A inicios de esta semana, Mariana Escobar, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Perú, alertó sobre la llegada de una posible crisis alimentaria al país, a la que están expuestos 15,5 millones de peruanos. Los pobres serán los más afectados y entre ellos están los 250 mil ciudadanos que se alimentan diariamente en las 2.447 ollas comunes de Lima Metropolitana, la mayoría ubicadas en los distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Pachacamac, Carabayllo, Comas, Puente Piedra y Ancón.
"Todavía no hay cambios. Seguimos resistiendo y autogestionando con los pocos recursos que tenemos. El alza de precios nos ha reducido la cantidad de almuerzo que deben recibir nuestros beneficiarios. Ahora, la mayoría [de ollas comunes] están dando una comida al día", señala Fortunata Palomino, presidente de la red de ollas comunes de Lima Metropolitana. "Las compañeras tienen que ver la forma de darle a los niños para que vayan al colegio, llevando algo en el estómago. Lamentablemente, ahorita todo se ha visto afectado por el costo de vida que estamos teniendo ", lamenta.
Si bien el Perú no depende exclusivamente de la importación de alimentos, pues es un país agrario, la cadena de producción de este sector sí está sintiendo el duro golpe de la coyuntura internacional que repercute en el costo de vida.
Como se sabe, la situación de crisis se debe al alza de precios de los combustibles y, sobre todo, de los fertilizantes nitrogenados (urea) que no se producen a nivel nacional. Por eso, la urea en el país ha triplicado su precio en los últimos meses y el saco de 50 kg ya alcanza un valor de 190 soles. En el 2021 el Perú importó el 80% de este tipo de abono de Rusia, pero este año el suministro se ha cortado de manera abrupta desde febrero, debido a las sanciones comerciales impuestas a dicha nación luego de que invadiera militarmente a Ucrania.
El incremento de los costos de producción en el agro y los precios finales al consumidor están golpeando de manera agresiva a los niveles más bajos de pobreza, que recién se estaban recuperando de la paralización económica por la pandemia de la COVID-19. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en 2020 la pobreza monetaria registró un incremento anual de 9,9 puntos porcentuales, pasando del 20,2% al 30,1% de la población. Al cierre del 2021, dicha cifra se redujo al 25,9%, pero aún se mantiene 5,7 puntos por encima de la época pre-covid.
Mal pronóstico
Antes que iniciara la pandemia, las ollas comunes ya le hacían frente al hambre. Esta necesidad se intensificó por la pandemia de la COVID-19, que ocasionó la paralización de las actividades económicas a consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia nacional y del aislamiento social obligatorio.
En 2020, el año que comenzó la pandemia, los mayores incrementos de pobreza se dieron en Lima Metropolitana, puesto que pasó de 14,2% a 27,5%, seguido de la Sierra y Costa urbana, donde también superó el 20%. Y aunque el año pasado la pobreza nacional se redujo, todavía uno de cada cuatro peruanos no puede acceder al costo de una canasta básica. En esa misma línea, el INEI dio a conocer que en el 2021 el Índice de Precios al Consumidor aumentó en 6,43%. Se trata de la mayor inflación ocurrida en los últimos 13 años.
Además, la misma entidad informó que, de los 532 productos que componen la canasta básica familiar, 297 registraron una mayor variación de precios, entre ellos el pollo, el aceite vegetal, los pescados, el pan y los cereales. En tanto, los precios menores se mantuvieron en alimentos como legumbres, frutas y tubérculos.
Sobre ello, la economista Ana Reátegui Vela, docente de Esan Graduate School of Business, advierte que pese a que la crisis global impacta a toda la población, el choque económico no recae de la misma manera en todos, puesto que en los estratos más pobres las personas destinan casi el 90% de sus ingresos solo en alimentos.
"En una crisis alimentaria el mayor efecto lo sienten aquellas personas que están en el nivel más bajo de pobreza y las ollas comunes caen dentro de este grupo, porque necesitan de un proceso colaborativo para autoabastecerse. Sin duda, el golpe es brutal y sin anestesia, por eso es muy importante la articulación por parte de las organizaciones de la sociedad civil que las ayudan a proveerse", señala Reátegui.
La especialista en economía pronostica que se vienen años complicados respecto al incremento de precios. Según el Banco Central de Reserva, en marzo de este año se registró una inflación mensual de 1,48%, la cifra más alta desde febrero de 1996. Además, la inflación acumulada de alimentos y bebidas en los últimos doce meses (contados desde marzo) fue de 9,2% y la de los combustibles, de 36,1%.
"La gente ya se está preparando para esos momentos difíciles, porque corremos el riesgo de que este año y el siguiente, e incluso el 2024, los alimentos sigan experimentando subidas de precio. No solamente es el tema propio del COVID-19, que ha provocado que se deje de producir en el momento adecuado, sino que ahora, con la escasez de los fertilizantes y los rendimientos, la productividad de la tierra [agrícola] no necesariamente va a ser la misma", advierte Reátegui. "Mientras la inflación promedio del Perú es 8.8%, en el tema de alimentos está bordeando el 13%. Esto quiere decir que los alimentos están subiendo más que el promedio de todos los bienes", añade.
Ante este panorama, Reátegui apunta que el Estado se debe enfocar en apoyar por medio de asesoramientos o fondos las producciones de los grandes, pero, sobre todo, de los medianos y pequeños productores, a fin de evitar consumir aquellos productos que proceden del exterior.
