Por Paul Tuesta
26 de julio de 2023
El Perú está lleno de contradicciones y procesos truncos que la crisis política de los últimos siete años no ha hecho más que agravar. Esto se demuestra en el largo historial de promesas incumplidas, o que se descontinuaron, por las distintas gestiones que ocuparon el Palacio de Gobierno desde julio de 2016. Convoca.pe revisó los ofrecimientos hechos en discursos públicos por los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte y confirmó la situación actual de 42 de estos.
Del total analizado, 27 promesas fueron incumplidas, ocho se honraron en el plazo prometido, dos se concretaron fuera de tiempo, dos resultaron engañosas, una se interrumpió por una vacancia presidencial y dos todavía están en proceso de cumplirse.
El repliegue de Boluarte
Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia del Perú, el 7 de diciembre de 2022, tras el golpe de Estado perpetrado por el hoy encarcelado expresidente Pedro Castillo, tuvo que afrontar la resistencia de la ciudadanía. Por ello, sus primeros ofrecimientos se orientaron a la lucha anticorrupción y a la búsqueda de un adelanto de elecciones. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que no tuvo la voluntad política de mantener su palabra. Por el contrario, dejó que el Congreso, que apenas tiene un 6% de aprobación ciudadana según el IEP, tomara el liderazgo sobre estas materias.
En su primer discurso, Dina Boluarte anunció que iba a "solicitar el apoyo de la Fiscalía de la Nación, de la Procuraduría Pública, para ingresar, sin medias tintas, a las estructuras corrompidas por las mafias al interior del Estado". No obstante, a pesar de que estuvo en sus manos observar normas aprobadas por el Parlamento que socavan el combate a la corrupción —como la que cambia las reglas de la prescripción penal y la que permite que el Congreso y el Poder Judicial escojan a sus propias procuradores—, las dejó pasar sin considerar los reclamos de importantes autoridades del Ministerio Público y de la Procuraduría General del Estado.
“Me parece que, de un lado, no hay legitimidad y, del otro, tampoco están las personas que se puedan hacer cargo de una reforma anticorrupción (...). Este fenómeno de la corrupción se combate con grupos especializados en la Fiscalía, empoderando a las procuradurías, fortaleciendo la administración de justicia a nivel del Poder Judicial. Pero si estamos dando tumbos, año a año, los programas, los proyectos, no se llegan a consolidar (...). Este es un gravísimo problema y tiene que ver, obviamente, con la crisis política”, agrega por su parte el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu.
Como se recuerda, en medio de la crisis que siguió a su toma de mando, que sumó 49 civiles asesinados por armas de fuego en protestas contra su gobierno, Dina Boluarte ofreció, el 12 de diciembre de 2022 y el 29 de enero de 2023, plantear iniciativas legislativas ante el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales.
Estas propuestas fueron archivadas hasta en cinco ocasiones por los parlamentarios e, incluso, la mandataria afirmó el 15 de junio pasado que "el adelanto de elecciones está cerrado", confirmando sus intenciones de quedarse en el cargo hasta el 2026. Según una última encuesta del IEP, el 80% de los peruanos apoya la idea de un adelanto del proceso electoral.
“Mientras hubo protestas, en diciembre 2022 y enero 2023, hablaron de adelanto de elecciones. Apenas decayó la protesta, se olvidaron del tema. Si la protesta crece de nuevo, es posible que lo vuelvan a poner en agenda, pero su intención es quedarse”, comenta Carlos Monge.
En cuanto a la anunciada lucha "contra las mafias al interior del Estado", dos normas que pasaron por las manos de Boluarte la contradicen. Su gobierno promulgó, sin objeción alguna, la Ley 31751, que reduce abruptamente el plazo para suspender la prescripción de los delitos a solo un año durante la etapa de investigación preparatoria. En términos simples, deja con mucho menos tiempo al Ministerio Público para investigar. Entró en vigencia en mayo último y algunos jueces ya han empezado a inaplicarla por considerarla inconstitucional.
