El reciente mensaje al Congreso que dio la presidenta Dina Boluarte el 28 de julio tuvo grandes anuncios para los sectores de la gran minería e hidrocarburos. Sin embargo, los temas de prevención de conflictos socioambientales, la licencia social para los proyectos extractivos que generan rechazo, así como las remediación ambiental por la contaminación generada por estos proyectos, estuvieron ausentes en sus más de cinco horas de discurso.

El énfasis de Boluarte en los proyectos extractivos estuvo sobre todo vinculado al proyecto minero Tía María de la minera Southern Copper del Grupo México. La mandataria prácticamente da por hecho que ese proyecto será construido durante su mandato y considero que "es una realidad". 

Aunque la preocupación de los agricultores y trabajadores del Valle del Tambo en la provincia de Islay en Arequipa se debe a que el proyecto podría contaminar sus terrenos y el agua para regar sus cultivos, Boluarte solo dijo que el proyecto de Southern "potenciará la agricultura y mejorará la salud" de los pobladores de la zona.

Dina Boluarte afirmó que los opositores a ‘Tía María’ son “reducidos sectores ideologizados”. Foto: Andina

Boluarte afirmó que "no constituye un proyecto impuesto". No obstante, en su discurso, no mostró ninguna cifra o dato que evidencie que existe la licencia social para sacar adelante la mina Tía María. Como se recuerda el 29 de junio último se filtró un comunicado interno de Southern donde afirmaban que estaban "dadas las condiciones sociales y políticas en la provincia de Islay, la región (Arequipa) y a nivel nacional".

Lo que no dejó de hacer Boluarte durante el discurso ante el Congreso, es afirmar que quienes se oponen al proyecto son "reducidos sectores ideologizados".

La versión de la actual mandataria, es totalmente distinta a la versión que tenía en campaña cuando acompañaba a Pedro Castillo en la plancha presidencial de Perú Libre. En el 2021, Boluarte firmó un acuerdo con los agricultores del Valle del Tambo en el que se comprometía, de llegar a ganar las elecciones, a cancelar el proyecto cuprífero de la empresa del conglomerado multinacional Grupo México.

En la campaña presidencial de Perú Libre, Dina Boluarte firmó un acuerdo con los dirigentes del Valle del Tambo para cancelar el proyecto Tía María. Foto: Difusión

El especialista ambiental, Bladimir Martínez, de la Red Muqui, indicó que se debe recordar que la población se opone al proyecto no por “antimineros” sino porque tienen una actividad económica “más sostenible y más ecoamigable” que es la agricultura que emplea a más de 5 mil personas.

José de Echave de Cooperacción también recordó que el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, en sus declaraciones a los medios subraya que quienes se oponen al proyecto “no son gente del Valle del Tambo”, pero que el ministro olvida que quienes insisten en el proyecto son los que efectivamente “no viven en la zona como el propio ministro, la presidenta y los dueños de Southern”.

En el Valle del Tambo se organizan manifestaciones en rechazo al proyecto de Southern. Foto: Difusión

Mucho, quién es el principal impulsor político del proyecto Tía María es fundador de la empresa Pevoex Contratista. Como se hizo público esta empresa dedicada a brindar servicios de voladura, perforación, movimiento de tierras, recrecimiento de relaves y explotación de minas a tajo abierto, tiene como cliente a Southern Copper. 

La empresa de capitales mexicanos Southern Copper, que busca construir el proyecto Tía María, registra 91 infracciones, entre 2012 al 2020, detectadas en sus operaciones de Cuajone, en Moquegua; Toquepala, en Tacna; y en los proyectos de exploración Los Chancas, en Apurímac, y Lagarto, en Lima.

Southern registra 91 infracciones ambientales impuestas por el OEFA entre 2012 y 2020.

Nada sobre contaminación por minería

En el discurso, tampoco se escuchó alguna reflexión sobre los importantes casos de contaminación ambiental que tiene origen en operaciones mineras que están claramente identificadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Boluarte no señaló nada, por ejemplo, de los siete informes de evaluación ambiental, elaborados entre 2022 y 2023 por el OEFA, donde se concluye que la minera Antapaccay, del grupo suizo Glencore, está vinculada a la contaminación del aire, agua y vegetación de la provincia de Espinar en Cusco.

