Desde noviembre del año pasado, un sensible proyecto de ley se ha estado discutiendo dentro de las comisiones del Congreso de la República. Hay millones de dólares en juego pero también el bienestar de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci) de la Amazonía peruana. La iniciativa busca quitarle competencias exclusivas al Ministerio de Cultura sobre el reconocimiento de estos grupos humanos para dárselas a los gobiernos regionales, y ahora está próxima a ser debatida y votada en la comisión parlamentaria de Descentralización.

El proyecto, presentado por el congresista fujimorista Jorge Alberto Morante Figari y avalado por otros cinco legisladores de Fuerza Popular, tiene como objetivo modificar la Ley 28736, que vela por la protección de los PIACI y que actualmente permite la creación de reservas indígenas que resguardan la existencia de estos grupos humanos aislados o en contacto inicial con la sociedad.

“Nosotros como organización, hoy, bien organizados, estamos en defensa de nuestros hermanos que están en proceso de aislamiento y contacto inicial, a sabiendas de que esto realmente tiene un despropósito y si se daría la aprobación de este proyecto nefasto sería un crimen para la Amazonía”, declaró al respecto para Convoca.pe el apu Tito Sajami, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de la provincia de Requena (Feconapre).

Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Contacto Inicial (PIACI). Imagen: EarthRights International.

Actualmente, la Ley N° 28736 establece que el reconocimiento de los PIACI se realizará a través de un decreto supremo, basado en un estudio previo realizado por una Comisión Multisectorial compuesta por representantes del gobierno regional y local, así como de las facultades de antropología de universidades peruanas, entre otros. Sin embargo, el Proyecto de Ley 3518/2022-CR propone que este reconocimiento se realice mediante una "ordenanza regional del gobierno regional correspondiente", lo que implica un cambio sustancial en la forma en que se lleva a cabo el estudio de validación.

"En este caso le conviene a los gobiernos regionales que se modifique la ley en materia de protección de pueblos en situación de aislamiento porque le das todas las facultades para que ellos no solo no establezcan las reservas, no reconozcan a los pueblos en situación de aislamiento en los plazos establecidos por el reglamento de la ley, sino que tú le das facultades o puertas abiertas para que puedan entregar a diestra y siniestra concesiones forestales para que se puedan extraer recursos naturales de estas áreas”, menciona Maritza Quispe, abogada del área de Pueblos Indígenas y Litigio Constitucional del IDL-Instituto de Defensa Legal.

Según la opinión técnico legal del Ministerio de Cultura sobre el Proyecto de Ley planteado por el congresista Morante, la transferencia de facultades del Ministerio de Cultura a los gobiernos regionales constituye una vulneración al "principio de progresividad" mencionado por el Tribunal Constitucional, en el Expediente N° 00004-208-AI/TC. Este principio se refiere, según el TC, a que se pueden transferir recursos y competencias siempre y cuando se hable de "competencias compartidas o de las delegables, y no respecto de las competencias exclusivas del gobierno nacional".
 

Parte del Oficio Múltiple N° 000146-2022-VMI/MC que recoge la opinión técnico legal del Ministerio de Cultura sobre el Proyecto de Ley 3518/2922-CR.

"En la línea de lo señalado por el Tribunal Constitucional, lo propuesto por el Proyecto de Ley [3518/2022-CR] no respeta el principio de progresividad antes mencionado, en la medida que vulnera las funciones exclusivas del Ministerio de Cultura en materia de pueblos indígenas u originarios y como ente rector del RET [Régimen Especial Transectorial] de protección de los derechos de los PIACI", concluye el documento dirigido a las comisiones de Descentralización y Pueblos Andinos del Congreso. 

"Lo que pretenden a través de este proyecto de ley es trasladar las responsabilidades de protección de los pueblos en aislamiento [del Ministerio de Cultura] a gobiernos regionales que no tienen ninguna especialización, que no tienen competencias en este sentido”, declara Beatriz Huertas Castillo, antropóloga del equipo técnico de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio).

El proyecto de ley también introduce disposiciones finales preocupantes. Establece la creación de una comisión revisora a cargo de los gobiernos regionales, con poder para revisar los reconocimientos de los PIACI, así como la categoría de reserva indígena, y determinar su continuidad, revocatoria o extinción. 

Incorporación de los literales v) y w) del artículo 47 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que el Proyecto de Ley 3518/2022-CR pretende modificar también, en lo que algunos expertos consideran es inviable.

Además, la iniciativa parlamentaria se refiere a que con su aprobación quedarían suspendidos el reconocimiento de los PIACI y el otorgamiento de la categoría de reservas indígenas hasta que se apruebe la adecuación del nuevo reglamento y de las comisiones multisectoriales correspondientes a las nuevas disposiciones que plantea. Es decir, hasta que las funciones del Ministerio de Cultura sean adecuadas a los gobiernos regionales.

