El giro del discurso extractivista de Dina Boluarte que beneficia a mineras y petroleras

Aunque el gobierno de la presidenta Dina Boluarte destaca por las constantes protestas de la población que pide su renuncia y las violaciones a los derechos humanos, también sobresale por actos y anuncios de inversiones en los sectores de minería e hidrocarburos.

El discurso de toma de mando de Boluarte, del pasado 7 de diciembre de 2022, no resaltó por su profundidad en materia de impulso a las actividades extractivas. No obstante, durante los más de siete meses de su gobierno, representantes del Poder Ejecutivo han informado que tomarán medidas para promover las inversiones en las actividades extractivas y eliminar las trabas.

La colocación de la banda presidencial a Boluarte, luego del frustrado autogolpe de Estado de Pedro Castillo, generó una metamorfosis en la otrora ministra de Desarrollo e Inclusión Social del gobierno de Perú Libre. De ser una férrea opositora a la inversión minera, ahora abraza con entusiasmo los megaproyectos extractivos.

Lejos está aquel mes de mayo de 2022, cuando la entonces vicepresidenta de la República enfiló sus críticas a las empresas mineras y las acusó de contaminar el medio ambiente, ríos, pastizales, lagunas y otros, frente a decenas de empresarios y líderes internacionales reunidos en el Foro Económico Mundial, en Suiza.

En ese encuentro internacional, conocido como la cumbre de Davos, Boluarte afirmó que en “cada espacio contaminado por la minería se encuentran niños que tienen plomo en la sangre y tiene como máximo de estimación de vida de cincuenta años”.

Además, aseveró que en el Perú "los que 'pagan pato' son los hermanos, la comunidad, a quienes a veces sin la consulta previa les están usufructuando sus espacios geográficos y están muriendo". Sus declaraciones generaron una reacción crítica del gremio empresarial minero.

En Davos, Suiza, Dina Boluarte lanzó duras afirmaciones sobre la actividad de la minería en el Perú. Foto: Foro Económico Mundial.

Sin embargo, al llegar al poder, Boluarte cambió drásticamente su opinión sobre los proyectos mineros. Su gobierno anunció que impulsará la flexibilización de trámites para recibir las inversiones extractivas, lo que ha sido bien recibido por este sector.

En marzo de 2023, durante la convención minera más importante del mundo, PDAC 2023, en Canadá, el ministro de Economía, Alex Contreras, adelantó que se viene un importante "shock de eliminación de permisología", sobre todo, para el sector minero.

"Estamos corriendo en eso. Cuando nos tocó ir a Canadá con el premier, tomamos con preocupación lo que decían los inversionistas, que hay un exceso de permisología. Ya el premier convocó al grupo de entidades donde hay mayores problemas para construir una agenda", dijo el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en una entrevista en Radio Nacional.

Este anuncio está alineado con el discurso que dio el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en el Congreso de la República, en enero de este año, cuando expuso la Política General de Gobierno de Boluarte y solicitó el voto de confianza. Dijo que "se encargará personalmente de los procedimientos administrativos de los proyectos".

Entre las inversiones a las que Boluarte y Otárola pondrán especial atención figuran la ampliación del proyecto cruprifero Toromocho, operado por la minera china Chinalco; el proyecto de oro-cobre Yanacocha Sulfuros; la extensión de la mina de cobre de Antamina; el proyecto Optimización Inmaculada, de la compañía minera Ares; y el proyecto de cobre y oro de la Compañía Minera Zafranal. También destacan los proyectos de oro y plata San Gabriel, de cobre Río Seco y de plata Yumpag, a cargo de la minera Buenaventura; y la ampliación de la mina de oro de la Minera Aurífera Retamas.

La dupla Boluarte-Otárola ahora abraza la minería e impulsa medidas para la flexibilización de las inversiones en ese sector. Foto: Presidencia Perú

Varias de las inversiones que promoverá el gobierno están vinculadas con largos conflictos sociales, que enfrentan a autoridades nacionales, empresas y comunidades. Estas últimas denuncian afectaciones al medio ambiente que pondrían en riesgo su calidad de vida.

