Hordas de mineros ilegales han tomado por asalto los ríos Nanay, Pintuyacu y Marañón, en la frondosa región Loreto. Tan solo en el Nanay se detectaron 210 dragas en 2023, de acuerdo a un reporte de Conservación Amazónica. A este embate delincuencial se han opuesto con firmeza pueblos indígenas, comunidades campesinas y defensores ambientales. En el Alto Nanay, Arquímedes Arirama, de la comunidad Diamante Azul (río Nanay), y Marcelina Angulo, de la comunidad Seis Hermanos (río Pintuyacu), organizaron a sus paisanos para intervenir a quienes transportaban insumos para la minería ilegal y quienes ejercen esta actividad depredatoria. Esto les ha costado recibir amenazas de muerte desde hace más de un año y, en el caso de Arirama, recluirse para poder salvar la vida. 

Aunque la situación se agrava cada día, no hay ningún detenido por el delito de minería ilegal en las cuencas de los ríos anteriormente mencionados. En el caso del río Marañón, donde se destruyeron seis dragas y dos campamentos mineros en diciembre del 2023 sin registrar intervenidos, una persona defensora ambiental (cuyo nombre se mantendrá en reserva) denuncia hostigamientos y amenazas de mineros ilegales que operan en la zona.  

Según el Ministerio de Justicia, que respondió a un pedido de Convoca.pe, el registro sobre situaciones de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos —ingresados entre el 18 de junio de 2019 y el 31 de octubre de 2023— ha atendido 212 situaciones de riesgo contra 414 personas defensoras de derechos humanos y sus familiares que reportaron situaciones de riesgo en razón de la promoción o defensa del derecho al ambiente o los derechos de los pueblos indígenas. 

Si analizamos cada uno de los tres casos que se expondrán en este reportaje podemos ver que la desidia de los actores estatales involucrados en su protección puede conducirlos a situaciones de entera vulnerabilidad. 

Arquímedes Arirama ha decidido salir del anonimato, aunque eso haga peligrar su integridad física, para denunciar públicamente las amenazas de muerte que dice haber recibido en 2021 y 2022 por parte de Golber Java y Alexander Lopez, alias “Pastuso”, dos altos mandos mineros que operan impunemente en las cercanías de su localidad. En un principio el ex teniente gobernador de la comunidad de Diamante Azul comunicó las amenazas a la Policía Nacional del Perú, pero su situación no ha mejorado. Con el abrupto incremento de las dragas en el río, ahora teme más por su integridad.

Mineros ilegales fotografiados en el río Nanay cerca de la comunidad de Diamante Azul. Foto: Fiscalía Ambiental.

Diamante Azul se encuentra a más de 12 horas de viaje en lancha de Iquitos. Debido a su inaccesibilidad, los mineros ilegales han empezado a expandirse a sus anchas: la lejanía fortalece la impunidad. Allí, la señal telefónica es débil, y a veces pueden pasar días enteros sin cobertura, lo que complica la comunicación entre Arirama y las autoridades ambientales. 

Esperar garantías para su vida se ha convertido en una esperanza lejana para el defensor ambiental. Desde hace un año aguarda por ellas y no ha recibido ninguna respuesta del Estado. El tono de voz de Arirama, cuando se refiere a los peligros que le acechan, se vuelve sobrio. Ya hace un buen tiempo que para salir de su comunidad debe ensayar medidas de seguridad extremas. Ni siquiera va a pescar río arriba ni se anima a cazar en los bosques espesos que se levantan a la orilla del Nanay. Teme que algo le pueda pasar. Se ha vuelto cauto, desconfiado. Para declarar debe hacerlo desde su casa o un lugar apartado. Tiene que asegurarse de que nadie lo escuche. Durante la entrevista se pregunta qué espera el Estado Peruano para volver la mirada hacia él y los suyos. 

“Somos varios los que estamos amenazados por ellos. Ya desde hace un año que espero [garantías] y nadie me llama, nadie me dice nada. En una discusión con Pastuso, me dijo: ‘¿tú crees que el Estado va a correr por ustedes?’”, declara el defensor ambiental.

Alexander Lopez García, alias Pastuso, quien amenazó reiteradas veces a Arirama, es un ciudadano colombiano que se ha convertido en uno de los mineros ilegales más peligrosos e importantes de la cuenca del río Nanay. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto lo ha investigado por más de un año y logró capturar a dos cabecillas de su banda llamada “Los Rebeldes del Nanay” o “La banda de Pastuso”.

Pero ese golpe fue ilusorio.

