Líderes asháninkas enfrentan proceso judicial basado en testimonios contradictorios y otras irregularidades

El 8 de abril de 2023 los ojos de Santiago Contoricón Antúnez (58) se cerraron para siempre. El destacado líder asháninka fue asesinado de un balazo en la cabeza en su vivienda de Puerto Ocopa, en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo (Junín). Las primeras investigaciones colocaron como sospechosos de su asesinato a operadores del narcotráfico, pues Contoricón siempre se caracterizó por su lucha frontal contra el tráfico de drogas, encabezando operativos de incautación de la ilegal mercadería.

Este asesinato que se sumó a otros 19 ocurridos desde el 2020 en contra de defensores de la amazonía peruana, provocó que seis días después llegarán las protestas. Los días 14 y 15 de abril, en Puerto Ocopa, las comunidades asháninkas del río Tambo bloquearon el puente de esa localidad, sin saber que horas más tarde en ese legítimo reclamo de justicia, ocurriría que cuatro personas fueran retenidas durante la movilización por varios individuos y posteriormente reportadas como desaparecidas hasta la fecha. 

Ante aquellos hechos, la Fiscalía acusó de presunto delito de secuestro a ocho personas, entre ellos los líderes indígenas Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE); Fredi Gavilán Mejía, presidente de la Federación Asháninka del Río Ene (FARE) y Fabián Antúnez Camacho, presidente de la Central Asháninka de Río Tambo (CART). Sobre los dos primeros, Convoca.pe accedió a documentos que sitúa a los líderes indígenas el 14 de abril de 2023- día de la desaparición de las cuatro personas- en encuentros indígenas realizados a horas de distancia de Puerto Ocopa. Además, se ha identificado discrepancias entre la versión de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo y la evidencia documental y testimonial con la que se acusa a Valerio y Gavilán.

En un anterior reportaje, Convoca publicó documentos que respaldan la participación de Ángel Pedro Valerio en el XXVII Congreso Ordinario Ashaninka del Río Ene, llevado a cabo en Puerto Shampintiari, a unas 12 horas de distancia del lugar de los hechos; además de diversas fotografías y videos que lo muestran en dicha reunión durante las fechas en cuestión. Respecto a Fredi Gavilán, su defensa legal ha presentado documentos que respaldan su versión de que el día de la ocurrencia de los presuntos delitos, éste se hallaba realizando diligencias y recepcionando víveres donados por la Municipalidad Distrital de Río Tambo en el puerto Matibaiki de la comunidad de Cutivireni, ubicada a 8 horas de Puerto Ocopa; estos víveres fueron usados para asumir la logística del VI Congreso Unitario, llevado a cabo del 15 al 17 de abril de 2023 en la misma comunidad. Durante el Congreso, Fredi Gavilán se reunió con 3 comunidades que forman parte de FARE, su organización.

Pese a todo ello, Ángel Pedro Valerio y Fredi Gavilán Mejía, siguen incluidos en el juicio como acusados, ambos con orden de comparecencia simple, dictado por el Juzgado de Investigación Preliminar a pedido de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo. Mientras que Fabián Antúnez Camacho, cuenta con un pedido de prisión preventiva por 18 meses, ordenado por el Juzgado de Investigación Preliminar. Actualmente, el paradero de Fabián Antúnez es desconocido.

¿A qué se enfrentan en el Vraem?

Según las estimaciones de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas (ARPI) de la Selva Central, 26 líderes y decenas de dirigentes de las 487 comunidades nativas que pertenecen a esta asociación han recibido amenazas de muerte por parte de las mafias del narcotráfico y la minería ilegal que operan en el Vraem. Además, de acuerdo al informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) 2023, de las 95 mil hectáreas de sembríos de hoja de coca que actualmente hay en el país, 35 mil 709 están en el Vraem, justamente el territorio de la selva central que los tres líderes criminalizados buscan proteger de las actividades ilícitas. 

No es gratuito que la Relatoría Especial Sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la ONU se ha manifestado sobre el caso de Ángel Pedro Valerio y coincide con las áreas legales de las organizaciones a la que pertenecen estos líderes asháninkas, en la preocupación por “las alegaciones penales supuestamente fabricadas (...) en relación con la desaparición forzada de cuatro personas”. 

