos vandálicos generalizados", explicó a los medios.

El defensor del Pueblo, Walter Gutierrez, interpuso una demanda de habeas corpus contra la medida del presidente Pedro Castillo, refrendada por su gabinete ministerial. El recurso fue presentado ante el Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Señala que la orden dictada por el Gobierno "vulnera el derecho fundamental a la libertad de tránsito y los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad".

La demanda busca "dejar sin efecto la inmovilización obligatoria decretada para el día 5 de abril, desde las 2 am hasta las 11.59 pm”, explicó Gutiérrez.

Horas después, el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite la demanda. Esta no es la única medida interpuesta contra la inamovilidad. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó que también interpuso un habeas corpus para revertir este estado de emergencia.

"Hoy el Perú se desborda social, política y económicamente, y no parece haber salida. Se debe buscar una solución inmediata y ponerle fin a esta situación. Usted [Pedro Castillo] dijo que adelantaría las elecciones si no cumplía con las expectativas, ¿qué espera?”, escribió Muñoz en sus redes sociales, aunque no libre de críticas provenientes de usuarios que aludían a los pocos logros de su propia gestión edil.

Presidente Castillo se reunió con la mesa directiva del Congreso para buscar una salida a los conflictos sociales de los últimos días. Foto: Difusión.

El constitucionalista Víctor García Toma explica a Convoca.pe que la medida decretada por Castillo resulta inconstitucional porque no respeta el principio jurídico de racionalidad, que indica que toda decisión debe ampararse en el sentido común. “Y no parece muy racional que, para combatir la paralización de un grupo de transportistas y personas que protestan de manera descomedida, terminemos paralizando toda la ciudad”, sostuvo.

García Toma recalca además que esta orden de inamovilidad violenta el principio de razonabilidad, porque no hay adecuación entre los medios y los fines. “La pregunta es: ¿la inmovilización va a solucionar la crisis? Es decir, ¿va a poner énfasis en la solución de los problemas que originaron la crisis? La respuesta es no”, advierte el constitucionalista.

Con el amanecer de este martes, miles de personas quedaron varadas en distintos puntos de la ciudad debido a que el transporte público de pasajeros también quedó restringido por la medida. Los negocios de la ciudad tuvieron que cerrar sus puertas, a costa de las pérdidas económicas que esto significaría.

“¿La medida es proporcional? Es decir, ¿cuáles son los derechos protegidos? Algunos dirán que los comercios, la integridad física de algunas personas, pero lo real es que afecta la economía diaria. Y en segundo lugar, se desconoce que la protección de la vida y la propiedad están en manos de la Policía. Se debió adoptar mejores medidas para que la Policía acate de manera cabal sus funciones”, agrega.

A considerar

Las manifestaciones se han mantenido a nivel nacional a pesar de los ofrecimientos del Poder Ejectivo. Por ejemplo, los transportistas no han levantado la medida a pesar de que el Gobierno accedió a devolver el 90% del impuesto selectivo al consumo de ciertos combustibles, y de incluir a estos en el Fondo de Estabilización para evitar un encarecimiento brusco.

Al respecto, el economista Jorge Gonzales Izquierdo comenta a Convoca.pe que, con las medidas antes descritas, el Gobierno ya hizo todo lo que estaba en sus manos para intentar reducir o mantener el costo del combustible. Resalta además que es imposible que pueda reducir el costo de los peajes, otro de los pedidos de los transportistas, porque los montos están basados en contratos firmados.

Pero estos no son los únicos objetivos que perseguían. El diario El Comercio informó que mientras la atención del Perú estaba puesta en los paros y manifestaciones, un grupo de gremios de transportistas se reunió con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para analizar la “reestructuración” administrativa, económica y funcional de la Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la entidad encargada de fiscalizarlos.

Varias regiones del país mantuvieron el bloqueo en las vías, pese a las disposiciones de Gobierno. Foto: Andina.

Entre estos grupos –señala el diario– estaba la Unión de Gremios de Transporte Multimodal (Ugtranm) donde participan colectiveros informales de la ciudad. Este gremio es representado por el ciudadano Geovani Diez Villegas, antes denominado como el "ministro paralelo" del MTC debido a su presunta influencia en las decisiones políticas del rubro del transporte.

Según se informó, los colectiveros informales exigen la eliminación de la Sutran y de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la amnistía en multas de tránsito y su formalización, propuestas que fueron mencionadas durante la campaña del presidente Pedro Castillo. Ahora este grupo de transportistas exigen su cumplimiento.

Hace cuatro meses, el MTC inició el empadronamiento de los taxis colectivos en el marco de la Ley 31096, que autoriza el transporte de pasajeros en estos vehículos en todo el país, con excepción de Lima y Callao. La norma dispone que sea la Sutran la encargada de administrar, publicar y actualizar el mencionado padrón.