"En caso de que se aprobara la adecuación [del nuevo reglamento del Proyecto de Ley 3518/2022-CR], significa que los gobiernos regionales tendrían que asumir la transferencia de todas las competencias en materia PIACI que tiene hasta el momento el Ministerio de Cultura", menciona Héctor Rodríguez, asesor legal de Orpio.

Esto implicaría la creación de nuevos organismos, nueva contratación de personal, gestión de recursos y demás trámites administrativos dentro de los gobiernos regionales que se adecúen a las funciones que hoy tiene el Ministerio de Cultura en cuanto a la protección de los PIACI y las reservas indígenas. Hasta que todo eso quede nuevamente establecido, estarían suspendidos el reconocimiento de los PIACI y la creación de reservas indígenas.

"No hay un cálculo de lo que podría durar esta transferencia de competencias y esa adecuación o adaptación de estos nuevos órganos en los gobiernos regionales (...). ¿Cuánto tiempo estarían suspendidas las creaciones de reservas indígenas? Indefinidamente", señala Rodríguez.

Por su parte, el apu Tito Sajami advierte que de aprobarse la iniciativa del congresista Morante Figari, las organizaciones indígenas recurrirán a otras instancias con la finalidad de hacer respetar sus derechos.

“Si en caso se daría [la aprobación del proyecto de ley], nosotros estaríamos acudiendo a las instancias internacionales para hacer prevalecer nuestro justo derecho para que nadie se atreva vulnerar lo que nos pertenece, porque nosotros somos los dueños de la naturaleza, porque queremos y respetamos lo que es nuestro y eso yo creo que es algo importante que nosotros venimos planteando a las autoridades”, refiere Sajami.

Chozas que pertenecen a los PIACI, en Loreto. Foto: Orpio.

Una oportuna ley para los intereses de Perenco

La empresa petrolera anglo-francesa Perenco arrastra serios cuestionamientos a su actuar desde el año 2013. Un informe de CooperAcción por aquella época refiere que las operaciones de extracción y transporte de petróleo de la compañía violaron los límites del Área Natural Protegida de Pucacuro, Loreto, entre otros antecedentes que no dejan bien parada a la compañía. 

La empresa petrolera Perenco se llevó un revés cuando en julio de 2022 una comisión multisectorial liderada por el Ministerio de Cultura aprobó un estudio de reconocimiento de pueblos indígenas en aislamiento en la zona de Napo-Tigre, al este de Loreto. La decisión cobró más fuerza luego de que fuera ratificada con un decreto supremo, con el que el Estado se comprometió a protegerlos.

Todo esto es un paso previo a la declaración de esta área como reserva indígena intangible, algo que se ha solicitado desde 2005. La zona en cuestión abarca un aproximado de un millón de hectáreas que ya no serían libres de ser explotadas.

Perenco posee en la actualidad dos lotes petroleros que peligran por el reconocimiento de los PIACI en la zona de Napo-Tigre: el 39 y el 67. La petrolera anunció en octubre de 2022 que evaluaba abandonar estos lotes, pero al mismo tiempo solicitó al Poder Judicial anular el reconocimiento de los pueblos en aislamiento. Finalmente retiró ese reclamo, pero tan solo días después, el 11 de noviembre de 2022, el congresista Jorge Morante Figari presentó su proyecto de ley.

En este entramado, sin embargo, aparecen otros actores. En el proyecto de ley presentado por Jorge Morante, se menciona a la Federación de Comunidades Nativas del Alto Curaray y Arabela (Feconaca) como la entidad que envió un oficio dirigido al congresista fujimorista "adjuntando documentos, fotos y videos, expresando su rechazo a la creación de la Reserva Indígena en sus territorios [Napo-Tigre]". 

Extracto del Proyecto de Ley 3518/2022-CR presentado por el congresista fujimorista Jorge Alberto Morante Figari.

Para el Apu Tito Sajami, las comunidades integrantes de la Feconaca han sido víctimas del abandono del Estado y del aprovechamiento de la compañía petrolera Perenco, quien a través de dádivas estaría instrumentalizándolos en función a sus intereses, los cuales apuntarían a modificar la Ley 28736 que actualmente pone en riesgo la explotación de sus dos lotes petroleros en la zona.

"Los hermanos de Arabela vienen sufriendo la marginación, vienen sufriendo la imposición que la compañía Perenco está haciendo hacia ellos. Porque si usted viera la zona donde se encuentran, hay poca asistencia del Estado. Entonces compañías petroleras como Perenco se aprovechan de esta coyuntura para tratar de manipular a nuestros hermanos que hoy son nuestros rivales, nuestros contrarios, pero sin saber la verdad", señala Sajami.

En el documento enviado por la Feconaca a Morante se adjuntó un pronunciamiento en el cual las comunidades integrantes señalan que "nosotros como pueblos Arabelas manifestamos públicamente que los supuestos PIACI pananojuri existieron en el siglo XX, es decir, desaparecieron hace más de un siglo, producto de enfermedades como gripe y de las guerras tribales".  Así, la organización desconoce la existencia de estos pueblos PIACI y señalan que los arabelas son “los únicos” que habitan las tierras de Napo-Tigre.

