Algunas estimaciones refieren que el rescate pagado por Atahualpa a los colonizadores españoles a cambio de su libertad fue de entre seis y 41 toneladas de oro. Aunque cualquiera de estas cifras ya representa una enorme fortuna, están muy lejos de las 2.687 toneladas que en la última década (2013-2022) salieron del Perú sin que nadie pudiera explicar su origen. En ese período, la producción fiscalizada y oficial registrada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ascendió 1.294 toneladas, pero las exportaciones excedieron largamente ese monto y totalizaron 3.981. ¿Cómo fue esto posible?

Para llegar a estas estadísticas, Convoca.pe elaboró y analizó dos bases de datos sobre la exportación y la producción de oro declaradas ante las autoridades peruanas entre 2013 y 2022. Todo apunta a que la minería ilegal de oro en nuestro país no ha hecho más que fortalecerse ante un conjunto de normativas y acciones que han sido incapaces de frenar la actividad ilícita del blanqueamiento de este mineral.

Para Roger Ponce, abogado especializado en minería ilegal, el desbalance entre producción y exportación expone de manera visible las dimensiones de la industria del oro ilegal.

"Se debe a que hay una producción de oro formal, evidentemente, y también hay una producción de oro ilegal. Ambas suman lo que es la exportación de oro formal", explica el especialista para este medio. "Luego esa producción de oro ilegal ingresa a través del lavado al mercado formal, específicamente en una etapa de la comercialización, de la compra y venta del mineral. Es ahí donde la producción de oro ilegal se vuelve producción de oro, digamos, 'legal', porque evidentemente la exportación se realiza de manera legal, cumpliendo todos los requisitos", añade.

Y es que los últimos 10 años han sido testigos de una disparidad alarmante entre la exportación y producción de oro declaradas en el Perú. A partir del año 2015, por ejemplo, esta discrepancia se torna aún más acentuada, con las cifras de exportación duplicando e incluso cuadruplicando la producción declarada.

Esto se debe, principalmente, a que los controles en las operaciones relacionadas con la compra y venta de oro en el Perú son insuficientes. El abogado especializado en derecho ambiental, César Ipenza, se refiere a la facilidad con que se producen estas transacciones entre pequeños productores formalizados o en vías de formalización, que figuran en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), y las empresas compradoras, sin que se verifique el verdadero origen del mineral.

"Yo puedo decir que como pequeño productor minero produje medio kilo de oro en este tiempo. Y con esos papeles de ser 'minero en formalización' yo le vendo medio kilo a una persona. Pero, con esos mismos papeles, le vendo medio kilo a tal o cual empresa. Y uso los mismos documentos para lavar oro ilegal que le pude haber comprado a un minero ilegal”, puntualizó el letrado.

Como se recuerda, según la norma, los mineros en vías de formalización y los formales que componen el Reinfo, deben declarar su producción minera de forma semestral (dos veces al año), en un plazo de 10 días calendario posteriores al vencimiento de cada semestre.

Esta declaración de producción y el poco control a las operaciones que involucran la compra y venta de oro, abren una puerta bastante nociva: la de la minería ilegal. Como se sabe, esta actividad no solo transcurre al margen de la ley, sino que se caracteriza ante todo por llevarse a cabo en lugares prohibidos para la actividad minera, depredando principalmente la Amazonía peruana.

"Toda minería en la Amazonía es dañina”, refiere el director del Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia), César Ascorra, pero matiza su afirmación señalando una diferencia entre la que es formal o está en vías de formalización y la que viene al margen de la legalidad. “El formal hace un plan, es el dueño de la concesión por 40 años, o sea, hay un dueño por un área. En cambio, en la ilegal no hay dueño, hay miles de personas en un pequeño espacio, se juntan miles, y, como ven que tienen oro, vienen miles más y pueden tener 50.000 personas en donde debería haber cien. Entonces viene una destrucción irracional del ambiente", concluye el especialista.

La minería ilegal afecta a la Amazonía peruana. Según el especialista César Ascorra, el mercurio usado en la extracción de oro puede contaminar los peces y, así, introducirse en la cadena alimenticia de los seres humanos. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú).

Leyes poco efectivas para un gran problema

A partir del año 2012, el Estado peruano se propuso combatir la minería ilegal. Para tales efectos, en el entonces gobierno de Ollanta Humala, se emitieron normas (Decreto Legislativo Nº 1107 y el Decreto Supremo N° 027-2012-EM) que entendían este ilícito desde la perspectiva de un daño ambiental y no como una actividad que se relaciona con el crimen organizado, como advierten los especialistas.