A cinco meses de iniciado el caso en contra de los defensores ambientales, la abogada de Ángel Pedro Valerio,  Irupé Cañari, insiste en alertar la falta de sustento en las acusaciones por estar basadas en testimonios anónimos y contradictorios. En entrevista con Convoca.pe reveló nuevos elementos que sostienen lo señalado. Uno de ellos, la contradicción en los testimonios. Cañari narró que en mayo de 2023, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo, incluyó a tres presuntos testigos que inicialmente no pudieron ser interrogados por las defensas legales de los acusados. Meses después, en setiembre, cuando ella pudo participar en los contrainterrogatorios, le llamó la atención la diferencia en los testimonios y respuestas. 

Para hablar sobre el proceso, hay que explicar que se han recogido dos tipos de testimonios en dos etapas diferentes. Los primeros corresponden a declaraciones anticipadas tomadas por la Dirincri el 10 de mayo de 2023, y los siguientes testimonios se recogieron a lo largo del juicio, iniciado en setiembre del mismo año. “Los elementos presentados durante el juicio tienen una gran diferencia con las declaraciones en la Dirincri”, increpa Cañari.

Convoca tuvo acceso a los documentos mencionados, a la izquierda un fragmento del Acta de la Declaración Anticipada realizada por la Dirincri y a la derecha parte del Acta de Declaración del mismo testigo protegido tomada durante el juicio. Las áreas de defensa legal señalan “la diferencia en la extensión en las respuestas, el uso de un vocabulario distinto y detalles que no se vuelven a mencionar”.

“Entonces se produjo la declaración de esa audiencia cuando estuvieron detenidos los dos dirigentes, tanto de la CART como el jefe de Puerto Ocopa. A esa audiencia, en la cual yo participé también en calidad de defensa del señor Ángel, los testigos, desde mi punto de vista, parecían ser otros testigos(...) tenían muchas incongruencias en sus narrativas. No eran elocuentes, no era un testimonio robusto, como el que habían dado en la Dirincri”. 

Otro de los aspectos que llamó la atención fue que si bien antes los testigos se habían presentado como testigos oculares ahora uno de ellos se presentaba como un testigo solo de oídas, y los testimonios dieron un giro en las acusaciones. 

“Ninguno de los testigos mencionó al tal Ángel, ninguno (...) dijeron también que los testigos no eran testigos oculares. Uno de ellos era de oídas. Que dijo ‘no, yo no estuve en el lugar. A mí me dijeron’. Dos de ellos sí estuvieron en el lugar, en calidad de ronderos o estuvieron en el mismo lugar, que fueron testigos de que vieron la detención de las dos personas, que los trasladaron, los pateaban, los hincaban, pero hasta cierto punto…los llevaron y trasladaron por el colegio (a los detenidos), pero de ahí, ellos no son testigos. Ellos no saben qué es lo que ha ocurrido (...) Lo que saben es lo que les han contado, el rumor que ha corrido en la comunidad”, menciona la defensa legal. 

Extractos de la declaración del testigo 101487,  uno de los testigos que antes señaló a Valerio, ahora parece no conocerlo. Este es uno de los elementos que llama la atención de la defensa legal, pues muestra una variación en declaraciones y precisiones. 

La hipótesis de la Central Asháninka del Río Ene (CARE) es que detrás de la incriminación contra los líderes indígenas están personas involucradas al cultivo ilícito de la hoja de coca. “El señor Ángel durante estos últimos años ha ejercido un trabajo de lucha frontal contra el narcotráfico y el cultivo ilícito de la hoja de coca, al extremo de que lo han amenazado por esa situación", señalan.

El proceso contra Valerio, también ha generado el pronunciamiento de instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU y José Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, dirigieron una comunicación al Gobierno del Perú, el 14 de diciembre de 2023. En ella exhortan a la atención urgente sobre la orden de detención preliminar que en ese entonces se había dictado contra Ángel Pedro Valerio. El gobierno de Dina Boluarte les respondió dos meses después, el 14 de febrero de 2024, sin proporcionar los detalles solicitados sobre la investigación contra el líder asháninka. 

En ese momento la Relatoría de la ONU hizo énfasis sobre la comunicación entre las instituciones judiciales y el acusado Ángel Pedro Valerio. Hasta el día 04 de setiembre de 2023, cuando iniciaron las detenciones, Valerio no había recibido ninguna notificación o información sobre la investigación, los cargos en su contra, ni tampoco una copia de la orden de detención preliminar. 