Según los datos que se registran en la plataforma Convoca Deep Data, entre 2015 y 2021 se registraron 15 resoluciones de sanción del OEFA contra Antapaccay por infracciones ambientales. De estas sanciones, sólo en cinco casos se emitieron multas que suman 382 mil 663 mil soles.

A fines del 2015, Convoca.pe publicó un reportaje que revela los casos de exposición a altos niveles de metales tóxicos de más de cien pobladores de comunidades de Espinar. 

Según los datos que se registran en la plataforma Convoca Deep Data, entre 2015 y 2021 se registraron 15 resoluciones de sanción del OEFA contra Antapaccay por infracciones ambientales. De estas sanciones, sólo en cinco casos se emitieron multas que suman 382 mil 663 mil soles.

Antapaccay registró 15 sanciones ambientales del OEFA entre 2015 y 2021.

Bladimir Martínez de Red Muqui resaltó que la minera Antapaccay es una empresa que “en teoría realiza monitoreos ambientales”, pero a pesar de todo ello han sido identificadas como contaminantes por informes del OEFA con datos científicamente probados. Sin embargo, este ni otros casos de mineras contaminantes han sido mencionados por Boluarte.

Para De Echave, Boluarte también habría perdido una oportunidad para hacer mención a lo que ocurre con la empresa minera Aruntani que genera contaminación en la cuenca del Río Tambo. “Esto muestra una total indiferencia e incapacidad para buscar resolver los problemas que generan la preocupación por los impactos que genera la minería”, afirmó el experto.

La desconfianza también en el cumplimiento de los estándares ambientales en la gran minería, también está generada por los indicios de irregularidades. En el 2023, el medio televisivo ATV hizo públicos audios que dan cuenta de presiones al interior del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). Esto para que esta entidad apruebe estudios de impacto ambiental a proyectos mineros sin que cumplan los estándares ni se levanten observaciones. 

Lotes petroleros, sin remediación

En su discurso, Boluarte anunció también que este año reactivaron tres lotes petroleros que son el Lote X y el Lote 192 de la selva norte con participación privada en conjunto con la estatal Petroperú, así como el Lote 8 al consorcio Upland en un contrato por cuatro años. Sin embargo, no dijo una palabra sobre la remediación de los sitios contaminados por derrames de petróleo en estos campos petroleros.

Los lotes de la selva norte, según los datos de Convoca Deep Data, acumulan más de 200 derrames de hidrocarburos que han afectado las fuentes de agua y el suelo de las comunidades amazónicas achuar y urarina en el distrito de Trompeteros que habitan cerca a los Lotes 8 y 192. 

Los lotes 8 y 192 se encuentran entre los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre en Loreto.
 

Para José de Echave, en el caso de los lotes petroleros, la presidenta Boluarte no asume la agenda social y ambiental de las comunidades de la Amazonía. “Parece que se fuera a reactivar sin tomar en cuenta los aspectos ambientales, sociales y la afectación a poblaciones vecinas”, dijo el experto.

Se conoce que solo en el 2022 se registraron 41 casos de derrames de hidrocarburos en el Lote 192. Asimismo, entre 2011 y 2022, Pluspetrol Norte registró 178 casos de derrames de hidrocarburos en sus unidades de producción. De estos vertidos, 165 ocurrieron solo en el Lote 8, información que se puede ver en la plataforma Convoca Deep Data.

Pluspetrol Norte fue una de las empresas que operó los lotes 8 y 192. Se caracterizó por los constantes derrames de hidrocarburos.

Según estimaciones del Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (Profonanpe), la cantidad de dinero que se necesita para lograr la remediación ambiental de los sitios contaminados del Lote 192 supera los 5 mil 500 millones de soles.

Para ambos expertos, la sensación de impunidad en la acción de las autoridades y las fuerzas del orden forma parte de la preocupación de los pobladores en las áreas de influencia de las operaciones extractivas en caso de conflictos sociales. 

El experto de Cooperacción señaló que las comunidades en áreas donde existen conflictos socioambientales temen que el gobierno de Boluarte pueda buscar imponer los proyectos extractivos de forma autoritaria. “Por los antecedentes de este gobierno que carga el asesinato de decenas de personas en las protestas de finales de 2022 e inicio de 2023, este miedo existe”, mencionó De Echave.