La grave crisis en el sistema de salud peruano no solamente se evidencia en los millones de soles en multas, sino en las vidas perdidas y las familias afectadas por las malas prácticas. Entre 2015 y 2023 se han multado a 31 establecimientos de salud (26 públicos y 5 privados) y dos aseguradoras privadas por infracciones graves y muy graves, entre las que se encuentran casos de muerte, amputaciones y afectaciones permanentes a la salud de los pacientes. El total de estas sanciones suma más de 25 millones de soles y hasta la fecha ninguna ha sido cancelada.

Convoca.pe revisó el Registro de Sanciones aplicables por Susalud, la entidad supervisora del rubro, a las clínicas privadas, hospitales públicos y aseguradoras. A partir de esta información, este medio elaboró una base de datos con las sanciones tipificadas como graves y muy graves que todavía se encuentran sin cobrar. Del total de estas sanciones, 17 corresponden a casos en los que el paciente murió por una atención deficiente en los establecimientos de salud (13 en instituciones públicas y 4 en privadas), lo cual acumula un total de S/ 13.487.401,50 en multas todavía impagas. A estas se les suman cuatro sanciones por lesiones graves, que totalizan S/ 3.288.774, y dos denuncias por amputación de miembros (pies y manos), por S/ 2.368.253, impuestas a instituciones del Estado.

Los S/ 5.892.094 restantes en multas se encuentran repartidos en sanciones por demoras de diagnóstico de enfermedades graves (2), no atender en situación de emergencia (2), afectación en el ojo de una menor que causó ceguera permanente (1), paraplejía derivada de no hacer un “seguimiento médico adecuado” (1), retención de un objeto dentro de la paciente (1), controversia con un seguro privado (1) y obstaculización de supervisión de Susalud por una empresa privada de seguros (1).

“Todo esto viene desde el año 2015 y hasta el 2023 no vemos mejoras en el sistema de salud, que es supuestamente el objetivo de la supervisora (Susalud). [Esta] tiene que lograr que el sistema de salud mejore, también la calidad de la prestaciones y el respeto a los derechos y lamentablemente eso no se está cumpliendo” declara para Convoca.pe el abogado especialista en derecho a la salud Mario Ríos Barrientos. 

Desde el año 2015 hasta marzo de 2023, Susalud ha aplicado, según datos de la institución, 13.805,03 UIT en multas. Con el cálculo de la UIT actual, la institución habría impuesto más de 68 millones de soles en sanciones a establecimientos de salud públicos y privados, así como también a empresas de seguros. De ese total, siguiendo esa regla y la información proporcionada por la entidad, 48 millones quedarían por cobrar.

En consecuencia, los más de 25 millones en infracciones graves y muy graves que no se han pagado aún significan más del 52% del global que reportan la totalidad de multas aplicadas por Susalud, incluso cuando estas son calculadas con el valor de la UIT en 2023. El porcentaje crece si el cálculo se hace tomando en cuenta el valor de las UIT al momento de la sanción en años pasados, que es menor al actual. 

“Para este año 2023 se ha trabajado una tarea diferente a los años anteriores: el objetivo es no llegar a la sanción ante la institución, el objetivo es resolver el problema al ciudadano", refiere en declaraciones para Convoca.pe el superintendente nacional de Susalud, Juan Carlos Velasco Guerrero. 

“Susalud está trabajando con todas las instituciones que prestan el servicio de salud, sea público o privado, un plan de mitigación de riesgo. Este plan de mitigación consiste en que Susalud va a supervisar a la entidad [de salud] y vemos las falencias y le dejamos observaciones para que ellos las levanten. Por ejemplo, si usted me dice que está averiado un equipo, usted puede poner el tiempo que en 30 días ya está arreglado (...), si después de eso [ya] no hay forma de cómo se pueda resolver, recordemos que viene el proceso sancionador”, puntualiza, refiriéndose al nuevo objetivo de la institución.