La norma que resta autonomía a la Procuraduría General del Estado, al quitarle la función de nombrar procuradores para el Congreso y el Poder Judicial, tampoco fue observada por Boluarte, quien la promulgó. El procurador Daniel Soria ha tenido que presentar una demanda de amparo contra esta nueva legislación.
¿Por qué no se ve una confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso, como ha ocurrido en las últimas gestiones? “Hay una combinación de razones [para quedarse en el poder]. Desde las más mezquinas y prosaicas, como seguir cobrando sueldos parlamentarios, seguir haciendo pequeños negocios turbios, hasta las más estratégicas: avanzar con los intereses de las mafias en la educación, el transporte, la minería, la deforestación, el narcotráfico”, comenta a Convoca.pe el antropólogo y analista político Carlos Monge.
En total, Dina Boluarte no cumplió con cinco de los ocho ofrecimientos analizados. Dos están en proceso y uno fue una promesa engañosa.
El sube y baja de la economía
"Esta inestabilidad política, social e institucional, genera incertidumbre y la incertidumbre afecta negativamente el comportamiento de la economía peruana", comenta a Convoca.pe el economista Jorge González Izquierdo. Esta es una situación que se evidencia en las cifras macroeconómicas de los últimos años. Obviando el 2021, en que se creció 13% como "efecto rebote" por lo ocurrido en 2020 —año en que por la pandemia del coronavirus las exportaciones cayeron 15% y la demanda interna, 10%—, durante los siete años de crisis la expansión de la economía no ha conseguido estabilizarse en el 4%, como pronosticaba el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El último año en que el Perú creció 4% —y cumpliendo una promesa del entonces presidente Martín Vizcarra en un discurso de Fiestas Patrias durante sus primeros meses de gobierno— fue el 2018.
"La crisis, la inestabilidad política es lo que nos está cobrando factura", anota el exviceministro de Economía, Carlos Casas. Y es que el actual contexto de constantes cambios de gobierno hacen que la política y la economía se entrelacen con resultados muy poco rescatables. "Antes se creía que no importaba lo que ocurriera, iban por cuerdas separadas, pero hoy en día cada vez más se está viendo una intervención de la política en la economía", advierte Casas.
En tal sentido, está por verse si la afirmación de la presidenta Dina Boluarte, acerca de que "el Perú, este año, será uno de los países con mayor crecimiento en la región y con la menor inflación en América Latina", se cumple. Y esto está en duda porque el último informe del INEI ya advierte que el crecimiento en el primer trimestre del año se contrajo en 0,4%, respecto al año anterior, debido a una menor demanda interna (-0,6%) y a una baja en las exportaciones de bienes y servicios (-1,5%).
Como se sabe, la proyección de crecimiento anual del Ministerio de Economía (MEF) para 2023 en marzo último era de 3,1% y el gobierno la corrigió un mes después hacia 2,5%. El FMI también revisó a la baja sus proyecciones en mayo y la situó incluso en 2,2% para el cierre del año.
Para el economista Jorge González Izquierdo, en el actual contexto, el PBI se ve afectado por la crisis política en el corto plazo y en el mediano se genera un alto grado de incertidumbre, lo cual afecta la inversión. "La incertidumbre es el veneno de la inversión privada nacional y extranjera", advierte el economista en conversación con este medio.
Sin embargo, las exportaciones han mantenido un ritmo constante y ascendente. En el mismo discurso por Fiestas Patrias, Martín Vizcarra anunció que, en 2018, el Perú superaría la cifra de 50 mil millones de dólares en exportaciones. Esto, sin embargo, no se cumplió, ya que en ese período, según cifras del BCRP, las exportaciones fueron de poco más de 49 mil millones de dólares.
De cualquier modo, en contraste con el errático PBI peruano, las exportaciones en 2022 sumaron más de 66 mil millones de dólares, uno de los pocos indicadores que evolucionaron sostenidamente durante los últimos años de crisis política, salvo en el 2020, año del inicio de la pandemia.