A pesar de las pruebas recogidas por los fiscales, los detenidos, Fernando Sarria Mora y Jessica Vela Riveiro (conviviente de Pastuso y financista de las dragas mineras), fueron liberados por el juez Jairo Salazar Angulo. 

En un pedido de información de Convoca a la Policía Nacional del Perú se constantó que Pastuso había amenazado a Arquímedes Arirama.

El fiscal ambiental Bratzon Saboya, encargado del caso, asegura para Convoca que su despacho ha apelado este veredicto. Está a la espera de que el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Loreto señale fecha para la audiencia donde requerirán la prisión preventiva para Pastuso y sus secuaces. 

Para Arquímedes Arirama la liberación de los cabecillas de la banda de Pastuso es un retroceso en la lucha contra la minería ilegal  y una mala noticia que lo conmina a seguir en la clandestinidad para mantenerse a salvo.

“Esto es preocupante. Siento que si me matan, nadie va a decir nada. Pero al menos que alguien sepa que yo he estado luchando por el agua de Iquitos. No recibo garantías de nada, yo no salgo de mi casa, ni voy para arriba [a las comunidades ubicadas en la cabecera de cuenca] porque es peligroso. Por ejemplo, Golber [quien también lo amenazó] transita libremente en su bote por Puca Urco”, cuenta, antes de que se corte la señal telefónica. 

Pese a las amenazas los comuneros de Diamante Azul, encabezados por Arquímedes, piensan volver a  organizarse para enfrentar a la minería ilegal.

Otro caso de organización comunal que sufre amenazas de mineros ilegales se vive en la comunidad de Seis Hermanos, ubicada en la cuenca del río Pintuyacu. Allí los comuneros se han apostado a vigilar e interceptar a quienes transportan insumos que serán usados para la minería ilegal. Quien los dirige es Marcelina Angulo Chota, presidenta del Área de Conservación regional Píntuyacu-Chambira, cuyo objetivo como ella misma lo define es “cuidar el río de los mineros ilegales”. Debido a esto empezaron las amenazas y las agresiones verbales a los defensores.

“Te vamos a plomear a ti y a tu familia”, fue la sentencia que Marcelina recibió desde los primeros meses de vigilancia, posteriormente las amenazas se intensificaron en noviembre y diciembre de 2023. Por ello ha acudido a denunciar y pedir garantías para su vida al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este medio contactó al área de prensa del ministerio para consultar el estado de las garantías y nos informaron que aún estaban en trámite. 

En una de las más recientes intervenciones del comité de vigilancia, el 16 de diciembre de 2023, se lograron incautar e inmovilizar una serie de instrumentos cuyo uso iba a ser destinado para el funcionamiento de una draga.

Acta del material incautado por los comuneros de Seis Hermanos el 16 de diciembre de 2023. Fuente: Fiscalía Ambiental.

Comuneros de Seis Hermanos interviniendo e incautando material que iba a ser usado en una draga para la extracción ilegal de oro. Foto: Comunidad Seis Hermanos.

De acuerdo al fiscal Bratzon Saboya, aún no hay investigaciones sobre las bandas que operan en estas cuencas, pero sí se han realizado este tipo interdicciones. Los informantes de la fiscalía ya han señalado que uno de los principales financistas de las dragas es “Pavón”, un ciudadano colombiano que ha adquirido mucho poder en la zona. 

“Los comuneros de Seis Hermanos son vigilantes, con resolución de la Gerencia Regional Ambiental. Ellos no aceptan la minería. Intervienen botes que transportan insumos. Y los mineros al ver que atentan contra sus intereses, han empezado a amenazar a la señora Marcelina que es una de las dirigentes más representativas de la zona. Ella pidió nuestro apoyo y la llevamos a la Fiscalía de Derechos Humanos”, declaró para Convoca una fuente de la fiscalía ambiental. 

Marcelina Angulo señala que los mineros ilegales son de nacionalidad colombiana y peruana, y si la situación se descontrola pueden estar en serio peligro de contaminación el Pintuyacu y el Chambira, el primero es el principal tributario del Nanay.

En la interdicción llevada a cabo por los vigilantes comunales se encontraron una serie de insumos que son indispensable para el funcionamiento de una draga. De acuerdo a declaraciones de su dirigente Marcelina Angulo las interdicicones comunales no van a cesar. Foto: Comunidad Seis Hermanos

Comité se vigilancia de la comunidad Seis Hermanos (Loreto) interviene a quienes transportan insumos para la minería ilegal.

