En Amazonas, los cauces de los ríos Cenepa y Marañón atraviesan la espesura de los árboles llevando entre sus aguas vida para las comunidades. Pero lo que más interesa a los mineros en esta zona remota de la selva peruana es el oro que obtienen de sus suelos, a pesar del peligro que corren los ecosistemas cercanos a sus operaciones. Y aunque en la actualidad hay muchos dedicados a la minería ilegal, en los últimos meses varios empresarios han buscado un permiso para hurgar en estas tierras amazónicas dentro de la formalidad.

Solo este año ingresaron 12 petitorios de derechos mineros por un total de 5.200 hectáreas al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) del Ministerio de Energía y Minas que son atravesados por ambos caudales. Dos de estos derechos, que abarcan 1.300 hectáreas, ya han conseguido el visto bueno del sector. Cabe indicar que hacer minería en los ríos está prohibido por la ley.

Como se recuerda, Condorcanqui se encuentra en estado de emergencia por la presencia de la minería ilegal desde junio de 2022. Ha pasado un año y medio desde que la medida fue impuesta y hasta ahora no ha tenido ningún éxito. Por el contrario, el biólogo Sidney Novoa, codesarrollador de la iniciativa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) y especialista de la ONG Conservación Amazónica, confirma a Convoca.pe que estos petitorios de derechos mineros son recientes y que coinciden con zonas donde ya había minería ilegal.

“En el 2021 no existían concesiones mineras en ese sector del río [Cenepa]. Recién a finales del 2022 es que aparecen unas tres tituladas [en la zona]. Y en el transcurso del 2023 han ido apareciendo todas estas solicitudes de concesiones que coinciden exactamente en los sitios donde ya había minería ilegal”, advierte el biólogo y experto en monitoreo satelital. “O sea, el mensaje es: ‘demuestra que estás haciendo la actividad y yo te legalizo a través de una concesión’”, cuestiona.

Mapa de la zona en diciembre de 2022. Los puntos rojos son actividades mineras no autorizadas y las cuadrículas en amarillo la presencia de comunidades nativas. Foto: Elaborado por Conservación Amazónica - ACCA, Proyecto de Monitoreo de la Amazonia Andina - MAAP.

Mapa de la zona en abril de 2023. Se observa que se han pedido derechos mineros donde hay puntos de minería no autorizada. Foto: Elaborado por Conservación Amazónica - ACCA, Proyecto de Monitoreo de la Amazonia Andina - MAAP.

Mapa de la zona en noviembre de 2023. Se pidieron más derechos mineros que coinciden con los puntos de minería no autorizada. Foto: Elaborado por Conservación Amazónica - ACCA, Proyecto de Monitoreo de la Amazonia Andina - MAAP.

Además de la presencia de minería no autorizada en la zona y de la superposición de estas 12 solicitudes de derechos mineros sobre los ríos Cenepa y Marañón, otra situación de riesgo es que la mitad (6) de estos pedidos han sido presentados por personas que figuran como suspendidas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Como fue abordado en otro informe de Convoca.pe, la condición de minero suspendido impide a estos realizar ningún tipo de actividad minera mientras mantengan esa denominación. Además, esta se lleva a cabo cuando un minero en vías de formalización no cumple en el plazo establecido con alguno de los cinco requisitos que se requieren para pertenecer al Reinfo.

Por ejemplo, los petitorios de derechos mineros denominados “Apu I” y “Apu II” abarcan una gran extensión del río Cenepa, cerca el uno del otro. Ambos suman en total 700 hectáreas que incluyen en su delimitación el cauce del río mencionado. Desde el 18 de octubre pasado, estos títulos mineros se encuentran en fase de "solicitud de petitorio" y están a nombre de Santos Acuña Rodrigues, un minero suspendido tres veces en el Reinfo.

Derecho minero “Apu I” sobre el río Cenepa, en petitorio a nombre de Santos Acuña Rodrigues. Foto: Geocatmin.

Derecho minero “Apu II” sobre el río Cenepa, en petitorio a nombre de Santos Acuña Rodrigues. Foto: Geocatmin.

Santos Acuña aparece en el Reinfo como minero suspendido en tres ocasiones por tres derechos mineros diferentes: uno que es denominado como "actividad de beneficio", otro llamado "Victoria Gloria" y un tercero de nombre "Mariano II". Los tres se ubican en la provincia del Manu, en Madre de Dios. 

