La voz de Marianella Ledesma no tiembla: es clara y fuerte. Su amplia experiencia de ocho años como magistrada en el Tribunal Constitucional —la máxima instancia de interpretación de la Constitución peruana—, en dos de los cuales fue su presidenta, la convierten en una de las personas con más conocimiento de causa para hablar en estos tiempos de crisis política e institucional.

La también doctora en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, analiza en entrevista con Convoca.pe el contexto actual de enfrentamiento entre el Congreso de la República y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que viene siendo investigada por una comisión parlamentaria. Además, examina ciertas iniciativas del Legislativo que modifican o pretenden modificar leyes y procedimientos claves dentro del Sistema de Justicia.

Ledesma ofrece, en esta ocasión, sus opiniones e interpretaciones en materia de Justicia en una hora clave para el futuro nacional: cuando están en juego, de acuerdo con algunas voces de distintos sectores, el pleno estado de derecho y la democracia. En esta conversación, la exmagistrada advierte, califica y propone soluciones, según sus ideas y su conocimiento del derecho constitucional.

Marianella Ledesma fue presidenta del Tribunal Constitucional los años 2020 a 2022. Foto: Internet. 

- Lo del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia puede considerarse, como dicen algunos especialistas, ¿un rompimiento del orden constitucional? ¿Estamos corriendo ese riesgo en este momento?

- Totalmente de acuerdo. Es cierto esto, por lo siguiente: el Estado democrático reparte el ejercicio del poder en órganos constitucionalmente autónomos que están reconocidos en esta Constitución, como por ejemplo el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia. En conclusión, el poder es uno solo que se reparte para su ejercicio, no solo entre las clásicas formas que nos han enseñado desde el colegio —Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo—, sino que en un Estado moderno y democrático el poder se reparte dentro de los organismos constitucionalmente autónomos. 

Segunda idea: ese poder que se reparte tiene que ejercerse en una lógica de equilibrio y de separación de poderes. Tercera idea, el órgano constitucionalmente autónomo llamado Junta Nacional de Justicia tiene un rol fundamental en la Constitución. Y su papel es fundamental porque la Constitución le ha asignado que haga dos acciones fundamentales: primero, que se encargue de velar por la administración de justicia. Y cuando se habla de administración de justicia, hablamos de los fiscales y de los jueces, que se encargue de designar a los jueces y fiscales, que se encargue también de retirarlos cuando están en actos irregulares, y de ratificar su permanencia. Esa es la misión de la JNJ. Y además, le han asignado el papel de designar a las autoridades de los procesos electorales, ONPE y Reniec. Indirectamente también tiene que ver con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, porque el presidente del JNE es un miembro de la Corte Suprema, ¿y quién elige a los miembros de la Corte Suprema? La JNJ. ¿Quién vela por que se sigan manteniendo los miembros? La JNJ. En otras palabras, tiene en sus manos la administración de justicia y los procesos electorales por mandato constitucional.

Entonces, si uno agarra y toma a este organismo y saca a las personas que han sido designadas por un concurso abierto y se pone gente que sea, de repente, proclive a quien está designándole, indirectamente está afectando, primero, la actividad judicial y electoral. Y segundo, está afectando la separación de poderes. Porque nadie niega que el Congreso pueda hacer también una labor fiscalizadora, porque puede destituir. Nadie lo niega. Pero lo que se advierte acá es que la forma cómo se está procediendo al querer retirar a los miembros de la JNJ está afectando un mandato constitucional, que es el artículo 103 [de la Constitución], que dice: "La Constitución no ampara el abuso del derecho". Y yo digo que el Congreso está haciendo un abuso del derecho que tiene al someter a denuncias constitucionales a los miembros de la Junta Nacional de Justicia.

Y, ¿por qué hay una situación abusiva? Porque cuando tú quieres someter a una investigación para botar a estos miembros bajo el argumento de una falta grave, y donde ni siquiera la falta grave está tipificada —porque nadie sabe qué cosa es la falta grave, no existe una ley que diga qué cosa es la falta grave—, y encima todavía se le crea un procedimiento sumarísimo para liquidar rápidamente a los miembros [de la JNJ], apartándoles de un proceso normal, eso es abusivo. Están haciendo un abuso del derecho y el comportamiento del Congreso es un comportamiento de abuso y eso es inconstitucional: artículo 103 de la Constitución.

