ACTUALIZACIÓN: 9 de setiembre de 2022
Gobierno declara desierto nuevo proceso para la compra de urea
No solo fue retrasada. La esperada llegada de fertilizantes al país, que buscaba evitar una crisis alimentaria, fue cancelada hasta nuevo aviso luego de que el postor italiano Union Sped renunció expresamente a firmar el contrato de la adjudicación que le fue concedida a mediados de agosto para tal fin.
El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, confirmó que el proceso de licitación fue declarado desierto y responsabilizó de ello a la compañía postora.
"La empresa ha abandonado por sus propios criterios esta impresionante gestión que hemos desplegado desde el 18 de agosto hasta la fecha, tratando de cumplir la compra internacional. Esta decisión no puede estar supeditada a los comportamientos de la empresa", comentó el titular del sector en entrevista con RPP.
En este marco, Alencastre señaló que el Gobierno entregará el denominado “Ferti Abono” para suplir la carencia de la urea. "Es un apoyo económico que se dará a los productores agrarios que están registrados en el sistema y que van a acceder a las bolsas de urea, de fosfato y de abono potásico, para que podamos atender a partir del 16 de septiembre, es decir, en una semana, en todo el Perú a través del Banco Agrario, el Banco de la Nación y otros mecanismos", afirmó.
Al respecto, desde el Cusco, el presidente Pedro Castillo señaló que “en el tiempo de los incas no se daba tanta importancia a lo que es, en los últimos años, la urea". Además, argumentó que personas malintencionadas fueron las responsables de esta fallida contratación. Como se recuerda, esta es la tercera adjudicación fallida de fertilizantes.
“En el marco de la segunda reforma agraria, no solamente vanos a garantizar los fertilizantes. Pero sí quiero hacer una denuncia: que manos negras y burocráticas en los sectores de los ministerios pretenden hacer caer las buenas intenciones y las decisiones que tiene este gobierno. Vamos a hacer realidad y vamos a hacer llegar la urea, cueste lo que cueste, a las chacras de todo el país para garantizar los sembríos”, señaló el mandatario.
NOTA ORIGINAL: 13 de agosto de 2022
Crisis alimentaria: nueva adjudicación retrasa llegada de fertilizantes al país
Tras anunciarse una posible interpelación en su contra, y tras la serie de cuestionamientos por la forma en la que se llevó el proceso de selección, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, informó que se dejará sin efecto la buena pro que Agro Rural le otorgó a la compañía norteamericana Ready Oil Supply para proveer 65.587 toneladas de urea al país.
El anuncio, realizado el último miércoles tras finalizar la acostumbrada sesión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), llamó la atención debido a que en los días anteriores Agro Rural había defendido a capa y espada su decisión, al señalar que contrató a la compañía que ofrecía el costo más barato por el fertilizante, en medio de un proceso transparente. Y lo hacía a pesar que la Contraloría General de la República ya había emitido un informe sobre las inconsistencias de la licitación.
"Hemos decidido tomar en cuenta las recomendaciones que ha planteado la Contraloría y avanzar con el proyecto determinando la buena pro a la tercera (empresa) que no está objetada bajo ningún punto de vista aún cuando eso signifique un mayor precio en esta adquisición", dijo el ministro Alencastre, dejando sin piso a Agro Rural.
Indeterminado
Si bien el ministro de Desarrollo Agrario señaló que atenderán las recomendaciones de la Contraloría, no mencionó en qué plazo cumplirán con entregar la buena pro a la nueva compañía, que se trata de la italiana Unionsped SRL, según el orden de mérito del concurso de selección, expuesto en el informe de Contraloría.
Convoca.pe se comunicó con Agro Rural para conocer si se ha determinado un plazo para cumplir con lo señalado por el ministro. No obstante, desde la oficina de Comunicaciones de la entidad se explicó que por el momento no había novedades sobre el particular, pero que cualquier información sobre el tema será difundida a través de sus canales oficiales.
La falta de un plazo claro para entregar la nueva adjudicación representa una señal de alarma para el agro nacional, debido a que desde que el antiguo ministro del sector, Oscar Zea, anunció un presupuesto de 700 millones de soles para la compra de ferltilizantes, en abril pasado, no ha llegado al país ni una sola tonelada de urea negociada por el Estado. A mediados de mayo ya había anunciado que "en menos de 15 días" se concretaría la importación que hasta hoy no tiene fecha clara.
Además, este el el tercer proceso de licitación en el que la Contraloría detecta irregularidades.
