“Los cinco fantásticos alcaldes” los llamaba el conductor Andrés Hurtado, "Chibolín", en el set de su programa televisivo “Porque hoy es sábado con Andrés" el 27 de febrero de 2021. En medio de la segunda ola de contagios del Covid-19, cinco autoridades locales de Lima lanzaban en señal abierta una campaña de recolección de fondos para comprar una megaplanta de oxígeno que sería instalada en la Costa Verde. Pero las cosas no resultaron como se esperaba.

Los cinco alcaldes eran de Acción Popular: Carlo Magno Chacón, de Magdalena; Pedro Rosario, del Rímac; Vicente Amable, de Lince; Jorge Quintana, de Jesús María; y Stephen Haas, de Pueblo Libre. La campaña se hizo junto con la iniciativa privada “Respira Perú”, de la Conferencia Episcopal, la Sociedad Nacional de Industrias y la Universidad San Ignacio de Loyola. Luego se sumarían el alcalde Jiries Jamis Sumar, de Santa María del Mar, y la desconocida Asociación de Empresarios por un Perú Mejor. 

Un año después del gran anuncio, y a pesar de que la ciudadanía donó dinero a la campaña con la intención de salvar más vidas, no se ha terminado de adquirir la planta de oxígeno y tampoco fue instalada donde se prometió inicialmente. ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó con la promesa? Convoca.pe indagó sobre el tema y, por ahora, ninguno de los involucrados entregó una respuesta clara. 

"Los cinco fantásticos alcaldes". Así denominó el conductor Andrés Hurtado, Chibolín, a los burgomaestres de Lince, Jesús María, Rímac, Pueblo Libre y Magdalena (de izquierda a derecha). Imagen: Youtube

Urgencia pasada

Al momento del anuncio de los alcaldes, en los hospitales de Lima se registraba un impresionante aumento de 300% en el requerimiento de oxígeno para la población internada por Covid-19. De los más de 40 mil casos confirmados de contagio a la fecha del anuncio, 13.828 estaban conectados a balones de oxígeno en camas de hospitalización y más de 2 mil en camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

En este contexto, la iniciativa edil fue bien recibida por los medios de comunicación y por la población de sus distritos, pues significaba una oportunidad de obtener oxígeno gratuito. Para entonces, la especulación había hecho que el precio del balón rondara los 1.800 soles y cada llenado alcanzara en promedio los 200 soles, según estimaciones de la Defensoría del Pueblo.

Los alcaldes indicaron que impulsarían la instalación de esa megaplanta de oxígeno en un predio facilitado por la Municipalidad de Magdalena (una losa deportiva en el circuito de playas) con la asesoría de Respira Perú. Sería financiada gracias a las donaciones de empresarios y ciudadanos que depositarían dinero en la cuenta de la Conferencia Episcopal, institución que administraría los fondos.

El alcalde de Magdalena señala el lugar que los alcaldes habían designado inicialmente para la instalación de la entonces denominada 'megaplanta de oxígeno de la Costa Verde. Lo observan los alcaldes de Jesús María y el Rímac. Foto: Difusión

De hecho, el alcalde del Rímac, Pedro Rosario, anunció en vivo y en un canal de señal abierta que el plazo para concretar la instalación de la megaplanta, una vez que se hayan reunido los recursos, sería de cuatro a seis semanas. “Pero depende de los recursos económicos”, precisaba. Hoy el terreno en Magdalena sigue vacío. 

Una alianza sin futuro

Si bien la campaña mediática se inició en febrero de 2021, las municipalidades recién hicieron oficial su decisión de impulsar la denominada megaplanta en la primera semana de abril de ese año, dos meses después de su aparición en medios de comunicación. Para ese momento, también se sumó a la iniciativa el alcalde Jiries Jamis, de Santa María del Mar, un balneario que queda a 47 kilómetros de distancia del punto donde se buscaba instalar inicialmente la planta de oxígeno. 