Mientras esa nueva política se aplica, las infracciones graves y muy graves siguen sucediendo y las multas continúan siendo una medida correctiva con cuestionable eficacia respecto a corregir el problema de fondo: las atenciones deficientes en el sistema de salud que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Solo desde el año 2022 hasta mayo del 2023, Susalud aplicó más de 12 millones de soles en multas a establecimientos públicos y privados. Sin embargo, la crisis está muy lejos de resolverse.

“Lo central es que la multa no es recaudar fondos, lo central de la multa es corregir conductas. Y si no se aplica la multa, se hace ineficaz la aplicación: ¿las instituciones estarán corrigiendo conductas? Yo sospecho que no, porque lo que encontramos en los últimos seis años en lugar de una mejora del sistema de salud es una situación cada vez más catastrófica”, concluye el abogado Mario Ríos.

La lista de establecimientos con más multas respecto a infracciones graves y muy graves contenidas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de Susalud la encabezan los hospitales públicos. El Hospital Guillermo Almenara aparece como el más sancionado, con dos multas por S/ 3.295.100, seguido del Hospital Adolfo Guevara Velasco del Cusco, con dos multas por S/ 1.927.200, y el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, con dos multas por S/ 1.867.400.

En cuanto a las instituciones privadas, figuran como las más multadas Auna Clínica Delgado, con una sanción de S/ 1.007.400, la Clínica Padre Luis Tezza, con una multa de S/ 941.700, y el Centro Médico Santa Bárbara EIRL, con una deuda de S/ 919.800. Todas estas se impusieron por muerte del paciente.

El Hospital Guillermo Almenara es el más multado por infracciones graves y muy graves. Foto: GLR - Crédito: Renato Pajuelo Zorrilla.

Vidas truncadas, multas impagas y una demora onerosa

El 28 de diciembre de 2015, una mujer fue internada en el Hospital Negreiros de la Red Asistencial Sabogal por cálculos renales. Fue transferida al Hospital de Emergencia III Grau y finalmente derivada al Hospital Guillermo Almenara, donde fue internada en el Servicio de Urología. Tras tres operaciones quirúrgicas, malas praxis médicas, prolongadas esperas, una infección generalizada y un coma inducido, sufrió una necrosis en pies y manos y sus cuatro extremidades debieron ser amputadas.

La resolución que recoge su caso acusa el hecho de ser una "presunta falta de diligencia en el diagnóstico y tratamiento oportuno del shock que presentó la paciente el 13 de marzo de 2016", durante una intervención quirúrgica, y el no haber hecho los exámenes pertinentes a la paciente, situación que habría incrementado el riesgo de necrosis.

Por este suceso se impuso al Hospital Almenara la multa más alta de todas las que ha aplicado Susalud entre 2015 y 2023: S/ 2.016.900.

Extracto de la resolución que recoge el caso.

Estos hechos fueron denunciados el 3 de junio de 2016 y sancionados con una resolución administrativa el 11 de octubre de 2017. Actualmente el Hospital Guillermo Almenara ha judicializado el caso y la multa no se ha hecho efectiva.

Cabe señalar que este hospital registra, además, otra sanción de S/.1.524.600 por el caso de una niña que murió en espera de una cama UCI en sus instalaciones, como recoge un informe anterior de Convoca.pe, y que también fue llevado al Poder Judicial y permanece impago desde 2017 .

De hecho, la demora en la cancelación de las multas es otro de los cuestionamientos que surgen al momento de analizar su eficacia como medidas correctivas para mejorar las atenciones en el sistema de salud. Este medio identificó que de los 33 casos de infracciones graves y muy graves identificadas en establecimientos de salud públicos y privados, así como también en empresas privadas aseguradoras, seis fueron denunciados por los afectados el 2015, 11 el 2016, tres el 2018 y cuatro el 2019.