Más adelante, expresan también que “Valerio es objeto de hostigamiento y ha recibido amenazas de muerte, presuntamente en represalia por sus esfuerzos para alertar sobre el impacto negativo del narcotráfico y del cultivo de la hoja de coca en la región y en su comunidad, además de sus denuncias sobre la inacción del Gobierno en este respecto”. Asimismo, realizaron una exposición cuestionando las acusaciones de secuestro que recaen sobre Valerio, pues las evidencias lo colocan fuera de la escena de los hechos que son materia de investigación.

A continuación, extractos del comunicado emitido por la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, en el cual expresan sus preocupaciones sobre las acusaciones contra Ángel Pedro Valerio. 

La Organización de Naciones Unidas expresó su preocupación por el caso de Ángel Valerio.

Front Line Defenders, organización de defensa de los derechos humanos que promueve el fortalecimiento de las medidas regionales e internacionales para la protección de defensores, a través del apoyo a la labor del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, también se ha pronunciado al respecto. En un comunicado emitido el 04 de octubre de 2023, resalta la importancia de una investigación independiente para esclarecer todos los hechos sobre el gravísimo caso de desaparición de las cuatro personas. Sin embargo, advierte que la investigación de las desapariciones ha sido utilizada para “socavar la labor de derechos humanos de Ángel Pedro Valerio como defensor del pueblo Asháninka”. 

Front Line Defenders espera que el derecho a la presunción de inocencia de Pedro Valerio sea respetado por las autoridades a lo largo de todo el proceso de este caso, e insta a las autoridades de Perú a retirar la orden de detención o comparecencia simple mientras se lleva a cabo una investigación imparcial sobre las acusaciones formuladas contra el líder asháninka.

Comunicado de la agrupación FrontLine Defenders sobre Ángel Pedro Valerio, en la que se alerta de una “criminalización del defensor indígena en Perú”

DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales) es una Organización No Gubernamental (ONG) que coordina con organizaciones indígenas para monitorear los casos de defensores ambientales amenazados y proporcionarles acompañamiento legal. Carlos Quispe, abogado de DAR, coincide en que hay “irregularidades alarmantes” en el proceso judicial que involucra a Ángel Pedro Valerio y otros defensores ambientales. Según Quispe, las contradicciones en los testimonios de los testigos protegidos han socavado la supuesta certeza de las acusaciones en contra de Ángel. 

"Eso principalmente fue cuando se citó a los testigos protegidos y la defensa de Ángel pudo contrastar. Básicamente se contradijeron y en efecto, dijeron que no habían dicho que era Ángel Pedro Valerio, sino que era un Ángel, o no tenían certeza (...) hubo muchas, contradicciones en el caso concreto de Ángel Pedro", expresó el abogado. Además, destaca la falta de notificación adecuada a Ángel sobre la investigación en su contra, lo que vulnera su derecho al debido proceso. 

Quispe también hace hincapié en la necesidad de una respuesta integral frente a la criminalización de los defensores ambientales, no solo centrada en la exclusión de Ángel del proceso judicial, sino también en la protección de toda la comunidad indígena frente a las amenazas y la atención de las necesidades básicas en las zonas rurales. "El derecho al debido proceso es un derecho fundamental de todo ciudadano o ciudadana de nuestro país, y no pueden presentarse casos de este tipo”, añadió. 

Selene Torres, representante de la defensa legal de la Central Asháninka de Río Tambo (CART), y abogada de Fabián Antúnez, señala las discrepancias en los testimonios. Además, plantea la posibilidad de que estas declaraciones estén manipuladas. “Las declaraciones de los testigos protegidos son muy contradictorias. Y podría decir que incluso las declaraciones están preparadas, porque hasta la forma de la redacción, la forma en cómo han expresado los hechos.”, sostiene Torres.

En otro momento, también cuestiona la autenticidad de los testigos, destacando que el lenguaje utilizado en sus testimonios no corresponde al uso cotidiano entre los asháninkas ni en la población local. Este señalamiento plantea serias dudas sobre la credibilidad de los testigos y la integridad del proceso judicial en curso. En este contexto, la abogada de la CART describe la situación como "sesgada y plagada de vicios", lo que sugiere presuntas irregularidades que comprometen el debido proceso y la justicia misma.