La primera de estas licitaciones, realizada a inicios de junio bajo la gestión del entonces ministro Fernando Arce, fue declarada desierta por Agro Rural por no “cumplirse con las especificaciones técnicas solicitadas a las empresas postoras por el área usuaria”. En paralelo, la entidad de control había advertido riesgos porque el concurso no incluía medidas adecuadas que garanticen la entrega de los insumos.
El 13 de junio pasado, como parte del segundo proceso de selección, la entidad agraria eligió como ganadora a la brasileña MF Fertilizantes. No obstante, el 23 de ese mismo mes, se anuló la licitación debido a nuevas advertencias de la Contraloría.
Para entonces, Midagri que ya estaba bajo la gestión de Andrés Alencastre había asegurado que el esperado fertilizante llegaría al país el 4 de agosto. No obstante, pocos días después, el 6 de julio, el actual ministro reconsideró su declaración y señaló que la urea llegaría al Perú entre el 15 y 18 de agosto.
Pero esta última promesa será imposible de cumplir debido a que por tercera vez, y nuevamente por recomendación de la Contraloría, se tuvo que dejar sin efecto la buena pro otorgada a Ready Oil Supply. Cabe recordar que durante su mensaje a la nación del último 28 de julio, el presidente Pedro Castillo garantizó que el fertilizante estaría en los almacenes, listos para ser distribuidos, en el mes de agosto.
De momento, en la página web oficial de Agro Rural, así como en las redes sociales de la entidad, se mantiene como publicación destacada el comunicado con el que respondió a la Contraloría defendiendo el proceso de selección con el que adjudicó un contrato de 38 millones de dólares a una empresa con un año y medio de existencia.
La Contraloría alertó que en el proceso "se evidencia que no se utilizó el mismo criterio de evaluación respecto al cumplimiento del requisito 4.3 del numeral IV", referido a la entrega de sus estados financieros de los últimos tres años.
Como se sabe, el informe de la entidad de control confirmó lo que había sido advertido por este portal en nota publicada el último 4 de agosto. De acuerdo con el documento oficial, la empresa Ready Oil Supply LLC no presentó sus estados financieros de los últimos tres años, pese a que esto era un requisito con carácter eliminatorio. Según fue detectado, solo cumplió con entregar los del año fiscal 2021.
Máximo control
Si bien el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riesgo (Midagri) tuvo que allanarse a las recomendaciones de Contraloría ya que Agro Rural no daba su brazo a torcer, esta última entidad habría debido acatar de manera obligatoria lo señalado por la entidad de control si hubiera sido sometida a un "control concurrente" de carácter vinculante, una supervisión de cada hito del proceso para prevenir y alertar irregularidades, explicaron los entendidos en la materia.
Pero tal control concurrente no se dio. El documento de Contraloría fue un "informe de visita de control" que no tenía la fuerza para obligar a la entidad supervisada a dar marcha atrás. El "control concurrente" está regido por la Ley 31500, aprobada en junio pasado.
El abogado Javier Salazar Soplapuco, especialista en contrataciones del Estado, explicó a Convoca.pe que esta nueva norma dispone que las entidades sometidas a la observación de la Contraloría deben cumplir, de manera obligatoria, con las recomendaciones emitidas. Quiere decir que, de haber habido un control concurrente, Agro Rural hubiera tenido que descalificar al ganador de la buena pro y anular el proceso de selección.
“No es un proceso nacional [el de la importación de urea] y se rige por determinadas reglas de control de calidad que no pueden ser observadas así como así. Para que este control tenga la validez tiene que haber sido efectuado por un profesional con una altísima especialidad y reconocida experiencia”, explicó el especialista.
Un punto aún sin explicar por Agro Rural es que la Contraloría detectó una falta de uniformidad en la aplicación de criterios y de observaciones en la evaluación de las ofertas presentadas por los distintos postores. Junto a Ready Oil Supply, participaron en el concurso las extranjeras Global lnvestments Aricor Group & Carpe Diem Marketing Co & ARGBG, Unionsped SRL y Direcagro-Grupo 06 SA.
Libre albedrío
El abogado especialista en adquisiciones públicas Marco Montoya coincidió en que Agro Rural tenía carta libre para continuar con el proceso debido a que no fue sometida al control concurrente.
“Se le pone de conocimiento [las observaciones del informe de Contraloría] y ahí el titular de la entidad [Agro Rural] evaluará si declara la nulidad o no [del proceso]. No es obligatorio. […] Lo que ocurre es que acá ya se entregó la buena pro y Contraloría ha dado su informe posterior [al concurso]. No es que lo haya hecho durante la evaluación de propuestas”, señaló.