“Victoria Gloria” es una extensión de 400 hectáreas que aparece en el sistema Geocatmin del Ingemmet como titulada a nombre de, justamente, una ciudadana de nombre Victoria Gloria. Y “Mariano II” tiene 800 hectáreas que están a nombre de Rolando Quico Villacorta, cuyo derecho minero ya se ha extinguido. 

Registro de Santos Acuña Rodrigues en el Reinfo.

De otra parte, el petitorio de derecho minero “Alegría Metal 2023” es uno más de los pretendidos por personas suspendidas en el Reinfo. En este caso hablamos de una área de 200 hectáreas que se superpone al río Marañón y que se encuentran en proceso de aprobación a nombre de Roberta Tipo Calsina, suspendida dos veces en el Reinfo por dos derechos mineros: “Jhon Salina”, en Tambopata, Madre de Dios, y “Qori Aukilla”, en Paucartambo, Cusco.

Otros cuestionables pedidos de derechos mineros en la zona son “Gold Imperial 2023” (1.000 hecráreas) y “Gold Imperial Uracusa” (200 hectáreas),  a nombre de Mari Luz Quijhua Tipo, suspendida también por el derecho minero cusqueño “Qori Aukilla”, y el derecho minero “J Wilian Leon de Oro 2023” (200 hectáreas), solicitado por su hermano Wilber Quijhua Tipo, también suspendido en el Reinfo por el derecho minero “Magi 2012” en Madre de Dios.

Para Martín Arana, especialista técnico de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú), lo que existe es una incongruencia entre lo establecido en el Decreto 1100 —cuyo artículo 5 establece como prohibición para la pequeña minería y minería artesanal las actividades en cuerpos de agua— y el accionar del Ingemmet.

"Tienes toda la legislación que te prohíbe la minería en cuerpos de agua donde incluso hay una sentencia del TC, sin embargo, en los considerandos legales del Ingemmet, eso aparentemente no cuenta, simplemente se otorga. El argumento principal del Ingemmet es uno: [el área de los ríos] no es una zona expresamente prohibida (...). Para el desarrollo de la actividad sí [está prohibido], pero para otorgar concesiones [derechos mineros], no. Entonces ahí hay una incongruencia", señala el especialista.

“¿Qué sentido tiene otorgar una concesión donde más del 60 o el 80 por ciento del área de la concesión es el río? O sea, ¿para qué otorgas eso? Simplemente lo deniegas de plano”, agrega Arana.

Cabe precisar que todos estos petitorios de derechos mineros —realizados por personas previamente suspendidas en el Reinfo— en la actualidad se encuentran en la tercera fase antes de la titulación. Es decir, ya pasaron las instancias de "Petitorio", "Informe Técnico" y ahora están en la de "Informe Legal - Cartel". Aún tienen por delante otros dos pasos: el "Informe Técnico Final" y el "Informe Legal - Título", que es cuando se titula la concesión minera a nombre del que realizó la petición y el concesionario tiene que seguir un trámite final para que pueda aprovechar el derecho minero. 

Otros casos de petitorios de derechos mineros en la zona se refieren a los denominados “Lian 1” y “Nueva Vida I”, 500 hectáreas en total que se superponen al río Marañón, son pretendidos por Antony Armando Ccori Oroz y Sandy Adhemir Cáceres Vilca, respectivamente. Y por último, está “Aintan”, también a nombre de Cáceres Vilca con un área 400 hectáreas atravesada por el río Cenepa. De estas solicitudes, “Lian 1” todavía se encuentra en la fase de "Petitorio" y las otras dos, como en las demás, se ha avanzado a la etapa de "Informe Legal - Cartel", dos pasos antes de la titulación.

1.300 hectáreas muy cerca de los ríos

Sobre la confluencia del Cenepa y el Marañón, justo allí donde sus aguas se juntan, se otorgó el derecho minero “Nueva Vida” a nombre de Miguel Ferré Trenzano. Con sus 800 hectáreas —200 menos que la del Río Nanay, entregada también en agosto— esta extensión se alza por encima del río Cenepa, en su desembocadura, y del Marañón, en dirección a los distritos de Imaza, en la provincia de Bagua, y Nieva, en Condorcanqui. 

El concesionario al que se le asignó el título minero “Nueva Vida”, Miguel Ferré Trenzano, es miembro del Consejo Nacional de Educación desde el 5 de abril de 2023. En su declaración jurada, Trenzano mencionó tener acciones, mandato, representación y cargos en 15 empresas entre las que destacan compañías del rubro minero: Minera Kuyas SAC y Minería Sostenible en la Jungla SAC, en las cuales tiene el 20% de acciones, y la consultora MFT Consulting Sociedad Anónima Cerrada, donde posee el 99%. 

