Durante más de nueve años el asesinato de Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, los cuatro líderes y defensores de la comunidad ashéninka de Saweto, en Ucayali, se ha mantenido impune. Tras una larga batalla legal emprendida por las viudas de estos líderes indígenas, donde se han presentado —de acuerdo con los deudos y su defensa— dilaciones judiciales, irregularidades y errores fiscales, por fin el Ministerio Público ha podido introducir una importante prueba que antes había sido objetada: la declaración de un testigo protegido que identifica plenamente a los supuestos autores del asesinato y revela cómo los líderes sawetinos fueron cruelmente ejecutados.

Actualmente el proceso se encuentra en la etapa de juicio oral y se ha exigido la presencia de los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta, así como de sus trabajadores Eurico Mapes Gómez, Josimar Atachi Félix y Segundo Euclides Atachi Félix, todos imputados como autores de homicidio calificado. Mapes Gómez no se ha presentado a las audiencias, según dice a Convoca.pe Yusen Caraza, abogado de las viudas. Se encuentra en condición de reo contumaz y pesa sobre él una requisitoria por parte de la justicia peruana. 

Las audiencias del juicio oral empezaron en noviembre de 2023 y finalizaran el 7 de febrero de 2024. Yusen Caraza, abogado de las viudas, confía en que el testimonio del nuevo testigo protegido aporte mayor solidez al proceso.

Aunque la última audiencia del juicio oral se desarrollará el 7 de febrero, el camino para exigir justicia no ha sido fácil hasta ahora. Recientemente, en diciembre de 2023, después de la incorporación del nuevo testigo protegido y pese a tener garantías para sus vidas, las viudas han recibido amenazas por parte de ciudadanos brasileños, según su abogado.

“Las garantías [a favor de las viudas] han sido tramitadas ante la prefectura, pero son meramente documentales. No hay efectivos policiales que las acompañen día a día. Hace poco hubo un acontecimiento que ya se ha puesto en conocimiento del Ministerio de Justicia”, comenta Caraza. “Lamentablemente en Perú se hace el trámite documental, pero esas resoluciones emitidas no paran una bala”, agrega.

Como se sabe, en agosto de 2023 la Sala de Apelaciones de Ucayali anuló la sentencia condenatoria de veintiocho años de prisión que pesaba en contra de los cinco investigados. La resolución judicial, que fue un revés para las familias, argumentó que la fiscalía había cometido un error al añadir al primer testigo protegido y que el juez de primera instancia lo pasó por alto. Además, señaló que habría habido una indebida motivación de parte del magistrado inferior, es decir, que la sentencia no habría sido correctamente fundamentada y estructurada.

“Hemos podido observar que hay deficiencia preocupante por parte del Ministerio Público en la investigación. Se ha esperado muchos años para poder ingresar la acusación. Luego de ello, hemos regresado nuevamente a un juicio oral debido a la nulidad de la sentencia”, indica Caraza.

Notificación de la Corte Superior de Justicia de Ucayali donde se señala el inicio del juicio oral. Desde el mes de noviembre las viudas de Saweto han tenido que recorrer grandes distancias para buscar justicia.

Existen varios factores que los han llevado a reiniciar un juicio oral en primera instancia, aunque ahora están esperanzados con la nueva valoración de las pruebas que poseen. 

“Esperamos una sentencia justa, una sentencia acorde. Hace más de nueve años se les asesinó de manera cruel. Nos encomendamos a que los jueces realicen una labor adecuada y que realicen una motivación con todos los medios de prueba que han pasado en el juicio oral”, concluye el defensor legal.

Caraza y las viudas del caso Saweto temen ahora por la idoneidad y el manejo eficiente del proceso, que ha tenido una trayectoria muy accidentada. La preocupación es fundamentada. En 2018 el ex fiscal Julio Reategui excluyó de la investigación a cuatro de los imputados. La defensa apeló y se revocó esta decisión. Reátegui fue removido de su cargo. Luego, en 2023, se dio la mencionada anulación de la sentencia y la vuelta a fojas cero que generó el actual juicio oral.

Ese primer juicio estuvo marcado por el mal manejo de la inclusión del primer testigo protegido. De acuerdo a la abogada, Jessica Quiroz, que también asiste en la defensa, el fiscal Reátegui tomó el testimonio del testigo protegido, realizó todo el trámite, pero con el transcurso del tiempo se perdió dicha información. “Cuando asumieron los otros fiscales encontraron varias piezas fuera de su lugar. Encontraron un sobre que indicaba el código del testigo protegido, pensaron que estaba lacrado [no se puede abrir hasta que inicie el juicio oral] , lo colocaron a la carpeta para incorporarlo al proceso y cuando abrieron el sobre no tenía el documento indicado”, explica la abogada.