"Los sembríos que se han hecho el año pasado y que se están haciendo durante este año no están recibiendo la cantidad de fertilizantes o soporte que se necesita, lo que va a provocar que caiga la productividad de las hectáreas. Eso significa que habrá menos alimentos, porque tenemos menos fertilizantes. Por lo tanto, hay que abastecer a las ollas comunes con los alimentos que más producimos; es decir, la papa, el camote, el olluco, etc. El Estado tiene que concentrarse en apoyar al mediano y pequeño productor", resalta la especialista.
Al respecto, Fortunata Palomino, la presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima, comenta que muchas ollas han optado por sustituir los alimentos limitados, con otros productos nutritivos, debido al alza de precios que ha afectado directamente su acceso a ciertos productos.
"Por ejemplo, los panes se han vuelto inalcanzables. Lo que hacemos ahora es que ya no les damos pan a nuestros niños, les damos cancha, camote sancochado, lo que encontramos. Pero lo que no se puede reemplazar son productos como el azúcar, que está demasiado cara y que no tenemos para hacer desayuno", señala Palomino.
Muchas demandas, pocas respuestas
Actualmente, las dificultades que atraviesan las ollas comunes no solo se centran en la necesidad de alimentos. Hay otros obstáculos que también impiden su desarrollo integral y seguro. El mes pasado, la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana organizó una conferencia de prensa en el local comunal de la asociación de propietarios "Andy y su pueblo", ubicada en el distrito de Carabayllo. Allí expusieron su pliego de reclamos al Ejecutivo, el Congreso y a los gobiernos locales.
Entre ellas, está la demanda para que se publique la reglamentación de tres leyes relacionadas a la seguridad alimentaria. La aprobación de estas tres normas jurídicas, es decir, los reglamentos, es muy importante, porque desarrollaría más a detalle las leyes promulgadas.
Una de estas es la Ley Nº 31458, que reconoce a las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento.
"Mediante esa ley (31458) hemos solicitado que el gobierno nos asigne un presupuesto de 380 millones por año en lo que dura la pandemia y un año más, hasta que se reactive la economía de las compañeras. La ley ya está promulgada, ahora estamos esperando la reglamentación, para saber también si los recursos se asignarán directamente a las ollas comunes o si serán administrados por la municipalidades de cada distrito", señala Fortunata.
El mismo pedido de reglamentación también va para las leyes de Seguridad alimentaria y nutricional y de Recuperación de alimentos.
No obstante, la relación con las municipalidades hasta ahora no es muy positiva, pues en la actualidad sus administraciones les brindan una mínima cantidad de recursos, asegura la presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima.
"A veces nos dan 100 kilos de arroz y eso nos alcanza para cuatro días, porque todos los días se cocina entre 25 a 30 kilos. Lo que nos dura son los aceites que nos dan y algunas veces las menestras, pero el resto nosotras mismas tenemos que autogestionarnos. Por eso, hemos pedido que se asigne un presupuesto con su nombre propio para las ollas comunes", explica
En esa misma línea, la Red exige el aumento de presupuesto y la entrega directa de alimentos a través de tarjetas alimentarias, así como también que se regularice la llegada de los alimentos del programa social Qali Warma, de alimentación para estudiantes de colegios públicos, por parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Por último, también se solicita la priorización de los proyectos de recuperación de alimentos en mercados de abasto y mayoristas y el de ordenanza que promueve la agricultura urbana.
Otro de los puntos que también preocupa a la organización son las fugas en el gasto público para el financiamiento de programas sociales que, Palomino afirma, aún persisten en el Vaso de Leche y comedores populares. Ante esta situación, desde la Red de Ollas Comunes de Lima se plantea una solución que podría ayudar a controlar este tipo de fraude, con el fin de evitar pérdidas.
"Si el Midis hiciera un esfuerzo y buscara mecanismos en beneficio de las ollas comunes, como la entrega de tarjetas para supervisar las compras de los recursos, se podría hacer un balance o un informe que diga qué es lo que se ha comprado. Y ese recurso estaría vigilado, mediante el Midis o el Ministerio de Economía y Finanzas, para que no haya malversación de fondos, porque lamentablemente hay comedores populares y Vasos de Leche que aún hacen 'negocio'. Por eso, pedimos supervisión y actualización de datos", comenta Fortunata.
No obstante, mientras se mantienen a la espera de que esos planes puedan efectuarse de manera efectiva, la Red se ha organizado por sus propios medios para lograr autoabastecerse. Esto ha sido posible gracias a un convenio con el Mercado Mayorista de Santa Anita, gestionado por la Empresa Municipal de Mercados (Emmsa), de la Municipalidad de Lima, para la recuperación y aprovechamiento de alimentos que no fueron comercializados a lo largo de la jornada.
Fortunata Palomino asumió el cargo de presidenta de la Red el 20 de junio de 2020. Como líder, junto a sus compañeras, trabajan por viabilizar los recursos para las ollas comunes de diferentes distritos de la capital y fortalecer a la organización en cuanto a sus capacidades, en coordinación con los ministerios, para contribuir a la reinserción laboral y económica de todas las mujeres que integran esta red de apoyo. Ahora esperan que el gobierno de Pedro Castillo ejecute acciones inmediatas para contribuir con su autosostenibilidad.
"Estas ollas comunes se han creado para mitigar el hambre. Todas tienen las mismas necesidades. Si no hacemos conferencias de prensa, cacerolazo, banderolazo, nadie se da cuenta de que existimos. Vamos a seguir luchando, desde nuestros lugares, para seguir atendiendo a la comunidad y que no sufra hambre, anemia y desnutrición", concluye.