Los seis alcaldes suscribieron un convenio -aprobado por sus respectivos concejos municipales- con la Conferencia Episcopal Peruana (Respira Perú) y la Asociación de Empresarios por un Perú Mejor. Según los registros públicos y los datos de contribuyentes de Sunat, esta asociación no tiene ni ha tenido nunca una inscripción válida para el Estado peruano. Es decir, no existe para efectos registrales y tributarios.

Sin embargo, para la firma del convenio, se presentó como su “representante” el empresario Moisés Rodrich Reiss, gerente general de Farenet, una empresa de inspecciones vehiculares. Como se recuerda, en diciembre de 2018, el Ministerio de Transportes presentó una denuncia penal contra Rodrich luego de que se revelara que los operarios de Farenet otorgaban certificados de revisión técnica a vehículos en malas condiciones a cambio de sobornos.

El denunciado Moisés Rodrich es además hijo de Jacques Rodrich Ackerman, un conocido empresario, excongresista y excandidato a la alcaldía de Miraflores por Fuerza Popular. 

Convenio para planta de oxí... by ConvocaRedes

El convenio fue firmado por la Conferencia Episcopal y los alcaldes de los distritos de Magdalena, Pueblo Libre, Jesús María, Rímac, Lince y Santa María del Mar.

Según el convenio de cooperación al que tuvo acceso Convoca.pe -firmado por los alcaldes, la Conferencia Episcopal y un grupo de empresarios-, se acordó que la Asociación de Empresarios por un Perú Mejor, representada por Moisés Rodrich, fuera la “agente de recaudación” para que el empresariado y el público peruano hicieran sus aportes a la cuenta bancaria de la Conferencia Episcopal. Según el convenio, el compromiso de la asociación de Rodrich era informar los montos y los nombre de los aportantes.

Carlomagno Chacón reconoció que no conocía la denuncia de una entidad del Poder Ejecutivo contra Moisés Rodrich. “Él [Rodrich] era representante de la asociación. Si quería venir a sumar, bacán. Finalmente no pudo apoyar porque tuvo un tema de salud. No conozco su situación jurídica. Él tendrá que responder”, dijo el alcalde de Magdalena en entrevista con Convoca.pe.

Una versión distinta tiene el propio empresario sobre su muy corta participación en el convenio. En respuesta a este medio de comunicación, Rodrich dijo que desde abril de 2021, el mismo mes en el que se firmó el convenio, no participa de forma activa ni ha recibido comunicación alguna sobre el proyecto. 

Pese a no tener personería jurídica, la Asociación de Empresarios por un Perú Mejor consignó como domicilio la Av. Miguel Dasso 160, Interior 801 en San Isidro, la misma dirección que FARENET.

Además, Rodrich señaló que el término “agente de recaudación”, rol que tuvo su asociación en el convenio, significaba que se dedicarían a “promover la participación de donaciones de empresarios las cuales serían depositadas a la Conferencia Episcopal”. Agregó que “en retrospectiva” hubiera sido mejor utilizar el término “agente promotor de donaciones”. 

"La asociación como tal no recibió donación para este proyecto porque no se tenía la seguridad de que el proyecto se materializaría a tiempo", señaló.

"No cuenta con personería jurídica porque desistimos de seguir participando en el proyecto. Se registró el nombre y se envió la minuta a la notaría, sin embargo no se inscribió en Registros Públicos”, dijo el gerente de Farenet. Dijo además que no tenía la autorización para dar los nombres de las personas que la conformaban y que él era el único representante.

En diciembre de 2018, el MTC presentó una denuncia penal contra Rodrich luego de que se revelara que los operarios de Farenet otorgaban certificados de revisión técnica a vehículos en malas condiciones a cambio de sobornos.

Con el convenio, quedó descartada la idea de instalar la planta en la Costa Verde, pues en el documento esta ubicación ya no se mencionaba. Sin embargo, los alcaldes de los seis distritos mantenían la responsabilidad de encontrar un lugar determinado para su implementación. Las instituciones locales serían “responsables de su administración, seguridad y mantenimiento; así como de la entrega del oxígeno a los beneficiarios finales”, decía el convenio.

Por su parte, la Conferencia Episcopal, entidad privada y religiosa vinculada a la Iglesia Católica, integrada por los obispos del país, sería la encargada de recibir los recursos económicos para la adquisición de la megaplanta de oxígeno a través de depósitos en sus cuentas bancarias. 