El nuevo juicio oral, iniciado en noviembre de 2023, tampoco ha estado exento de contratiempos. Inició con un nuevo fiscal que fue cambiado por otro a 24 horas de las audiencias, un imprevisto que alertó a la defensa de las familias afectadas. Quiroz también afirma que las amenazas tampoco han cesado. Dice que es probable que la parte demandada conozca la identidad del testigo protegido, por lo que esta persona ha sido puesta a buen recaudo por las autoridades.

De acuerdo al testimonio del nuevo testigo protegido el defensor ambiental, Edwin Chota, fue cruelmente asesinado por sus persecutores. 

Por otro lado, Rocío Trujillo, asesora legal de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), y también abogada interconsulta de las familias, cuenta que el estado elaboró el Plan Saweto, concluido en 2015, luego de visitar la comunidad y encontrar las situaciones precarias en que se encontraban sus habitantes.

“Ya ha pasado casi una década y el estado aún no cumple en ejecutar ese plan de acción. La comunidad sigue sin tener estructuras adecuadas de salud, educación, tampoco tiene agua ni luz”, asegura Trujillo, quien añade que la Presidencia del Consejo de Ministros en diciembre se comprometió a actualizar ese plan. Lo cierto es que ahora no hay ninguna acción que mejore la situación de los sawetinos.

Trujillo también señala que durante el juicio la barrera idiomática ha sido difícil de superar. “En un caso emblemático esto no puede pasar, el Estado debería garantizar a los intérpretes”, señala. Para Trujillo, otro punto importante es la innecesaria extensión de los procesos legales. 

“Lo que preocupa es que los procesos se extiendan tanto. Por esto también tendrá que pasar [la familia de] el apu Quinto Inuma. Lo que ha sucedido con el caso Saweto no debería pasar, no deberían esperar tanto”, enfatiza la abogada Rocío Trujillo.

Como se recuerda, el defensor ambiental kechwa Quinto Inuma, de la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín, fue asesinado el último 29 de noviembre luego de denunciar por años amenazas de parte de taladores ilegales. El Ministerio de Justicia le había otorgado garantías mediante una resolución, pero él decía que eran solo "en papel", ya que en realidad no contaba con ninguna protección.

Las viudas del caso saweto siguen luchando por justicia tras nueve años de juicios y tribunales. Foto: Minjus.
 

Otro juicio más contra los imputados

El proceso por el delito de homicidio calificado no es el único que enfrentan los imputados. De acuerdo con Julio Guzmán, procurador del Ministerio del Ambiente, la Fiscalía Ambiental de Ucayali iniciará pronto contra ellos un juicio oral por el delito de tráfico de especies forestales. 

“El caso se ha postulado con requerimiento acusatorio y tiene fecha de juzgamiento. Es probable que el juicio oral empiece en marzo”, indica el procurador. Al ser consultado por este medio acerca del archivamiento del caso en el año 2008 y la demora en la investigación, Guzmán dice que en principio no se podía determinar a los responsables y cuando se inspeccionaba no hallaban más que la huella del delito. “Era una investigación difícil de levantar”, sostiene. Añade que “la inaccesibilidad de la zona dificulta la tarea de los fiscales”. 

El abogado del sector Ambiente afirma que la investigación se formalizó en 2015, después del asesinato de los líderes de Saweto, y desde el 2017 debería haber pasado a juicio oral. Según Guzmán, el juicio público no empezó antes por la coyuntura de pandemia y actualmente han coordinado su aplazamiento para que no se cruce con el juicio oral llevado por el delito de homicidio. 

Para Rocío Trujillo, asesora legal de Aidesep, es muy llamativo que nueve años después no haya culpables en este proceso por delito ambiental. Yusen Caraza, abogado de las viudas, asegura que este juicio podría probar que, además de ser los homicidas, los imputados se dedicaban a la tala ilegal.

El procurador Guzmán, por su parte, opina que “el éxito del proceso aumentará la condena de los investigados". “Yo estoy convencido de que nuestro caso sumará la pena”, señala el servidor público.

“Con esto acreditamos que estas personas tenían móviles, malas relaciones, que habían sido denunciados, que realizaban delitos ambientales en la modalidad de tráfico de especies maderables. Para llegar a un juicio oral, es porque ya han sido acusados [con pruebas]. No es un caso aislado al nuestro”, señala Yusen Caraza.  “Son mafias que ponían verdaderamente en riesgo a una comunidad y ellos, como defensores ambientales, ponían en riesgo su vida y ya sabemos cómo terminó”, puntualiza el letrado.