Para Carlos Casas, este fenómeno se debió a una fluctuación favorable de los precios en el mercado internacional, que explicaría por qué a pesar de la ralentización del crecimiento PBI se incrementaron los ingresos por exportaciones en miles de millones de dólares.
“Si yo exportaba antes un millón de toneladas de cobre a 2 mil dólares y ahora las exporto a 4 mil, sigo exportando lo mismo y obviamente eso duplica el valor. Ese es un tema que lleva a que, en dólares, aumente el valor [de las exportaciones]. Y hay que tomar en cuenta que, en 2022, ya entró a operar una mina como Quellaveco, que aumentó la oferta exportable de cobre a un buen precio y eso también hizo que aumentaran las exportaciones", señala Casas.
Millonarios programas sociales
En el aspecto económico, hay gran cantidad de dinero invertido en lo que se denominan fondos, planes o programas impulsados por los distintos gobiernos. El más reciente de ellos es el llamado plan 'Con Punche Perú', que fue lanzado el 29 de diciembre de 2022, a pocos días de que Dina Boluarte asumiera la presidencia, con el objetivo de crear en un año 130 mil puestos de trabajo. Entonces, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno estimó que esta inversión de 5 mil 900 millones de soles tendría un impacto de corto plazo en el crecimiento del PBI equivalente a 1,2 puntos porcentuales en el primer semestre.
Si bien aún no hay cifras oficiales, un estudio de Credicorp Capital advierte que la expansión de la economía peruana está lejos de esa cifra, pues estima que habría crecido en apenas 0,2 puntos porcentuales.
Según el economista Jorge González Izquierdo, este tipo de medidas son acertadas en el contexto de una emergencia nacional, como lo fue la pandemia del Covid-19, cuando transfieren dinero para aliviar las necesidades de las empresas y las familias peruanas. "Si no se trata de ese contexto, es decir, en circunstancias normales, [y] un gobierno comienza a tirar subsidios, etcétera, ahí sí te diría que no es correcto hacerlo porque eso va a hacer daño a la economía", opina el economista.
Dina Boluarte destacó la implementación del plan ‘Con Punche Perú 2’ en la conferencia de prensa por el balance de sus primeros seis meses de gestión. Este último plan fue anunciado por la presidenta el 26 de mayo de 2023 durante una actividad oficial realizada en el Callao, y comprende un conjunto de medidas orientadas a reactivar la economía nacional en ámbitos como el turismo, el comercio y la agricultura.
Otras iniciativas de inversión social como la de Boluarte fueron anunciadas por los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo, pero no tuvieron una implementación clara.
La primera es el ‘Fondo Crecer’, que en realidad fue anunciado el 8 de mayo de 2018 por el entonces ministro de Economía del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, David Tuesta, en su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso. Esta iniciativa fue retomada por el gobierno de Martín Vizcarra, quien lo mencionó en su mensaje de Fiestas Patrias en 2019. Según el mandatario, el presupuesto de este fondo, creado mediante Decreto Legislativo y bajo la dirección de la empresa estatal Corporación Financiera de Desarrollo SA (COFIDE), ascendería a más de mil millones de soles. No obstante, para el 2022, en el gobierno de Pedro Castillo, aparecía como parte del nuevo ’Plan Impulso Perú’, lanzado en septiembre de ese año, como apoyo a las micro y pequeñas empresas.
Este medio se comunicó con COFIDE, donde indicaron que el “‘Plan Impulso Perú’ está activo” y que, sobre el ‘Fondo Crecer’, se consulte a través del correo electrónico de informes de la institución, pues no se sabe hasta qué fecha estuvo vigente. Hecha la consulta, la entidad solo informó acerca de cómo acceder a un programa denominado “Impulso Myperú”.
Para el exviceministro de Economía, Carlos Casas, estas inversiones del Estado podrían tener resultados efectivos, pero a la vez son muy riesgosas, pues la economía nacional puede afectarse de manera negativa por la incertidumbre política y el próximo fenómeno de El Niño que iniciará en los próximos meses.