El petitorio del derecho minero “Nueva Vida” se realizó el 20 de marzo de 2023, pocos días antes de que Ferré asumiera como consejero del Consejo Nacional de Educación —el 5 de abril— y el derecho minero le fue dado cuando este ya estaba en funciones, en agosto último. 

Imagen de “Nueva Vida” en la confluencia de los ríos Cenepa y Marañón. Imagen: Geocatmin.

De acuerdo con el director del Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia), César Ascorra, la minería legal debe respetar siempre los cuerpos de agua e inclusive no solo los cauces de los ríos, sino hasta más allá de sus orillas.

“Un minero formal, legal, aunque tenga su cuadrícula, no trabaja en el río, trabaja en tierra firme. Y no en la orilla. Trabaja adentro, la orilla es el cuerpo de agua. Tú ves el líquido y la ribera [del río] hasta la franja marginal del límite de máxima inundación, y más arriba: eso es lo que no se puede trabajar”, menciona.

Por lo tanto, explotar un derecho minero que abarca las zonas atravesadas por ríos exige el mayor de los cuidados.

Un caso similar al anterior es el que involucra al petitorio de derecho minero “Rosillo”, que abarca 500 hectáreas en el río Cenepa y que fue otorgada por Ingemmet en septiembre último a la empresa S.M.R.L Rosillo, conformada por las siguientes personas y sus respectivos porcentajes, según fue consignado ante el Ingemmet: Abner Rosillo Abad (40%), Yhony Cueva Rosillo (30%) e Isaac Rosillo Palacios (30%). Cabe señalar que esta empresa no figura en el buscador de Sunat con su razón social ni tampoco aparece ligada a sus integrantes. Inclusive, en el documento del expediente en el que se otorga el derecho minero, tampoco aparece su RUC.

Respecto a los miembros de esta sociedad, Rosillo Abad consignó como actividad principal el mantenimiento y reparación de motocicletas y su RUC como persona natural se encuentra con baja definitiva, mientras que Cueva Rosillo y Rosillo Palacios mantienen activos sus respectivos registros tributarios, pero, al igual que Rosillo Abad, no se dedican a la extracción minera

Abner Rosillo Abad, además, junto a la ciudadana Ubelia Alba Ramírez, presentó en marzo de este año un petitorio adicional para obtener otro derecho minero que se superpone al río Cenepa llamado “Wawaim I”, que consta de 700 hectáreas. Este petitorio aún se encuentra como solicitud, en el primer paso.

Derecho minero “Rosillo” otorgada a la aparentemente inexistente S.M.R.L Rosillo. Foto: Geocatmin.

Sidney Novoa, biólogo de Conservación Amazónica, señala que en la zona del Cenepa el asunto es especialmente sensible debido a la aparición de la minería ilegal que afecta al río en los últimos años.

"Lo que estamos viendo es que ha habido un incremento importante de lo que es la presencia de dragas u operaciones mineras en este sector del río Cenepa. Nosotros generamos un reporte en el 2022 y luego lo hemos comparado a este 2023 y el crecimiento fue bastante importante. Yo diría que se triplicó el número de infraestructuras mineras [no autorizadas]”,  advierte el especialista.

La enfermedad del oro: Nanay, Marañón y Cenepa

En las últimas semanas el otorgamiento del derecho minero “Raices Gaddafy” en el distrito de Alto Nanay, región Loreto, ha suscitado mucho interés y también reacciones de rechazo. El 31 de agosto de 2023, el Ingemmet entregó el título de esta área de 1.000 hectáreas a Ricardo Moreno Valderrama, gerente general de una empresa que lleva el mismo nombre de la concesión. ¿El problema? El cuadrante asignado a Moreno Valderrama se superpone al río Nanay, uno de los afluentes más grandes en el Perú. 

El acontecimiento más reciente sobre este caso sucedió el 7 de noviembre último cuando la Fiscalía Ambiental de Lima dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el presidente ejecutivo del Ingemmet, Henry Luna Córdova, a quien se le denunció por presunto "otorgamiento ilegal de derechos" respecto a la concesión minera "Raíces Gaddafy” en la cuenca del Nanay.

La denuncia fue interpuesta por el exfiscal ambiental Alberto Caraza Atoche, Andrea Fiorella Tello Meza, Carlos Fernando Rivera Gonzales y Tony Jonatan Mori Vargas.  Como puede verse, respecto al río Nanay, están habiendo reacciones, pero, ¿qué sucede frente a la problemática que enfrentan también el río Marañón y el Cenepa?