En el acuerdo también se indica que la Sociedad Nacional de Industrias y la Universidad San Ignacio de Loyola, que integran junto a los obispos la iniciativa “Respira Perú”, serían las encargadas de supervisar la instalación de la planta en el lugar designado por las municipalidades, “en un plazo máximo de seis meses" contados desde la fecha en la cual se suscribiese el contrato de compra de la planta.

Además, precisaron que si se venciera dicho plazo “sin que se haya puesto en marcha la planta de oxígeno medicinal”, la Conferencia Episcopal debería devolver el dinero a cada aportante dentro de un plazo perentorio de cinco días calendarios. Es decir, los aportantes deberían haber estado plenamente identificados para recibir sus donaciones de vuelta.

Moisés Rodrich Reiss era el representante de la Asociación de Empresarios por un Perú Mejor, entidad sin partida registral ni RUC que actuaría como "agente de recaudación" en el convenio para la planta de oxígeno. 

Una promesa que inició sin aire

Convoca.pe buscó la respuesta en las instituciones promotoras de la iniciativa para conocer qué había pasado con el dinero recaudado y en qué se había utilizado. Las respuestas de las municipalidades y de la entidad episcopal visibilizan una serie de contradicciones, correcciones y deslindes de responsabilidades sobre la promesa de la planta de oxígeno medicinal que hasta ahora, con la mayor parte de la población ya vacunada y saliendo de la tercera ola de contagios del Covid-19, no se instala.

Quien contestó inmediatamente fue el alcalde de Magdalena, Carlomagno Chacón. De acuerdo con su versión, inicialmente la Minera Buenaventura iba a donar una planta de oxígeno por decisión de su principal accionista, el conocido empresario Roque Benavides. Pero para poner esa planta industrial en funcionamiento faltaban unos boosters, que sirven para comprimir el oxígeno para los balones de uso medicinal. Según Chacón, esto hubiera costado 500 mil soles. 

“Por un hobby que tengo por arreglar carros viejos, [entiendo que] el carro viejo falla en cualquier momento. Entonces, les dije: ‘No tengamos la megaplanta gigante, sino pongamos la planta chica’”, comentó. Es decir, la megaplanta prometida estaba disponible, pero era de segunda mano y costaba más caro que adquirir una planta de menor capacidad. 

Otra de las dificultades que hacían inviable la instalación de una planta de oxígeno en la Costa Verde era que la zona elegida en Magdalena no contaba con las instalaciones eléctricas que permitieran su funcionamiento óptimo.

Según Chacón, Enel, la compañía que provee electricidad al norte de Lima Metropolitana, incluída Magdalena, les comunicó que el consumo de energía eléctrica sería de 30 mil soles por mes, monto imposible de financiar incluso para los seis gobiernos locales en conjunto. Y eso, sin considerar los montos en pago al personal de atención, seguridad, materiales y equipos de protección personal. Chacón afirmó que estos inconvenientes fueron identificados desde un inicio.

Una versión parecida dio la Municipalidad de Lince en una respuesta escrita a Convoca.pe por parte de su gerente municipal José Luis Arévalo Castro. En su carta, agrega un párrafo donde se reafirma que “la propuesta inicial era que la planta de oxígeno se ubicara en la Costa Verde”, pero que era inviable “por los requerimientos técnicos y elevados costos”.

En respuesta a una solicitud de acceso a la información, el gerente municipal de la Municipalidad de Lince, José Arévalo Castro, admitió que la idea inicial del convenio era instalar la planta de oxígeno en la Costa Verde.

No obstante, las municipalidades como las de Pueblo Libre y Lince, continuaron sus actividades para recaudar donaciones con la promesa de la megaplanta de oxígeno.

Por ejemplo, dos meses antes de que la Municipalidad de Pueblo Libre acordara oficialmente apoyar la iniciativa de la megaplanta de oxígeno, su alcalde donó un cheque por el monto de 24 mil 245 soles a la Conferencia Episcopal a nombre de los “funcionarios y trabajadores” de la comuna.