La Junta Nacional de Justicia se pronunció el 23 de mayo de 2023 pidiendo  al Congreso "la mayor reflexión en torno de la acusación constitucional que se tramita contra la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera". Este hecho detonó la investigación sumaria que actualmente se le sigue en el Congreso a la Junta. Foto: Difusión.

- Hemos encontrado dos proyectos de ley [N° 02841/2022-CR y N° 03246/2022-CR] que están ahora en la Comisión de Justicia, y que buscan modificar la elección de altos magistrados. En este caso, la elección al presidente del Poder Judicial se plantea en estos dos proyectos a partir de los jueces en ejercicio, en una especie de elecciones generales entre los jueces, y que la fiscal de la Nación se escoja también a través de los fiscales en ejercicio, igualmente. Estas dinámicas cambiarían el modo de elección actual de estos altos funcionarios. ¿Qué implicaría poder cambiar estas reglas en el juego? ¿Cómo lo evaluaría usted? 

- Esa fue una experiencia que ya se dio antes. Se hablaba que el presidente de la Corte Suprema [también presidente del Poder Judicial], debía de ser representativo de todas las cortes del país, y no necesariamente de los 18 magistrados titulares que son los que lo eligen, por lo mismo que no solamente representa la Corte Suprema sino es el presidente de toda la institución del Poder Judicial. Por eso es que se buscó, en una lógica más democratizadora, que sean los presidentes de las Cortes Superiores los que elijan a su representante. No sé si se sigue la misma lógica en el caso de la Fiscalía de la Nación, porque a la fecha se elige con los miembros de la JNJ, pero han modificado para que no sean solo los titulares, sino los tradicionales los que también puedan elegir a la Fiscal de la Nación.

La idea es una lógica más abierta, pero eso tiene situaciones a favor y en contra. Situaciones a favor: se dice que el presidente sería más representativo de la institución. Y situaciones en contra: que lo convertirías en un tema de clientelaje político, porque tendrías tú que, de repente, ofrecer algo a favor de estas Cortes como para lograr un voto a futuro, para poder ser elegido. Y bueno, un poco que ya se desnaturalizaría esa situación. 

- Hablaba usted también de la Corte Suprema. El actual presidente del Congreso, el señor Soto, en abril, cuando todavía no estaba en el cargo, presentó un Proyecto de Ley [N° 04720/2022-CR] que busca aumentar la cantidad de jueces supremos en la Corte Suprema de 20 a 25. Además, propone crear cuatro salas especializadas permanentes y que dos de ellas sean para derecho constitucional. ¿Cómo afectaría esta propuesta al funcionamiento de la máxima corte de justicia y qué implicaría que dos de estas salas sean de derecho constitucional?

La Corte Suprema tiene tres salas desde que se ha creado, hace más de casi 200 años. Tiene una Sala Civil, una Sala Penal y una Sala Constitucional. Ahora las salas se crean o se pueden aumentar según la carga procesal, según el número de casos que se requieran. Entonces habría que tener una justificación de cómo existe tremenda demanda de casos constitucionales para justificar que existan [las Salas adicionales en materia constitucional]. Pero debo decirte que yo no creo que exista tremenda demanda de casos. ¿Por qué? Porque los casos constitucionales son los que se ven en el Tribunal Constitucional, que es totalmente distinto a la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Son dos temas totalmente distintos. ¿Qué ve de Derecho Constitucional la Corte Suprema? Lo único son los temas de control difuso, que es el 0,1% de casos que se ven en el Poder Judicial. 

Porque todo lo Constitucional lo ve el Tribunal Constitucional, que es el órgano de cierre. Entonces yo no le encuentro justificación para crear más salas constitucionales a nivel de la Corte Suprema. Sí deberían crearse, más bien, más juzgados y más salas constitucionales a nivel de las Cortes Superiores, pero a nivel de la Corte Suprema, no. Eso está incoherente, no tiene ni siquiera sentido porque la data de casos constitucionales en la Corte Suprema es mínima.

En mayo se aprobó la ley 31751. Esta disposición impidió que Alejandro Soto, actual presidente del Congreso, enfrentara una sentencia por fraude. Foto: Difusión.