Un caso emblemático está relacionado con la prolongación de la vida útil y la ampliación del tajo en la minera peruana Antamina. La empresa que opera en la región Áncash planea invertir US$2 mil millones e iniciar la construcción de la ‘Extensión Antamina’ en 2024. Según la compañía, el proyecto, que también incluye ampliar el tajo abierto, estaría terminado en 2027.

No obstante, de acuerdo con su presidente ejecutivo, Víctor Gobitz, el proyecto está retrasado porque las autoridades ambientales aún no dan el visto bueno al estudio de impacto ambiental del proyecto.

Áncash es la quinta región con más conflictos sociales reportados por la Defensoría del Pueblo. De 15 conflictos, siete están relacionados con temas socioambientales. Y de esos siete, cinco están vinculados con Antamina.

El conflicto más activo relacionado con la operación de esta minera es el que protagoniza la comunidad campesina del distrito de Aquia. La vía de acceso a las operaciones de Antamina y el mineroducto que transporta cobre y zinc desde su planta concentradora hasta la costa cruzan por más de 50 kilómetros de los terrenos comunales.

En octubre de 2021, los comuneros bloquearon la vía de acceso y protestaron para exigir que Antamina cumpla con obtener los permisos de uso de su territorio para la instalación del mineroducto. Además, advirtieron posibles impactos ambientales de su operación. Sin embargo, la minera respondió que la carretera es “una vía pública nacional” y que fue construida por la empresa hace 20 años. 

Para este caso, vigente desde octubre de 2021, se creó una mesa de diálogo entre la comunidad y la empresa. Según la Defensoría del Pueblo, la última reunión fue el 15 de junio. En ese encuentro, el presidente de la comunidad Adán Damián Gamarra y su equipo técnico manifestaron que requerían la presencia del presidente ejecutivo de la empresa, Víctor Gobitz.

Otros reclamos provienen de la población de la cuenca del río Ayash, en el distrito de San Marcos, que solicita desde 2007 que la minera atienda los impactos a la salud y al ambiente tras la denuncia de que el río se encuentra contaminado por vertimiento de relaves. Este caso también está en proceso de diálogo.

Antamina mantiene cinco conflictos sociales con las comunidades de Áncash. Uno de ellos, con la comunidad de Aquia, está en etapa de diálogo. Foto: Difusión

En el centro del país, la ampliación del proyecto Toromocho, de la minera china Chinalco Perú S.A., que explota un yacimiento de cobre en el distrito de Morococha, en la región Junín, también está en la cartera de prioridades del gobierno de Boluarte. 

Este proyecto busca aumentar la capacidad de extracción y procesamiento de la mina para elevar su capacidad de 117 mil a 172 mil toneladas métricas. La unidad minera inició operaciones en 2013 y la empresa estuvo en un proceso de expropiación de los predios pertenecientes a familias de la Morococha Antigua.

Por este proceso de reasentamiento, la empresa mantiene dos conflictos latentes con comunidades, que rechazan el proceso de reubicación en el lugar denominado "Nueva Morococha", según información de la Defensoría del Pueblo.

En los 15 años de conflicto, un sector de pobladores se ha trasladado de la antigua Morococha a la nueva comunidad, a orillas del río Carhuatocto, pero no están conformes con las condiciones de vida proporcionadas por Chinalco.  

Una investigación de Convoca.pe reveló que los habitantes de la Nueva Morococha consideran que su situación económica era mejor antes del reasentamiento. Según un estudio de la Universidad Nacional del Centro (2018), el 80,6% añora sus condiciones económicas en la antigua Morococha. El 76,2% cree que el comercio ha caído.

Como conocen la situación del nuevo pueblo, las familias que se quedaron en la antigua Morococha exigen mejoras en las condiciones de negociación para sumarse al reasentamiento y que estos acuerdos estén plasmados en un convenio marco.

Por este caso, se realizan reuniones de diálogo entre la minera y las comunidades y han acordado continuar las negociaciones con presencia de representantes de los Ministerios del Ambiente y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

En un comunicado emitido en mayo de este año, el Ministerio de Energía y Minas señaló que "dentro de su campaña de destrabe de la permisología, busca colocar a Chinalco como referente para dar confianza a otras empresas extranjeras".