"Después del Covid-19 tenemos poco espacio fiscal para aumentar fuertemente el gasto. Se están dando medidas que podrían ser efectivas, pero tenemos un problema: se podría gastar todo el dinero del mundo (...), pero yo voltearía y miraría cómo está la economía. Y digo: 'No, por más que tenga el dinero, no voy a invertir, no voy a arriesgarme porque puedo perder, debido a que se viene un [fenómeno del] Niño, hay conflictividad política todavía y hay un montón de problemas con el Congreso'", comenta Casas.
Otro ofrecimiento similar se dio en el gobierno de Pedro Castillo. En su primer mensaje por Fiestas Patrias, en 2021, el mandatario dijo que "para la inmediata reactivación del sector rural" se destinarán 3 mil millones de soles para el 'Fondo FAE AGRO'. Esto finalmente se cumplió, pero la aplicación del mismo ya no se encuentra vigente. Se descontinuó.
En la página web de este fondo, aparece un ofrecimiento de créditos para la campaña agrícola 2020-2021. Cuando este medio se comunicó con la central telefónica del Ministerio de Agricultura y Riego, se nos indicó que ya no existía y que, para créditos a agricultores, podríamos consultar con Agrobanco.
Los economistas Jorge González Izquierdo y Carlos casas coinciden en que la incertidumbre generada por la crisis política, a la que se suma el fenómeno El Niño en el año 2024, auguran un panorama difícil para la economía peruana.
"En el mediano plazo [la crisis] te afecta vía expectativas, va a agravar la incertidumbre que ya estamos viviendo desde hace dos años, con lo cual se afecta la inversión privada y el consumo privado", comenta Gonzáles Izquierdo.
"A mediano plazo, si no pasaba el fenómeno del Niño, en el primer semestre del 2024 se podría ver que la gente se anime a invertir, que otra vez haya oportunidades si no recrudece la inestabilidad política. Es algo que, desde el punto de vista económico, sí nos golpea", concluye Carlos Casas.
Pedro Castillo no cumplió con diez de los 12 ofrecimientos analizados. Estos incumplimientos estaban relacionados, principalmente, a los sectores Salud, Educación y Agricultura. En tanto, Vizcarra no honró su palabra en ocho de 16, vinculados al agro y a la salud, y otros.
Las deudas pendientes en educación
"Las universidades serán de calidad y serán acreditadas, contribuyendo a cerrar las brechas de profesionales que necesita el país", fueron las palabras de Pedro Pablo Kuczynski, aquel lejano 28 de julio de 2016. Dos años después, Martín Vizcarra prometió "culminar los procesos de licenciamiento de todas las universidades en el 2019". Nada de esto se cumplió.
El 21 de julio de 2022, en el gobierno de Pedro Castillo, se oficializó la Ley 31520 aprobada por el Congreso, que le quitó a la Sunedu la potestad de aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de facultades, escuelas y programas; y que también modificó su Consejo Directivo agregando a dos representantes de universidades públicas y a uno de las privadas (rectores). Los regulados entraron en el ente regulador, en lo que se considera un gran retroceso de la reforma educativa del nivel superior.
Aunque el gobierno observó la norma, lo cierto es que se pronunció muy tarde para defender la reforma universitaria. El partido Perú Libre, que llevó a Castillo al poder, incluso impulsó la llamada "contrarreforma", apoyó más de una iniciativa para beneficiar a universidades que no pasaron las evaluaciones de calidad de Sunedu y proponían la creación de aún más centros de estudio.
“Pedro Castillo es expresión de un sector del magisterio que ve en la reforma magisterial y en la reforma educativa una amenaza para su estabilidad laboral y progreso profesional. Son producto de pésimos procesos formativos resultantes, a su vez, del desprecio neoliberal por los servicios públicos, y sienten que no avanzarían en sus carreras profesionales en un marco de procesos meritocráticos”, refiere el antropólogo y analista político Carlos Monge.