De hecho, un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) estimó en 13 mil 861 millones de dólares el total de dinero involucrado en distintos delitos desde el año 2013 hasta junio del 2023. De este monto, la minería ilegal representa el mayor porcentaje generado por una actividad ilícita superando los 8 mil 200 millones de dólares.

“Creo que la minería ilegal hoy no es la misma que hace 12 años o más. Estamos ante una actividad muy grande. Las estadísticas de la Unidad de Inteligencia Financiera dejan ver eso. Es el principal delito: más de 8 mil millones de dólares acumulados en los últimos 11 años que de lejos es más que el narcotráfico [US$ 640 millones]. Esa es la magnitud del problema que enfrentamos", alerta Martín Arana, especialista técnico de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú).

Tampoco ha sido suficiente la más reciente de las disposiciones del gobierno peruano, el Decreto Supremo N° 001-2020-EM, bajo el cual se exigió que a partir del 31 de diciembre de 2020 los mineros artesanales en vías de formalización -aquellos que deben cumplir todavía con alguno de los requisitos de la ley peruana para ser reconocidos completa y legalmente- declaren cuánto producen de oro al igual que las empresas o los mineros plenamente formales. 

A todas luces esta medida no impidió que los años 2021 y 2022 sean los que menor producción de oro registraron, sólo por encima de 2020, y los que mayor exportación tuvieron, solo superados por los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Roger Ponce anota que en este fenómeno también tienen su parte las empresas constituidas legalmente que compran oro y lo hacen a sabiendas de que no tiene un origen lícito conocido.

"Algunas empresas formales, evidentemente conociendo, asumiendo o presumiendo que este oro es ilegal, transforman este oro ilegal a un oro legal y eso es lo que se declara y se exporta. Por eso este desbalance, por eso no cuadra", señaló a Convoca.pe el experto en minería ilegal. 

La deforestación es otro de los efectos que trae la minería ilegal. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú). 

De otra parte, está el llamado Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de oro (Recpo), creado por medio de la Resolución Ministerial Nº 249-2012-MEM/DM en el año 2012. Un instrumento que, entendidos en la materia como César Ipenza, consideran insuficiente.

“Y esto pasa porque hay un registro de comercializadores y productores de oro, el Recpo, pero este registro no cruza información, solo registra. Por ejemplo, no dice cuánto le ha vendido [un productor minero] en general a toda la gente. Simplemente registra y no hay un cruce de información de si te vendí a ti o le vendí a otro la misma cantidad y así se lava en este mecanismo el oro ilegal", refiere el abogado especializado en derecho ambiental.

De otra parte, el director del Cincia, César Ascorra, opina que este flagelo sólo puede ser combatido con la formalización.

"Para combatir lo ilegal [el Estado] debería apoyar lo legal. El Estado debería tener algún tipo de incentivo, de premio o de alguna forma de subsidio. Algo que le sume a sus cuadros de costos de dinero formal para que su economía sea mejor y sea como un atractivo. Si yo dejo lo ilegal avanzar, lo ilegal es más rentable que el formal”, manifiesta el también especialista en conservación de la Amazonía peruana.

Por su lado, Martín Arana, especialista técnico de la FCDS-Perú, plantea la creación de un verdadero control de la trazabilidad, es decir, del proceso de producción, comercialización y exportación de este costoso mineral.

“El sistema de trazabilidad del oro tiene que ir desde las zonas que están permitidas y que están en regla o que ya se han formalizado en cualquier estado minero. Que se pueda vincular la actividad con el volumen de producción, los procesos de transformación/beneficio, la comercialización, transporte de minerales, hasta la exportación. O sea, en la trazabilidad uno tiene que coger todos esos elementos, es ciertamente complejo. Hasta ahora, no se ha diseñado algo así", concluye para Convoca.pe.

Menos mineros formales, muchos más suspendidos

Cualquier ciudadano puede entrar al Reinfo y consultar el estado en que se encuentran los mineros formales o en vías de formalización. Son dos las categorías que este registro cuenta: quienes son productores de oro vigentes y quienes están suspendidos. Entre los primeros, el número es de poco más de 15 mil y, entre los segundos, la cifra pasa de los 71 mil productores mineros sancionados con la suspensión de sus labores. 

La suspensión se lleva a cabo cuando un minero en vías de formalización no cumple en el plazo establecido con alguno de los cinco requisitos que se requieren para pertenecer al Reinfo. 