- En mayo del 2023 se aprobó un Proyecto de Ley [ 03270/2022-CR] que permite al Congreso, al Poder Judicial y a los organismos constitucionalmente autónomos, designar a sus procuradores públicos sin participación del Procurador General de la República. Algunos expertos explican que sería como que el investigado elige a quien lo va a investigar. En ese sentido quería saber, ¿usted lo interpreta de esa forma?

- Yo también estoy de acuerdo con esa posición que señala. Acá el Estado es uno solo y debe haber un un solo cuerpo orgánico y organizado de la defensa del Estado a través de una Procuraduría fuerte y autónoma. No puede ser que la defensa del Estado se esté desmembrando y, por decir, retaceando por instituciones. Y no solo eso, sino hacer que el titular de la institución sea el que designe al procurador que a futuro va a ejercer las denuncias contra las situaciones irregulares que tenga el titular de esa institución. 

Eso es una situación que lamentablemente no se ha corregido y es una situación que afecta, primero, el tema de la meritocracia. Porque si yo permito que el titular de la institución que a futuro pueda ser denunciado por el procurador sea el que designe al procurador, estoy afectando el tema de la meritocracia y también de una correcta defensa del Estado.

Hasta es irrazonable, hasta es incoherente, que el posible futuro denunciado sea el que elija al posible procurador que lo pudiera denunciar. Eso no se puede sostener. Pero eso se ha dado. Se ha dado, lamentablemente, y espero que a futuro se pueda corregir porque no resulta adecuado para la defensa de los intereses del Estado, que al final la que los defiende es la Procuraduría [Genneral]. La Procuraduría no defiende al funcionario, no defiende al titular de la institución, defiende al Estado.

- Para ir cerrando la entrevista. Dos puntos, el primero, el Proyecto de Ley [00565/2021-CR] que recorta los plazos y condiciones de la colaboración eficaz, que, según lo que se ha encontrado, podría beneficiar a involucrados en los casos de "Los Cuellos Blancos" y "Lava Jato", entre otros. El Ejecutivo solo observó el plazo de la colaboración eficaz que plantea el Proyecto, que es de 8 meses, pidiendo que sean 36 meses, y nada más. Actualmente esta iniciativa está en Comisión, a la espera de llevarse al Pleno. ¿Cómo podemos entender que el Congreso produzca este tipo de leyes, incluso contra las opiniones jurídicas que hay, y que pueden beneficiar a personas que están metidas en delitos muy graves?

- Tendrías que entender que la clase política en nuestro país ha sido tomada por el lumpen. Y por lo mismo, el lumpen hace una especie de lobby a través de sus representantes políticos que están ahí, en el Congreso, para obtener normas que les den ventajas, para lograr una impunidad. Esa es la explicación. 

Además, te pido que mires la foto del Parlamento: el presidente del Congreso metido con problemas judiciales. El líder del grupo Perú Libre, que gobierna el Ejecutivo y tiene una alianza con el Congreso, que es Cerrón, también metido en temas judiciales. Los presidentes de la República, expresidentes guardados en la DIROES. Ahí está Toledo. ¿No le va a interesar también tener algunos beneficios? Al mismo Castillo, al mismo Fujimori. Dicho en otras palabras: la clase política en nuestro país ha sido tomada por temas delincuenciales. Y son ellos los que están utilizando su situación, su posición política en el Congreso, para obtener normas que les lleven ventajas para sus temas criminales. Esa es la explicación.

- Esa sería entonces la evaluación…

- Claro, acá no hay una explicación del bien común, de la lucha contra la corrupción, de hacer que la justicia realmente sea eficiente para evitar la impunidad. Todo lo contrario. Acá más bien lo que se busca es llegar [al Congreso] para ver cómo se logra ser impune, cómo se logra blindar, cómo se logra poner a buen recaudo el patrimonio ilícito que se ha obtenido, cómo se logra obtener ventajas y provechos personales en temas delictivos utilizando los cargos políticos, la posición política en la que se ubique uno. Esa es lamentablemente la situación en la que está el país.

El Proyecto de Ley 00565/2021-CR, que modifica la colaboración eficaz, fue presentado el 26 de octubre de 2021. Esta medida fue observada por el Poder Ejecutivo el 21 de julio de 2023 y solo se planteó una modificatoria al plazo de 8 meses de la colaboración eficaz que propone la iniciativa parlamentaria, reemplazándola con 36 meses.