De estos, dos se encuentran en proceso de cobranza coactiva, cuatro con cobranza coactiva suspendida por judicialización y 27 no reportan ningún pago, de lo cual se concluye que ninguno ha cancelado su deuda ante Susalud.

“Hay cantidad de demanda. El año pasado hemos tenido 140.000 quejas. Entonces hemos conversado con el Ministerio de Salud porque en la medida que el sistema no esté bien fortalecido con equipamiento, con medicamentos, con insumos, con recursos humanos, sea en el primer nivel, sea en el segundo o en el tercer nivel, las quejas de los ciudadanos van a estar”, dice Juan Carlos Velasco, superintendente nacional de Susalud.

“Entonces el trabajo de la superintendencia se va a recargar y tenemos miles de expedientes en tiempo de espera porque no tenemos la capacidad profesional de gente ni la gran cantidad de recursos humanos para dar este paso”, comenta el funcionario respecto a las demoras en el cobro de las multas.

Sin embargo, no es solamente la falta de recursos lo que demora la ejecución de las multas, sino también la práctica que tienen los establecimientos de salud, sean privados o públicos, por judicializar sus casos de sanción.

“Una vez que ha concluido [el proceso] en sede administrativa y el Tribunal [de Susalud] ha ratificado la sanción en la instancia anterior, lo que suele suceder es que estas instituciones públicas o privadas suelen acudir al Poder Judicial. Eso hace que se retrase el cobro de las multas porque en tanto no quede firme la sanción, Susalud no puede cobrar estas sanciones”, señala al respecto para Convoca.pe Liliana Bobadilla Bocanegra, comisionada del Programa del Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo.

“Las instituciones que son multadas, que generalmente son públicas y algunas privadas, van al proceso contencioso administrativo [la vía judicial] y hasta que la resolución del contencioso administrativo no deje firme la resolución de Susalud, no se puede cobrar la multa”, explica el abogado especialista en derecho a la salud, Mario Ríos Barrientos. 

“Nuestro sistema de justicia no obliga en este caso al infractor a pagar la multa apenas salga la última resolución del término del proceso administrativo sancionador que hace Susalud, sino que espera el resultado de la firmeza de una resolución judicial”, puntualizó el letrado.

Entre los casos muy graves judicializados se encuentra el de una mujer que murió el 5 de enero de 2016 por una presunta atención médica deficiente en la clínica San Marcos (Clinica San Marcos SA), de San Juan de Lurigancho, en Lima. 

Inicialmente esta entidad fue multada con 329 UIT por estos hechos. Sin embargo, el caso dio un giro cuando Clínica San Marcos alegó que solo había alquilado sus instalaciones a Traumacenter S.R.L y fueron médicos de esta última quienes intervinieron a la mujer que falleció. Todo este proceso anuló la sanción a Clínica San Marcos, según consta en la resolución que explica lo sucedido.

Lo que llama la atención es que en este caso en particular, solo se multó a Traumacenter S.R.L con 0,13 UIT, lo que a la fecha de la sanción equivale a S/ 546.00. En contraste, por casos de infracciones muy graves que incluyen la muerte del paciente, Susalud llegó a sancionar con más de 1 millón 300 mil soles.

Este medio se comunicó con Susalud para esclarecer esta multa en específico, pero hasta el cierre de este informe no ha obtenido respuesta.

Fragmento de la resolución que sanciona a Traumacenter S.R.L por el caso de una muerte en la clínica San Marcos S.A.

La crisis del sistema de salud y las víctimas sin reparo

“El Estado, el hospital, es el que paga la multa”, señala escuetamente el superintendente de Susalud, Juan Carlos Velasco Guerrero, ante la pregunta legítima de quiénes son los que corren con los gastos de la mayoría de las multas impuestas por la institución, cuando se sabe que las más sancionadas son hospitales públicos.

