#EstadoPerú: Líderes indígenas desprotegidos ante falta de policías cerca a sus comunidades

Ricardo Kinchukui Shimpujat, dirigente del pueblo awajún, nunca tuvo oportunidad de sobrevivir. Se oponía corajudamente a los mineros ilegales que se venían apoderando del distrito de El Cenepa (Condorcanqui, Amazonas). Se enfrentaba a ellos a pesar de no contar con el apoyo de la Policía Nacional, pues no hay un solo agente que sirva de manera permanente en esta zona. La comisaría más cercana se encuentra en Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui. En ese distrito hay 43 policías destacados para una población de más de 18 mil habitantes. Pero Santa María de Nieva queda a unas tres horas en bote.  

Así que cuando Kinchukui fue emboscado, no hubo quien lo auxiliara.  Aun si se hubiera percatado a tiempo de que lo acechaban y hubiera dado aviso a la policía, no le habría servido de nada. Su cuerpo apareció el pasado 3 de julio a orillas del río Cenepa, en Canga, con varias lesiones en el rostro, el cuello y el antebrazo derecho, principalmente cortes.
 

Cantidad de comisarías y agentes policiales por provincia en la región Amazonas / Fuente: PNP

La desprotección cotidiana 

De acuerdo con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), entre el 2013 y el 2024, 34 líderes indígenas fueron asesinados. De ellos, 28 recibieron disparos y en cuatro de estos casos, además, los cadáveres fueron descuartizados y quemados.

En la mayoría de esos crímenes, Convoca.pe pudo identificar que no había ningún local policial cerca de las viviendas o comunidades de las víctimas, sino que las dependencias se encontraban en otros distritos. Estos datos fueron obtenidos cruzando la ubicación de los lugares de origen de los líderes asesinados con la información de la plataforma “Ubica tu Comisaría”, del Ministerio del Interior, que da una distancia y tiempo aproximados a los puestos policiales.

De modo que, aunque varios de los líderes asesinados contaban con garantías constitucionales a su favor, estas terminaron siendo instrumentos inútiles. “Una garantía es básicamente un documento administrativo porque en la práctica no vas a tener necesariamente un policía para tu resguardo. Es un saludo a la bandera. No es una herramienta idónea para asegurar la protección de los líderes ambientales y, en general, de las poblaciones vulnerables”, señala el especialista en temas de seguridad Frank Casas.

A nivel nacional, explica, la capacidad de presencia policial es bastante limitada porque falta una mirada clara de gobernabilidad. “No hay una política clara con respecto a determinar la cantidad (de agentes) que se requiere para plantear acciones de seguridad y redes de protección a ciertas personas. En la Amazonía es un desafío más complejo porque demanda no solo instalación de bases sino desplazamientos para los cuales no hay suficientes recursos”, dice Casas, en diálogo con Convoca.pe.

Hay comunidades cercanas a la frontera, cuyos vecinos tienen que viajar dos días o tres días a pie o por río para llegar a un puesto policial. Y a los policías se les complica hacer rondas por falta de movilidad. “No tiene movilidad o tienen que buscar a alguien que les de combustible cuando hay una emergencia. Entre eso pasa el tiempo", dice Matut Micaela Impi Ismiño, vicepresidenta (waisam) del Gobierno Territorial Autónomo Awajún.
 

“Estar en el registro de ‘los protegidos’ no te garantiza estar a salvo. Yo, por ejemplo, ahorita estoy afuera. Si alguien quisiera atacarme, me podría atacar. Pertenecer a la lista (de los que tienen medidas de protección) prácticamente es como llevar un padrón de quienes van a ser eliminados”, agrega la lideresa ambiental.

Genaro Comisario Bitap fue asesinado por arma de fuego en Villa Samiriza (provincia de Datem del Marañón, Loreto), el 2 de agosto de 2022. Esta localidad no cuenta con una dependencia policial. La más cercana está en otra región: Amazonas, en Santa María de Nieva.

El caso de Quinto Inuma Alvarado es similar. Fue asesinado a balazos en el río Yanayacu, en San Martín, cuando regresaba a su comunidad. Ocurrió el 29 de noviembre de 2023. Su distrito, Huimbayoc, no cuenta con un puesto policial y el más cercano es la Comisaría de Pelejo, en el distrito de El Porvenir, donde viven 2300 personas. 

Quinto Inuma tenía mecanismos de protección a su favor: se le había otorgado una garantía constitucional y recibía visitas periódicas de las autoridades. Sin embargo, nadie hacía seguimiento a sus traslados entre comunidades.  