En febrero de 2020, cuando aún no existía un convenio con la Conferencia Episcopal y Respira Perú, el alcalde de la Municipalidad de Pueblo Libre entregó 24 mil 245 soles para la 'megaplanta de oxígeno de la Costa Verde'.

Esta municipalidad, a través de su gerente municipal Karl Mandros, aseguró que “ninguna donación [para la planta] fue realizada ni recibida por ese gobierno local”, por lo que “no tienen conocimiento de los montos recibidos y de la identidad de los benefactores”.

Por su parte, en el distrito de Lince, en junio y julio de 2021, la municipalidad realizó una colecta en la que solicitó dinero a los transeúntes y también en parroquias utilizando pequeñas latas para la megaplanta de oxígeno en la Costa Verde, pese a que para entonces ya se tenía conocimiento de la inviabilidad de su instalación.

Además, la gestión del alcalde Vicente Amable tuvo la oportunidad de contar con una planta de oxígeno en su distrito a través de mecanismos de participación vecinal. Una iniciativa para dotar de oxígeno a los linceños, propuesta por el colectivo Defiende el Parque Castilla, fue rechazada por los técnicos ediles. Reconocieron entonces que tenían competencia para instalarla, pero señalaron que no tenían disponibilidad ni física ni legal.

De hecho, para rechazar el proyecto presentado por el colectivo, el municipio de Lince puso como argumento que cumplirían con implementar en la Costa Verde, con las demás municipalidades, la prometida megaplanta de oxígeno para "ayudar de manera gratuita a todos los vecinos". 

Convoca.pe solicitó información al municipio de Lince sobre el monto que lograron reunir en sus colectas destinadas a la megaplanta de oxígeno que nunca se instaló. La secretaría general de esa entidad indicó que la respuesta estaría lista el 28 de enero, pero nunca llegó. 

Por su parte, la Municipalidad de Magdalena, según versión de su alcalde, logró reunir unos 50 mil dólares entre aportes de vecinos, funcionarios y empresarios. 

Otras municipalidades no fueron tan activas en la recolección de los fondos. Es el caso de la Municipalidad de Jesús María, liderada por su alcalde Jorge Quintana, que en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública reconoció que "no ha realizado aporte dinerario y/o transferencia a favor de la megaplanta de oxígeno" y que “no ha recibido ingresos recaudados para el financiamiento del proyecto".

En su comunicación esrita señala que "no ha existido requerimiento de las partes involucradas [municipios, Respira Perú y la asociación de Rodrich] para la ejecución del referido convenio de cooperación mutua". 

Pese a que firmó el Convenio, la Municipalidad de Jesús María, encabezada por Jorge Quintana, no dio ningún aporte para la planta de oxígeno. Además, señala que las partes involucradas no hicieron seguimiento para cumplir con la instalación de la planta.

Además, ese gobierno local advierte que pese a que los regidores aprobaron el convenio en un Acuerdo de Concejo del 30 de abril de 2021, el convenio "no ha sido devuelto debidamente suscrito por las partes". Con esta justificación, la Municipalidad de Jesús María no lo considera en ejecución a pesar de que el ejemplar al que accedió Convoca.pe incluye la firma de su alcalde Jorge Quintana.

Según esta versión, ni las municipalidades, ni la Asociación de Empresarios por un Perú Mejor ni la Conferencia Episcopal hicieron un verdadero seguimiento para cumplir con la instalación de la "megaplanta de oxígeno". En buena cuenta, para Jesús María, el convenio fue letra muerta.

Por otra lado, el municipio del Rímac, cuyo alcalde es Pedro Rosario, un activo impulsor de la propuesta en televisión, no respondió a las consultas de Convoca.pe que fueron enviadas por el mecanismo de acceso a la información pública. 

Fuentes municipales rimenses indicaron que la institución decidió no apoyar más la iniciativa luego de que, en mayo de 2021, la Municipalidad Metropolitana de Lima inaugurara una planta de oxígeno en la sede del centro de salud "Sisol Salud" de Amancaes, en el mismo Rímac, con una capacidad de abastecimiento de 96 balones diarios.