Hay 50 universidades públicas y 92 universidades privadas reconocidas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior, Sunedu. Lejos de las promesas de Kuczynski y Vizcarra, se han otorgado 96 licenciamientos a universidades (49 públicas y 56 privadas), lo que representa el 67% de entidades licenciadas entre 2016 y 2023, cuatro años después de la última fecha límite planteada por Vizcarra.
La reforma educativa se encuentra en retroceso y no hay indicios de que vaya a ser retomada. Como vicepresidenta, Dina Boluarte se mostró a favor de una segunda oportunidad a las universidades con licencia denegada, en una actividad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dejando claro que no habría esfuerzos para retomarla.
“Boluarte es rehén del Congreso. No importa lo que piense sobre el tema. Sabe que si se opone, suman 87 votos y la sacan. Lo mismo vale para las otras contrarreformas mafiosas del Congreso”, finaliza Monge.
También quedaron atrás la propuesta del ingreso libre a las universidades, institutos y escuelas tecnológicas y pedagógicas públicas y la del aumento gradual del presupuesto en educación, hasta duplicarlo en los "primeros años de nuestro gobierno". Ambas fueron promesas de Pedro Castillo contenidas en su primer mensaje presidencial.
La iniciativa del ingreso libre a las universidades y otras entidades de educación pública superior se aprobó como proyecto de ley en Consejo de Ministros de Castillo en junio de 2022, fue enviado al Congreso de la República en julio de ese año y a la fecha no se tiene más avances al respecto. Lo que todavía existe es el proyecto de ley N° 04329/2022-CR, presentado por el congresista Jorge Marticorena, de la bancada Perú Bicentenario, que propone el ingreso libre a las universidades públicas como interés nacional, pero que lo focaliza solo en los peruanos de escasos recursos.
En cuanto al aumento del presupuesto en el sector Educación, sí se experimentó una subida en 2022 y 2023. En el primero, se llegó a 35.700 millones de soles y en el segundo, a 42 mil millones de soles. Aún así, estos aumentos no están cerca de duplicar el presupuesto de 2021, que fue de 33.100 millones de soles, como constató Convoca.pe en un informe anterior.
Sector Salud en cuidados intensivos
En los últimos años, el sector Salud también ha sufrido los efectos de la crisis política en el país. No se aprendieron las lecciones necesarias, luego de la pandemia del Covid-19, con lo cual, las evidencias de los problemas que atraviesa la Salud en el Perú son más visibles.
Una de las promesas que hizo Martín Vizcarra en 2020, interrumpida por su salida del poder, fue aumentar la disponibilidad de camas de la Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) hasta llegar a las 3 mil, en julio de 2021.
El 2 de noviembre de 2020, una semana antes de la vacancia de Vizcarra, Susalud informó que había 2.929 camas UCI en el país. Para septiembre de 2021, según el Minsa, sí se llegaron a implementar 3.000 de estas unidades. Lo cierto es que esta capacidad no se ha mantenido en el tiempo. De acuerdo con el Repositorio Único Nacional de Información (REUNIS) del Minsa, hasta el 17 de julio de 2023, el total de camas UCI, tanto en zonas Covid como no Covid, era de 1.898.
Otra promesa del exmandatario fue que "para julio del 2021, todas las peruanas y peruanos estarán afiliados al Seguro Integral de Salud". No obstante, según cifras de la Superintendencia Nacional de Salud, Susalud, de los 33.035.304 de peruanos, 75,4% están afiliados al SIS.
"Lo que hemos logrado en el Perú es abrir la afiliación al Seguro Integral de Salud a mayor cantidad de personas, pero no se ha revertido la exclusión en salud", aclara a este medio el exministro de ese sector, Hernando Cevallos.
"Si el establecimiento no tiene la cantidad de especialistas, no tiene un laboratorio que genera mayor cobertura, no tiene todos los medicamentos que necesitan los pacientes, eso no es responsabilidad directa del SIS (...). [El SIS] no se constituye en un verdadero seguro que le permita al paciente evitar cualquier exclusión en los servicios de salud", precisa el ex alto funcionario.