El especialista recalcó que las contrataciones públicas deben sustentarse en el principio del valor por dinero (relación del costo con la calidad del servicio), la mejor oportunidad y precios adecuados, y en los criterios técnicos correctos, por lo que hay que observar a cuál de estos ítems le dio mayor peso Agro Rural para elegir a la empresa norteamericana como su proveedora.
“A veces dicen [los encargados de las evaluaciones]: 'yo priorizo el tema del monto al criterio técnico'. Por eso, hay que ver si había un porcentaje de evaluación [para los requisitos], a qué se le daba mayor incidencia, ¿a lo técnico o a lo económico? Ahora, eso es discrecional por parte del comité. Si ellos dicen ‘acá la empresa no cumple los criterios técnicos porque recién fue constituida hace cinco meses, pero ofrece un precio bajo’, de repente el comité toma en cuenta esto y dice ‘no, yo le adjudico a esta’”, explicó Montoya.
No obstante, según consta en el punto 6.2.7 de la Directiva para la Adquisición Internacional de Fertilizante Nitrogenado Urea, en el marco del Decreto de Urgencia 013-2022, la Sub-Unidad de Abastecimiento de Agro Rural le dio un peso similar al precio total de una tonelada de urea (50% del puntaje) y al plazo de entrega del primer lote (50%).
En los días anteriores, Convoca.pe intentó coordinar una entrevista con el director ejecutivo de Agro Rural, Mario Enrique Rivero Herrera, o en su defecto, con algún funcionario que pudiera explicar si la entidad evaluaba anular el proceso de selección. No obstante, desde la oficina de Comunicaciones de la entidad se informó que el único pronunciamiento oficial es el que consta en el comunicado publicado el 6 de agosto, en las redes sociales de la institución.
“Respecto de los estados financieros solicitados [a las empresas participantes]: estos se han requerido con el fin de acreditar sola y exclusivamente solvencia y capacidad financiera. Nunca se determinó la antigüedad como requisito de calificación de los participantes, ni en la directiva ni en ninguna de las absoluciones de consultas”, se lee en el comunicado.
“De repente la regla no está clara en las bases y permite esta discrecionalidad”, se preguntó Marco Montoya.
Reacciones
Por lo pronto, la cuestionada buena pro le jugó en contra al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre. El congresista de Perú Libre, Óscar Zea -quien hace algunos meses dirigió el mismo sector de manera bastante cuestionada- informó que promoverá una moción de interpelación en su contra.
“La Contraloría advirtió, hace días, de irregularidades en licitación de la urea y las explicaciones de Agro Rural son insuficientes. El ministro Alencastre es el máximo responsable. Promoveré una interpelación para que dé explicaciones al país sobre este hecho grave”, escribió en su cuenta de Twitter el también parlamentario. Además, escribrió que, debido a las irregularidades, la compra de urea quedaría sin efecto “perjudicando la seguridad alimentaria y a nuestros agricultores”.
En la línea de las acciones contra el proceso, Marco Montoya señaló que cualquiera de las partes que se sienta vulnerada con la forma en la que se llevó el concurso, puede hacer “una denuncia” al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para que esta ejerza una labor de supervisión, que está contemplada en las normas de contrataciones del Estado. Sin embargo, este proceso tiene sus inconvenientes.
“Ellos [agentes de OSCE] pueden supervisar estos procesos de contratación con proveedores del extranjero. Ellos sí podrían dar una opinión al respecto, decir si se advierte si encuentran irregularidad, pero lo primero que va a decir [hacer] OCSE es ver las bases. Podría así supervisar externamente, pero la respuesta puede salir en un mes, cuando está firmado el contrato, cuando ya están transportando la urea”, explicó el especialista.
En anteriores entrevistas con el canal del Estado, el presidente ejecutivo de Agro Rural, Mario Rivero Herrera, había mencionado que el proceso de selección fue realizado con "los usos y costumbres del comercio internacional”, a fin de generar un mayor ahorro al Gobierno Peruano. Según había mencionado, nuestro país iba a pagar US$ 580 por tonelada de este fertilizante, frente a los US$ 685 que se manejan en el mercado internacional.
No obstante, Montoya tiene otra lectura de los procesos llevados a cabo con este tipo de procedimientos y sus implicancias.
“En este tipo de contratos extranjeros, las partes 'corren' con el contrato para que, justamente, no sea vea impugnado, reclamado, y ya no haya nada que se pueda hacer. La [denuncia] la podría hacer cualquiera […] o también enviar una carta al titular de Agro Rural o hasta al ministro de Agricultura. Pero normalmente la competencia [de anular el proceso] la tiene el titular de Agro Rural”, dijo el experto.