"No es que se expulsa, porque para eso existe la figura de la exclusión que está en la norma, no son excluidos, están suspendidos. La consecuencia jurídica de que estén suspendidos es que ellos no pueden, en efecto, realizar ningún tipo de actividad minera mientras tengan esta condición", detalla Roger Ponce, abogado especializado en minería ilegal.

Dos de las principales regiones productoras de oro son Madre de Dios y Arequipa. En estas, sin embargo, la cantidad de mineros vigentes para la extracción de este mineral es muy pequeña comparada a la cantidad de mineros suspendidos que existen. Hasta septiembre de 2023, según el Reinfo, en Madre de Dios se reportaron 1.780 productores vigentes y 7.473 suspendidos; por otra parte, en Arequipa solo hay 3.027 vigentes y 13.733 suspendidos. La producción de ambas regiones es de 89 y 163 toneladas, respectivamente, entre los años 2013 y 2022.

Es de suponer que de estas u otras regiones, debió salir también el oro que fue blanqueado para su exportación. Informes estiman que hay 40 mil mineros ilegales o informales en Madre de Dios y 60 mil en Arequipa, además de que en esta última región, sucedió en 2022 un episodio de violencia que involucró a mineros informales y a un grupo armado en la concesión minera Intigold Mining S.A. que dejó 15 muertos. 

De otra parte, un reciente informe de la FCDS-Perú registra que, hasta el año 2021, cuatro de los cinco requisitos exigidos para ser un minero formal tenían un 95% de incumplimiento en las regiones amazónicas de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, Huánuco, Ucayali y San Martín.

La minería ilegal devasta grandes extensiones de bosques y de ríos en la Amazonía. Foto: Internet.

"De los cinco requisitos de formalización que están establecidos desde el año 2012 y que se han ido simplificando, en algunos casos hasta el límite de lo técnicamente aceptable, al punto de que algunos son una declaración jurada simple (...). De esos cinco requisitos a nivel de las regiones de la Amazonía, cuatro tienen un nivel de incumplimiento superior al 95%. El Estado ha hecho un esfuerzo por simplificar, para facilitar las cosas, pero del otro lado no hay una voluntad real", destacó Martín Arana, especialista técnico de la FCDS-Perú, para Convoca.pe.

Ante esta problemática queda la imagen de un Estado también al punto de la informalidad, incapaz de sancionar efectivamente a la minería ilegal y que no puede contener a un sector privado que aprovecha las reglas y la coyuntura para hacer que esta actividad crezca más.

Para comprender mejor la situación, este medio envió un cuestionario al Ministerio de Energía y Minas sobre tres puntos concretos: la explicación más plausible de la diferencia entre exportación y producción de oro; las estimaciones que maneja el Estado acerca de cuánto oro ilegal se extrae en el Perú; y cuáles son las acciones concretas que se han tomado desde la cartera para frenar este problema. No recibimos una respuesta institucional.

"En principio no hay garantías de nada. La misma gente de las [empresas] grandes no sabe justificar el origen del oro. Y su único argumento es decir que están comprando a un minero que ha declarado su producción y que está en el registro de formalización [minera]",  concluye el abogado César Ipenza.

"Al ilegal prácticamente no lo sancionan [desde el Estado]. ¿Cuántos hay sancionados definitivamente por algún hecho ilícito ambiental? Si hay 10 personas en la cárcel en el Perú por haber hecho minería ilegal, creo que es mucho", finaliza César Ascorra.

Metodología

Para la realización de este reportaje se revisaron las declaraciones anuales ante el Ministerio de Energía y Minas de los titulares de concesiones mineras de la gran, mediana y pequeña minería, así como también de la minería artesanal formalizada. Estos reportes se encuentran disponibles al público en el portal web del Ministerio.

Respecto a la información sobre la exportación de oro, esta se obtuvo por medio de una solicitud de información pública al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Esta información, finalmente, llegó en base a datos de la Sunat-Aduanas. Para comparar las cifras de producción y exportación, se siguió la línea del reportaje "Más de 1500 toneladas de oro se exportaron desde el Perú sin que se sepa quién las extrajo", publicado por Convoca.pe. En tal sentido, se solicitaron los datos de exportación de la partida arancelaria del "oro en bruto" (codificada como 7108120000). 

Del mismo modo, continuando la metodología del informe anterior, se convirtieron las unidades de medida de las bases de datos a toneladas, debido a que los reportes de producción al Ministerio de Energía y Minas se encuentran en gramos finos (10 gramos = 0.00001 toneladas) y la base de datos de exportación en kg brutos (1 kg = 0.001 toneladas). Para tales efectos se tomó como período de análisis los períodos anuales de 2013 a 2022.