Al sur del país, otro proyecto que el actual gobierno busca reactivar es el de Tía María, de la minera Southern Copper Corporation, en la región Arequipa. También es parte de la conversión de Boluarte. En la campaña electoral de 2021, la ahora mandataria firmó un acuerdo en el que se comprometía a cancelar el proyecto cuprífero de la empresa del conglomerado multinacional Grupo México.

Dina Bolaurte durante la campaña de Perú Libre prometió que el proyecto Tía María no iba a continuar. Foto: Difusión.

No obstante, en mayo de 2023, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, puso nuevamente el proyecto en agenda. Precisó que si la compañía de capitales mexicanos informa adecuadamente y demuestra técnicamente que el proyecto no afectará el ambiente ni la salud de las personas, debe ejecutarse.

El conflicto socioambiental relacionado con el proyecto Tía María, en octubre próximo, cumplirá 14 años de vigencia y ha pasado por varias etapas de rechazo. La oposición a la inversión está relacionada con el temor de los agricultores del valle del Tambo a que la operación minera contamine el río del mismo nombre y los campos de cultivo.

Por las protestas de los agricultores contra el proyecto y los enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú, este conflicto ya ha dejado seis personas fallecidas, decenas de heridos y dirigentes opositores denunciados. Según la información de la Defensoría del Pueblo, el conflicto continúa activo y no hay diálogo a la vista.

Compromiso firmado por la entonces candidata Dina Boluarte, en representación de Pedro Castillo, para garantizar "el desarrollo del agro" y declarar la "intangibilidad del Valle del Tambo". Imagen: Difusión.

De acuerdo con una base de datos construida y analizada por el equipo de Convoca Deep Data, a partir de información del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), las tres empresas mencionadas acumulan 176 infracciones ambientales sancionadas entre 2012 y 2020.

La minera de capitales chinos Chinalco acumula 26 incumplimientos a las normativas ambientales en su operación en el proyecto Toromocho. Antamina, que opera en la provincia de Huari, en Áncash, registra 59 infracciones ambientales sancionadas entre 2012 y 2018.

La empresa de capitales mexicanos Southern Copper, que busca construir el proyecto Tía María, registra 91 infracciones, entre 2012 al 2020, detectadas en sus operaciones de Cuajone, en Moquegua; Toquepala, en Tacna; y en los proyectos de exploración Los Chancas, en Apurímac, y Lagarto, en Lima.

Buscarían imponer proyectos cuestionados

Los gremios mineros se sienten respaldados por Dina Boluarte. Así lo considera el secretario ejecutivo del colectivo de organizaciones ambientales Red Muqui, Jaime Borda, quien agrega que se debe a que, desde el gobierno, se habla de la reactivación económica centrada en uno de los sectores como la minería. 

Borda estima que si bien el anuncio del Minem y del Mef fue de acelerar el “shock de permisología”, con el fin de flexibilizar los trámites administrativos para los proyectos mineros, también está encaminado a promover nuevas inversiones en exploración. “Con ello, buscan que las empresas se puedan quedar de 20 a 30 años más operando en el país”, señala.

Muchos de estos proyectos que el gobierno de Boluarte busca retomar son rechazados por los pobladores de las zonas de influencia o han desatado conflictos entre comunidades y empresas. Borda advierte que estas inversiones mineras podrían ser impuestas con “el uso de la fuerza”.

Según el también experto en asuntos ambientales mineros, buscar imponer los proyectos por la fuerza es parte de un proceso de afectación de derechos en las comunidades durante los últimos 15 años. Incluso, está institucionalizado con la firma de convenios de seguridad entre las empresas mineras y la Policía Nacional.

“A mayor presión del extractivismo minero, se va a generar mayor movilización social. Si el gobierno va a empujar proyectos cuestionados, como Tía Maria, va a generar más conflictos sociales”, advierte Borda.

Petróleo en áreas protegidas

En mayo de 2023, Convoca.pe publicó un informe sobre cómo el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la agencia de inversión en hidrocarburos Perupetro elaboraron un proyecto de ley para permitir las actividades de explotación de hidrocarburos en Áreas Naturales Protegidas (ANP), como parques y reservas nacionales.