En efecto, Susalud ya ha cobrado de instituciones públicas y privadas penalizadas entre 2015 y marzo del 2023 la suma de 3928,71 UIT (S/ 19.447.104, con la UIT actual). Sin embargo 2303,79 UIT ( S/ 11.403.760 con la UIT actual) provienen del sector público. Es decir, se toman del presupuesto de las entidades sancionadas, como también lo señala el especialista en derecho a la salud, Mario Ríos Barrientos.

“[Las instituciones públicas] lo pagan del presupuesto, e incluso lo pagan del presupuesto público. Incluso en algún momento las instituciones públicas van a tener que hacer su previsión de sus posibles multas. O sea, tendrán un fondo para pagar sus posibles multas, lo cual va en contra del sentido, de la idea, principalmente, de mejorar el sistema”, explica a este medio. 

Por otra parte, la crisis persiste en los establecimientos de salud, como ha sido señalado en otras ocasiones por entidades como la Defensoría del Pueblo y el propio Ministerio de Salud.

“Como Superintendencia hemos recomendado siempre el Ministerio de Salud fortalecer el primer nivel de atención. Tiene que estar fortalecido, pero cuando hablo de fortalecimiento, tiene que tener los insumos, los fármacos, el equipamiento y el recurso humano profesional y capacitado, e igual en el nivel dos y en el nivel tres también hemos recomendado al Minsa lo mismo (...). La Superintendencia es como el termómetro del sector salud. Mientras más quejas tiene, algo está pasando con el sector”, refiere Velasco Guerrero.

Parte de una resolución que refiere una atención inadecuada a una menor en el Hospital Aurelio Díaz Ufano y Peral, cuyo desenlace fue la amputación de sus manos y pies.

Y mientras el Estado cobra millones de soles para sí mismo, surge otra preocupación: ¿quién vela por acompañar a las víctimas o a sus familiares en sus reclamos de indemnizaciones por las malas atenciones?

“Recordemos que todo ese presupuesto [multas cobradas por Susalud] se va al Ministerio de Economía y Finanzas", explica al respecto el superintendente Velasco Guerrero.

“Cuando se inicia un procedimiento sancionador en Susalud, en el mismo documento, Susalud también señala de que para un tema resarcitorio, de manera económica para las personas que se han visto afectadas por una responsabilidad médica, lo que correspondería es que: o vaya en el Centro de Conciliación y Arbitraje del propio Susalud, donde a través de la conciliación o a través del arbitraje pueden solicitar un tema indemnizatorio, o al Poder Judicial. Esas serían las vías para que las personas puedan recibir un resarcimiento económico por el daño sufrido”, refiere Liliana Bobadilla, de la Defensoría del Pueblo.

De hecho, el artículo 28 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de Susalud, señala expresamente que las sanciones a instituciones privadas o públicas no tienen carácter indemnizatorio o resarcitorio para los afectados en ningún caso:   

Artículo 28 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de SUSALUD.

“No le entregan nada a la víctima, la víctima tiene la vía de utilizar la sanción administrativa de Susalud [las resoluciones emitidas por el Tribunal de Susalud que sancionan a los establecimientos] para beneficio de su proceso civil, donde ellos estarían demandando una reparación. Pero ese es un proceso civil [vía judicial]” puntualiza el abogado especialista en derecho a la salud, Mario Ríos Barrientos.

Es decir, las multas que se impongan a entidades, tanto privadas como públicas, desembocan en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]. Más aún, las multas que adeudan las instituciones públicas son canceladas con dinero del Estado que proviene justamente de la Ley de Presupuesto del Sector Público, cuya elaboración recae en la Dirección General de Presupuesto Público del MEF y que luego es aprobada por el Congreso de la República.

Es una serpiente que se come la cola: el dinero de todos los peruanos gira en sanciones y pagos internos que no atacan los problemas de fondo. En resumen, es plata que no se destina a reparar a los afectados, que en la mayoría de los casos fueron víctimas del propio Estado.