“Feconaca es una organización indígena que trabaja con la empresa Perenco. Hay tres comunidades allí que reciben una especie de dádivas de la empresa, pero bajo la condición de negar la existencia de los aislados y realizar una serie de acciones contra el reconocimiento de sus derechos, lamentablemente”, concluye Beatriz Huertas Castillo, de Orpio.

Un proyecto tantas veces rechazado

El 13 de marzo de 2023, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural se pronunció a favor de la inhibición respecto al Proyecto de Ley 3518/2022-CR, indicando que esta iniciativa corresponde ser discutida en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

Tras esa decisión, el pasado lunes 19 de junio el Proyecto de Ley 3518/2022-CR fue discutido en la citada Comisión. Esta, a su vez, emitió un predictamen negativo en el cual se "recomienda la NO APROBACIÓN" de la iniciativa presentada por Jorge Alberto Morante Figari. 

Sin embargo, la propuesta parlamentaria del congresista fujimorista aún está próxima a discutirse en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, donde podría ser aprobada, suponiendo lo contrario a lo que muchas instituciones vienen pidiendo: su archivamiento. 

Predictamen negativo de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología recaído en el Proyecto de Ley 3518/2022-CR, impulsado por la bancada parlamentaria fujimorista..

Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo se pronunció a través de su cuenta de Twitter el 26 de noviembre de 2022 solicitando a la Comisión de Descentralización el archivamiento de la iniciativa de Morante debido a que su aprobación supondría un “grave retroceso en protección de derechos de los PIACI”.

Asimismo, el Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (INTE) de la PUCP también emitió una opinión en el mismo sentido "por ser [el proyecto de ley] absolutamente desfavorable a las condiciones de vida de los PIACI, al ir en contra de las obligaciones ya asumidas por el Estado peruano para garantizar sus condiciones de vida, además de debilitar la institucionalidad estatal en la materia ya alcanzada".

En la misma línea, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), interpuso en diciembre de 2022 una demanda de amparo contra la iniciativa del congresista Morante tras considerarla una "amenaza de violación al derecho a la vida y subsistencia de los pueblos en aislamiento". Cabe precisar que Orpio es una de las organizaciones que más se ha movilizado en contra del Proyecto de Ley 3518/2022-CR.

Por último, AIDESEP publicó un comunicado en febrero pasado indicando su rechazo a la iniciativa parlamentaria de Morante Figari alegando, entre otras cosas, que esta “permitirá la progresiva extinción y el genocidio de los PIACI, que son los grupos humanos más vulnerables del planeta, ciudadanos peruanos y sujetos de derechos, protegidos por leyes nacionales e internacionales”. 

"Nosotros como pueblos organizados, como pueblos originarios, no nos oponemos a los proyectos, no nos oponemos al desarrollo del país. Nosotros somos personas dialogantes y respetuosas queremos el desarrollo, pero queremos que se dé de forma equitativa", finaliza el apu Tito Sajami.

Actualización. 23 de junio de 2023

Finalmente el Proyecto de Ley 3518/2022-CR es debatido este viernes 23 de junio desde las 5:00 pm en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado.

El congresista Jorge Alberto Morante Figari pidió a la presidencia de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de Gestión del Estado tres puntos: participación de representantes indígenas de la Feconaca, participación virtual del alcalde de la municipalidad provincial de Ucayali y presentación de videos durante la exposición del proyecto.

La Comisión solo accedió al primer pedido y por equidad cedió el uso de la palabra a un invitado de la congresista Susel Paredes, miembro de Aidesep. También se le permitió presentar dos videos.

Pedidos del congresista fujimorista Jorge Morante a la presidencia de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de Gestión del Estado.

En sesión, por alusiones previas del congresista Morante, se cedió la palabra a Romina Rivera, representante del Ministerio de Cultura y funcionaria de la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas. Rivera señaló en el debate que "no es cierto que las reservas indígenas impiden el desarrollo de las comunidades alrededor de las reservas indígenas".  Además solicitó a la Comisión de Descentralización que "pueda evaluar inhibirse".

La congresista Susel Paredes también solicitó la inhibición sobre el proyecto "porque la arquitectura jurídica le da la competencia de este tema a [la Comisión de] Pueblos Indígenas". 

Por su parte, el congresista Germán Adolfo Tacuri, vicepresidente de la Comisión de Desentralización también recomendó la inhibición: "Lo real acá es que nuestra Comisión no tiene las facultades para poder realizar un dictamen", declaró.

Finalmente, con 14 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, se aprobó la cuestión previa planteada por la congresista Susel Paredes que recomendó la inhibición de la Comisión de Descentralización. En consecuencia, la Comisión concluye con el acuerdo de inhibirse del dictamen.

Fuentes de Convoca.pe refieren que con esta decisión el proyecto de Morante queda archivado, puesto que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que sí es competente respecto a esta iniciativa, ya recomendó su "NO APROBACIÓN" en un predictamen negativo el pasado lunes 19 de junio.