Extractos usados por el área de defensa legal de la CART, donde expone algunas de las contradicciones en las declaraciones. 

Pese a estas observaciones, el proceso judicial continúa y las declaraciones tomadas por la Dirincri siguen siendo elementos que sustentan el caso en contra de los defensores indígenas. Selene Torres, defensa de CART, encuentra más irregularidades en el proceso judicial, pues cuestiona también la validez de la prisión preventiva impuesta a Fabián Antunez Camacho, argumentando que no se cumplen los presupuestos necesarios para su aplicación. 

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), en representación de numerosas organizaciones indígenas, comunidades y federaciones, también expresó apoyo a Fredi Gavilán Mejía y Ángel Pedro Valerio. AIDESEP rechaza la orden de detención, exigen un trato justo, diligencia y legalidad en las investigaciones, rechazan la discriminación y estigmatización racial, y demandan respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas durante el proceso. 

Jessica Quiroz, abogada de AIDESEP a cargo de la defensa legal de Fredi Gavilán, expresa su preocupación por las irregularidades en el proceso judicial. Destaca las complicaciones en la notificación adecuada a los acusados al inicio de las audiencias sobre el requerimiento de prisión preventiva, lo que sugiere una falta de diligencia por parte de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo y pone en tela de juicio la validez del proceso desde sus inicios. 

“Al momento de iniciarse la primera audiencia se tuvo varias complicaciones con el tema de la notificación ya que ninguno (Fredi Gavilán y Ángel Pedro Valerio) había sido notificado válidamente (...) en este caso nosotros no tuvimos notificación en cuanto al proceso. La fiscalía nunca notificó a Freddy Gavilán”, declaró a Convoca.pe.

Pronunciamiento de AIDESEP del 07 de setiembre de 2023 sobre proceso  de Fredi Gavilán y Ángel Pedro

Quiroz también señala que, a pesar de la falta de evidencia concreta que vincule a Gavilán con los hechos, la Fiscalía persiste en incluirlo en el proceso, lo que ella considera como una posible manipulación del caso para prolongar la investigación. Asimismo, cuestiona las disposiciones emitidas por la Fiscalía en las que no se contempla la toma de declaración de Freddy Gavilán, lo que sugiere una falta de voluntad por parte de la Fiscalía para esclarecer los hechos y garantizar un proceso justo. 

La abogada criticó la prolongación del caso bajo la excusa de su complejidad. “Hasta la fecha (...) no hay una voluntad de esclarecer los hechos de parte de la Fiscalía, no hemos visto que el proceso de investigación haya avanzado. Esto quiere decir que no se tienen mayores elementos (...) por eso es que está tratando de dilatar el proceso de investigación para no sacar una disposición final" lo que, según Quiroz, podría ser una estrategia para mantener a Gavilán en el centro de la investigación sin suficiente evidencia.

Las abogadas Selene Torres y Jessica Quiroz coinciden en que la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo ha actuado de manera “arbitraria y sesgada”, utilizando pruebas sin fundamentos sólidos para respaldar sus acusaciones. En este contexto, la búsqueda de justicia se ve obstaculizada por la falta de transparencia y la posible manipulación de las pruebas por parte de las autoridades judiciales. Convoca.pe intentó comunicarse con el fiscal a cargo, pero éste se negó a dar declaraciones, alegando estar ocupado.

Las organizaciones asháninkas a las que pertenecen Ángel Pedro Valerio, Fredi Gavilán Mejía y Fabián Antúnez Camacho exigen un proceso judicial justo y transparente que respete sus derechos fundamentales y garantice la presunción de inocencia de los líderes indígenas acusados. El caso de Valerio, en especial, destaca los desafíos persistentes que enfrentan los defensores de derechos humanos e indígenas en el Perú y resalta la necesidad de proteger su labor en la defensa de los derechos y el medio ambiente. 

Mientras usted lee este reportaje, Ángel Pedro Valerio y Fredi Gavilán Mejía, continúan enfrentando un proceso que ha generado el pronunciamiento de asociaciones nacionales e instancias internacionales para exigir al Gobierno peruano esclarecer el caso y respetar los derechos humanos de estos defensores. Además, alertan que estas investigaciones puedan ser una represalia a los esfuerzos legítimos de los defensores ambientales por levantar su voz de rechazo al narcotráfico en su comunidad, por lo que exigen una investigación rápida, exhaustiva e imparcial.