A medida que el COVID-19 avanza, crecen los miedos sobre los graves efectos que podría tener en las comunidades indígenas del Perú, donde es evidente la falta de establecimientos de salud y medicamentos y los pobladores recurren al uso de la medicina natural. Sin embargo, muchos mueren en medio del olvido y del abandono del Estado.
La crisis económica causada por la pandemia del COVID-19 reactivó conflictos en las zonas más pobres y remotas del país. La población de Espinar, en Cusco, y la comunidad Kukama, en Loreto, reaccionaron contra empresas que realizan actividades extractivas en su territorio y exigieron las ayuda del Estado para enfrentar el coronavirus.
Los adultos mayores son los más vulnerables al coronavirus. Por ello, todos se preocupan por protegerlos. Sin embargo, este sector de la población sufre desde hace años penosas situaciones, que van desde la indiferencia, las demandas postergadas, hasta los maltratos.
Convoca.pe entrevistó al defensor adjunto de Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, quien explicó que entre marzo y noviembre últimos, las protestas sociales se han incrementado en 65%, cifra que ha sido registrada como una de las más altas, después de dos años.
Inti Sotelo Camargo, de 24 años, y Bryan Pintado Sánchez, de 22 años, fallecieron el 14 de noviembre pasado, durante las manifestaciones de protesta contra el gobierno de Manuel Merino. La necropsia de los cuerpos ha confirmado que los manifestantes perdieron la vida por impactos de armas de fuego que son atribuidos a la Policía Nacional del Perú.
La madrugada del jueves 14 y viernes 15 de abril de 1983, una patrulla militar del Ejército ingresó a la comunidad de Llusita, ubicado en Huancaraylla, en Ayacucho, y detuvo a 17 pobladores, que murieron ejecutados a orillas del río Cachimayo. Sus cuerpos fueron enterrados en fosas clandestinas, en la zona de Chulkupampa. Han pasado 37 años para que los familiares puedan encontrar justicia, cuando el 17 de julio último, la Cuarta Sala Penal sentenció al capitán Édgar Acevedo López por los delitos de homicidio calificado.
Han transcurrido nueve meses desde que la emergencia sanitaria por el COVID-19 afectó la economía del país. Las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad o pobreza representan una oportunidad para los tratantes de personas, que buscan, a través de ofertas de trabajo y redes sociales, a mujeres, niñas, niños y adolescentes para someterlos a explotación laboral o sexual.
En el Perú existen otros tipos de violencia que no se visibilizan y vienen de las autoridades, que abusan de su poder para violentar a las mujeres. El testimonio de Carolina es el caso más reciente que se ha registrado. Ella denuncia que fue encerrada en el sótano de la Dirincri y sometida a tocamientos indebidos.