Otros líderes asesinados son Lorenzo Wampagkit Yampik, que vivía a 14 kilómetros del Complejo PNP Chiriaco, en Bagua, Amazonas; Benjamín Flores Ríos, quien vivía en la Comunidad Nativa Mariscal Cáceres, a 45 kilómetros de la CPNP Padre Abad - Aguaytía, en Ucayali; y Santiago Contoricón, natural de Puerto Ocopa, a 55 kilómetros del Complejo PNP Mazamari, en Junín.

Irupé Cañari Aragón, asesora legal la Central Asháninka de Río Ene (Care), confirmó a este medio que esa comisaría y, además, el CPNP San Martín de Pangoa, atienden los casos de esta zona de Junín.

"Las comisarias que atienden a las comunidades del Ene son Pangoa y Mazamari. Estos están a más de 6 horas de viaje terrestre. Esto implica costo y tiempo", dijo para este medio, Cañari Aragón.

Hay once casos en los cuales sí había un puesto policial en el mismo distrito donde vivían los líderes asesinados, aunque en otras comunidades. Las distancias van desde los 5 hasta los 24 kilómetros. Recorrerlas toma hasta 112 minutos, en algunos casos.

Esto no quiere decir que el Estado esté atado de manos. “Es vital manejar el tema de fondo, que es el de la lucha contra el crimen organizado. Hay que revisar esas políticas, que han sido ineficaces, débiles para controlar esos ilícitos”, añade Frank Casas.

De las 34 muertes documentadas por Aidesep, al menos seis están relacionadas a conflictos con taladores ilegales, mientras que en otros cinco de los casos se sabe que hubo enfrentamientos con el narcotráfico. Además, cuatro de las víctimas se oponían a la minería ilegal, tres a la explotación petrolera y otras tres luchaban contra invasores y traficantes de tierras. 

"La minería ilegal está atacando ferozmente el medio ambiente y no hay intervenciones efectivas”, dice la líder awajún Matut Micaela Impi Ismiño. Advierte también que el crimen organizado ha logrado corromper a algunos miembros de las comunidades, dificultando aún más la lucha. “Muchas veces los jefes de las comunidades reciben algún incentivo de los ilegales y organizan a los niños cuando va a haber alguna interdicción del Estado. Exponen a los niños para que no destruyan las dragas, por ejemplo", añade.

Matut Micaela Impi Ismiño con mujeres de la comunidad awajún. Foto: Facebook

Falta de voluntad política

“Es un panorama bastante crítico”, dice la abogada Katy Sánchez, coordinadora legal del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), mientras revisa la información oficial que maneja el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre situaciones de riesgo para los dirigentes indígenas y ambientales. “Conocemos exactamente en qué regiones se dan porque el ministerio maneja un mapa de riesgo, que coloca en primer lugar a Ucayali. Esta información se tiene hace 7 años”, indica. Aunque no ha servido para establecer mejores redes de protección para los líderes amenazados.

Desde el 2021, existe un instrumento que debería facilitar la defensa de los líderes: el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Perú, creado bajo el Decreto Supremo N° 004-2021-JUS. Este permite no solo establecer garantías personales para los líderes sino también proporcionarles un abogado, establecer visitas de las autoridades, un monitoreo de su seguridad y, de ser necesario, el traslado del líder y su familia a una zona más segura (aunque esto último puede significar un debilitamiento de su lucha y muchas veces los líderes deciden permanecer en sus comunidades).

Sin embargo, para que este mecanismo funcione de manera óptima, hace falta que todos los sectores involucrados, que son ocho, establezcan presupuestos para financiar las actividades que les toca ejecutar. No todos lo han hecho, entre ellos el Ministerio de Interior (Mininter).

“El mecanismo tiene una disposición que obliga al Mininter a elaborar un lineamiento interno que disponga las fuentes de financiamiento de las cuales va a alimentar esta gran obligación que tiene para proteger a los defensores. El año pasado el Mininter creó un grupo de trabajo sobre cómo hacer ese protocolo. Estamos 2024 y no tenemos voluntad política de este sector para determinar cuál es el presupuesto y cómo lo va a manejar en regiones”, dice Sánchez.

Sin personal, presupuesto ni voluntad política, el mecanismo no puede sino fallar. A eso hay que agregar la rapidez y el poder de la economía ilegal. “El papel no detiene las balas, como dice Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata. Por eso, en Saweto, las viudas y sus hijos han vuelto a recibir amenazas. Es una cadena”, afirma la abogada. Mientras no se ataque al crimen organizado, las amenazas contra las comunidades y sus dirigentes van a continuar. 

Y es que, explica, los líderes han quedado expuestos como “carne de cañón”. “Están puestos en primera línea para defendernos del crimen organizado. El gobierno ha decidido que así sea. No podemos quitarle responsabilidad al Estado en este punto”, insiste Sánchez.