Según fuentes de Convoca.pe, la Municipalidad del Rímac no apoyó las gestiones para obtener la planta de oxígeno en la Costa Verde, ya que en mayo de 2021, la Municipalidad de Lima instaló una planta en el Hospital Sisol de Amancaes en ese distrito.

Convoca.pe no obtuvo respuestas de la municipalidad de Santa María del Mar. Sin embargo, se supo por declaraciones del alcalde de Magdalena que su colega del balneario del sur, Jiries Martín Jamis Sumar, le pidió ser parte de la iniciativa para lograr la planta de oxígeno en la Costa Verde luego de que viera a los cinco alcaldes anunciando la campaña en el programa de “Chibolín”.

"[Jiries Jamis] me dijo: ‘Carlomagno, quiero sumarme’. Le dije: habla con las empresas de tu distrito. Me dijo que no podía colaborar tanto y le dije que ayudara con lo que pudiera, que la idea era sumar", indicó sobre la participación de Santa María del Mar, que se sumó a pesar de la larga distancia que separa a este distrito de la Costa Verde, donde originalmente se haría la instalación.

El 20 de abril de 2021, la Municipalidad de Santa María del Mar se sumó al convenio para la planta de oxígeno. Martín Jamis Sumar se unió a la iniciativa luego de que viera a los cinco alcaldes anunciando la campaña en el programa de “Chibolín”.

Así como algunas municipalidades, la asociación de Moisés Rodrich Reiss también se bajó del barco del proyecto para la compra de la planta de oxígeno. En respuesta a Convoca.pe, el empresario afirmó que su organización no llegó a aportar dinero porque él no tuvo "la seguridad de que dicha planta podría entrar en funcionamiento en el plazo que creía era necesario". 

Rodrich no especificó el plazo, pero considera que su decisión de no participar más del convenio se debió a que “las plantas de oxígeno perdieron relevancia en la lucha contra la pandemia” y fueron las vacunas las que adquirieron mayor importancia.

¿Se compró o no la planta?

La pregunta más importante es si, efectivamente, se utilizó el dinero de la ciudadanía para adquirir la planta. Los involucrados en el convenio tienen diferentes versiones sobre la adquisición y el lugar de su instalación. Según Chacón, la planta ya está comprada “al 100%”, costó 169.583 dólares y ya se encuentra en Lima desde octubre pasado, con los gastos aduaneros cancelados.

Aseguró que el destino de esta planta ya no sería la Costa Verde sino el Hospital de la Policía Nacional del Perú, en Jesús María, y su implementación dependería exclusivamente de la Conferencia Episcopal.

No obstante, Convoca.pe ha verificado que el mencionado nosocomio policial ya ha recibido plantas de oxígeno, como las dos que donó Interbank y que generan 1.440 metros cúbicos diarios de oxígeno medicinal. Además, dicho hospital también cuenta con una planta que produce 1.560 metros cúbicos por día, por lo que el complejo hospitalario de la Policía tiene una capacidad de producción diaria de 3 mil metros cúbicos de oxígeno.

¿Requiere una megaplanta adicional? Durante el cierre de este informe, el área de imagen de la Municipalidad de Magdalena envió una actualización sobre la afirmación del alcalde Chacón y mencionó que en realidad “aún no hay un acuerdo firme” con la PNP, debido a los cambios constantes de ministros del Interior y de altos mandos. Señalaron, sin embargo, que las conversaciones siguen vigentes, a la espera de una estabilidad política que permita que se haga efectiva su implementación.

La Municipalidad de Lince tuvo la misma versión sobre el destino de la planta.

El gerente municipal de la alcaldía de Lince, dirigida por Vicente Amable, tuvo la misma respuesta que la Municipalidad de Magdalena y afirmó que se está gestionando que la planta adquirida sea instalada en el Hospital de la PNP.

Solo se pagó la mitad del precio de la planta

Las explicaciones de la Conferencia Episcopal son totalmente distintas a la versión edil. En comunicación telefónica, el sacerdote Guillermo Inca Pereda, secretario general adjunto de la entidad religiosa que firmó el convenio en representación de su institución, emitió declaraciones que desmienten a las municipalidades de Magdalena y Lince. El cura señaló que, si bien la planta se encuentra en Lima, solo se ha pagado entre 40% y 50% de su valor total.