Pero no siempre las comunidades se unen para luchar contra la minería ilegal. Uno de los casos de una lucha solitaria es la de una persona defensora ambiental de la etnia awajún— cuyo nombre se mantendrá en reserva—  de la comunidad Nuevo Jerusalén, ubicada en la cuenca del río Marañón. Esta acción le ha costado el exilio y ser amenazada de muerte. Actualmente la defensora awajún se encuentra fuera de Nuevo Jerusalén, donde aún permanecen sus hijos menores de edad y su esposo, para poder estar a buen recaudo.

En una denuncia recibida por la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Loreto el 16 de noviembre de 2023, uno de los defensores ambientales denuncia que el apu Oswaldo Taki y el viceapu Oswaldo Sejekam de Nuevo Jerusalén, en conjunto con un profesor llamado Fernando Wishu, reciben dinero de la minería ilegal y apoyan sus operaciones.

La persona denunciante también ha logrado identificar quiénes son las personas que comercializan el oro extraído ilegalmente en la zona y se ha encargado de fotografiar y grabar los campamentos, dragas, botes de suministros y escondites de los mineros ilegales, para demostrar así que el ilícito toma fuerza en el lejano río Marañón. Toda esta información la ha enviado a la Fiscalía Ambiental de Loreto y uno de los fiscales ambientales, cuyo nombre se mantendrá en reserva, ha confirmado a Convoca que darán inicio a una investigación sobre esta situación. 

Denuncia del comunero awajún ante  la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Loreto donde se relata la posible colusión entre autoridades comunales y mineros ilegales.

Convoca consultó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) por las medidas que ha activado para proteger a los defensores ambientales, que respondió, mediante su área de prensa, que tan solo tenía conocimiento del caso de Marcelina Angulo, cuyas medidas de protección —como señalamos anteriormente— aún se encontraban "en trámite".

La respuesta resulta contradictoria, pues la persona defensora awajún ya ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Loreto. Por parte de Arquímedes Arirama, la policía también ya tiene conocimiento de su situación. Esto evidencia que las coordinaciones entre las instituciones que conforman el Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos son infructuosas.

De acuerdo a las evidencias mostradas por un informante de la Fiscalía ambiental de Loreto, se puede comprobar que la minería ilegal empieza a expandirse descontroladamente en el cauce del río Marañón. 

Este escenario se torna preocupante si tomamos en cuenta la cifra de 39 defensores asesinados en Perú en el lapso de 11 años, según nuestra base de datos Los Resistentes del Perú, y el reciente asesinato en noviembre de 2023 del apu kechwa Quinto Inuma Alvarado, quien a pesar de que contaba con medidas de protección fue asesinado cuando volvía a su comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín. En una de sus últimas entrevistas, el apu declaró para Convoca que esas medidas eran solo ‘de papel’.

La muerte de Quinto Inuma, y la situación de los tres defensores loretanos, abre la interrogante si en realidad el Perú está velando por sus defensores y defensoras ambientales. Los especialistas y los líderes de la defensa de los recursos naturales insisten en que las acciones del gobierno deben ser más frontales, preventivas y de respuesta rápida más que acciones reactivas. 

El Minjus, al ser interrogado por Convoca por los mecanismos para salvaguardar la vida de los defensores, indicó que “realiza, de manera inmediata, coordinaciones con diferentes entidades u órganos con competencias y funciones que ayudan a reducir y/o neutralizar los riesgos, tales como el Ministerio del Interior (MININTER), la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público en el marco del Mecanismo Intersectorial. Y cuando se ha requerido en razón del riesgo, se ha coordinado la implementación de la extracción de personas defensoras de derechos humanos y/o de sus familiares de las zonas de riesgo.”

Pero el asesinato de Quinto Inuma y las declaraciones que hizo el apu sobre las garantías que le fueron otorgadas ponen en tela de juicio la verdadera voluntad política que debe impulsar la operatividad del mecanismo.

El abogado especialista en derecho ambiental, César Ipenza, afirma que el Mecanismo Intersectorial es insuficiente y no garantiza la protección efectiva de los defensores del medio ambiente. “Las evidencias y la muerte del apu Quinto lo demuestran”, indica. Además, señala que el Mecanismo debería involucrar a todo el Estado Peruano y no solo al Poder Ejecutivo. El abogado también resalta que la protección debería ir más allá de un proceso administrativo o de aparecer en un registro.

“Necesitamos mecanismos efectivos y eficientes para proteger la vida de la gente. Se debe ver quién está detrás, pero lamentablemente no hay presencia real de las autoridades en el territorio. La policía debe hacer investigaciones oportunas en el territorio. Recién luego de la muerte, lamentablemente se investiga, y esto permite la impunidad”, finaliza el letrado.