Ambas entidades elaboraron un proyecto de iniciativa legislativa y buscaron obtener el respaldo del Ministerio del Ambiente (Minam), para que pueda ser aprobado por el Consejo de Ministro y llevado al Congreso de la República.

El proyecto buscaba modificar artículos de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, para que el Minem, además del Minam, apruebe la creación de un área protegida, reservada o de conservación regional, en los territorios donde exista evidencia de presencia de hidrocarburos.

En 2022, se registraron 131 derrames de hidrocarburos en el país, la mayoría en la Amazonía. Foto: Difusión

Otro objetivo de la propuesta elaborada por Perupetro y el Minem era que, para la aprobación, modificación y actualización de los instrumentos de gestión de las ANP, en los que haya evidencia de recursos energéticos, también se deba contar con la opinión favorable de la cartera de Energía y Minas.

Este planteamiento se estrelló en el propio Ejecutivo. Cuatro direcciones del Ministerio del Ambiente declararon "inviable" la pretensión de Minem y Perupetro. En una carta de respuesta, el sector ambiental alertó que el proyecto pondría en riesgo la conservación de los ecosistemas de las Áreas Naturales Protegidas", y contraviene su conservación.

La intención de Perupetro y el Minem, por el momento frustrada por el Ministerio del Ambiente, tiene un trasfondo de intereses económicos importantes en 31 áreas con potencial para la exploración de hidrocarburos.

Varias de estas denominadas áreas de promoción, para las cuales la agencia Perupetro busca inversionistas en eventos internacionales, limitan con áreas naturales protegidas y están superpuestas con sus zonas de amortiguamiento.

Seis de estas 31 áreas de promoción están ubicadas en el mar peruano, entre Lambayeque y Lima, y se superponen con islas que forman parte de la reserva nacional del sistema de islas, islotes y puntas guaneras de la costa.

En Ucayali, uno de los lotes que ofrece Perupetro colinda con el Parque Nacional Alto Purús y, en Loreto, uno limita con la Zona Reservada Santiago Comaina, de Amazonas, y otro está al borde de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.

En las áreas ofrecidas ubicadas en Madre de Díos, una limita con el Parque Nacional Bahuaja Sonene y se superpone con la Reserva Comunal Amarakaeri.

Pugna en el Ejecutivo

Este proyecto del Minem y Perupetro ha revelado que en el interior del gobierno existe una pugna entre los que buscan conservar las áreas naturales protegidas y los que pretenden abrir los parques nacionales para aprovechar los recursos hidrocarburíferos en esas zonas. Hay un enfrentamiento entre la cartera de Minería, que encabeza Óscar Vera, y el sector ambiental liderado por la ministra Albina Ruiz.

Convoca.pe conversó con el abogado experto en derecho ambiental Henry Carhuatocto, del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y del Desarrollo Sostenible, quien considera que el país está en un momento delicado porque el sector extractivo está en busca de estrategias para permitir la explotación petrolera en áreas naturales protegidas.

Para el abogado, con la presentación del proyecto ante el Minam, el sector Energía y Minas “adelanta una batalla en términos técnicos y legales que es inevitable” porque si el Consejo de Ministros presenta la iniciativa, necesariamente debe ser analizada por la cartera de Albina Ruiz.

“El Minam ha mantenido una posición institucional”, dijo Carhuatocto, quien resaltó que la sociedad civil haya presionado para que ese ministerio rechace la propuesta. “La presiones de las ONG’s y del periodismo han sido importantes porque, al principio, no estaba claro cuál sería la posición del Ministerio del Ambiente”, añadió.

No obstante, el experto considera que es importante estar alertas, porque un parlamentario podría tomar el texto del Minem y presentarlo como un proyecto de ley. “Los congresistas, con el poder de los votos, podrían aprobar una norma que puede afectar gravemente el derecho a un ambiente sano y equilibrado con la afectación de áreas protegidas”, aseveró el abogado.

El próximo mensaje a la nación de Dina Boluarte será importante para conocer la posición de su gobierno respectos a las inversiones extractivas en el país y para saber si habrá nuevas medidas para agilizar los proyectos mineros o si se relajarán las normativas ambientales para permitir la explotación petroleras en áreas naturales protegidas.