“Está en almacenes y es un gasto extra. El convenio era que los alcaldes se comprometían a adquirirla. “Respira Perú” era el modo de hacerlo llegar más rápido. Parece que para ellos no les resulta adquirirla en este momento”, dijo Inca, y añadió que se está buscando una solución para pagar lo que falta, aunque no indicó el monto total.

El representante de la Conferencia Episcopal, Guillermo Inca, indicó que solo se ha pagado entre 40% y 50% del valor total de la planta de oxígeno. Foto: Difusión

El religioso advirtió que se han hecho “reiteradas solicitudes”, a través de José Sotomayor, representante de la Usil en Respira Perú, para que los seis alcaldes cumplan con su compromiso.

“Estamos esperando la respuesta de ellas: si van a dar lo que falta o si tenemos que buscar como Respira Perú cómo cubrir [el resto del dinero adeudado]”, dijo el representante de la Conferencia Episcopal.  

Asimismo, Guillermo Inca indicó que todavía se está evaluando dónde colocar la planta, ya que no va a poder ser más en la Costa Verde. “En este momento se está buscando la solución, tanto para pagar lo que falta y [decidir] dónde se ubica”, expresó.

Respira Perú, a través del representante de Usil, José Sotomayor, también respondió a este medio que la Conferencia Episcopal se encuentra revisando la información sobre el financiamiento de esa planta de oxígeno y que esta información financiera se detallará la próxima semana. 

“Ello debido a que es la Conferencia Episcopal Peruana la institución encargada de administrar los fondos de la iniciativa solidaria Respira Perú”, dijo el también director de imagen de Usil.

El representante de la USIL refirió que desconoce a la Asociación de Empresarios por un Perú Mejor y a su representante, Moisés Rodrich.

Al preguntar a Sotomayor sobre las “reiteradas solicitudes” que, según Inca, hizo a los alcaldes, el funcionario de Usil anotó que “no tiene autoridad para realizar” esos pedidos.

No obstante, la respuesta más reveladora del representante de USIL fue que no tenía idea de quién era Moisés Rodrich Reiss, el representante de la Asociación de Empresarios por un Perú Mejor que no tiene inscripción en registros pero que se comprometió a ser “agente de recaudación” en el convenio firmado.

“Desconozco quién es el señor de la referencia”, señaló Sotomayor. “De igual manera, desconozco a la organización consultada”, agregó. 

Alcaldes podrían haber cometido delito penal

Además de las evidentes contradicciones de los involucrados en el "convenio de cooperación mutua", los alcaldes, e incluso los regidores de las seis municipalidades, podrían ver su situación legal comprometida por el solo hecho de haberlo firmado.

El abogado experto en derecho municipal, Julio César Castiglioni, señaló a Convoca.pe que los gobiernos locales, según la Ley Orgánica de Municipalidades, sólo pueden firmar convenios con instituciones debidamente constituidas y registradas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), con representación legal inscrita, que no es el caso de la Asociación de Empresarios por un Perú Mejor.

Castiglioni indicó que el artículo 9.26 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala claramente que el concejo municipal tiene atribuciones solo para "aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales". "Una vez que el concejo lo aprueba, el alcalde firma el convenio", explicó.

¿Qué pasaría si una institución no inscrita en registros públicos firmara un convenio con los alcaldes? De acuerdo con Castiglioni, quien firma a nombre de una asociación sin tener ninguna representación podría estar incurriendo en un delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica. Y tanto los alcaldes como los concejos ediles que autorizaron su rúbrica también podrían ser cómplices de dicho ilícito, detalló.

Actualización, 25 de febrero de 2022

En una carta notarial enviada a Convoca.pe, el empresario Moisés Rodrich solicitó que se agregue a esta publicación que el Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, decidió no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria por la denuncia que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) puso en su contra en su calidad de gerente general de Farenet por la presunta comisión del delito contra la fe pública.