Otro ofrecimiento del expresidente Pedro Castillo fue unificar el Sistema de Salud (Essalud, Minsa, Direcciones Regionales de Salud y los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en un único organismo). Esto no ha sucedido, aunque se ha considerado en el pasado "financieramente sostenible".
Para Hernando Cevallos, que fue ministro de Castillo, esta propuesta debería cumplirse. "Es necesario y es posible. El Ministerio de Salud debe tener un presupuesto que le permita atender a los pacientes en los distintos niveles y, además, estar debidamente financiada la cobertura de estos establecimientos", manifiesta.
Pocos avances en cultura y género
En Cultura, los anuncios más resaltantes los hizo Pedro Castillo al llegar al poder. Propuso cambiar el nombre del Ministerio de Cultura a 'Ministerio de las Culturas' y convertir la Casa de Pizarro en la sede de este hipotético nuevo organismo estatal, algo que nunca ocurrió. Lo que sí se puede decir es que terminó sosteniendo encuentros fuera de Palacio de Gobierno, en una casa del distrito de Breña, lo que fue motivo para que la Fiscalía de la Nación lo denunciara constitucionalmente.
En materia de protección de los derechos de la mujer, el Perú tampoco ha avanzado mucho. Se cumplió con aumentar el número de Centros de Emergencia Mujer, como fue planteado por Martín Vizcarra, llegando a 430 en la gestión de Boluarte, pero la cifra de feminicidios ha crecido de forma alarmante en el presente año.
Según detalló la Defensoría del Pueblo a Convoca.pe, en 2020, el Ministerio Público registró 131 feminicidios, en 2021 la cifra ascendió a 136 y, en 2022 bajó a 130. Pero este año “existe un aumento inusual” en estos crímenes. Hasta junio de 2023 se han registrado 79 asesinatos de mujeres, lo que representa un aumento de 23% respecto al mismo período del año anterior, en el que se reportaron 64 de estos casos.
Pedro Castillo prometió que el Estado asumiría el financiamiento de la rehabilitación integral de las víctimas de violencia sexual, algo que un informe anterior de Convoca.pe señala como inexacto, pues la respuesta de los órganos correspondientes fue que “el Estado está en busca de un financiamiento mayor” para atender temas prioritarios, como la violencia sexual.
El anhelo de pertenecer a la OCDE
Una constante desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynzki ha sido la pretensión de llegar a ser un país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El expresidente Kuczynzki se planteó el año 2021 para llegar a ese objetivo, sin presagiar la crisis política que vendría poco más de un año y medio después, cuando se vio forzado a renunciar al cargo. Para entonces, PPK no había cumplido con seis de sus promesas al momento de dejar el cargo.
Martín Vizcarra dijo, tres años después, que "nuestro país sigue avanzando de manera consistente para ser miembro de la OCDE". Pedro Castillo volvió a fijar un nuevo plazo para este cometido: "La meta como gobierno es que, al cierre de este gobierno (2026), el Perú sea un miembro de la OCDE, para lo cual requerimos del trabajo conjunto del ejecutivo, del legislativo y de la sociedad civil".
El último anuncio en este sentido lo hizo la presidenta Dina Boluarte, el 9 de junio de este año, al realizar el balance de sus seis primeros meses en el poder. Informó que, dos días antes, ya se había entregado el "memorando inicial que ratifica la voluntad del Perú de adherirse a la OCDE". Todo esto vino luego de que el 26 de mayo de 2022, la entonces vicepresidenta se reuniera con el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, con el objetivo de coordinar la próxima adopción de la hoja de ruta para la adhesión del Perú. Sin embargo, cabe resaltar que este memorando es solo el punto cinco de los 12 necesarios para entrar a dicha organización, lo cual todavía está muy lejos.
La crisis política ha sumido al Perú en la inestabilidad y la falta de continuidad en proyectos y políticas públicas, con seis presidentes en siete años, sin capacidad ni consenso para sostener las pocas promesas cumplidas por los gobiernos anteriores. Los sectores económico, educativo, justicia, salud, entre otros, han sufrido los principales embates.