- El segundo punto. Hay un Proyecto de Ley [03025/2022-CR], planteado por Perú Libre, que busca modificar los requisitos para el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Lo que ellos plantean es que el postulante no haya tenido ningún cargo en el Poder Judicial ni en el Ministerio Público, cuando la disposición actual es que este haya cesado en sus cargos cinco años antes de postular. Por sentido común, lo que se espera es que un postulante a cargo público, más bien, tenga una experiencia previa, no lo contrario. ¿Cómo ve usted este proyecto?

- No me llama la atención que el grupo Perú Libre esté tratando de desmantelar los requisitos para ocupar estos cargos. Ya lo hemos visto en la Defensoría del Pueblo, cómo el defensor del pueblo, de este grupo Perú libre, ha bajado los requisitos, sobre todo de la experiencia, para ejercer el cargo de defensor adjunto. 

Entonces, con esa misma lógica, con esos mismos antecedentes, lo que se busca no es beneficiar que un funcionario haga de mejor forma su labor al servicio del ciudadano. Más bien, lo que se buscaría es estar tratando de colocar a personas —que ya me imagino que lo deben tener mapeado— para que luego puedan encargárseles estos cargos. 

Tu sentido común, y de todo ciudadano, dice: la experiencia tiene un papel fundamental para una labor. Y qué mejor que alguien que conoce el Poder Judicial, que conoce el Ministerio Público, para que pueda hacer esa labor. Yo no estoy de acuerdo con ello [de obviar la trayectoria], la experiencia debe ser un punto que se debe valorar, gratificar y poner un puntaje para exigir en la práctica de la actividad del Estado. 

Por último, te digo que hemos perdido ya la brújula de esta situación. Porque cuando un funcionario ingresa al cargo que quiera, si quieres, del Estado, ingresa para servir. Para hacer un servicio público a los ciudadanos. No es para hacer un servicio público al que ha ganado el concurso y pone a su amigo o a su afiliado, a su paisano. Se supone que el funcionario ingresa para servirnos a todos los ciudadanos. Y hasta en eso hemos perdido la brújula, lamentablemente. 

Josué Gutierrez, actual defensor del pueblo, propuesto por Perú Libre al cargo y respaldado por Fuerza Popular, cambió los requisitos para acceder a altos cargos en la Defensoría del Pueblo. Posterior a ello, Elizabeth Zea, vinculada al fujimorismo, accedió al cargo de Asesora II de la Primera Adjuntía de la Defensoría del Pueblo, para la cual no cumplía los antiguos requisitos.

- Para terminar, le pediría una reflexión sobre una imagen. El 22 de septiembre se presentó ante una subcomisión del Congreso, el exmagistrado César Hinostroza, y todos sabemos quién es. Pidió en esa ocasión que se le aplique los beneficios de la llamada “Ley Soto”, que reduce los plazos de la prescripción de delitos. ¿Cuál sería esa reflexión? ¿Cómo se entiende que hayamos llegado a este punto en el que César Hinostroza, prófugo e involucrado en “Los Cuellos Blancos”, haya asistido a pedir un beneficio de este Congreso? ¿Qué ideas le produce esta imagen?

Lamentablemente estamos ante una fase de una sociedad que se viene descomponiendo o está descompuesta moralmente. Inclusive hasta racionalmente, porque resultan hasta incoherentes todos estos temas de los que hemos hablado y como ciudadanos el sentido común nos acompaña en la reflexión. Estamos apreciando un grado de degradación y de descomposición moral como grupo social. Y debo afirmar: el tema de la corrupción no es César Hinostroza, el tema de la corrupción es una red, un sistema, una organización. Por algo se dice organización criminal, donde tienen personas que operan desde el primer, segundo nivel, y hasta las altas esferas. 

Entonces cuando uno aborda este tema, y encuentra a Hinostroza, él [solo] es un punto más dentro de toda esta red. Y tenemos que visibilizarlo así para poder enfrentar este problema en esa dimensión. Por eso es, pues, que encontramos dentro de esta red operadores jurídicos que desde el Congreso buscan crear normas para desaparecer las investigaciones penales, como el caso Soto, y habrán también otros operadores políticos y operadores económicos, y operadores por todos lados, porque todo esto se opera bajo una lógica de organización.